Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76393
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.76.393 “SALES DANIEL EDUARDO C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ AMPARO. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó los recursos de apelación interpuestos por la apoderada de la Provincia de Buenos Aires y, por mayoría, el de la Municipalidad de La Plata. En consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. fs. 93/99), que impide la renovación de la licencia de conducir a quienes adeudan el pago de multas impuestas por la comisión de infracciones de tránsito.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, la Cámara en primer término sostuvo que si bien el pronunciamiento recurrido tenía destino en un cuerpo reglamentario típico y general, era su acto concreto de aplicación, con relación a la situación particular del señor Sales, el que habilitaba el control de constitucionalidad y su decisión relativa.
Señaló que era ese suceso individual el que constituía la condición de posibilidad del examen de una carencia de razonabilidad de la norma reglamentaria, derivada de su incongruencia con la norma superior a la que rendía tributo, delineando así una labor de revisión que resultaba inherente al control difuso de la función judicial.
En segundo término, el Tribunal de Alzada destacó que el dispositivo reglamentario general lucía en pugna con toda exégesis posible del texto legal que reglamentaba (art. 8, ley 13.927) al alcanzar una extensión que éste no autorizaba, contrariando la regla constitucional que impide toda alteración del espíritu o la letra de la fórmula de superior jerarquía a que refiere.
En especial en cuanto al recurso de la comuna, sostuvo que quedaba acotado a valoraciones de legitimidad inconsistentes a la luz del perfil protagónico que le correspondía como autoridad de ejecución.
Todo ello, traslucía el exceso reglamentario en el que progresaba y la irrazonabilidad derivada de una exigencia que más parecía dirigida a abreviar las variables de sufragio del crédito fiscal, que a verificar situaciones de compromiso de la aptitud para conducir vehículos.
II. Frente a lo así decidido, la municipalidad codemandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 31/01/2020, 12:40:36 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 106/107).
II.1. Sostiene que la Cámara aplicó erróneamente la ley al confirmar el pronunciamiento de grado que, al rechazar el planteo de falta de legitimación, declaró autoridad de aplicación y comprobación de la ley 13.927 a las reparticiones provinciales junto a las municipalidades, conforme lo normado en el art. 2 de la ley 13.928.
Aduce que ha cumplido con la normativa vigente en la materia, actuando en el marco del principio de legalidad, que fundamenta toda actuación estatal, resultando incorrecto dirigir la demanda instada contra la Municipalidad, por resultar una mera delegada de la competencia provincial.
II.2. Manifiesta que no se encuentran configurados los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de amparo, ya que en la cuestión planteada no se advierte violación ni amenaza a derecho alguno reconocido por la Constitución. Así, el municipio no se ha expedido sobre la posibilidad del actor con relación a la renovación de su licencia de conducir, no pudiendo incluir dicha inactividad bajo el concepto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.
Cuestiona el criterio seguido por la Cámara de dar curso a un pedido de inconstitucionalidad de leyes bajo la excusa del amparo, porque de lo peticionado en la demanda no resulta que se haya atacado un acto lesivo concreto del municipio, sino que se dirige contra una ley provincial, siendo que la vía idónea es la acción de inconstitucionalidad.
II.3. Sostiene que la inaplicabilidad planteada deviene improcedente e infundada toda vez que el accionante ha esgrimido fundamentos vagos e imprecisos, no satisfaciendo el mínimo de rigor que es exigible a un cuestionamiento de tal envergadura, como es el destinado a descalificar nada menos que un precepto de la norma de mayor jerarquía en el territorio nacional y provincial.
Por otra parte, en defensa del texto legal arguye que no existen elementos probatorios incorporados que tornen procedente la declaración judicial de inconstitucionalidad, a lo que agrega que ésta constituye la última ratio del orden jurídico vigente.
II.4. Por último, cuestiona la imposición de costas en el orden causado, denunciando que la Cámara ha omitido ponderar, que el Municipio debió ceñir obligatoriamente su actuar a la normativa vigente en virtud del principio de legalidad que rige la actividad estatal, omitiendo lo prescripto por el art. 68 segunda parte, del CPCC.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018; A. 76.273, "Colombo", resol. de 19-II-2020, e.o.).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016; A. 73.960, cit., e.o.).
En tal sentido, la recurrente reitera argumentos sobre la falta de legitimación pasiva, vertidos al interponer el recurso de apelación, que han sido tratados y resueltos por la Cámara. Sobre ese modo de proceder esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012 y A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016).
En adición, la argumentación de la recurrente no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas sin conseguir demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley (doctr. causas A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 73.169, "Liserre", sent. de 17-V-2017; e.o.).
IV.2. Igual suerte corre el argumento relativo a la improcedencia de la vía del amparo.
La recurrente alega que no existió un acto manifiestamente arbitrario o ilegal y que la cuestión planteada debió canalizarse bajo la acción de inconstitucionalidad prevista en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial.
Resalta que la Cámara interpreta erróneamente el art. 20 inc. 2, párrafo tercero, de la Constitución provincial que estatuye que el amparo no procede contra leyes y que de lo peticionado en la demanda no resulta que se haya atacado un acto lesivo concreto del municipio, sino que se dirige contra una ley provincial.
Sin embargo, sus argumentos carecen de entidad en razón de basarse en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes, en tanto omite atacar el fundamento sobre el cual se asienta el pronunciamiento impugnado en relación con la procedencia de la acción promovida.
En efecto, la sentencia ponderó que el acto que aplica al accionante el reglamento impugnado, en atención al sistema de control difuso en la materia, posibilita conocer y decidir al respecto, con relación a la norma que rige al caso y es cuestionada por la parte actora, concluyendo que se abre el acceso a la vía del amparo, con relación a la función de control de constitucionalidad.
Ninguna de estas razones han sido abordadas y criticadas con la suficiencia requerida por este Tribunal para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, resultando insuficiente aquel que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía bastante para dar sustento al pronunciamiento (doctr. causas A. 71.535, "A., G. C.", sent. de 30-X-2013; A. 74.567, "García", sent. de 3-IV-2019; A. 75.836, "Perez", sent. de 20-XI-2019; e.o.).
En el caso, la recurrente omite indicar la falla del decisorio o las trasgresiones que atribuye a los juzgadores. En definitiva, no pasan sus asertos de la mera enunciación, cuando es sabido que resulta requisito de ineludible cumplimiento la crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causas A. 70.596, "Gonzalez", sent. de 24-IX-2014; A 74.567, cit.; e.o.).
IV.3. Por último, este Tribunal tiene dicho que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y como tal irrevisable en la vía extraordinaria, salvo supuesto de absurdo, esto es que haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista inequidad manifiesta en el criterio de distribución (doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017 y A. 74.627, "Cifuentes", sent. de 15-VIII-2018), vicios que no han sido patentizados en autos.
Los indicados extremos no se verifican en la especie, desde que la recurrente exterioriza una disconformidad en orden al criterio seguido por la Cámara, sin siquiera invocar, en esta parcela, el aludido vicio.
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/07/2020 10:53:14 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 20/07/2020 11:51:44 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 20/07/2020 12:13:08 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:07:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:58:19 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia