Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74954
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada y condenar a la demandada a poner en práctica, dentro de los treinta días de notificada esta sentencia, la instancia de participación ciudadana omitida, con el alcance y los fines establecidos en el punto IV. del voto del ponente (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC).
En atención al modo en que se resuelve, las costas de primera y segunda instancia se readecuan, imponiéndoselas a la demandada vencida (arts. 68 y 274, CPCC y 19, ley 13.928); y las de esta instancia se imponen de igual modo (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.954, "Mancuso, Antonio c/ Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible OPDS s/ amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martin hizo lugar al recurso de apelación incoado por la parte demandada. En consecuencia, revocó el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo promovida (v. fs. 150/170).
Disconforme con ese pronunciamiento la accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 196/206), siendo concedido por el Tribunal de Alzada a fs. 210 y vta.
A fs. 212 se dictó la providencia de autos para resolver, la que fue suspendida por resolución obrante a fs. 213 en la que se ordenaron medidas para mejor proveer, las que obran a fs. 219/244 y a fs. 246. Reanudado el llamado (v. fs. 250), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El juez de grado hizo lugar a la acción de amparo y, en consecuencia, dispuso la nulidad de la resolución 862/16 emitida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que declarara "ambientalmente apto" el proyecto de la obra "Ruta Nacional n°8 - Autopista Pilar-Pergamino - Tramo II-A: Arroyo Pergamino", exigiéndole al ente provincial que, previo a la adopción de cualquier medida relacionada a la ejecución de dicho emprendimiento, realice un procedimiento que garantice la efectiva participación ciudadana y culmine, de corresponder, con la declaración de impacto ambiental (v. fs. 103/108).
II. Apelada la sentencia de primera instancia por la demandada (v. fs. 113/116), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martin, por mayoría, hizo lugar al recurso y revocó dicho decisorio ordenando levantar cualquier impedimento que pudiera obstruir la continuidad de la obra vial.
Para así resolver y en lo que interesa destacar en función del recurso extraordinario interpuesto, consideró que la decisión de grado, al declarar la nulidad de la resolución 862/16 del OPDS, quebrantó el principio de congruencia incurriendo en ultra petita dado que el actor solo había solicitado la suspensión de los efectos del referido acto administrativo.
Sostuvo que, además de no haberse acreditado el daño ambiental, tampoco se observaba la falta de participación ciudadana alegada, pues según ella los arts. 17 y 18 de la ley 11.723 no disponen la convocatoria a audiencia pública como una instancia obligatoria. Por lo demás, estimó que la mentada participación también puede ser abastecida con las respuestas que deben darse a las observaciones presentadas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental del proyecto.
Respecto a la prueba documental obrante en autos, señaló que del expediente administrativo n° 5100-28873/17 acompañado por la Fiscalía de Estado al contestar la demanda, no surgía que se hubiera presentado objeción alguna contra el informe de impacto ambiental que fuera finalmente aprobado por la resolución 862/16, además de que esta última daba cuenta de que, previo a su emisión, tanto el Área de Grandes Obras como la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental concluyeron en la factibilidad del proyecto. A su vez, refirió a que en la página web oficial de la Casa Rosada (Presidencia de la Nación) se había informado -con anterioridad al dictado de la resolución del OPDS acá impugnada- el avance de la construcción de la obra respecto del Tramo II-A.
Conforme a lo anteriormente reseñado, indicó que se encontraba cumplido el requisito de la participación ciudadana obligatoria, sea en forma de consulta o audiencia pública, en los términos previstos por el art. 17 de la ley 11.723.
Entendió que en el contexto analizado debían ponderarse y armonizarse los derechos en juego, no siendo posible soslayar el interés público comprometido en la prosecución de la obra vial, íntimamente ligado a la seguridad de quienes se desplazan por la Ruta nacional n° 8 y que la denunciaban como peligrosa, representando un riesgo cierto para la vida de las personas.
III. Contra dicha sentencia , el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la errónea aplicación de los arts. 16 a 19 y 23 de la ley 11.723 como, asimismo, violación de la doctrina legal de esta Corte.
En primer lugar, entiende que los arts. 16 a 19 de la ley 11.723 disponen que todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho de tomar conocimiento de la existencia de proyectos presentados para obtener la declaración de impacto ambiental, a fin de realizar las observaciones que consideren pertinentes o de asistir, eventualmente, a las audiencias públicas que se celebren a fin de exponer puntos de vista e intercambiar opiniones útiles.
En este sentido, invoca la doctrina legal de este Tribunal sentada en las causas "Rodoni" y "Asociación civil en Defensa de la Vida" en cuanto -entiende- reconoce el derecho a la participación ciudadana contemplado en la ley 11.723.
Señala que la Cámara incurre en error en tanto que los informes emitidos por el OPDS con posterioridad al dictado de la resolución 862/16 -y que no habrían sido puestos en conocimiento del público- nunca pudieron satisfacer el recaudo de la participación prevista por el ordenamiento aplicable. Tampoco la publicación más reciente en el sitio web del organismo, asumiendo -equivocadamente- que ella siempre estuvo disponible.
Asimismo, subraya que al promover la demanda se adjuntaron las publicaciones de los proyectos presentados para la evaluación de impacto ambiental en el sitio web del OPDS, entre los cuales no se encontraba el correspondiente al expediente n° 2145-44095/14 (Tramo II-A); que supuestamente habría sido incorporado luego del dictado de la sentencia de grado.
Considera que demostrar el daño que provocaría la obra es una tarea propia del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental previo y con participación ciudadana, lo cual el ente demandado omitió observar antes de emitir la declaración de impacto ambiental favorable, motivo por el cual aduce que lo único que necesitaba probarse para que la pretensión fuera exitosa era que la resolución 862/16 se dictó sin conocimiento e intervención de la ciudadanía.
Critica que el a quo haya contrastado el cumplimiento de la normativa ambiental con el derecho a la vida, cuando la tutela de los recursos naturales tiene evidentes consecuencias positivas sobre aquel.
Por último, entiende que no puede sostenerse que un emprendimiento de la magnitud del proyecto de referencia deba ser obligatoriamente sometido a una evaluación de impacto ambiental, mas no se requiera la convocatoria a una instancia pública para que los habitantes puedan manifestarse acerca del plan a instrumentar y sus proyecciones medioambientales, aun cuando lo que surja de su seno no sea vinculante para la administración.
IV. La impugnación debe prosperar toda vez que el tema en debate ha sido resuelto en la causa A. 75.276, "Mancuso", sentencia de 24-VI-2020, en la que la cuestión controvertida y resuelta es sustancialmente análoga a la traída a juzgamiento aquí (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
En dicho precedente, relativo al Tramo II-B de la misma obra vial a construirse sobre la Ruta nacional n° 8, esta Suprema Corte señaló, entre otras cosas, que: "Aun cuando pudiera inferirse que el OPDS ha dado relativo cumplimiento a aquello previsto en el art. 17 de dicho ordenamiento (publicación del listado de evaluaciones de impacto ambiental pendientes de aprobación), lo cierto es que su actuación debe ser descalificada por no haber anoticiado o convocado en forma adecuada a los posibles interesados en opinar o peticionar acerca del estudio de impacto ambiental sujeto a aprobación...".
Se dijo que había quedado en evidencia que la declaración de impacto ambiental emitida "...al no haber sido precedida de la instancia de participación pública suficiente que prevé el art. 18 de la ley 11.723, exhibe un claro vicio en el procedimiento (art. 103, dec. ley 7.647/70)". Como así también, que "...el aludido precepto de la ley ambiental fue aplicado de manera errónea por el tribunal de alzada, al tenerlo por satisfecho a partir de elementos que mal podrían importar una efectiva comunicación a la ciudadanía acerca de la existencia del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental y de la posibilidad de formular observaciones...".
Frente a eso, ponderando el sensible grado de avance de la obra proyectada, la necesidad de sopesar todos los intereses en juego, el hecho de que la etapa participativa mediante presentación formal de documentos y comentarios escritos quedó trunca y atendiendo a la posibilidad de que el asunto se propague a un eventual juicio de cesación o recomposición de daño ambiental (cfr. arts. 30, ley 25.675; 34 y 35, ley 11.723), antes que la anulación ex tunc del acto impugnado se dispuso la inmediata celebración de una audiencia pública por medios telemáticos, a los fines de "...informar a la comunidad interesada acerca de las contingencias y los efectos ambientales de la obra -de lo construido y lo remanente- y de las medidas previstas y adoptadas para su prevención o mitigación, como así también, de oír opiniones útiles que permitan adecuar los ítems restantes del proyecto o, incluso, los ya completados".
A partir de allí, la autoridad ambiental debería revisar el alcance de la declaración oportunamente otorgada, especificando medidas ambientales compensatorias de considerarlas necesarias.
V. De lo expuesto y conforme se desprende de la reseña efectuada, se presentan de modo patente las condiciones que autorizan a esta Suprema Corte a aplicar el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812-, sirviendo su invocación como fundamento suficiente para abastecer el decisorio judicial.
Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada y condenar a la demandada a poner en práctica, dentro de los treinta días de notificada esta sentencia, la instancia de participación ciudadana omitida, con el alcance y los fines establecidos en el punto IV. de esta opinión (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC).
En atención al modo en que se resuelve, las costas de primera y segunda instancia se readecuan, imponiéndoselas a la demandada vencida (arts. 68 y 274, CPCC y 19, ley 13.928); y las de esta instancia se imponen de igual modo (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada y condenar a la demandada a poner en práctica, dentro de los treinta días de notificada esta sentencia, la instancia de participación ciudadana omitida, con el alcance y los fines establecidos en el punto IV. del voto del ponente (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC).
En atención al modo en que se resuelve, las costas de primera y segunda instancia se readecuan, imponiéndoselas a la demandada vencida (arts. 68 y 274, CPCC y 19, ley 13.928); y las de esta instancia se imponen de igual modo (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2021 22:23:43 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2021 16:54:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2021 22:15:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:31:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 09:15:21 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia