Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77582
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.582, "Frade, Mónica Edith contra Municipalidad de Quilmes. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo promovida por la señora Mónica Edith Frade contra la Municipalidad de Quilmes (v. sent. de fecha 6-V-2021).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación en soporte electrónico de fecha 27-X-2021, 11:37:12, en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora Mónica Edith Frade, en su condición de diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, solicitó al Secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Quilmes, información relativa a las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública de dicho municipio.
En particular, requirió que se le brindaran los siguientes datos: 1) el número de cámaras de seguridad instaladas en la vía pública del municipio de Quilmes, detallando el número total que son Domo PTZ y fijas; 2) respecto al punto anterior, la indicación de cuántas de ellas se encuentran en funcionamiento y cuántas no y, para este último caso, desde qué fecha y las causas; 3) la ubicación en la que se encuentran las cámaras detalladas en los puntos anteriores; 4) los datos del proveedor o proveedores contratados para la provisión de dichas cámaras de seguridad y desde qué fecha las provee; 5) la remisión de las órdenes de compra y sus respectivos informes de recepción, así como, eventualmente, el de los anexos de los que surja el detalle sobre los costos de adquisición, reparación, mantenimiento y garantías; 6) si se encuentra tercerizado el servicio de reparación y mantenimiento de las cámaras de seguridad, en cuyo caso solicita los datos de los particulares y/o empresas contratadas y los costos de mantenimiento, con remisión del contrato vigente. Todo ello, desde el mes de diciembre del año 2019 hasta la fecha de responde.
En su escrito inicial señaló que, habiendo transcurrido los treinta días que estipulan los arts. 7 de la ley 12.475 y 17 del decreto 2.549/04 sin que el municipio requerido diera respuesta alguna, quedó habilitada la instancia judicial para la promoción de la acción de amparo en los términos de los arts. 43 de la Constitución nacional; 12 inc. 4 y 20 inc. 2 de la Constitución provincial.
I.2. El Tribunal Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, en la sentencia de fecha 6-V-2021, hizo lugar a la acción interpuesta y, en consecuencia, ordenó a la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Quilmes a que, en el plazo de diez días, brinde a la parte actora acceso a la totalidad de la información requerida en la presentación del 24 de septiembre de 2020, siguiendo los lineamientos dados en los considerandos del pronunciamiento (arts. 1, 13 y 14, ley 13.928; 1, 2 y 8, ley 27.275; 33, 41 y 42, Const. nac.; 12 inc. 4, Const. prov.; 13.1, CADH y 19.2, PIDCP). Impuso las costas a la demandada vencida.
Para así decidir, luego de efectuar un análisis de la normativa aplicable al caso y detallar la recepción en la jurisprudencia del derecho de acceso a la información pública, afirmó que en el presente caso se desprende el deber de la demandada de brindar el acceso a la información sin perjuicio de la inexistencia de una regulación específica en el ámbito municipal.
Señaló que la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano municipal se negó a brindar parte de la información requerida por la actora, configurándose una omisión parcial que justifica la vía interpuesta, en los términos de los arts. 13 y 14 de la ley 27.275 y 17 del decreto 2.549/04.
Con relación a lo peticionado por la amparista y la documentación aportada por la demandada, sostuvo que esta -pese a las observaciones realizadas por la actora- se ajustaba a las exigencias normativas, con excepción del punto tercero, relativo a la ubicación de las cámaras de vigilancia.
Por último, a los fines de establecer si el punto recién mencionado encuadraba en el supuesto de excepción invocado por la Municipalidad (art. 8 inc. "a", ley 27.275) como para que la demandada no brindara la información solicitada -es decir, la relativa a la ubicación de las cámaras de seguridad- analizó los principios de presunción, publicidad, máxima divulgación, disociación y alcance limitado de las excepciones.
Al respecto, señaló que no bastaba con enunciar, como lo hizo la demandada, que se trataba de información de carácter reservado; sino que debía ser calificada expresamente como tal, o confidencial o secreta, requisito que no había sido acreditado por la comuna.
Paralelamente aludió al propio texto legal (art. 8 inc. "a", ley 27.275) que establece que la reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas.
Entendió que el argumento esgrimido por la Municipalidad, según el cual el acceso a la información sobre la ubicación de las cámaras de vigilancia "podría facilitar la proliferación del crimen", no satisfacía ninguna de estas condiciones, por cuanto se trataba de una afirmación meramente conjetural, que no se refería a un riesgo real e identificable, sino a un peligro supuesto que no tiene ninguna base empírica o, por lo menos, ninguna que se haya tornado explícita en estos actuados.
Finalmente, mencionó el principio administrativo de colaboración teniendo en cuenta que el requerimiento ha sido efectuado por una diputada nacional para el ejercicio de sus funciones, y no para que sea puesta a disposición del público en general.
En virtud de ello, resolvió que -en este punto específico- correspondía hacer lugar a la acción interpuesta ordenando a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Quilmes que le proporcione a la actora acceso a la información vinculada con la ubicación de las cámaras de vigilancia del distrito, siguiendo los lineamientos trazados en dicha resolución.
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (v. presentación en soporte electrónico de fecha 12-V-2021, 17:23:36, en el sistema Augusta) y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado que había hecho lugar a la acción (ley 12.475 y dec. 2.549/04; arts. 1, 11, 12 inc. 4, 15, 28, 38 y concs., Const. prov.; 1, 14, 33, 41, 42, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; 19.2, PIDCP y 13.1, CADH), con costas de la instancia a la vencida (art. 19, ley 13.928, texto según ley 14.192).
Para así resolver, inicialmente dejó aclarado que la Municipalidad demandada no cuestionó, ni en la oportunidad de contestar la demanda, ni en su escrito recursivo, la legitimación de la parte actora, quien invocó la calidad de diputada nacional para promover la acción (art. 1, ley 12.475).
Circunscribió la cuestión controvertida en el acceso a la información de la ubicación de las cámaras de seguridad instaladas en el municipio, la cual -a criterio de la demandada- se encontraba alcanzada por la excepción prevista en el art. 8 de la ley nacional 27.275.
Consideró acreditada la conducta omisiva del municipio, como así también adecuada la vía intentada, al haberse configurado una omisión ilegítima que lesiona en forma manifiesta el derecho de acceso a la información pública que titulariza la actora, circunstancia que torna procedente el amparo.
Señaló, que la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano (v. informes adjuntados con fecha 29-XII-2020) no solo no comprendía la totalidad de los puntos solicitados por la amparista, sino que expresamente negaba los datos requeridos en el punto 3 de la presentación en sede administrativa, sin siquiera especificar de qué modo tal información quedaría comprendida en la excepción prevista en el art. 8 inc. "a" de la ley 27.275, que refiere a información clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior.
Añadió que, menos aún, cuando la norma referida establece en el segundo párrafo del citado inc. "a" que: "La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no presente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas".
En función de lo expuesto, concluyó que no solo no se configuraban los supuestos de la norma nacional invocada por la demandada, sino que tampoco se habían otorgado otros fundamentos para sustentar la restricción al acceso a la información de la ubicación de las cámaras de seguridad, de los que pueda inferirse algún perjuicio para los programas de seguridad mencionados genéricamente por la demandada.
En ese contexto, y con relación al análisis efectuado por el sentenciante de grado de los principios rectores de la materia, el Tribunal de Alzada entendió que el recurrente se limitó a formular un aparente disenso, sin proporcionar las razones que sustentan la impugnación. De este modo consideró insuficiente la mera afirmación de la quejosa por la cual refiere a la imposibilidad de brindar el acceso requerido postulando que ello coloca en riesgo la subsistencia de los programas de seguridad.
Por último, rechazó el agravio relativo a las costas, en tanto consideró que el objeto de la acción se considera cumplido cuando el requirente accede a la totalidad de la información pública solicitada, confirmando de este modo la aplicación del principio general de la derrota (art. 19, ley 13.928, texto según ley 14.192).
II. Disconforme con la sentencia dictada por la Cámara de Apelación interviniente, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 27-X-2021, 11:37:12, en el sistema Augusta), en cuyo marco denuncia la inobservancia de las normas que regulan el proceso de amparo, toda vez que considera que en el caso no se encuentran presentes los presupuestos procesales que habilitan su procedencia (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 1 y 2, ley 13.928).
Asimismo, denuncia la errónea interpretación de la ley 12.475, del decreto 2.549/04 y de la ley nacional de derecho de acceso a la información pública, 27.275.
II.1. Expresa que, en el caso, no existe un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que lesione o restrinja el derecho a la información requerida por la parte actora, en la medida en que se le ha brindado la solicitada con la única excepción de los datos relativos a la ubicación de las cámaras de vigilancia, situación que se encuentra -a su criterio- comprendida en las excepciones del art. 8 de la ley 27.275, por tratarse de "información sensible", que se encuentra reservada por razones de seguridad pública.
Alega que no hubo una omisión sino una denegatoria expresa por escrito justificada y/o legítima. Considera que la interpretación del Tribunal de Alzada, en cuanto entiende que luce insuficiente la mera afirmación por la cual refiere a la imposibilidad de brindar el acceso requerido postulando que ello coloca en riesgo la subsistencia de los programas de seguridad, resulta absurda.
Destaca que el derecho a la información pública de modo alguno puede considerarse absoluto, sino que puede estar sujeto a limitaciones siempre que se respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Explica que lo requerido en el punto 3 del petitorio de la amparista, no son datos de público conocimiento en cuanto obedecen a cuestiones de seguridad y políticas públicas del municipio en la implementación de programas de seguridad ciudadana.
Señala que la utilización de cámaras de seguridad constituye una herramienta de prevención incuestionable para el municipio cuya función preventiva y disuasiva contribuye a prevenir delitos y a detectar situaciones de emergencia.
Indica que el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) desarrolla uno de los programas de seguridad implementados por el municipio y tiene a su cargo el acceso a la información de las cámaras de seguridad instaladas en ese Partido y el control de las imágenes que ellas transmiten, con la finalidad de advertir situaciones delictivas y dar aviso a los efectivos policiales que se encuentren en la zona. Asimismo, señala que son utilizadas con el fin de contribuir en investigaciones policiales y judiciales.
Destaca que el centro de emergencias referido en el párrafo anterior, cuenta con un protocolo de actuación mediante el cual se prohíbe la difusión de cualquier imagen captada por las cámaras, salvo las solicitadas por autoridades competentes para ser utilizada como prueba.
Aduce que teniendo en cuenta los intereses en juego debe ponderarse el interés colectivo de los vecinos y vecinas de la ciudad de Quilmes por sobre el interés individual de una ciudadana de acceder a determinada información.
Manifiesta que la sentencia impugnada le atribuye no haber explicitado de qué modo la información relativa a la ubicación de las cámaras quedaría comprendida en la excepción prevista en el art. 8 inc. "a" de la ley 27.275, que refiere a información clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior. Entiende que dicha conclusión resulta ilógica por su irrazonabilidad e incluso absurda, en tanto se encuentran acreditados los extremos estipulados en la norma para la excepción respecto a este punto.
En este aspecto destaca que el informe elaborado por el Secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano en el cual se explican los motivos por los cuales no se brinda la información solicitada tiene el carácter de instrumento público, con el valor probatorio que la ley le ha reconocido.
Cita jurisprudencia de otros tribunales, doctrina legal de esta Corte y fallos de la Corte nacional.
II.2. Menciona como segundo agravio el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Corte vigente en la materia en cuanto a la admisibilidad del amparo, así como el marco normativo que consagra el derecho de acceso a la información pública. Con relación a ambos tópicos también cita jurisprudencia de la Corte nacional.
II.3. Por último, aduce que la decisión impugnada vulnera el principio republicano de gobierno y la división de poderes, transgrediendo la autonomía municipal consagrada en los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional; 216, 225 incs. 4 y 6 de la Constitución provincial y 25 inc. 4 de la Carta Orgánica municipal, citando jurisprudencia y doctrina a ese efecto.
III. El recurso extraordinario no prospera, atento la insuficiencia que porta (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Corresponde señalar que la cuestión controvertida queda delimitada a la negativa municipal de informar respecto de la ubicación de las cámaras de seguridad en la vía pública del distrito. Ello, toda vez que la apreciación efectuada por el Tribunal de Alzada, relativa a que la información aportada por la demandada sobre los demás puntos requeridos se avino a las exigencias legales, y que no fue impugnada por la actora, llega firme a esta instancia extraordinaria.
III.1. El agravio relativo a la vía procesal escogida no es de recibo.
Liminarmente es menester dejar aclarado que si bien en el recurso en estudio se han mencionado tres agravios que parecen estar bien diferenciados, en ellos se mezclan de manera indistinta argumentos relacionados con la improcedencia de la acción intentada, como así también la alegada justificación de la denegatoria por parte de la Administración para aportar la información relacionada con la ubicación de las cámaras de seguridad.
III.1.a. Ahora bien, con relación a la supuesta inadmisibilidad de la vía intentada, y tal como fuera reseñado, la Cámara consideró que la vía elegida era procedente al verificarse el incumplimiento parcial por parte de las autoridades administrativas del deber específico y concreto que emana del bloque de legalidad en el que subsume el caso. De este modo el Tribunal de Alzada entendió configurada una omisión ilegítima que lesionaba en forma manifiesta el derecho de acceso a la información pública.
Y en virtud de ello, tuvo por probado que existió una conducta omisiva por parte del organismo demandado que habilitó la procedencia de la acción elegida. Concluyó que la vía emprendida por la demandante bajo el remedio judicial del amparo resultaba adecuada en función del carácter público de la información requerida.
Ahora bien, de la lectura integral del recurso se advierte que ninguno de los argumentos precedentemente expuestos ha sido rebatido de manera adecuada por la quejosa.
En efecto la recurrente insiste en señalar, con sus propias consideraciones, y sin hacerse cargo de los fundamentos del tribunal, por qué en este caso no existió un acto u omisión manifiestamente ilegítimo o arbitrario por parte de su representada. Y en ese discurrir reitera que no se ha denegado información alguna, ya que la relacionada con los datos relativos a la ubicación de las cámaras de seguridad debe considerarse incluida entre los supuestos en los que la información no debe suministrarse. Luego señala que en realidad existió una denegatoria expresa por escrito de modo justificado y legítimo.
Tales argumentos no van más allá de meros disentimientos personales con la solución dada por la Cámara a la contienda y, como tales, en modo alguno logran demostrar que la sentencia, en este aspecto, no constituya una derivación del derecho vigente.
Es doctrina de esta Corte que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (causas A. 69.689, "Gomila", sent. de 30-IX-2009; A. 70.134, "Lafforgue", sent. de 11-IV-2011; A. 70.325, "Labarthe", sent. de 26-X-2011 y A. 71.293, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c. Romero", sent. de 31-VIII-2016, e.o.).
III.1.b. En otro orden, la denuncia formulada con relación a la errónea aplicación de la ley también evidencia insuficiencia.
En efecto, si bien la recurrente señaló como infringidos por la Cámara los arts. 1 y 2 de la ley 13.928 y 20 de la Constitución provincial, lo cierto es que tales referencias se efectúan sin formular y acreditar, con la precisión que el recurso en tratamiento requiere, el concreto quebrantamiento de esas normas, por lo tanto, su planteo -tal como ha sido formulado- resulta ineficaz (art. 279, CPCC).
Esta Corte tiene dicho que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos, no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito del recurso extraordinario de inap
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