Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75051
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.051, "Goycochea, Rosa Margarita c/ Griguoli de Campana María I. s/ amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Torres, Kogan, de Lázzari, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás de los Arroyos declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por los accionantes y, en consecuencia, firme el pronunciamiento de primera instancia (v. fs. 1.028/1.036 vta.).
Contra esa decisión los actores interpusieron recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.037/1.055 vta.), los que fueron concedidos por la Cámara actuante a fs. 1.056/1.057.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.072/1.087), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.088) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín declaró abstracta la acción de amparo promovida, con sustento en el art. 163 inc. 6 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 891/893 vta.).
Para así decidir, reseñó las pretensiones esgrimidas en el escrito introductorio.
A esos fines, transcribió pasajes de la demanda en los cuales se alegaba que la señora Griguoli de Campana -en su condición de productora agropecuaria- esparcía grandes e indeterminadas cantidades de diversos tipos de agroquímicos tóxicos al ambiente y a la salud, sobre zonas urbanas, escuelas y cursos de agua, sin contar con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo cual resultaba manifiestamente ilegal.
Luego precisó que la accionante pretendía se ordene a la referida accionada a que cesara con los actos que dañaban el ambiente y que ponían en peligro la salud de los habitantes y se requiera al Estado provincial a fin de que ejercitara cabalmente el poder de policía ambiental.
Indicó que con el dictado de la ordenanza 3.150 y su modificatoria 3.158 por parte de la Municipalidad de General Viamonte, sobre regulación de uso de productos fitosanitarios -ocurrido con posterioridad a decretarse la apertura a prueba- habían desaparecido los recaudos de admisibilidad de la acción promovida, por cuanto dicha normativa prohibió la fumigación aérea en el radio de influencia donde residían los vecinos que promovieron la pretensión de cese de daño ambiental y reguló de manera rígida el suministro de agroquímicos vía terrestre. Ello aun cuando la parte actora mantenía su interés en continuar el proceso.
A su vez agregó que la evaluación de impacto ambiental -exigencia requerida por los accionantes- había sido excluida de la actividad que cuestionaran, sin que ello importe una opinión anticipada de la decisión definitiva.
Expresó que la nueva ordenanza resultaba una respuesta suficiente y adecuada a lo pretendido por los accionantes en razón de que: a) prohibía la fumigación aérea en el radio de influencia donde residían los amparistas a una distancia menor a los 2.000 metros y a los 200 metros de los cursos de agua en las zonas urbanas del municipio (art. 15.1.); b) vedaba en su totalidad la circulación aérea sobre las escuelas rurales y la aplicación de agroquímicos en un radio de 300 metros de las mismas, exigiéndose a los predios lindantes la colocación de una cortina forestal (art. 15 1er. y 2do. párrs.); y, c) proyectaba una franja "ecológica" -que admitía la actividad que no fuere área entre los 300 y 2.000 metros de la zona urbana-, supervisada por un ingeniero agrónomo.
Sostuvo que los accionantes no habían acreditado la persistencia de los hechos generadores del daño que denunciaran y, en tales condiciones, no correspondía la actuación del órgano judicial.
Desestimó la inconstitucionalidad de la ordenanza 3.150 planteada por la parte actora a fs. 835/837 al entender, por un lado, que no había demostrado los agravios que invocara respecto a su aplicación y, por el otro, al constituir dicha norma legal la culminación de un proceso deliberativo en el seno del órgano legislativo municipal donde razonablemente fue regulada rigurosamente la utilización de productos agroquímicos.
Concluyó que al haber cesado el eventual daño al ambiente y excluida la actividad del procedimiento de impacto ambiental, continuar con el trámite del proceso resultaría un inútil dispendio judicial, por cuanto tendió a preservar el derecho colectivo a un ambiente sano y no los posibles daños padecidos por los accionantes.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás declaró desierto el recurso de apelación deducido por la parte actora, y en consecuencia, firme el pronunciamiento de primera instancia (v. fs. 1.028/1.036).
II.1. Luego de relatar los antecedentes de la causa señaló que la ordenanza 3.150 había sido reglamentada.
II.2. Acto seguido destacó que el recurso no contenía una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que le generaban agravio.
En este sentido, señaló que los apelantes no habían expresado motivos que permitieran desvirtuar lo resuelto por el magistrado de primera instancia en cuanto había declarado abstracta la cuestión, endilgándole yerros que no se concretan ni fundamentan.
Bajo tales condiciones sostuvo que correspondía declarar desierto el recurso conforme lo prevé el art. 261 del Código Procesal Civil y Comercial.
II.3. Sin perjuicio de ello, el a quo consideró " obiter dictum" -ante los planteos por un lado, de la parte actora y del señor Asesor de Menores, de continuar con el reclamo referido a la omisión de los demandados en su deber de control y, por el otro, de la accionada acerca de la existencia de una normativa que solucionara el caso- que resultaba conveniente recomendar a todas las partes que asuman una actitud procesal diligente, eficiente, eficaz y regida por la buena fe, evitando el dispendio de tiempo y jurisdicción.
Asimismo -y conforme al criterio que adoptara en otro precedente de índole ambiental- encomendó a la Municipalidad de General Viamonte que implementara un sistema de monitoreo o vigilancia para evitar la generación de daños al ambiente.
III. Contra el mentado pronunciamiento, el apoderado de la parte actora interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.037/1.055 vta.).
III.1. En lo que hace al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, consideró que la ya mencionada ordenanza 3.150 infringía los arts. 41, 42 y 43 de la Constitución nacional; 15, 27, 28, 36 inc. 8 y 57 de su par provincial y las leyes 25.675, 11.723, 11.720 y 10.699 y los principios de legalidad y congruencia.
III.2. Así adujo que la normativa municipal por ser un régimen ambiental inferior, conforme el art. 4 de la ley 25.675, debía adecuarse a los estándares de protección previstos por las normas nacionales que establecen los presupuestos mínimos ambientales.
En ese sentido, expresó que la ordenanza 3.150 debió exigir el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la ley provincial 11.723, en forma previa a la realización de la aspersión de productos agroquímicos y que, en el caso, la situación se agravaba con motivo de que el campo de la señora Griguoli de Campana lindaba a zonas pobladas, a una escuela de niños especiales y a un hogar para ancianos y la actividad se realizaba sobre una zona de recarga de agua para consumo humano.
De tal modo, al apartarse de ese bloque de legalidad, señaló que la ordenanza vulneraba los derechos de incidencia colectiva tales como a la protección de la salud, a gozar de un ambiente sano y a que las generaciones futuras reciban un ambiente apto para su desarrollo e indemnidad, receptados en los arts. 18, 19, 41, 42 y 43 de la Constitución nacional y 28 y 36 de su par provincial.
III.3. A su vez, indicó que la modificación de la norma municipal no tenía vinculación con los hechos controvertidos y que carecía de idoneidad para declarar abstractas las pretensiones que esgrimiera en el escrito introductorio que versaron sobre el cumplimiento de la legislación ambiental, incluida la ordenanza sobre aspersión de productos agroquímicos vigente en ese entonces.
III.4. Por último, entendió que el pronunciamiento impugnado, al resolver sus pretensiones en el modo en que lo hizo, vulneraba la tutela judicial continua y efectiva consagrada en los arts. 15, 27, 28 y 57 de la Constitución provincial.
IV. Como consideración preliminar debo dejar sentado que, si bien se han interpuesto conjuntamente los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley, no corresponde tener a esa particularidad como causal de rechazo en tanto resulta posible discernir los argumentos de uno y de otro (doctr. causas P. 70.428, "L. H.", sent. de 17-VII-2002; P. 80.176, "C., R. F.", sent. de 6-VII-2005 y A. 72.797, "Iglesias", sent. de 13-VI-2018).
IV.1. Sin embargo, estimo que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad ha sido mal concedido.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, la vía elegida sólo procede cuando en la instancia ordinaria se ha controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales, confrontados con normas de la Constitución local, siempre que la decisión recaiga sobre ese tema (cfr. art. 161 inc. 1, Const. prov. y causas Q. 71.994, "Zara Argentina S.A.", resol. 4-VII-2012; Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bermuzzi", resol. de 2-V-2013 y A. 72.797, cit.).
Ello no ocurre en el caso, pues el núcleo del decisorio puesto en crisis -más allá de las consideraciones obiter dictum que efectuara la Cámara acerca de la conducta de las partes y de la tarea de control que encomendara a la Municipalidad de General Viamonte - se circunscribió a declarar la insuficiencia de la expresión de agravios, y por tal razón, con sustento en el art. 261 del Código Procesal Civil y Comercial, reputó desierto el recurso de apelación ordinaria deducido por los accionantes.
En consecuencia, el a quo , por razones de orden procesal, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ordenanza 3.150 sobre regulación de uso de productos fitosanitarios dictada por el mencionado municipio.
Frente a tal contexto, falta un requisito indispensable para la admisibilidad de la vía en examen, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia sobre el tópico (doctr. causas A. 74.489, "Fisco c/ Consorcio Médico Sarmiento", resol. de 7-XII-2016; Q. 74.432, "Ecocarnes S.A.", resol. de 23-XI-2016 y Q. 75.150, "Manzano", resol. de 19-IX-2018).
IV.2. Por lo expuesto, -oído el señor Procurador General- juzgo que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad bajo examen ha sido mal concedido y, por lo tanto, corresponde su desestimación (art. 299, CPCC).
Las costas de esta instancia se imponen al recurrente vencido (arts. 68 y 303 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
En relación con el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el recurrente denunció que el Tribunal de Alzada vulneró el bloque de legalidad ambiental -arts. 41, 42 y 43 de la Constitución nacional; 27, 28, 36 y 38 de su par provincial; leyes 25.675, 11.723, 11.720 y 10.690-, la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de congruencia.
Alegó absurdo en la valoración de la prueba producida.
Finalmente, adujo que la Cámara se apartó del criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal en diversas causas que individualiza.
I.1. Inicia su desarrollo considerando que el pronunciamiento impugnado incurrió en absurdo al omitir valorar medios de prueba esenciales que permitían acreditar los extremos a fin de que prosperare la acción deducida, ello es, la realización de fumigaciones en el lugar en que se denunciara, la peligrosidad de la agricultura química, los daños concretos en los actores y finalmente, el incumplimiento de las autoridades provinciales y municipales respecto a las tareas de control ambiental.
Así, precisó que la prueba documental acompañada con la demanda acreditaba que el predio de la codemandada Griguoli de Campana lindaba con la Escuela Especial n° 501 del ejido urbano, se encontraba sembrado con soja y se realizaban fumigaciones con plaguicidas sin la existencia de la cortina forestal exigida por las ordenanzas 2.642 y 3.150; la peligrosidad de esa actividad, potencialmente contaminante de las aguas subterráneas con glifosato y conllevaba riesgos a la salud de las mujeres y niños por exposición a plaguicidas y daños al ambiente; la contaminación con glifosato en aguas superficiales de zonas cercanas; que la fumigación con plaguicidas dañaba al ambiente y generaba riesgos en la salud de los niños.
A su vez, expresó que el reconocimiento de ese carácter ofensivo surgía de las leyes 27.279, 11.723, 11.720, 10.699; resoluciones del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible 40/14 y 327/17; ordenanza 3.150 y de la doctrina legal de este Tribunal (causas C. 111.706, "D., J. E. F.", sent. de 8-VIII-2012 y A. 72.642, "Ashpa", sent. de 17-VI-2015).
También señaló que de la contestación de la demanda realizada por la Provincia de Buenos Aires se desprendía la ausencia de evaluación de impacto ambiental en cuanto a la actividad que se cuestionara y la falta de inscripción en registros públicos creados a esos fines como así en la emisión de constancias referidas al traslado y disposición final de los envases vacíos de pesticidas -que son residuos peligrosos-, tal como exigen los arts. 11 a 13 de la ley nacional 25.675; 2, 3, y 5 inc. "b", 10 a 24 de la ley provincial 11.723 y leyes 11.720 y 10.699.
En otro orden, indicó que de la presentación de la codemandada Griguoli de Campana se desprendía la titularidad, ubicación y dimensiones del predio rural donde se realizaran las fumigaciones; el incumplimiento de los recaudos emergentes de la ley 10.699 respecto a la receta agronómica que acompañara; la aspersión de productos agroquímicos sobre zonas de recarga de pozos que proveían de agua para consumo humano y asimismo la carencia de realización del estudio de impacto ambiental.
Luego puntualizó que al efectuar la denuncia de hechos nuevos y graves se acreditaron, con los estudios médicos acompañados, los daños a la salud de los accionantes por la presencia en sangre de pesticidas relacionados al cultivo de soja; los daños colectivos por exposición a plaguicidas de acuerdo al informe de evaluación socio sanitaria ambiental realizado en la población de Monte Maíz, Córdoba; que para la Organización Mundial de la Salud el glifosato es potencialmente cancerígeno; la ausencia de cortina forestal y, finalmente, la situación actual de la contaminación por uso de agroquímicos en la Argentina.
I.2. A su vez sostuvo que la Cámara, al resolver como lo hizo, infringió el principio de congruencia y el debido proceso ambiental, en tanto soslayó las cuestiones planteadas en el escrito introductorio que versaban sobre el efectivo cumplimiento de la normativa ambiental -leyes 25.675, 11.723, 11.720 y 10.699- con relación a la aspersión de plaguicidas que se efectuara en el predio rural, que se denunciara con la finalidad de resguardar los derechos a un ambiente sano y a la vida y la salud.
En tal sentido destacó que, al considerar abstractos los planteos efectuados a esos fines con sustento en la modificación de la ordenanza municipal, dejó subsistente la grave situación que motivara el inicio de esta causa e incurrió en un supuesto de denegación de justicia.
I.3. Por otra parte, puso de relieve que la sentencia atacada se apartaba de los arts. 41 y 42 de la Constitución nacional; 27 y 28 de la Constitución provincial; del bloque de legalidad ambiental y de la ley de ministerios 13.757, que imponen al Estado provincial el deber de prevenir los daños al ambiente, lo que implicaba en forma indispensable exigir que toda actividad potencialmente contaminante cumpliera con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su inicio.
I.4. A su vez, entendió que el pronunciamiento impugnado vulneró la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 26.061, en virtud de estar comprometidos en la causa daños a la salud de niños, circunstancia que ha sido puesta de manifiesto por el Ministerio Público en su dictamen, quien se expidiera en sentido favorable a la acción promovida.
I.5. Por último, puntualizó que la Cámara se apartaba del criterio que plasmara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Halabi"; "Salas"; "Kersich"; entre otros, sobre la implementación de medidas procesales conducentes a fin de brindar una tutela preventiva y anticipatoria con el objeto de proteger el ambiente y la salud; y de la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente de las causas C. 111.706, "D., J. E. F."; A. 72.642, "Ashpa"; Ac. 60.094, "Almada" y Ac. 77.608, "Ancore", acerca del debido proceso colectivo ambiental y en los casos B. 64.464, "Dougherty", sentencia de 31-III-2004; C. 90.020, "Yane", sentencia de 14-XI-2007; A. 68.965, "Rodoni", sentencia de 3-III-2010; entre otros, respecto a la evaluación de impacto ambiental.
II. Adelanto que el recurso no prospera, atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
II.1. Conforme he señalado al votar la primera cuestión, el argumento basal de la Cámara para confirmar el pronunciamiento de primera instancia se asentó en declarar desierto el recurso de apelación deducido por los accionantes, ello con sustento en el art. 261 del Código Procesal Civil y Comercial.
En ese marco destacó que la pieza recursiva no contenía una crítica razonada y concreta del fallo que le generaba agravios y que el apelante insistía sobre la omisión en el cumplimiento de la normativa ambiental y la carencia de control por parte de las autoridades provinciales y municipales, sin expresar las razones ni demostrar los errores endilgados a la sentencia de primera instancia, que permitieran desvirtuar lo decidido por el magistrado de grado en cuanto declarara abstracta la cuestión.
II.2. Aprecio que en el recurso no se cuestiona la insuficiencia reprochada por la Cámara a la expresión de agravios del recurso de apelación, al punto que ni siquiera se menciona en la extensa presentación al art. 261 del Código Procesal Civil y Comercial, que fue la norma actuada por el a quo para desestimar la apelación ordinaria.
Y ello sin perjuicio de recordar que esta Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho, ajena, en principio, a su conocimiento y sólo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (doctr. causas A. 70.126, "Trillo", sent. de 21-V-2010; A. 71.558, "Gónzález", sent. de 4-VIII-2016; A. 72.095, "Rodriguez", sent. de 17-V-2017 y A. 74.085, "Tarchini", sent. de 29-VIII-2018).
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