Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76231
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.231, "Nievas, Rubén Darío c/ Municipalidad de Lobos s/ Amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, de Lázzari, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la codemandada Provincia de Buenos Aires y confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. fs. 144/149).
Contra dicho pronunciamiento la citada codemandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 24-IX-2019), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 154/155).
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó, en lo que al recurso interesa, el pronunciamiento de primera instancia, en cuanto hizo lugar a la acción de amparo impetrada y declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. fs. 144/149).
Como consecuencia de ello, confirmó la condena que ordenó a la Municipalidad de Lobos a que reanude el trámite de renovación de la licencia de conducir del amparista, sin que pueda constituir un obstáculo para su obtención la existencia de deudas por multas impuestas por infracciones de tránsito que aquel registrare.
Para así resolver, en lo que al recurso interesa, el Tribunal de Alzada consideró que debían aplicarse los principios y/o doctrina vertidos en el precedente "Noseda" (CCALP n° 17.912, sent. de 17-XII-2015, criterio reiterado en varias causas por el mismo tribunal), más allá de la existencia o no de multas vigentes en cabeza del accionante.
Los fundamentos se sostienen en un doble orden de razones, de un lado, el referido a la grada jerárquica de la norma descalificada -art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, de ejecución de la ley provincial 13.927-, que trasunta el exceso reglamentario incurrido, al establecer una exigencia imprevista en la preceptiva legal, trasvasando así el principio de supremacía jurídica.
Del otro, razonó sobre la propia condición para obtener la licencia, consistente en una circunstancia -tener el libre deuda de infracciones de tránsito- que no se ajusta a la finalidad esgrimida -seguridad vial, aptitud para conducir- para dotarla de cobertura jurídica ni encuentra sustento en la preceptiva reglamentada, quebrándose así la proporción que ha de guardar una restricción con el propósito que la justifique y el espíritu que la informe.
Sostuvo que la imprecisión y generalidad de la norma queda evidenciada, pues la pendencia de pago obsta al trámite de la renovación o concesión de la licencia de conducir y desnuda un propósito que difiere notoriamente del que se predica por la Fiscalía de Estado, relativo a la salvaguarda de la seguridad vial, pues además de lo expuesto, no se advierte de qué modo ese bien quedaría a resguardo por el sólo hecho de haberse abonado la deuda, sin más.
Por último, señaló que la ruptura de la juridicidad se constata en atención a ambas razones, pues al nivel inferior de la previsión, que prescribe un requisito que supera la mera ejecución de la ley, se suma la alteración del espíritu de esta última, imponiendo un presupuesto que no guarda congruencia con la aptitud del peticionario o la seguridad de la actividad a desarrollar. Y deviene, por otra parte, en un impedimento insalvable e insuperable sin satisfacerse el pago en cuestión.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el apoderado de la Fiscalía de Estado denuncia errónea interpretación del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09 y violación de los arts. 28, 99 inc. 2 y concordantes de la Constitución nacional; la ley 26.353 que ratificó el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial (suscripto el 15-VIII-2007 entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ratificado por decreto del PEN 1.232/07); los arts. 20 inc. 2 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial; 1 y concordantes de la ley 13.928; 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 8 de la ley 13.927.
También alega absurdo y arbitrariedad.
Aduce que la decisión de la Cámara es arbitraria al omitir realizar una interpretación amplia e integral del plexo normativo imperante en materia de seguridad vial.
Alega que el precepto legal cuestionado adoptó lo establecido en la normativa nacional, que recepta el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscripto por la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, que acuerdan jerarquía nacional a la expedición de las licencias de conducir.
Destaca que esa norma es la que condiciona el otorgamiento de la licencia a un informe de antecedentes el cual resulta a todas luces razonable.
Sostiene también que el fallo recurrido es arbitrario y absurdo, pues una sana hermenéutica conduce a afirmar que de ninguna manera el reglamento establece una inhabilitación que desborde las fronteras de la ley, sino que, por la facultad que le es propia, viene a perfeccionar un requisito formal de expedición de la licencia de conducir, como es el de no tener una deuda impaga con el estado provincial.
Resalta que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrado por la Constitución nacional, circunstancia que no se da en autos.
Destaca que el pago de la multa constituye el cumplimiento de la pena que el legislador ha previsto en materia de infracciones a la ley de tránsito, por lo que más allá de considerar las bondades, ventajas y desventajas del sistema y/o pena establecida en la ley de tránsito todo ello deviene en una cuestión de política legislativa, de oportunidad y conveniencia que no resulta materia justiciable.
Arguye que la reglamentación se justifica razonablemente en la seguridad vial y en disuadir el actuar del infractor, quien para obtener la licencia de conducir deberá haber cumplido con la pena legalmente impuesta. Ello en su criterio hace al principio de igualdad ante la ley y ante las cargas públicas.
Afirma que la norma en cuestión se muestra como un mecanismo conducente y razonable, entre otros, para asegurar la prevención de la accidentalidad y garantizar la seguridad de las personas que interactúan en el tránsito vehicular.
Destaca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que debe existir un caso concreto o causa. Aduce que el planteo de inconstitucionalidad confirmado por el Tribunal de Alzada no cumple con los extremos básicos para ser tenido por tal, limitándose a manifestar que la normativa traída a análisis viola el texto de la Constitución nacional, por cuanto prohibiría los derechos de transitar libremente y trabajar, analizando de manera sesgada los valores jurídicos protegidos por la legislación.
Señala que no alcanza con la aserción de que la norma impugnada puede causar agravio constitucional, sino que debe afirmarse y probarse que ello ocurre en el caso. Con sustento en su postulación invoca doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Suprema Corte.
III. El recurso no prospera en virtud de la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
III.1. En primer lugar, cabe señalar que conforme adherí con mi voto en la causa A. 75.836, "Perez", sentencia de 20-XI-2020, los argumentos expuestos por la Fiscalía resultan insuficientes e ineficaces a los fines de desvirtuar el fundamento central dado por la Cámara para confirmar el pronunciamiento de primera instancia en cuanto declara la inconstitucionalidad del inc. 3 art. 10 Anexo II del decreto 532/09 del órgano ejecutivo para exigir el libre deuda, como condicionante para otorgar la licencia de conducir.
Sentado ello, la lectura del escrito de interposición del remedio extraordinario permite advertir, en ese caso, que los argumentos que lo sustentan no están desarrollados con la claridad que exige una pieza de esa naturaleza y tampoco cumplen los extremos de rigor exigidos por esta Suprema Corte para convalidar su suficiencia.
El art. 279, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial, dispone que el escrito de deducción deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia y, en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error.
Sobre ello este Tribunal sostuvo que, para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2020 y Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003, e. o.).
Como quedó visto, ello no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto a la desproporcionalidad entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial- y la existencia de medios judiciales idóneos a fin de obtener el cobro de la sanción pecuniaria impuesta como es el proceso de apremio.
Por el contrario la Fiscalía para justificar la razonabilidad de la medida dispuesta por el precepto legal en cuestión alude a que la ley nacional 26.353 -a la cual adhiere nuestra ley provincial 13.927- recepta el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, el cual transformó a esta última como una cuestión prioritaria de alcance nacional y que el sistema de cancelación de multas en la forma impuesta constituye una herramienta disuasiva que persigue a los infractores para la protección de la sociedad.
Mas no acredita con claridad la proporcionalidad entre aquella medida y los fines a resguardar y tampoco demuestra la imposibilidad de utilizar las vías legales para obtener el cobro de las multas derivadas de infracciones de tránsito.
III.2. Asimismo, la recurrente omite individualizar la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia que aduce erróneamente aplicada. Concretamente se refiere a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundar su aserto en orden a que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del ordenamiento jurídico.
Este Tribunal tiene dicho que la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley en tanto no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, "Consorcio de Propietarios Parque Aranda", sent. de 29-IV-2009 y C. 107.960, "Talavera", sent. de 5-IV-2013) aunque se trate de fallos de la Corte Suprema de la Nación.
III.3. Cabe desestimar también la denuncia de absurdo, el cual se configura mediante un error palmario, grosero y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa.
Para que proceda este agravio es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave u ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; C. 105.822, "Ricci", sent. de 6-IV-2011 y A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016), recaudos que no exhibe la denuncia en tratamiento.
III.4. Tampoco merece acogida el argumento esbozado por la Fiscalía en relación a que el pago de multas previo a la renovación de la licencia de conducir tiende a proteger la seguridad vial.
Es por ello, que al igual que en el agravio antecedente resultan aplicables al presente caso precedentes de esta Corte que expresan que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía bastante para dar sustento al pronunciamiento impugnado.
Así nuevamente la recurrente efectúa alegaciones genéricas e hipotéticas y no rebate los argumentos explicitados por el Tribunal de Alzada, por lo que deja incólume lo referido al pago de multas con la obligación de la parte demandada de adoptar medios conducentes y razonables que mejor servirían para asegurar la prevención de la accidentalidad y garantizar la seguridad de las personas que interactúan en la cadena vehicular.
En la vía extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo entonces que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que entre otros factores resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o argumentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 74.744, "Devalle", sent. de 3-V-2000 y C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014; e. o.).
III.5. En otro orden, la pieza recursiva se limita a enumerar los preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada -arts. 28, 99 inc. 2 y concordantes de la Constitución nacional, entre otros- sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo la vulneración, ni expresar cual es la vinculación que aquellos tienen con el agravio expresado.
Esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. doctr. causas A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014; e. o.).
III.6. Finalmente, considero que no cabe admitir la gravedad institucional alegada, pues el planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de aquella circunstancia (conf. causas C. 96.269, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 28-X-2009 y A. 71.534, "L., O. M.", sent. de 22-V-2013; e. o.).
IV. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal debe ser rechazado (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (art. 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:47:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 11:39:15 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:37:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:16:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 17:35:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia