Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75846
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.846, "Ogallar, Luis Gustavo contra Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Otros Servicios Públicos, de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Genoud, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata desestimó los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por el apoderado de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, otros Servicios Públicos, de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia dictado por el Juzgado de Familia n° 1 del Departamento Judicial de Necochea en cuanto hizo lugar a la acción de amparo promovida por el señor Luis Gustavo Ogallar (v. fs. 291/308).
Se interpusieron, tanto por la parte actora (escrito en soporte electrónico de fecha 26 de septiembre de 2018, 8:42:22, p.m. en el sistema Augusta) como por la parte demandada (escrito en soporte electrónico de fecha 11 de octubre de 2018, 3:12:56, a.m. en el sistema Augusta) recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 346/385), dictada la providencia de autos (v. fs. 386) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, otros Servicios Públicos, de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que luce agregada a fs. 217/228 mediante la cual se hizo lugar a la acción de amparo colectivo promovida por el señor Luis Gustavo Ogallar (arts. 43, Const. nac. y 20 apdo. 2, Const. prov.) en su carácter de usuario del servicio eléctrico del partido de San Cayetano, condenándose a la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, otros Servicios Públicos, de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de dicha localidad a abstenerse de incluir en la facturación del servicio de energía eléctrica el concepto "cuota capital" hasta tanto cumplimente lo establecido en el art. 78 de la ley 11.769. Asimismo, condenó a la parte demandada a publicar en el diario de mayor circulación de la localidad de San Cayetano -a su costa- la parte dispositiva del fallo. Paralelamente, desestimó la sanción pecuniaria prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240 e impuso las costas a la accionada en su condición de vencida (v. fs. 291/308).
I.2. En lo que al recurso bajo análisis interesa, el Tribunal de Alzada comenzó por realizar una referencia pormenorizada de la plataforma jurídica del caso, a saber: el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (ley 11.769, dec. 2.479/04, cláusulas de los contratos de concesión, licencias técnicas correspondientes y normas particulares emanadas de la Autoridad de Aplicación y del Organismo de Contralor en el marco de sus respectivas competencias), específicamente transcribió los arts. 1, 2, 3 incs. "a", "b", "d", "e", "f" y "g", 23, 25, 62 incs. "a", "b" y "j" y 67 incs. "a", "b", "c" y "g" de la ley citada.
Consideró al vínculo habido entre las partes como una relación de consumo a la cual cabe aplicar los principios y normas que garantizan los derechos de los consumidores y usuarios (arts. 42, Const. nac.; 38, Const. prov.; ley 24.240, -texto según ley 26.361-, especialmente el art. 25 tercer párrafo y el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores, ley 13.133).
Puso de relieve lo establecido por el art. 78 de la ley 11.769 y sus decretos reglamentarios 2.193/01 y 2.479/04 y por el art. 2 de la resolución 289/97 del Instituto Provincial de Acción Cooperativa.
Puntualizó que el decreto 2.193/01 (arts. 1, 3, 4 y 6), luego de definir al denominado "concepto ajeno" como aquel agregado a la tarifa neta que no es impuesto, tasa o contribución, cuya base imponible no esté vinculada con la condición de usuario del servicio público de energía eléctrica, reglamentó la previsión legal que establece los requisitos que deben cumplir los concesionarios que pretendan incorporar a sus facturas conceptos ajenos al suministro eléctrico, a saber: autorización previa por el usuario; aprobación por el órgano de control y también -en el caso de las cooperativas- por el ente fiscalizador que corresponda a la normativa en la materia; y que se permita el pago por separado del servicio de electricidad.
I.2.a. Estimó que el denominado rubro "cuota capital" resulta un concepto ajeno al servicio de distribución de energía eléctrica puesto que -independientemente de la incidencia que para su cuantificación pueda tener el importe correspondiente al costo del servicio eléctrico-, aquel constituye un aporte cuyo pago se requiere atendiendo esencialmente a la calidad de socio de la cooperativa accionada.
Consecuentemente, indicó que la obligación de contribuir a la conformación del capital de la cooperativa que -entre otros fines- tiene a su cargo la distribución de energía eléctrica del partido de San Cayetano, surge de la calidad de socio antes que del hecho de ser usuario o consumidor del servicio y que, por tanto, no constituye base imponible la contribución social examinada.
Por su parte, consideró errada la referencia de la accionada a la resolución 48/10 del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) invocada por la demandada para respaldar su postura de considerar a la "cuota capital" como un concepto no ajeno a la prestación del servicio público de electricidad, toda vez que aquella constituye un acto administrativo de alcance particular (conf. arts. 103, 107 y 110, dec. ley 7.647/70), cuyos efectos se encuentran limitados a la relación planteada entre un usuario del servicio eléctrico y otra cooperativa (en ese caso de Obras, Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada de Tres Arroyos -CELTA-).
Resaltó que el prestatario que pretenda incorporar en la facturación del consumo eléctrico conceptos ajenos a la prestación de dicho servicio deberá satisfacer los requisitos que el Marco Regulatorio le impone, a saber: i) la autorización por parte del usuario en forma individual y expresa; ii) la aprobación por parte del Organismo de Control y, en el supuesto de las asociaciones cooperativas, que dicha aprobación responda a la normativa específica del órgano local competente en la materia; y iii) se permita el pago por separado de los importes debidos exclusivamente a la prestación del suministro eléctrico.
Concluyó que la cooperativa accionada no cumplió con las exigencias legales señaladas para incorporar legítimamente el concepto de "cuota capital" en las facturas del servicio eléctrico.
I.2.b. Desde otra perspectiva, en relación a lo normado por el art. 4 del decreto 2.391/01 -que establece que los conceptos ajenos que se encuentren incluidos en la factura al momento de la entrada en vigencia de la ley 11.769 (promulgada, 17 de enero de 1996) se considerarán debidamente autorizados a los efectos de su inclusión en la misma- advierte que, si bien de las pruebas acompañadas cabe predicar cierto grado de certeza respecto de que el ítem "cuota capital" se encontraría incluido en la facturación del servicio con anterioridad a la vigencia de la ley regulatoria -hecho que eximiría a la accionada de recabar la autorización expresa e individual por parte de los usuarios-, la demandada no alegó cumplir con lo preceptuado por el art. 6 del citado decreto, en cuanto le impone a las distribuciones municipales (aún a aquellas que se amparen en lo reglado por el citado art. 4 del dec. 2.193/01) a presentar ante el OCEBA el sistema de facturación y pago para su homologación en un plazo no mayor a 180 días de la fecha de promulgación del mencionado decreto (5 de septiembre de 2001).
Observó que la facturación emitida por la cooperativa accionada tampoco satisface la manda normativa que impone la posibilidad del pago de los importes devengados exclusivamente por el consumo del suministro eléctrico por separado.
Destacó que, si bien la cooperativa demandada puede, habiendo cumplido los recaudos legales, incluir en su facturación por consumo del suministro eléctrico conceptos ajenos a la prestación de dicho servicio, debe otorgar la posibilidad de abonarlos en forma separada, puesto que constituye un derecho reconocido a los usuarios por el marco jurídico al que está sometido el accionar del ente cooperativo en toda actuación referida al servicio público en cuestión.
De lo contrario, puntualizó, los usuarios se verían constreñidos a solventar la totalidad de los rubros facturados para evitar el cese del suministro del servicio eléctrico (arts. 77, ley 11.769; 5 -inc. "b"- y 6, sub anexo "E" del "Reglamento de Suministro y Conexión"), lo que entraría en colisión con la regla aplicable que veda tal posibilidad (art. 67 inc. "g", ley 11.769; doctr. del tribunal interviniente en la causa A-1207-DO1 "CEODECO", sent. de 5-V-2009).
I.2.c. Por último, -al igual que el juez de primera instancia- consideró cumplidos los requisitos establecidos por el art. 7 de la ley 13.928 (t.o. ley 14.192) para la procedencia del amparo de incidencia colectiva y, en consecuencia, dotó de efectos expansivos a la sentencia de autos para los restantes usuarios asociados.
Señaló que la acción promovida no ha sido incoada en un mero interés de respeto a la Constitución y a las leyes, sino que contiene una pretensión sustancial que persigue el reconocimiento de un derecho que le fue denegado a quien promovió la acción.
En este aspecto indicó que la actora acudió a la instancia judicial, en resguardo de una situación subjetiva, identificándose de manera adecuada con el universo de afectados (usuarios del servicio de distribución de energía eléctrica que presta la cooperativa demandada).
Asimismo, puntualizó que existe en el caso la homogeneidad fáctica y normativa que justifica la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada.
II. Contra dicho decisorio, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (escrito en soporte electrónico de fecha 11 de octubre de 2018, 3:12:56, a.m. en el sistema Augusta), en cuyo marco denuncia la errónea interpretación y/o aplicación del art. 78 de la ley 11.769; del decreto 2.193/01 y de los arts. 7, 15 y concordantes de la ley de amparo (13.928), con la reforma introducida por la ley provincial 14.192.
Se agravia de la desaplicación de la resolución 48/10 del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y aduce que se han vulnerado principios y garantías establecidos en la Constitución nacional, en especial el art. 17.
Alega, de manera genérica, que la sentencia cuestionada se apartó de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.1. Aduce que el Tribunal de Alzada efectuó una errónea aplicación e interpretación de las normas que definen lo que debe considerarse como "concepto ajeno" a la prestación del servicio de electricidad, a los efectos de establecer la pertinencia de la inclusión del ítem "cuota capital" en las facturas que emite la cooperativa.
Dicho en otras palabras, manifiesta que dicho ítem que se incluye en la factura no es un concepto ajeno a la prestación del servicio en tanto constituye un aporte que, por decisión de la asamblea de la cooperativa, efectúan sus asociados cuyo monto está relacionado con el importe neto facturado para cada categoría de consumo.
En consecuencia, sostiene que no corresponde exigir el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 78 de la ley 11.769 a los efectos de su incorporación en la factura del servicio que brinda.
Reafirma que la "cuota capital" es un aporte cuya base imponible se relaciona con su condición de usuario del servicio público de energía y en proporción a su consumo.
Refiere que a partir del dictado del decreto 2.193/01 hubo un cambio de criterio respecto de lo que debe considerarse "concepto ajeno" a la prestación del servicio y que, incluso el Organismo de Control de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) dejó de intimar a las cooperativas para que se abstuvieran de incluir en las facturas el rubro "cuota capital" y, a su vez, dejó sin efecto resoluciones en las que había exigido que ese rubro no se incluyera (resol. 48/10).
Considera errónea la limitación que efectúa el Tribunal de Alzada de los alcances de la resolución citada en el entendimiento de que la misma no se circunscribe a un caso aislado, sino que por su importancia lo trasciende, permitiendo su aplicación conceptual a otros casos similares.
Al respecto aduce que en la resolución mencionada han intervenido los organismos administrativos competentes -autoridades de aplicación en la materia y de asesoramiento y control-, quienes al interpretar el art. 1 del decreto 2.193/01 equipararon los impuestos, tasas y contribuciones con la cuota capital de las cooperativas, cuando la misma se encuentre relacionada con la calidad de usuario del servicio público de electricidad.
II.2. Luego de reiterar que la cuota capital no es un "concepto ajeno" al servicio de electricidad y que, por lo tanto, puede incluirse en las facturas del servicio sin observancia de lo establecido en el art. 78 de la ley 11.769, sostiene que aun considerando que constituye un concepto ajeno, al ser preexistente al dictado de la ley 11.769, debe considerarse por imperio del art. 4 del decreto 2.391/01, que su agregado está debidamente autorizado.
Afirma que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 11.769, el concepto "cuota capital" se encontraba incluido en sus facturas postulando que, en consecuencia, la cooperativa se hallaba legitimada para mantener dicho rubro en las mismas en carácter de "concepto ajeno" al servicio de energía eléctrica.
Se agravia de que el a quo al analizar la preexistencia del rubro en las facturas con anterioridad a la entrada en vigencia del Marco Regulatorio Eléctrico consideró que la accionada no alegó ni demostró haber cumplido con lo previsto en el art. 6 del decreto 2.391/01 que impuso a las distribuciones municipales a presentar ante el OCEBA el sistema de facturación y pago para su homologación en un plazo no mayor de 180 días de la fecha del mencionado decreto.
II.3. En relación de la posibilidad del pago por separado respecto de los importes devengados exclusivamente por el consumo del servicio eléctrico aclara que ello es para el caso que la factura contenga conceptos ajenos, reiterando que la cuota capital no lo es.
Sin perjuicio de ello, afirma que no existe imputación alguna a la cooperativa que revele que le ha impedido a algún asociado el pago por separado de los conceptos vinculados exclusivamente con el consumo eléctrico por una parte y de la cuota capital, por otra.
Indica que en las facturas se discriminan los importes correspondientes al consumo, a los impuestos, al alumbrado público y a la cuota capital, por lo cual en el caso de considerar que se trata de un "concepto ajeno", nada impediría que el pago pueda efectuarse por separado.
Expresa que la parte actora ni siquiera probó que alguna vez hubiera pretendido pagar sólo el consumo y que la cooperativa se hubiese negado, destacando que nunca suspendió el servicio de energía a algún asociado por falta de pago de cuota capital, pese a considerar que el concepto se encuentra correctamente incluido en la factura.
De ahí que estima dogmática la referencia del tribunal respecto de la violación en la que incurriera la cooperativa de la garantía que tienen los usuarios (debió decir "asociados") de que no se le suspenda el servicio si no abonan la cuota capital. Más aun cuando la accionante no alegó (ni mucho menos acreditó) que alguna vez hubiera ocurrido la falta que hipotéticamente se le imputa.
II.4. Aduce que el Tribunal de Alzada aplicó erróneamente el art. 7 de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- al concederle efectos expansivos a la sentencia para otros usuarios, por cuanto confundió la calidad de "usuarios" y "asociados", al referirse a los supuestos "afectados" por la inclusión del rubro "cuota capital" en las facturas de electricidad.
Señala que la equiparación entre "usuarios" y "asociados" no es simplemente una diferencia nominal o semántica, dado que constituye una situación disímil.
Expresa que mientras el usuario es un sujeto que se encuentra obligado a someterse a ciertas normas sobre las que no puede incidir y son fijadas por organismos en los que él no interviene, el asociado a una entidad prestadora de un servicio, además de usuario, integra la entidad que lo presta, en el caso, una cooperativa, cuyas decisiones no son ajenas al asociado, quien las adopta mediante sus órganos de conducción (en el caso de la determinación de una cuota de capitalización, mediante la asamblea).
En consecuencia, señala que ante una medida arbitraria proveniente del Estado que afecte al conjunto de usuarios, resultaría razonable que la acción promovida por cualquiera de ellos y receptada por el órgano jurisdiccional, sea abarcativa de la totalidad de afectados que se encuentran en su misma condición, pero no en el caso de autos.
Expresa que reconocerle legitimación al actor para actuar en nombre de todos los asociados de la cooperativa implica distorsionar el sentido de la norma legal, por cuanto los integrantes de dicho conjunto cuentan con la posibilidad de concurrir a las asambleas.
Afirma, en consecuencia, que el actor no se encuentra habilitado para representar a otros asociados que no han de tener por qué compartir sus cuestionamientos.
Expresa que el caso de autos difiere con el precedente "López" (causa C. 91.576, sent. de 26-III-2014), en el que se discutió la decisión de una cooperativa de cobrar a terceros (que no eran asociados) un adicional a la tarifa eléctrica por el sólo hecho de que no pertenecían a la cooperativa como asociados, circunstancia que evidenciaba la conveniencia de hacer extensiva la decisión de impedir el cobro de ese adicional a todos los usuarios que se encontraran en situación similar.
Indica que el Tribunal de Alzada omitió el tratamiento de los agravios esgrimidos en la apelación respecto de los fundamentos que la jueza que previno había desarrollado para admitir la legitimación colectiva.
III. Oído el señor Procurador General a fs. 346/385, entiendo que la impugnación deducida no prospera en tanto ha sido insuficientemente fundada (art. 279, CPCC).
Sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva.
En efecto, este Tribunal ha sostenido que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica precisa, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta la sentencia del tribunal (conf. causas A. 71.261, "Pagola", sent. de 3-XII-2014; A.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.