Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76351
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.351, "O., I. E. c/ I.O.M.A. s/ amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Pettigiani, Genoud, Soria, Violini, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la acción de amparo promovida. En consecuencia, admitió la vía deducida y ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a otorgarle el tratamiento requerido conforme la prescripción de los galenos intervinientes (v. fs. 57/65 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -ver escrito electrónico de fecha 15 de febrero de 2019, 11:35:38 hs.- el cual fue concedido por la Cámara actuante a fs. 70/71.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 73) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación deducido por el amparista y revocó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto rechazara la acción impetrada, ordenando al IOMA a que otorgue al actor la cobertura integral del tratamiento que se encuentra realizando en la comunidad terapéutica "Darse Cuenta". Finalmente, impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida -compárese el art. 19 de la ley 13.928- (v. fs. 57/65 vta.).
I.1. Para así decidir, en lo que aquí interesa, tras relatar los antecedentes del caso inicialmente consideró que el amparo era la vía idónea para la efectiva protección del derecho esencial que alegara el actor encontrarse vulnerado, en tanto se hallaba comprometido el derecho a la salud e integridad física, de rango constitucional (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 2 y 36 inc. 8, Const. prov.) y receptado por convenciones internacionales (arts. 25 inc. 1, DUDH y 12 inc. 2 apdo. "d", PIDESC).
A su vez, el Tribunal de Alzada justificó la vía escogida al considerar que el transcurso del tiempo y la adopción de otro derrotero procesal generarían un riesgo plausible de agravamiento en la salud del amparista.
Luego de destacar las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el derecho internacional de los derechos humanos en torno al derecho a la salud, señaló que se había acreditado con las constancias agregadas que: a) el actor era afiliado al Instituto de Obra Médico Asistencial al momento de solicitar la cobertura de su tratamiento de internación en una comunidad terapéutica por trastornos de dependencia de marihuana y cocaína, y que conforme el certificado, el resumen de historia clínica y el presupuesto adjuntado, fuera indicado por sus galenos; b) que se habían realizado gestiones para que el mencionado ente asistencial se hiciera cargo de la prestación indicada; y c) que dicho organismo no se pronunció sobre esa petición, limitándose a dejar sin efecto la afiliación que con anterioridad se había concedido.
I.2. Acto seguido, la Cámara actuante, con relación al derecho a la salud, hizo mención a distintos instrumentos internacionales que lo receptaban y, a su vez, señaló que se vinculaba con el ejercicio de otros derechos humanos interdependientes, mencionando el de alimentación, a la vivienda, al trabajo y a la vida.
I.3. Ante ese contexto sostuvo que debía admitirse la acción de amparo deducida a la luz de los bienes involucrados, su compromiso, el alcance de las obligaciones existentes y asumidas por el Estado, el rigor científico acreditado con relación a la necesidad y premura de la cobertura pretendida, la maximización de la protección de los derechos en juego de la persona, el deber de arbitrar medidas de acción positiva y acreditar razones que demostrasen la imposibilidad de asumir el costo del tratamiento ante la obligación de asignar recursos presupuestarios.
A su vez ponderó que de las postulaciones de las partes no resultaba controvertido el delicado estado de salud del demandante y la adicción que lo aquejaba, por lo que frente a esa circunstancia correspondía la continuidad de la prestación de internación requerida en el centro de rehabilitación que se hallaba realizando el tratamiento cuya cobertura pretendía en el caso.
I.4. Entendió que cabía efectuar una interpretación literal y jurisprudencial del bloque normativo constitucional y convencional que regulaba la materia involucrada y, además, que la situación se comprendía dentro de las disposiciones de la Ley Nacional 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental a la que adhiriera la Provincia de Buenos Aires por ley 14.580, que consagra que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental y establece que las personas con uso problemático de drogas tienen todos los derechos y garantías que se establecen en dicho marco jurídico, previéndose entre ellos que debía adoptarse la conducta terapéutica más adecuada a la patología del paciente (cfr. arts. 1, 2, 7 y 14).
I.5. Luego abordó el punto referente a la enfermedad preexistente, por la cual el Instituto había desestimado la cobertura del tratamiento de modo indirecto, al dar de baja su afiliación.
Consideró que lo decidido por la sentencia de primera instancia no se ajustaba a los principios, derechos y garantías previstos en la Constitución nacional y su par provincial, con motivo de que el ente asistencial, al revocar la afiliación de la que gozaba el amparista con sustento en la preexistencia de una afección incluida en la resolución 438/04, no se compadecía con los valores en juego a los fines de atender el reclamo en la salud del actor. Ello con sustento en los arts. 16, 33 y 75 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional, en distintos tratados internacionales que cita y en el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sostuvo que resultaba inoponible la falta de denuncia oportuna de la dolencia por el amparista, teniendo en cuenta -conforme las constancias administrativas- que su alta en el IOMA fue el día 1 de agosto de 2018 y que recién se requirió la autorización de la cobertura con fecha 26 de febrero de 2019.
Asimismo, ponderó que el mencionado Instituto no había desconocido la patología ni el tratamiento indicado por los galenos al accionante, sino que se refirió a la omisión en denunciar al momento de la afiliación la adicción que padecía, importando tal proceder una violación del derecho a la salud e integridad psicofísica del individuo y a la calidad de vida, valores protegidos -puntualizó- en los arts. 42, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
En ese contexto, sostuvo que el art. 36 inc. 8 de su par provincial -que consagra el derecho a la salud- es una norma operativa, como fuente del correlativo deber de la Provincia de garantizar el acceso a todos sus habitantes a los máximos estándares de salud, por lo que no era posible desconocer que el IOMA, como entidad autárquica estatal, era ajena a dicha cláusula.
En base a los fundamentos expresados, concluyó que la respuesta dada por la obra social fue evidentemente arbitraria, toda vez que prescindió tanto de la justificación médica del tratamiento prescripto como de la situación de urgencia denunciada, descartando -ante ese marco de premura y necesidad- los reparos opuestos por la demandada referidos a la falta de cumplimiento de cierta normativa, dejando constancia que los fines de ella se encuentran cumplidos.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y denuncia la vulneración de lo dispuesto en los arts. 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional; 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8 de su par provincial; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre; 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 9 y concordantes de la ley 26.682; 1 y 18 apartado "a" de la ley 6.982; 1.I. del decreto reglamentario 7.881/84; resoluciones 438/04, 7.256/09 y 2.062/15 del IOMA; arts. 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 961 del Código Civil y Comercial y la doctrina legal de esta Corte.
Sin perjuicio de manifestar que los agravios se sustentan en cuestiones jurídicas, la representación fiscal también alega absurdo y arbitrariedad de lo decidido.
II.1. Tras relatar los antecedentes del caso, en primer lugar asevera que la decisión del Tribunal de Alzada desconoce la facultad de desafiliación que posee el Instituto de Obra Médico Asistencial conforme el marco legal que regula su actuación, ello ante la declaración de datos falsos formulada por el actor, quien omitió denunciar su patología preexistente.
En base a ello expresa que el proceder del ente demandado no es arbitrario y que de no haber obrado de ese modo hubiera incurrido en una desigualdad con el resto de los afiliados que cumplen con sus obligaciones.
Cita el voto en minoría del señor magistrado que integra el órgano de apelación interviniente en cuanto entendió que para que una patología no pueda considerarse de súbita evolución, es razonable la necesidad de exigir una declaración jurada a los fines de establecer la preexistencia de la enfermedad -sea cual fuere el contexto de la relación contractual o reglamentaria- por lo que, ante su omisión en denunciarla, la baja de la obra social o la denegatoria de la prestación por el ente asistencial, no evidencia una actuación manifiestamente ilegal.
Asimismo, apunta a lo resuelto en la causa A. 74.943, "Attanasio", sentencia de fecha 29 de agosto de 2018 resuelta por esta Corte.
II.1.a. Respecto a las razones de orden normativo, expresa que la sentencia atacada desplaza la ley 6.982, el art. 1.I. del decreto reglamentario 7.881/84, las resoluciones 438/04 y 7.256/09, que establecen las condiciones para el ingreso a la obra social y el mantenimiento de la afiliación y el art. 961 del Código Civil y Comercial, que impone la observancia del principio de buena fe.
Esgrime que el fallo recurrido se apoya en la invocación genérica y dogmática de normas superiores de índole constitucional e internacional, que están desvinculadas de la situación fáctica planteada y de las disposiciones legales que directamente rigen el debate.
En ese orden refiere que se ha otorgado un alcance exorbitante al derecho a la salud, soslayando el decisorio en crisis las conductas legales impuestas. A esos fines, cita causas resueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las que se desestimaran pretensiones por las cuales se perseguía imponer a los entes prestadores de servicios de salud la cobertura de ciertas prestaciones que excedían el ámbito normativo de su actuación.
II.1.b. Con relación a las razones de orden axiológico, señala que la Cámara invocó motivos de justicia y equidad de manera dogmática y se equivocó al entender que el Instituto de Obra Médico Asistencial es garante del derecho constitucional a la salud, siendo en realidad el Estado provincial su custodio principal. En sustento de esta afirmación, cita el voto del doctor Genoud emitido en la causa A. 71.535, "A., G. C.", sentencia de fecha 30 de octubre de 2013.
II.2. Finalmente, alega la ausencia de los recaudos exigidos por los arts. 43 de la Constitución nacional, 20 inc. 2 de su par provincial y 1, 2 y concordantes de la ley 13.928, con motivo de que la desafiliación del actor no fue arbitraria en tanto se dispuso por el organismo asistencial conforme la competencia que tiene atribuida por la normativa que rige la relación de la obra social con sus afiliados y que en ese orden es absurdo sostener, tal como lo hiciera el Tribunal de Alzada, que el Instituto de Obra Médico Asistencial imposibilitó al actor ingresar al sistema de salud.
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. En primer orden, la recurrente cuestiona que el Tribunal de Alzada concluyera en la arbitrariedad de la desafiliación dispuesta y la razón determinante de ésta.
La representación fiscal asevera que la decisión del IOMA fue adoptada conforme a las facultades otorgadas por la normativa que rige su actuación, al haber falseado el amparista los datos consignados en la declaración jurada al solicitar su ingreso como afiliado respecto a la dolencia que padecía. A partir de allí entiende que la baja de la obra social no configura un acto manifiestamente ilegítimo.
III.1.a. Observo del relato de los antecedentes que el pronunciamiento impugnado concluyó que la exclusión del sistema de salud que dispuso el mencionado Instituto fue un acto arbitrario, al evaluar determinadas circunstancias fácticas y un contexto jurídico constitucional y convencional imperante que dieron sustento a lo decidido de ese modo.
Para revocar la sentencia de primera instancia, la mayoría de los jueces de la Cámara sostuvo que el ente asistencial, al dejar sin efecto la afiliación de la que gozaba el amparista por la omisión de consignar su enfermedad preexistente al momento de ingresar a la obra social -trastorno de consumo de sustancias psicoactivas con dependencia a la marihuana, cocaína y los psicofármacos- no se compadecía con los valores en juego, lo que importó una vulneración del derecho a la salud e integridad psicofísica y la calidad de vida del actor, todo ello con sustento en los arts. 16, 33, 42, 43, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 36 inc. 8 de su par provincial; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Reynoso".
Asimismo, apreció de las constancias administrativas anexadas que la fecha de ingreso al Instituto fue el día 1 de agosto de 2018 y que recién se requirió autorización de la cobertura con fecha 26 de febrero de 2019. También, que el organismo asistencial no desconoció la afección que padecía el actor, ni el tratamiento que le fuera indicado por los médicos que lo atendían y tampoco cuestionó la urgencia denunciada por los profesionales intervinientes.
Desde esa óptica, concluyó que el ente asistencial había omitido la justificación médica del tratamiento cuya cobertura fuera pretendida por el amparista, descartando el reparo opuesto por la demandada -ante el cuadro de necesidad y premura referido por los médicos tratantes- respecto a la falta de cumplimiento de cierta normativa cuando se dejara constancia que los fines de ella se encontraban cumplidos.
Tales fundamentos centrales que conformaron la estructura de la sentencia impugnada no han sido rebatidos eficazmente en el recurso en tratamiento.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si los argumentos utilizados en la sentencia no han sido adecuadamente rebatidos por el quejoso, habiéndose limitado a discrepar con la solución adoptada en la sentencia impugnada (doctr. causas A. 71.745, "Barrera", sent. de 9-V-2018 y A. 75.698, "C., S. M.", sent. de 21-VII-2020).
Para más, frente a esa parcela del decisorio, era tarea de la recurrente impugnar debidamente la apreciación de las circunstancias que el Tribunal de Alzada realizara de las constancias administrativas mediante la demostración del absurdo, extremo no cumplido en el caso.
Como he reseñado, entre las cuestiones ponderadas por el Tribunal de Alzada referentes al período transcurrido desde el ingreso a la obra social hasta la solicitud de la cobertura del tratamiento pretendido, el consentimiento respecto a la prestación indicada por los galenos intervinientes como así también la situación de urgencia denunciada, constituyen típicas cuestiones de hecho no revisables, en principio, en la instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de la existencia de absurdo (doctr. causas A. 73.133, "Valdez", sent. de 8-XI-2017; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019; e.o.).
Para tener por configurado el mentado vicio, es necesario acreditar que lo concluido por el tribunal es el producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (doctr. causas A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 74.916, "Fernández", sent. de 29-V-2019; e.o.).
Frente a lo decidido y desentendiéndose de la base argumental que la mayoría de la Cámara actuante esbozara para resolver como lo hizo, la recurrente efectúa un enfoque legal de las circunstancias disímil a la de los sentenciantes y, en ese orden, insiste en postular que la sentencia atacada desconoce las facultades de desafiliación que el ordenamiento normativo reconoce al Instituto de Obra Médico Asistencial ante la falsedad de los datos declarados, sin explicar por qué razón tal circunstancia habría de conducir a una consecuencia jurídica diversa a la adoptada en la sentencia impugnada y la ausencia -sin mayores precisiones- del requisito de la arbitrariedad.
De tal modo, el embate que propone la interesada hacia la labor jurisdiccional se limita a meros disentimientos personales con lo decidido por el Tribunal de Alzada y, como es sabido, tal cosa no constituye per se base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía -como señalé- queda conformada solo cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en lo resuelto por el sentenciante (doctr. causas C. 98.961, "Gasparoni", sent. de 18-V-2011 y A. 75.698, cit.).
III.1.b. Agrego a ello que la transcripción del voto en disidencia que realiza la recurrente, no resulta una técnica idónea para fundar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ya que de tal modo se dejan incólumes los fundamentos esenciales puestos por la mayoría del tribunal interviniente (doctr. causas A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015 ; A. 72.031, "Jesús", sent. de 19-X-2016; e.o.).
III.1.c. Finalmente, en cuanto al criterio expedido por este Tribunal en la causa A. 74.943, "Attanasio", sentencia de 29-VIII-2018, el impugnante no desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente en la citada causa denunciada y el supuesto de autos.
Una vez más el planteo luce insuficiente, pues omite explicar de qué manera concreta el precedente de esta Suprema Corte, que alega como erróneamente aplicado o transgredido, se relacionaría con la denunciada actuación indebida de la Cámara interviniente, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada.
Es que la cita de los pronunciamientos de esta Corte debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos debatidos y, en el caso, por el contrario, se anuda en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.