Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75580
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada y condenar a la demandada a poner en práctica, dentro de los treinta días de notificada esta sentencia, la instancia de participación ciudadana omitida, con el alcance y los fines establecidos en el punto IV.3 del voto del magistrado que emitió su opinión en primer término en este Acuerdo (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC).
En atención al modo en que se resuelve y respondiendo a la vez al agravio ligado a las costas, las de primera y segunda instancia se readecuan, imponiéndoselas a la demandada vencida (arts. 68 y 274, CPCC; 19, ley 13.928); y las de esta instancia se imponen de igual modo (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.580, "Mancuso, Antonio c/ Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible OPDS s/ amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora declarando abstracta la cuestión planteada en autos (v. fs. 142/147).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 152/160), el que fue concedido por el Tribunal de Alzada mediante resolución de fs. 165.
A fs. 170 se dictó la providencia de autos para resolver, la que fue suspendida a fs. 173 al ordenarse una medida para mejor proveer, cuyo resultado obra a fs. 175/178.
Reanudado el llamado (v. fs. 179) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes rechazó la acción de amparo ambiental promovida por el actor contra el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), mediante la cual solicitó la clausura y paralización del proyecto de obra "Autovía Luján - San Andrés de Giles R.N. 7 (km 73.75 a 104,33) sección 2: Variante Paso por San Andrés de Giles - Provincia de Buenos Aires", por vulnerar lo establecido en la ley 11.723 al haberse iniciado sin contar con una previa declaración de impacto ambiental favorable (v. fs. 12/21).
Para así resolver, estimó que, si la petición del actor consistía en la cesación de una obra por no contar con dicho acto, el legitimado pasivo nunca podía ser el OPDS, que era el organismo de control y no quien llevaba a cabo el proyecto.
Asimismo, sostuvo que no se encontraba acreditado que el demandante hubiera impulsado los mecanismos administrativos pertinentes a fin de anoticiar al organismo respecto de la iniciación de la obra, ya sea en el expediente por el cual tramitaba su autorización o promoviendo un reclamo por su cuenta. De tal manera, consideró, se hubiese contado con una decisión concreta del organismo demandado que le hubiese permitido cuestionar ya sea tanto su actividad como su inactividad, para de ese modo estar en condiciones de denunciar la existencia de una actuación u omisión manifiestamente arbitraria o ilegal que habilite la acción de amparo. En virtud de ello, rechazó la demanda en todos sus términos.
II. Apelada la sentencia (v. fs. 49/67), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso, declarando que la cuestión ventilada en autos se había tornado abstracta.
II.1. Lo anterior se basó en las siguientes razones:
Previo a decidir, ordenó medidas para mejor proveer (v. fs. 77 y 92). En tal sentido, le requirió a la Dirección Nacional de Vialidad y al OPDS que informen acerca del proyecto "Autovía Ruta Nacional Nº7, Tramo: Variante por San Andrés de Giles, tramo Luján - San Andrés de Giles". A la primera, para que diga si se encontraba en ejecución la obra proyectada; al segundo, para que se expida acerca del estado del estudio de impacto ambiental presentado por quien tendría a cargo su construcción.
Como respuesta a ello, la Dirección Nacional de Vialidad precisó que el 12 de abril de 2018 la obra en cuestión se encontraba en plena ejecución y para ser concluida a finales de ese año (v. fs. 85). A su turno, el Área de Grandes Obras dependiente de la Dirección Provincial de Estudios de Impacto Ambiental del OPDS comunicó el 5 de julio de 2018 que el proyecto se hallaba en etapa de elaboración del informe técnico final previo al dictado de la declaración de impacto ambiental (v. fs. 98/105).
Posteriormente, el 6 de agosto de 2018 el OPDS acompañó digitalmente, en carácter de ampliación del informe confeccionado por el Área de Grandes Obras anteriormente reseñado, la resolución 382/18 dictada por ese organismo el 4 de julio de 2018 en la que se declaró ambientalmente apto el proyecto de obra "Autovía Luján - San Andrés de Giles Ruta Nacional N° 7 (km 73.75 a 104,33)- Sección 2 Variante Paso por San Andrés de Giles - Provincia de Buenos Aires" (v. fs. 106/117).
Corridos los traslados pertinentes, el actor los respondió cuestionando la validez del acto y el a quo llamó autos para sentencia (v. fs. 141).
II.2. Al entrar a analizar la apelación deducida, la Cámara entendió que para ello resultaba preciso tener en consideración la aludida resolución 382/18 del OPDS, mediante la cual se declarara ambientalmente apto el proyecto de la obra.
En consecuencia, sostuvo que al dictarse ese acto administrativo -cuya ausencia agraviaba al accionante- y más allá del acierto o error de la decisión anterior, se había tornado abstracto expedirse sobre el asunto. Ello, pues la impugnación -según entendió- había perdido utilidad jurídica, de conformidad con aquel postulado de acuerdo al cual "...los jueces deben fallar atendiendo a las circunstancias existentes al momento de su decisión, aun en aquellos casos en que ellas fueran sobrevinientes..." (CSJN Fallos: 312:555 y 315:123). Y en la inteligencia de que en ese momento ya no había nada sobre lo cual pronunciarse útilmente, declinó su jurisdicción.
Para justificar lo anterior, subrayó que el planteo esgrimido por el actor al momento de contestar el traslado conferido en segunda instancia -el cual se dirigía a cuestionar la falta de participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental-, constituía un argumento introducido recién en la etapa recursiva y, por lo tanto, no había sido puesto a consideración del juez de primera instancia. Citó al respecto la regla establecida en la primera parte del art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial, la cual dispone que "...la Alzada tiene vedado el tratamiento de capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia".
Por eso, indicó que la admisión de un planteo no realizado en el momento procesal oportuno -esto es, en el escrito de demanda- configuraría una extensión indebida de los límites de la jurisdicción, en violación al principio de congruencia.
III. Contra esta decisión el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 152/160), denunciando, principalmente, la errónea interpretación y aplicación de los arts. 16 a 19 de la ley 11.723 y violación de la doctrina legal del Tribunal.
III.1.a. En primer lugar, se queja de que la resolución 382/18 emitida por el OPDS -que comprende la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de obra- fuese aportada a la causa tardíamente, con posterioridad a la contestación de la demanda.
III.1.b. Sostiene por otro lado que, según surge del contenido de dicha resolución, la declaración de impacto ambiental no lo ha sido con la previa participación ciudadana, por lo cual aquella resulta inválida por incumplir con lo dispuesto en los arts. 16 a 19 de la ley 11.723. A lo que añade que la cuestión ya fue resuelta por este Tribunal en la causa A. 68.965, "Rodoni", sentencia de 3-III-2010, denunciándose la violación de su doctrina.
III.1.c. Aduce que también yerra el pronunciamiento al considerar extemporáneo su cuestionamiento respecto a la validez de la resolución 382/18 y, a la postre, declarar el caso como abstracto.
Explica que articuló ese planteo en instancia de Alzada, precisamente, como consecuencia del traslado de la citada resolución que le corriera la propia Cámara. Ello así, pues al promoverse la demanda no resultaba materialmente posible atender al cumplimiento de la instancia de participación ciudadana, dado que aún no se había emitido la declaración de impacto ambiental que permitiera conocer acerca de sus condiciones de validez, previstas por la ley ambiental.
III.1.d. Por último, se agravia respecto a la imposición de las costas en el orden causado como consecuencia de haberse declarado abstracta la cuestión, considerando que aquellas debieron serle impuestas al ente accionado debido a la extemporaneidad en el acompañamiento de la resolución 382/18 (conf. arts. 19 y 25, ley 13.928).
III.2. Con carácter previo a resolver, esta Corte dispuso como medida para mejor proveer librar oficio a la Dirección Nacional de Vialidad a fin de que informe acerca del estado actual de la obra "Autovía Luján - San Andrés de Giles R.N. 7 (km 73.75 a 104,33) sección 2: Variante Paso por San Andrés de Giles - Provincia de Buenos Aires", su grado de avance y etapas restantes que se prevé ejecutar (v. fs. 173).
La respuesta brindada con fecha 22 de agosto de 2019 revela que la obra cuenta con un avance del 95,66% (v. fs. 177).
En este estado de cosas debe sentenciar el Tribunal.
IV.1. Inicialmente corresponde señalar que no es atendible lo sostenido por el recurrente vinculado a que la resolución 382/18 del OPDS, que declarara la aptitud ambiental de la obra proyectada (art. 1), haya sido aportada a la causa en forma tardía por haberse acompañado con posterioridad a la contestación de la demanda.
Ello así, pues la agregación de esa resolución administrativa en segunda instancia -en carácter de ampliación del informe obrante a fs. 98/105 conforme al requerimiento ordenado por la Cámara (v. fs. 92)- importó un nuevo documento que se enmarca en el supuesto aprehendido por el art. 255 inc. 3 del ordenamiento procesal. Lo anterior, básicamente, al ser "de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia", además de hallarse íntimamente ligado al objeto del pleito.
IV.2. Sentado ello, cabe abordar el agravio basado en la desestimación del planteo relativo a la inobservancia de las instancias de participación ciudadana previas al dictado de la declaración de impacto ambiental (conf. art. 18, ley 11.723), el cual la sentencia ignoró por reputarlo tardíamente introducido y condujo a clausurar el juicio.
Adelanto que, en este punto, asiste la razón al quejoso.
IV.2.a. No es un hecho controvertido que la declaración de impacto ambiental no existía al momento de iniciarse o contestarse la demanda, sino que la misma fue dictada y acompañada al proceso cuando el expediente ya se encontraba bajo estudio por la Cámara. De esa agregación se corrió traslado al accionante, tal como lo prevé para ese particular supuesto el art. 256 del ritual, actuando así los principios de bilateralidad y contradicción.
En tales condiciones, mal pudo reputarse intempestivo lo introducido por el actor en la primera oportunidad que pudo, sosteniendo que el acto por intermedio del cual la demandada pretendía finiquitar el juicio -tal como efectivamente sucedió, pues la Cámara procedió inmediatamente a declarar abstracta la cuestión a resolver- estaba viciado. Ello, al considerar que la resolución 382/18 del OPDS había sido instrumentada sin atravesar previamente por el procedimiento de participación pública reglado en el art. 18 y concordantes de la ley 11.723.
En ese contexto la Cámara realizó una lectura fragmentada del art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial. Observó la primera parte: "El Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de primera instancia", pero prescindió injustificadamente de la segunda, cuando aclara que: "No obstante deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia " (el destacado me pertenece).
IV.2.b. A todo evento, se debe reconocer que la pretensión original tenía la virtualidad de abarcar un argumento como el avanzado más tarde.
En efecto: si bien en la demanda se peticionó la clausura y paralización del proyecto de referencia por haber comenzado a ejecutarse sin declaración de impacto ambiental previa, siempre se advirtió que de emitirse ésta ella debía ser "válida", incluso refiriéndose al procedimiento que había de seguirse para su eventual aprobación (v. fs. 13 vta. y 14).
IV.2.c. Consecuentemente, queda en evidencia el error en el que incurrió el a quo al declarar la cuestión como abstracta, por entender que ya no había más materia sobre la cual pronunciarse útilmente. Ciertamente la había y giraba en torno a la validez de la resolución 382/18. Razón por la cual corresponde atender a los agravios medulares traídos por el apelante y que fueron indebidamente soslayados, componiendo positivamente la contienda (art. 289 inc. 2, CPCC).
IV.3.a. Advierto que aquellos, ligados a la inaplicación de los arts. 16 a 19 de la ley 11.723, ya han sido objeto de tratamiento y resolución en procesos similares promovidos por el mismo actor, en circunstancias incluso afines (v. causas A. 75.276, "Mancuso", sent. de 24-VI-2020 y A. 74.954, "Mancuso", sent. de 23-II-2021).
Siendo ello así, el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a hacer lugar a los recursos extraordinarios cuando ya hubiese estimado otros en casos sustancialmente análogos, sirviendo su invocación como fundamento suficiente para abastecer el decisorio judicial.
IV.3.b. Cabe recordar que, en dichos precedentes, relativos a la construcción de la autopista sobre la ruta nacional n° 8, la demandada también había procedido a dictar la declaración de impacto ambiental favorable, pero sin respetar el procedimiento de participación ciudadana previsto en el art. 18 y concordantes de la ley 11.723, configurando así una actuación irregular (conf. art. 103, dec. ley 7.647/70).
Frente a eso, ponderando el sensible grado de avance de la obra proyectada, la necesidad de sopesar todos los intereses en juego, el hecho de que la etapa participativa mediante presentación formal de documentos y comentarios escritos quedó trunca y atendiendo a la posibilidad de que el asunto se propague a un eventual juicio de cesación o recomposición de daño ambiental (conf. arts. 30, ley 25.675; 34 y 35, ley 11.723), antes que la anulación ex tunc del acto impugnado se dispuso la inmediata celebración de una audiencia pública por medios telemáticos, a los fines de "...informar a la comunidad interesada acerca de las contingencias y los efectos ambientales de la obra -de lo construido y lo remanente- y de las medidas previstas y adoptadas para su prevención o mitigación, como así también, de oír opiniones útiles que permitan adecuar los ítems restantes del proyecto o, incluso, los ya completados" (conf. pto. VIII.2, causa A. 75.276, cit.).
A partir de allí, la autoridad ambiental debería revisar el alcance de la declaración oportunamente otorgada, especificando medidas ambientales compensatorias de considerarlas necesarias.
IV.3.c. La misma solución, mutatis mutandis , ha de ser propiciada en este caso.
V. Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada y condenar a la demandada a poner en práctica, dentro de los treinta días de notificada esta sentencia, la instancia de participación ciudadana omitida, con el alcance y los fines establecidos en el punto IV.3 de esta opinión (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC).
En atención al modo en que se resuelve y respondiendo a la vez al agravio ligado a las costas, las de primera y segunda instancia se readecuan, imponiéndoselas a la demandada vencida (arts. 68 y 274, CPCC; 19, ley 13.928); y las de esta instancia se imponen de igual modo (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia impugnada y condenar a la demandada a poner en práctica, dentro de los treinta días de notificada esta sentencia, la instancia de participación ciudadana omitida, con el alcance y los fines establecidos en el punto IV.3 del voto del magistrado que emitió su opinión en primer término en este Acuerdo (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC).
En atención al modo en que se resuelve y respondiendo a la vez al agravio ligado a las costas, las de primera y segunda instancia se readecuan, imponiéndoselas a la demandada vencida (arts. 68 y 274, CPCC; 19, ley 13.928); y las de esta instancia se imponen de igual modo (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :.
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:08:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 18:11:10 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 22:16:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/05/2021 19:21:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 07:51:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia