Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77112
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 68 y 289 in fine del CPCC y 19 ley 13.928).
A.77.112 “A. S. S. J. Y OTROS C/ MINISTERIO DE SALUD PCIA BS AS S/ AMPARO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la acción de amparo promovida por S. J. A. S. por la que persigue la renovación del Certificado Único de Discapacidad -CUD- por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 23-II-2021).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada señaló que encontraba acreditado el estado de salud de la actora quien padece una patología definitiva de ceguera parcial, encuadrada como causal de discapacidad habilitante del otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) previsto en la Ley 22.431, como así también se verificaba la negativa por parte de la autoridad requerida a expedir la renovación del mencionado documento, cuya emisión fuera ordenada en la causa CCALP Nº 18712 “A. S. S. J. y otros c/ Ministerio de Salud y otro/a s/ Amparo”.
Encontró que el accionar de la autoridad administrativa lucía infundado y arbitrario, en tanto no surgía controvertido el encuadre del estado de salud de la amparista y al mismo tiempo no se verificaba la existencia de elementos que acreditaran la efectiva citación de la actora a la realización de las prácticas médicas que resultaran necesarias para la concreción del trámite.
De ese modo entendió que la dolencia padecida encuadraba en las previsiones normativas sobre la materia (Resolución 639/15, que aprueba la Normativa para La Certificación de Personas con Discapacidad Sensorial de Origen Visual, Anexo I; Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras), correspondiendo entonces el otorgamiento de la renovación del certificado de discapacidad en cuestión.
II. Frente a ello, la demandada vencida, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual esgrime que el fallo atacado incurre en violación del art. 1 de la ley 13.928, en tanto considera que no se encuentran cumplidas las condiciones de procedencia de la vía procesal elegida, cuya admisión por parte del Tribunal de Alzada, importa a su criterio la consumación de un error jurídico.
A la vez la recurrente considera conculcadas las reglas de la valoración de la prueba arribando así a una conclusión distinta a la señalada por la a quo al resolver (v. presentación electrónica de fecha 10-III-2021 a las 13:39:03 p.m.).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.370, "Marisa", resol. de 11-VII-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, entre otras).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos esbozados por la impugnante no pasan de expresar un criterio divergente respecto a la falta de configuración, en el caso, de una omisión o acto lesivo manifiestamente arbitrario e ilegal que haya conculcado los derechos de la señora A. S., habilitando de esa forma la vía del amparo, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, ello implica la insuficiencia del recurso, circunstancia que deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011 y A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre otras).
IV. 2. Por otra parte el razonamiento elaborado por la Cámara interviniente no logra ser desvirtuado por las alegaciones de la recurrente en cuanto a la ponderación de ciertos elementos probatorios aportados.
En tal sentido, la recurrente sostiene que el órgano juzgador los ha valorado deficientemente, en una patente violación a las reglas contenidas en el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto alega que la sentencia ha tenido por ciertos los dichos afirmados en la demanda sin que exista prueba que los acredite, máxime ante la existencia de un voluminoso expediente administrativo que determina lo contrario.
Tiene dicho este Tribunal que la fijación de los hechos y valoración de la prueba son circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias, cuya impugnación sólo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Ahora bien, el absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, lo que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.622, "Martínez", resol. de 20-II-2019; A. 74.664, "Jose", resol. de 22-V-2019; A. 76.509, "Buiatti", resol. de 5-X-2020; A. 76.805, "Bianchi", resol. de 15-VII-2021).
IV. 3. A su vez, en punto a la vulneración de la norma legal que invoca, la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela en tanto insiste en sostener el argumento de la falta de verificación de las condiciones de procedencia de la vía del amparo.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017, A. 73.960, cit.) tal como acontece en la especie.
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 68 y 289 in fine del CPCC y 19 ley 13.928).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2021 20:25:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/10/2021 10:57:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 16:37:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 09:28:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 11:07:54 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2021 11:33:36 hs. bajo el número RR-701-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia