Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75733
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289 in fine , CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.733, "Busse, Mariana contra Procuración General de la SCJBA s/ amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín hizo lugar al recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocó la resolución de primera instancia en cuanto la intimara a que diera cumplimiento con el pronunciamiento dictado en la causa por el magistrado de grado, bajo apercibimiento de ejecución. Impuso las costas de la alzada a la accionante en su calidad de vencida con sustento en el art. 19 de la ley 13.928 (v. fs. 327/331 vta.).
Se interpusieron por la parte actora recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 343/359). Mediante el decisorio obrante a fs. 362/363 vta., la Cámara interviniente denegó el mencionado en primer término y concedió el segundo.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 372) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado de Familia n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por la señora Mariana Busse contra la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, ordenó que la retención de haberes dispuesta a la accionante a través de la resolución 1.014/15 dictada por la entonces señora Procuradora General de esta Suprema Corte de Justicia, se limitara a un plazo no mayor a los diez meses, debiéndose proceder -al vencimiento de dicho lapso- a la habilitación de la percepción íntegra del salario y al reintegro de los haberes hasta ese momento retenidos (v. fs. 256/263).
Asimismo, el magistrado interviniente desestimó la vía judicial intentada respecto a la suspensión preventiva impuesta en el cargo de Secretaria del Ministerio Público Fiscal y a la prohibición de prestar servicios.
Por último, atento el modo en que resolvió la cuestión, distribuyó las costas del proceso por su orden.
En lo atinente a la retracción de los haberes -luego de referirse a la proyección y determinación de los alcances de la protección del salario-, sostuvo que su percepción no podía estar condicionada a circunstancias cuya extensión en el tiempo no estaba claramente prevista.
En tal sentido consideró arbitraria la decisión de retener los haberes hasta el pronunciamiento definitivo en el proceso penal en el que se hallaba imputada la actora. Por lo tanto, concluyó que cabía fijar un plazo determinado -diez meses- para la retracción de los salarios a la accionante y que, superado aquel, el pago de los sueldos debía normalizarse por resultar imprescindible para su protección integral como trabajadora y la de su familia.
I.2. Consentido el mentado pronunciamiento por ambas partes (v. fs. 264/266), la demandante denunció su incumplimiento (v. fs. 272/282 vta.).
Manifestó que la sentencia fue acatada por la accionada hasta el mes de junio de 2017, cuando el actual Procurador General de esta Suprema Corte dictó la resolución 409 en el marco del expediente 55/15, mediante la cual dispuso en relación a la amparista una nueva suspensión preventiva en el cargo de Secretaria del Ministerio Público Fiscal por el término de noventa días, la retención proporcional de sus haberes y la prohibición de prestar servicios.
Sostuvo que resultaba incomprensible esta nueva medida ya que desde que fue suspendida en sus funciones no se ordenó su reintegro y su imposición se basó en las mismas razones que su antecesora -resolución 1.014/15-, sin perjuicio de que en los considerandos de la resolución 409/17 se aludiera a la acción de amparo que había deducido y a la decisión adoptada por el señor juez de primera instancia.
Finalmente en la referida presentación peticionó el pago íntegro de su salario y la restitución de las sumas retenidas desde el mes de junio de 2017.
I.3. Conferido el traslado a la accionada de la denuncia formulada (v. fs. 294), el juzgado interviniente resolvió hacer lugar a lo solicitado por la amparista e intimó a la demandada a dar debido cumplimiento con la sentencia que dictara a fs. 256/263, con apercibimiento de ejecución. Impuso las costas de la incidencia a esa última (v. fs. 305/306 vta.).
Para así resolver consideró que la retención de haberes ordenada en la resolución 409/17 contradecía el decisorio emitido en el sub lite , ello más allá de los distintos hechos que se atribuyeran a la accionante en el marco del sumario iniciado con motivo de irregularidades administrativas e imputaciones efectuadas en la causa penal caratulada "Novo, Julio A. y otros s/ encubrimiento".
Reiteró que la medida preventiva tenía un único origen y, por lo tanto, la percepción del salario no podía estar indefinidamente afectada.
Contra tal pronunciamiento la demandada interpuso recurso de apelación (v. fs. 307/309).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín hizo lugar a la vía intentada y, en consecuencia, revocó la decisión de primera instancia. Impuso las costas de esa instancia a la actora vencida con sustento en el art. 19, ley 13.928 (v. fs. 327/331 vta.).
II.1. Para así decidir, precisó que la acción de amparo fue iniciada por la señora Mariana Busse contra la resolución 1.014/15 por la cual la entonces señora Procuradora General de esta Suprema Corte dispusiera su suspensión preventiva en el cargo de Secretaria del Ministerio Público Fiscal, la retención de sus haberes y la prohibición de prestar servicios, con sustento en la gravedad de los hechos que se le atribuyeren en calidad de imputada en la causa penal caratulada "Novo Julio A. s/ encubrimiento", y en la circunstancia de haber sido indagada por el delito de encubrimiento agravado en carácter de coautora en concurso ideal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional.
Agregó que la medida precedentemente señalada se adoptó por haber incurrido prima facie en las faltas previstas en los arts. 11 incs. "d", "f" y "g" y 12 inc. "b" del Acuerdo 3354 de esta Suprema Corte, aplicable según resolución de la Procuración General 648/07.
II.2. Expresó que, con posterioridad, por resolución 409/17, el señor Procurador General dispuso una nueva medida cautelar a la accionante sobre la base de diez (10) hechos que devinieron en imputaciones administrativas independientes de la causa penal invocada y que no fueron valorados en la primigenia resolución 1.014/15.
A su vez, indicó que ese último acto ordenaba transformar el procedimiento inicial en sumario administrativo, confiriendo traslado a la accionante para que produjera su descargo y ofreciera prueba.
II.3. Sostuvo que, conforme a las circunstancias reseñadas, la intimación ordenada por el señor juez de primera instancia se fundamentó en hechos y actos que no fueron objeto de la litis, como era con la resolución 409/17, respecto de la cual la demandada no había podido alegar en favor de su legalidad.
En ese orden, concluyó que el pronunciamiento de grado vulneraba el derecho de defensa en juicio y el principio de congruencia consagrado en los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y receptado por este Tribunal en las causas C. 120.517, "Acuña de Díaz", sentencia de 7-VI-2017 y L. 118.981 "Pérez", sentencia de 12-IX-2018.
II.4. Por último, sostuvo que la accionante debía cuestionar la resolución 409/17 en el marco de otro proceso judicial autónomo.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de su derecho alimentario y de propiedad contenidos en los arts. 14 y 17 de la Constitución nacional (v. fs. 343/359).
También alega absurdo en la valoración de los hechos y vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
III.1. En primer orden, aduce que la sentencia impugnada se sustenta en afirmaciones dogmáticas y se desentiende de la gravedad de lo decidido, de la extensión del daño producido y de la afectación de sus derechos inalienables de raigambre constitucional.
Expresa que el Tribunal de Alzada ponderó en forma aislada las circunstancias que motivaron el dictado de las resoluciones 1.014/15 y 409/17 que decretaron su suspensión preventiva y que, sin perjuicio del contenido de cada una de ellas, soslayó que los efectos que le causaron fueron idénticos.
III.2. Luego, desde el punto de vista de las razones por las cuales se dispusieron las medidas cautelares, alega que la Cámara incurre en absurdo al afirmar que la resolución 409/17 estableció una nueva suspensión preventiva considerando diez hechos que devinieron en imputaciones administrativas independientes de la causa penal y que no fueron tenidos en cuenta al dictarse la primera resolución 1.014/15.
Manifiesta -en sentido contrario a lo indicado por el a quo - que las razones por las cuales se ordenó la nueva medida versaron sobre la misma circunstancia fáctica tenida en cuenta en la resolución 1.014/15, esto es, la investigación penal en trámite, radicando las diferencias en que en la primera decisión de la demandada no se la describió y se aludió a su declaración indagatoria y, en la segunda, se detalló aquella y se refirió a su situación de indagada.
Por tales motivos, a su entender, la resolución 409/17 es una secuela de la primigenia.
III.3. Respecto al marco jurídico en que se sustentaron las medidas suspensivas señaló que, la primera -dispuesta por la resolución 1.014/15- se impuso en los términos del art. 14 de la resolución 1.233/01 de la Procuración General hasta tanto culminara el proceso penal y que la segunda se estableció de acuerdo al art. 13 de dicha normativa, por el término de noventa días prorrogables.
Alega que, no obstante, tal encuadre normativo, el Tribunal de Alzada soslayó la limitación temporal de la retención de los haberes que estableciera el pronunciamiento de primera instancia.
III.4. A su vez se agravia de que el a quo sostuviera que debía impugnar la resolución 409/17 en otro proceso judicial, pues ello la obligaría a interponer una nueva acción de amparo cada vez que se prorrogue su suspensión preventiva.
III.5. Por último, critica que la Cámara le impusiera las costas, omitiendo aplicar el art. 20 de la ley 13.928, en cuanto entiende que éste consagra el beneficio de gratuidad de las actuaciones.
Asimismo, alega que no corresponde la condena a su parte en tanto no ha requerido la intervención del Tribunal de Alzada y su pretensión no ha sido ejercida de forma antojadiza.
IV. El recurso no prospera atento a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
IV.1. Los reproches esbozados por la impugnante respecto a la interpretación que efectuara la Cámara sobre los antecedentes que motivaron el dictado de las resoluciones 1.014/15 y 409/17, importan cuestiones de hecho y prueba que, por regla general, resultan ajenos a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo que se configure el supuesto excepcional del absurdo; causal que, no obstante haber sido invocada, la recurrente no logra acreditar (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 72.829, "Romero", sent. de 5-VII-2017; A. 71.872, "Gómez", sent. de 5-XII-2018; e.o.).
Tal vicio ha sido definido por este Tribunal como un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 71.156, "D. P. G., N. C.", sent. de 12-IX-2012; A. 72.024, "Astori Estructuras S.A.", sent. de 21-XII-2016; e.o.).
IV.2. En el caso, la Cámara, tras delimitar la pretensión esgrimida por la accionante y transcribir textualmente los antecedentes que dieron origen al dictado de las resoluciones administrativas 1.014/15 y 409/17, sostuvo que las circunstancias fundantes de esa última decisión no habían sido objeto del amparo deducido y, por consiguiente, el juez de primera instancia no se había pronunciado acerca de ellas.
De tal modo, el Tribunal de Alzada señaló que la acción incoada por la señora Mariana Busse se promovió contra la resolución 1.014/15 por la cual se dispusiera su suspensión preventiva y la retención de sus haberes, las que fueron impuestas en atención a la gravedad de los hechos que se ventilaran en la causa penal caratulada "Novo Julio A. y otros s/ encubrimiento", habiendo sido ya indagada la accionante por los delitos de encubrimiento agravado en carácter de coautora en concurso ideal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional.
Por su parte, con relación a la resolución 409/17, destacó que la demandada -al disponer la nueva medida- ponderó diez hechos que devinieron en imputaciones administrativas independientes de la causa mencionada precedentemente. A partir de allí, puso de relieve que la motivación de ese último acto difería de la explicitada en la oportunidad del dictado de la primera (resol. 1.014/15).
IV.3. Lo denunciado por la actora en esta parcela, en cuanto a que la demandada habría burlado los efectos de la res judicata mediante el dictado de un nuevo acto administrativo, debe ser analizado escrupulosamente. Máxime cuando el legislador, aunque no en el marco del amparo sino en el del proceso contencioso administrativo, previó expresamente la posibilidad de discutir en el mismo juicio actos dictados como consecuencia de lo resuelto en la causa "...aunque se apartaren abiertamente de lo decidido en el fallo o, so pretexto de cumplirlo, lo interpretaren en forma perjudicial a los derechos o intereses reconocidos o restablecidos a la parte vencedora" (art. 64, CCA).
No obstante esa advertencia, adelanto que la impugnante no ha logrado desarticular las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Alzada respecto a la relativa independencia de las resoluciones 1.014/15 y 409/17.
El agravio de la recurrente no alcanza a rebatir los fundamentos ofrecidos por los jueces de la instancia anterior, dado que sólo se sustenta en su propio criterio valorativo, poniendo énfasis en la investigación penal en trámite y traduciéndose en no más que meras discrepancias subjetivas, insuficiente para conducir en la instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones predominantemente fácticas.
Esta Corte tiene dicho que discrepar no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental (doctr. causas A. 69.199, cit.; A. 75.277, "Albanese", sent. de 29-V-2019; A. 73.808, "Alanis", sent. de 5-VI-2019; e.o.).
Siendo así, lo esgrimido en el recurso lejos está de demostrar absurdo, pues no aporta una explicación que deje al desnudo la existencia de una desinterpretación grosera de las constancias objetivas de la causa y de lo que fuera materia de debate. Todo lo cual condujo al Tribunal de Alzada a sostener que no hubo por parte de la demandada desobediencia de lo decidido y que la posterior resolución del Procurador General, por los numerosos y novedosos hechos en los que se fundaba, de consuno con los motivos explicitados, justificaba la apertura de una nueva impugnación judicial por el carril que la parte actora creyera conveniente.
En tales condiciones, este tramo del embate debe ser desestimado (art. 279, CPCC).
IV.4. Por otro lado, la denuncia acerca de los preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada -arts. 14 y 17 de la Constitución nacional- que formula la recurrente, de ninguna manera importa el debido cumplimiento de la carga que supone la demostración de la forma en que se materializa la vulneración a las normas invocadas, en los términos del art. 279 in fine del Código Procesal Civil y Comercial.
La agraviada no indica de qué modo se produjeron las supuestas transgresiones, dado que sus planteos no pasan del mero enunciado, lo que indefectiblemente conduce a la desestimación de este punto de la queja (doctr. causas C. 116.438, "Banco Francés S.A.", sent. de 3-VII-2013; A. 72.862, "Boyezuk", sent. de 18-X-2017; e.o.).
IV.5. Tampoco prospera la denuncia de violación de la doctrina legal del Tribunal (v. fs. 344.), en tanto la recurrente omite señalar de qué manera ha sido erróneamente aplicada o transgredida y cómo se relaciona con la decisión de la Cámara que tilda de ilegítima.
Esta Suprema Corte tiene dicho que el cumplimiento de los requisitos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el impugnante indique con claridad la doctrina legal que reputa violada o aplicada erróneamente, indicando igualmente en qué consiste la violación o el error (doctr. causas A. 68.934, "Llanos Choque", sent. de 3-IX-2008; A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; A. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; e.o.).
La recurrente omite realizar esto último, sellando la suerte adversa de su petición.
IV.6. Finalmente, resultan inatendibles los argumentos desarrollados con respecto a la distribución de las costas, toda vez que su imposición constituye una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, lo que ocurriría si se hubiere alterado burdamente el carácter de vencido o existiese iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (doctr. causas A. 69.344, "Brisa Serrana", sent. de 4-VI-2008; A. 69.412, "P. L., J. M.", sent. de 18-VIII-2010; A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; e.o.).
Los indicados extremos no se verifican en la especie, desde que la impugnante exterioriza una mera disconformidad en orden a la postura seguida por la Cámara, sin acreditar en esta parcela el aludido vicio. Así pues, en su planteo, la recurrente no aporta razones suficientes para apartarse del normal criterio que debió seguirse teniendo en cuenta el resultado del litigio.
Además, el beneficio de gratuidad invocado (art. 20, ley 13.928) no impide la imposición de las costas al vencido dado que dichos accesorios no quedan comprendidos dentro de ese dispositivo, en virtud de que la exención allí establecida engloba, exclusivamente, el "...pago de la tasa por servicios judiciales, sellado y de todo otro impuesto o tributo".
V. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora (arts. 279 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Mancini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289 in fine , CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia d
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