Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77261
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.261, "Frade, Mónica Edith contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó, por mayoría, la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata que -a su turno- hizo lugar a la acción de amparo promovida (v. sent. de fecha 13 de mayo de 2021).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito en soporte electrónico de fecha 31 de mayo de 2021, 12:34:01 hs., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos (v. proveído suscripto con fecha 14 de septiembre de 2021) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo promovida por la señora Mónica Edith Frade, en su condición de diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, contra el Servicio Penitenciario Bonaerense dependiente del Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener información relativa a las medidas sanitarias adoptadas en las unidades penitenciarias a partir del estado de emergencia sanitaria declarado por la enfermedad Covid-19.
Para así decidir, en primer lugar, destacó que la cuestión a dilucidar, conforme llegara a esa Alzada, no versaba sobre la legitimación invocada por la señora Frade, en su condición de diputada nacional, para acceder a la información que requiere (conf. art. 1, ley 12.475), sino exclusivamente sobre la configuración de la conducta omisiva por parte de la demandada y la necesidad de fundar la solicitud por parte de la requirente.
I.1. En relación con esto último, afirmó que el marco legal del derecho de acceso a la información pública constituye el andamiaje normativo que posibilita la efectividad y operatividad de los principios constitucionales inherentes al estado de derecho, a saber: transparencia pública, participación ciudadana y publicidad.
Recordó que la ley 12.475 -con su decreto reglamentario 2.549/04- reconoce a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo, el derecho de acceso a los documentos administrativos, según las modalidades establecidas en la ley (art. 1) y que la solicitud debe ser fundada, presentarse por escrito ante la dependencia oficial que ha conformado el documento o lo retiene en su poder, estar firmada y contener los datos identificatorios personales del solicitante (art. 5).
Señaló que las circunstancias fácticas del caso se asientan en la petición que, en carácter de representante de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires, realizó la parte actora al Servicio Penitenciario Bonaerense de acceder a determinada información pública relacionada con la pandemia ocasionada por la enfermedad Covid-19, a partir de la cual se han instituido una serie de decretos y recomendaciones a nivel nacional y provincial con la finalidad de implementar instrumentos tendientes a minimizar los daños sanitarios, algunos de ellos relacionados directamente con la salud de la población penitenciaria (conf. requerimiento acompañado con el escrito inicial presentado en formato electrónico con fecha 31 de agosto de 2020).
Indicó, en lo central del punto bajo revisión, que la parte actora fundó su derecho en los arts. 12 inc. 4 la Constitución provincial; 14, 22 y 75 inc. 22 in fine de la Constitución nacional; 13 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, mencionó que las normas aludidas fueron ratificadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile (sent. de 19-IX-2006) y por esta Corte en la causa A. 70.571, "Asociación por los derechos civiles", sentencia de 29-XII-2014.
En ese entendimiento desestimó el agravio relativo a la falta de fundamentación del requerimiento por la parte interesada, agregando que en el escrito postulatorio la parte actora indicó expresamente que, en su condición de diputada de la Nación por la Provincia de Buenos Aires y a fin de ejercer su tarea responsablemente y acorde al mandato popular recibido, solicitaba el acceso a ciertos archivos y documentos del gobierno, lo cual constituye un presupuesto necesario para elevar los estándares de transparencia, optimizar la eficiencia de las buenas prácticas gubernamentales y mejorar los contenidos de las políticas públicas.
I.2. Con relación a la conducta omisiva que se le endilga a la demandada, coincidió con el criterio adoptado por el Tribunal que previno.
Especificó que, si bien el organismo demandado no reconoció el ingreso de la solicitud de información ante su Mesa de Entradas, surgía de las constancias de autos que el Servicio Penitenciario tomó efectivo conocimiento de lo requerido (v. voto de la doctora Milanta, pto. V.3. -al que adhiere el doctor Spacarotel-, donde se advierte que, una vez judicializada la cuestión, en la oportunidad de contestar el traslado, la Fiscalía de Estado adujo que el Servicio Penitenciario Bonaerense había tomado conocimiento de lo requerido y puso de manifiesto su voluntad de cumplir con lo solicitado) y que no brindó la información requerida, configurándose así su denegatoria.
En ese sentido señaló que, aún al momento del dictado de la sentencia -esto es, al día 10 de diciembre de 2020-, la información peticionada no había sido entregada a la requirente, ni tampoco presentada en el proceso.
Por consiguiente, configurada la denegatoria -expresa o tácita- de acceso a la información pública, consideró que esta resulta pasible de ser cuestionada por el carril administrativo a través de los recursos que la ley habilita o bien recurrir a la vía del amparo (como ocurrió en el particular).
Por lo expuesto, rechazó el recurso de apelación deducido y confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto había sido materia de agravios (conf. ley 12.475 y dec. 2.549/04; arts. 1, 11, 12 inc. 4, 15, 28, 38 y concs., Const. prov.; 1, 14, 33, 41, 42, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; 19, DUDH; 19, PIDCP y 13, CADH), con costas de la instancia a la vencida (art. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-).
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. escrito en soporte electrónico de fecha 31 de mayo de 2021, 12:34:01 hs., en el sistema Augusta), la Fiscalía de Estado denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 16, 33, 38, 41, 42, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 inc. 4, 20 incs. 2 y 3, 28, 38, 43 y 56 de la Constitución provincial; 1, 5, 7 y 8 de la ley 12.475 y las disposiciones del decreto reglamentario 2.549/04 ; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 1 y 10 de la ley 13.928.
Asimismo, aduce vulneración de la doctrina legal que emana de los fallos de esta Suprema Corte de Justicia. Por último, invoca absurdo y arbitrariedad.
II.1. En primer lugar, sostiene que, si bien el derecho de acceso a la información se encuentra consagrado normativamente, se halla sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio y a las limitaciones impuestas por el legislador, toda vez que los derechos reconocidos en la parte dogmática de la Constitución no son absolutos.
Recuerda que la ley 12.475 reconoce a toda persona física o jurídica el derecho de acceso a los documentos administrativos, mas condiciona su ejercicio a la alegación de un interés legítimo y limita su otorgamiento cuando "...la divulgación de ellos pudiere perjudicar el derecho de privacidad de terceros o afectar su honor..." (arts. 1 y 6, ley cit.).
Puntualiza que el Tribunal de Alzada desconoció la letra y espíritu de los arts. 1, 5, 7 y 8 de la ley 12.475 que exige tanto un interés legítimo por parte del peticionante como que la solicitud sea fundada.
En esa inteligencia aduce que el decisorio suplió la ausencia de cumplimiento de lo dispuesto por el art. 5 de la citada ley (que exige la presentación escrita y fundada), por una foto de un supuesto e-mail enviado por la parte actora, que no tiene fundamentación alguna, ni tampoco existe constancia de su recepción.
Advierte así que, tergiversando los claros y precisos términos de la normativa, se sustituyó la presentación escrita -exigida por la ley- por la simple constancia de remisión de un correo electrónico y que, ante la negativa expresa de la accionada de haberlo recepcionado, se omitió la exigencia de prueba al respecto, dando por cierta la versión de los hechos de la parte actora con solo una captura de pantalla carente de certificación alguna y sin constancia de recepción.
Por lo expuesto, señala que el Tribunal de Alzada desconoció las constancias documentales de la causa, confiriéndoles un mayor alcance que el que debería; desoyó la expresa negativa de recepción y eximió a la actora de prueba respaldatoria, conforme lo normado por el art. 163 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial, violando así el debido proceso y la defensa en juicio.
II.2. Seguidamente denuncia que, en apoyo de su decisión, el a quo cita numerosos precedentes suyos en los que habría decidido en igual sentido; sin embargo, dice, no hay en el voto de la mayoría ninguna mención que permita vislumbrar la supuesta similitud entre unos y otros, lo que impide subsumir la decisión adoptada en dichos precedentes al caso sub examine .
Señala que tampoco explicita en qué medida resultan similares y aplicables al caso los fallos de esta Suprema Corte de Justicia y del Máximo Tribunal federal, ya que ellos se refieren al derecho a la información en general, que no ha sido desconocido ni negado.
Con ello, insiste en que la fundamentación vertida por el Tribunal es solo aparente y de carácter dogmático, dejando de lado la normativa expresamente aplicable, lo que basta per se para su revocación.
II.3. Luego señala que la decisión de la Cámara vulnera los presupuestos de procedencia de la acción de amparo.
Sostiene que el criterio aplicado se contrapone a la pacífica doctrina de este Tribunal referida a que "...la admisibilidad del carril del amparo se halla condicionada a la existencia de un acto, hecho u omisión, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace el ejercicio de derechos o garantías constitucionales con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" (arts. 43, Const. nac.; 20 inc. 2, Const. prov. y 1, ley 13.928; doctr. causas B. 64.413, "Club Estudiantes de La Plata", sent. de 4-IX-2002; B. 64.200, "Chacur", sent. de 27-XI-2002; B. 63.788, "Llusá", sent. de 25-V-2003; B. 64.981, "Bilicih", sent. de 23-II-2005; B. 64.102, "De la Torre", sent. de 27-IX-2017; entre muchas otras en idéntico sentido); todo lo que -a su entender- no se configura en la especie, atento a no estar siquiera acreditado el pedido escrito y fundado de información.
También se agravia de que, por la vía del amparo, se sorteen los carriles administrativos imprescindibles para obtener el reconocimiento de aquello que se reclama judicialmente.
Señala al respecto que esta Suprema Corte ha advertido que "...la arbitrariedad e ilegalidad tienen que resultar de manera visible, manifiesta; es decir, en forma patente e inequívoca, para no hacer del amparo el vademécum que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en solo una, cuando la Constitución y las leyes marcan distintos derroteros. El amparo es una herramienta útil, pero no para cualquier situación" (cfr. causas B. 64.357, "Albarracín", sent. de 3-III-2010; B. 66.013, "Macias", sent. de 27-VI-2012; e.o.).
Sostiene que la decisión adoptada en el caso transgrede precisamente dicha doctrina puesto que implica desplazar los trámites y procedimientos administrativos legalmente previstos para estas situaciones. Por ello, aduce que no puede admitirse la directa judicialización del requerimiento de información sin haber sido solicitada previamente a la autoridad demandada pretendidamente incumplidora; lo cual no implica obligar al interesado a agotar la vía administrativa sin más, sino que se trata de circunscribir los procesos de amparo a actuaciones u omisiones manifiestamente ilegítimas (cfr. arts. 20 inc. 2, Const. prov. y 5, ley 12.475).
Por lo expuesto, considera que el caso de autos contiene un supuesto de judicialización directa de una solicitud que debió ser encauzada en sede administrativa, arribándose a una condena irrazonable por no existir un actuar arbitrario o ilegítimo que la sustente.
II.4. Finalmente denuncia que la sentencia lo posiciona en una situación de imposible cumplimiento al ordenar la elaboración de un informe específico para dar respuesta a lo requerido, yendo más allá de lo que la ley manda, esto es, brindar la información existente en sus registros.
A tenor de lo dispuesto en los arts. 1 y 2 de la ley 12.475 y de la atenta lectura de la nota de petición de información transcripta en la demanda, surge que ésta no se compadece con la normativa aplicable. Señala que el decisorio de grado y la confirmación del Tribunal de Alzada se apartan no solo de la letra sino también del espíritu de la norma y la jurisprudencia vigente.
En función de lo expuesto, solicita se revoque el decisorio en todas sus partes, y/o eventualmente se circunscriba la condena a facilitar la información solicitada que figure en documentos administrativos existentes, excluyendo aquella que requiera la elaboración de un informe específico para el tema.
III. El recurso no prospera atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
III.1. Sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva.
Es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. doctr. causas Ac. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; Ac. 71.500, "Minho", sent. de 27-VI-2012; Ac. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; e.o.), dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas Ac. 91.522, sent. de 15-III-2006; Ac. 90.916, sent. de 28-VI-2006; A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; e.o.), tal como ocurre en el caso.
En efecto, la recurrente aduce que la Cámara no valoró correctamente las constancias obrantes en la causa y la normativa aplicable al caso. Particularmente se agravia de que la petición no cumple los recaudos legales de ser presentada por escrito y debidamente fundada, conforme lo previsto en el art. 5 de la ley 12.475.
Con relación a ello, señala que ante la negativa expresa de la demandada de haber recepcionado el correo electrónico supuestamente remitido por la actora -donde constaría la solicitud-, se omitió la exigencia de prueba al respecto, dando por cierta la versión de los hechos de la parte actora con solo una captura de pantalla carente de certificación alguna y sin constancia de recepción, vulnerando lo normado por el art. 163 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial.
Ahora bien, los argumentos esgrimidos en esta parcela no van más allá de meros disentimientos personales, desatendiéndose de los fundamentos esgrimidos por el voto que concitó la mayoría, en relación a las razones que justificaron confirmar la sentencia apelada, cuando advierte que si bien el organismo demandado no reconoció el ingreso de la solicitud de información ante su Mesa de Entradas, no obstante surgía de las constancias de autos que el Servicio Penitenciario tomó efectivo conocimiento de lo requerido (v. voto de la doctora Milanta, pto. V.3. -al que adhiere el doctor Spacarotel-, donde se advierte que, una vez judicializada la cuestión, en la oportunidad de contestar el traslado, la Fiscalía de Estado adujo que el Servicio Penitenciario Bonaerense había tomado conocimiento de lo requerido y puso de manifiesto su voluntad de cumplir con lo solicitado) y que no había brindado la información cuyo acceso se solicita, configurándose así su denegatoria.
Surge de lo expuesto que, en su embate, la recurrente propone como técnica de impugnación argumentar en paralelo, sin cuestionar de modo idóneo los razonamientos vertidos por la Cámara, lo que no constituye base idónea de agravios.
En tal sentido, es doctrina de este Tribunal que si quien se agravia limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el juzgador de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa de los fundamentos esenciales del fallo, tal insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. causas A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; e.o.).
Tampoco el alegado apartamiento de las constancias documentales de la causa, confiriéndole a la remisión de un correo electrónico un alcance mayor al que posee ante la expresa negativa de recepción de la recurrente, permiten acreditar el absurdo alegado.
Al respecto, cabe advertir que los reproches en ese aspecto reconducen a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo supuesto de absurdo (conf. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016; A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019; e.o.), vicio que, si bien invoca, no logra acreditar.
Esta Suprema Corte ha señalado que para la configuración del absurdo no es suficiente denunciarlo y exponer una interpretación o valoración propia, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio (doctr. causas A. 70.187, "Núñez", sent. de 15-XII-2010; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; A. 74.056, "Zaracho", sent. de 10-IV-2019; e.o.), partiendo siempre de que el error en la apreciación de la prueba debe ser palmario y grave, de modo que lleve a conclusiones contradictorias, inconciliables con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.263, "Yordan", sent. de 13-IX-2017; A. 73.396, "Collinet", sent. de 11-IV-2018; A. 73.402, "Agüero", sent. de 21-XI-2018; A. 74.341, "Mengio S.R.L.", sent. de 19-XII-2018; e.o.).
En este sentido la recurrente omite demostrar el razonamiento absurdo del Tribunal, limitándose a contraponer su propia valoración de la prueba, lo que define la suerte adversa del embate.
III.2. Tampoco prospera el agravio enderezado a refutar la validez de la fundamentación vertida por el Tribunal de Alzada en su decisorio, la que resultaría solo aparente y de carácter dogmático por apartarse de la normativa expresamente aplicable.
Sabido es que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, n
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