Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77337
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.77.337 “LOPEZ MILAGROS Y OTROS C/ MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ AMPARO ) - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín declaró -con fundamento en el art. 19 de la ley 13.928- extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la comuna demandada y, de ese modo, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por los señores Milagros López, Ezequiel Tapia, Teo Monzón Peralta, Federico Mercado -a la que adhiriera la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- y declaró la ilegitimidad e inconstitucionalidad del decreto municipal 514/20, condenando a la Municipalidad de San Antonio de Areco a restituir el edificio sito en la calle Lavalle 363 de esa localidad -cuya utilización había sido solicitada por el municipio para expandir las instalaciones del Hospital Zerboni en el marco de la pandemia y emergencias generadas por el COVID-19- a la Escuela de Arte “Gustavo Chertudi” y a la Dirección General de Cultura y Educación, tal como acontecía previamente (v. sent. de fecha 3-VI-2021 y res. de fecha 22-VI-2021).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada, en fundamentos que amplió al rechazar la denominada "revocatoria in extremis" interpuesta por la demandada (ver resol. de fecha 22-VI-2021), recordó que el art. 7 del anexo único del Reglamento para la Notificación por Medios Electrónicos de esta Suprema Corte (Ac. 3.845) dispone que las notificaciones se tendrán por cumplidas el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la cédula hubiere quedado disponible para su destinatario en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas y que, contrariamente a lo expuesto por el municipio, los plazos procesales comienzan a contarse desde el día siguiente a aquel en que se hubiera efectuado la notificación.
En razón de lo expuesto, entendió que siendo que la cédula por medio de la cual se dispuso notificar a la parte demandada de la sentencia dictada por el juez de primera instancia fue librada el día miércoles 31 de marzo del corriente año y que el viernes siguiente -2 de abril- fue feriado nacional, la destinataria quedó notificada el siguiente día hábil, esto es el lunes 5 de abril.
En consecuencia, toda vez que los plazos procesales se computan desde el día siguiente a la notificación, el término para presentar el recurso de apelación mencionado comenzó a correr el martes 6 de abril y no el miércoles 7 de abril, como postulaba el recurrente, ello de conformidad con lo dispuesto por el art. 156 del Código Procesal Civil y Comercial.
En tal escenario la Cámara juzgó que el recurso de apelación en estudio había sido presentado de manera extemporánea en tanto se interpuso recién al quinto día hábil de haberse notificado y no dentro del plazo de tres días previsto por la norma (conf. art. 17, ley 13.928) o en su defecto durante el plazo de gracia establecido en el art. 124 del ritual.
II. El municipio vencido interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual, reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de plantear la revocatoria, aduce que el fallo atacado afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio incurriendo en un exceso ritual manifiesto en el cómputo de los plazos de la notificación (v. presentación electrónica de fecha 17-VI-2021).
A su vez invoca precedentes de esta Suprema Corte que considera que la sentencia ha desconocido.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
III.1. La parte recurrente, frente a los fundamentos brindados por el a quo al sentenciar, se limitó a ofrecer y reiterar su particular punto de vista e interpretación de la normativa procesal que rige el caso y de cómo debieron contarse los plazos, oponiéndose de ese modo la línea argumental desplegada por la Cámara, sin controvertir adecuadamente los fundamentos en los que dicho órgano cimentó su decisión.
Para empezar, cabe señalar que el recurrente realiza afirmaciones contradictorias. Por un lado sostiene que “...considerando que la notificación fue librada el día 31 de Marzo de 2021 a las 15:50 hs. ... el próximo día hábil en el cual se cumplía la notificación es el día 5/04/2021...”; por otro, afirma que “...Por lo tanto esta resolución queda notificada ministerio legis el día martes 06/04/2021, venciendo el plazo para interponer el recurso de apelación el día viernes 09/04/2021…”.
Confunde, además, el día en que la notificación se produjo (en el caso el 5-IV-2021) con el día en que comienza a correr el plazo perentorio (lo que aquí ocurrió el 6-IV-2021).
III.2. Al respecto este Tribunal tiene dicho que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del juzgador, sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio (doctr. causas A. 71.412, "Valenti", sent. de 16-XII-2016; A. 74.065, "Civale", resol. de 11-IV-2018, entre otras).
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja firme la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas C. 186.183, sent. de 22-XII-2010; A. 70.596, sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, sent. de 25-II-2015, entre otras).
Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria, fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016),
III.3. Asimismo, no resulta ocioso destacar que la invocación del quebrantamiento de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales, no acreditadas en el caso (doctr. causas A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016, A. 74.211 y A. 74.065, cits. entre otras).
III.4. Tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal.
Al respecto, es del caso recordar que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
Del mismo modo este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si, como en el caso, en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren de los que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 71.967, "Nestlé Argentina S.A.", sent. de 9-III-2016; A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; entre muchas otras).
En efecto, en la causa C. 122.745, "Cajal", sent. de 10-VI-2020, que la apelante cita, aplicando los lineamientos sentados en la también invocada causa C. 121.320, “Herrera”, sent. de 3-X-2018, este Tribunal señaló que las disímiles aplicaciones de una misma reglamentación en el marco de una materia novedosa, deben necesariamente conllevar una interpretación flexible y contextualizada, guiada por un criterio de razonabilidad, que evite encerronas o sorpresas procesales para los justiciables, pues ese no ha sido el espíritu que inspiró su dictado.
Agregando luego que, a la luz de las particulares circunstancias de aquella causa, la normativa aplicable y las pautas interpretativas fijadas podía considerarse que el cambio de operatoria en la notificación electrónica pudo razonablemente llevar a la parte al error en el cómputo del plazo para expresar agravios ante el Tribunal de Alzada y resaltó a su vez que en virtud de la conducta desplegada con anterioridad por el órgano de grado y por la misma Cámara en los meses previos, resultaba esperable para los apelantes que el requerimiento para expresar agravios se notificara en la forma en que se venía haciendo, o bien, se les anoticiara del cambio en la operatoria y su impacto en el cómputo del plazo conferido.
Las circunstancias fácticas referenciadas difieren claramente de las acaecidas en la causa en estudio, cuyo procedimiento se dio por completo bajo la vigencia del régimen de notificaciones y presentaciones electrónicas y del citado Acuerdo 3845 del 22 de marzo de 2017 que aprobó el nuevo "Reglamento para la notificación por medios electrónicos".
De acuerdo a las constancias de la notificación que se halla en cuestión, esta se libró el día miércoles 31 de marzo; dado que el viernes siguiente fue inhábil, de acuerdo a la norma aplicable, debe considerarse que la notificación se produjo el siguiente día hábil, que en el caso fue el lunes 5 de abril y, por lo tanto, el plazo comenzó a correr el día martes 6 de abril.
A ello se suma que no se infiere de las actuaciones la existencia de un posible error en el que pudiera haber incurrido la agraviada, que de acuerdo a los registros del sistema Augusta leyó la notificación al día siguiente de haber sido librada (ver historial de notificación de la cédula electrónica presentada por la actora el 30-III-2021, librada el 31-III-2021), sino que se observa, como ya se mencionó, la invocación insistente de una opinión contraria al argumento desplegado por el Tribunal de Alzada respecto a la contabilización de los plazos procesales, lo que conduce a la desestimación del agravio analizado.
III.5. Por último, en consideración al planteo relativo a que el temperamento adoptado por el tribunal de grado importó un excesivo rigor formal, es preciso recordar que si bien es cierto que la interpretación de las normas procesales debe ser hecha en consonancia con su finalidad para evitar excesos rituales incompatibles con el adecuado servicio de justicia (conf. doctr. Ac. 82.685, "Palazzo de Rucci", sent. de 23-XII-2003; CSJN Fallos: 311:274, 600 y 700, entre otros), también lo es que la doctrina del exceso ritual no importa avalar la derogación del principio de improrrogabilidad de los plazos procesales (conf. doctr. C. 120.833, "Striger S.R.L", resol. de 26-X-2016 y C. 121.309, "Annese", resol. de 12-VII-2017; C. 122.384, "Anchordoquy", resol. de 3-V-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 11:52:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/11/2021 08:29:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 10:00:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 22:54:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2021 07:22:44 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/11/2021 07:48:38 hs. bajo el número RR-879-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia