Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76758
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.758, "Perazzo, Emir Vicente c/ IPS s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Carral, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación articulado por la Fiscalía de Estado y admitió la acción de amparo promovida, ordenando al Instituto de Previsión Social (IPS) practicarle al actor las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias únicamente sobre su sueldo básico.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde aceptar las excusaciones formuladas por los señores Jueces doctores Genoud y Soria?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En autos, los señores Jueces doctores Genoud y Soria, con fundamento en lo dispuesto por los arts. 17 inc. 7 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial, se excusaron de intervenir en razón de haber suscripto la resolución 436/19 de esta Suprema Corte, cuya aplicación fuera extendida al ámbito del Tribunal de Cuentas por medio de la resolución 5/19, dictada por dicho organismo (conf. arts. primero, segundo y considerandos, resol. cit.).
Ambas preceptivas han sido invocadas por el actor, quien antes de acogerse a la jubilación desempeñó funciones en el ámbito de la última entidad nombrada.
Ahora bien, sin perjuicio de considerar, en mi íntima convicción, que el criterio adoptado en la citada resolución 436/19, en ejercicio de la función administrativa que le compete a este Tribunal, no constituye la emisión de opinión a la que alude el art. 17 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial, también observo que, en tanto el apartamiento de mis distinguidos colegas se funda además en motivos de decoro y delicadeza, corresponde que su excusación sea aceptada (conf. art. 30, CPCC).
En consecuencia, a la primera cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Carral y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor Emir Vicente Perazzo promovió acción de amparo contra el IPS, solicitando que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas; 4.385/00 y 436/19 emanadas de esta Suprema Corte; y lo resuelto por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata en la causa n° 24.273, "Servin", sentencia de 11-VII-2019.
Con respecto a la competencia para entender en el litigio planteado, señaló que la acción impulsada no busca evitar el pago del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, materia que correspondería al fuero federal, sino a obtener una sentencia que condene al IPS -órgano provincial- a liquidar correctamente los haberes.
En abono de esta posición, invocó lo resuelto por la jueza de grado en la citada causa "Servin"; la decisión adoptada por la Cámara antes nombrada en el caso "Ilari, Liliana Elisa" y el pronunciamiento de la Corte nacional recaído en autos "Baum, Daniel", resolución de 6-X-2015.
Relató que, como jubilado del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el IPS liquida y abona mensualmente su haber, practicándole una retención en concepto de impuesto a las ganancias sobre la totalidad de los rubros que componen la prestación.
Explicó que la problemática relativa a la inclusión de diversos conceptos dentro de la base de cálculo de la retención del impuesto a las ganancias motivó, en su momento, el dictado de la Acordada 56/96 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la resolución 4.385/00 de esta Suprema Corte, mediante las cuales se excluyeron del cómputo respectivo los rubros denominados gastos funcionales, bonificación especial, bloqueo de título, bonificación por antigüedad y permanencia, es decir, todos aquellos que no constituyan el haber básico.
Añadió que, de manera análoga, el Tribunal de Cuentas dictó las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, logrando que las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias de los empleados del organismo se practicaran únicamente sobre el sueldo básico, lo que no fue cumplido por el IPS.
Sostuvo que la situación descripta le genera un patente perjuicio económico y conlleva una ilegalidad manifiesta, ya que la entidad previsional desoye e incumple las resoluciones citadas del Tribunal de Cuentas y de esta Suprema Corte.
Acusó, asimismo, una notoria alteración del principio constitucional de igualdad, debido al diferente tratamiento dispensado a los trabajadores en actividad respecto a los jubilados del Tribunal de Cuentas.
Alegó también violación del derecho de propiedad, de derechos alimentarios como los haberes previsionales y de los principios rectores en materia de seguridad social.
En cuanto a los restantes requisitos necesarios para la admisibilidad del amparo, planteó la inexistencia de otras vías idóneas. Además, aseguró encontrarse dentro del plazo de treinta días establecido por el art. 5 de la ley 13.928, en el entendimiento de que este se interrumpe todos los meses debido a la reiteración de la conducta adoptada por el IPS, que -en su visión- genera un "estado de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta continuado" hasta el presente.
Seguidamente, requirió el dictado de una medida cautelar, considerando cumplidos los requisitos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y no afectación del interés público, a los efectos de su dictado.
Finalmente, solicitó que se dicte sentencia definitiva, ordenando al IPS cumplir lo establecido mediante las resoluciones de esta Suprema Corte y el Tribunal de Cuentas y que, en consecuencia, el organismo liquide las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sin considerar ningún otro rubro por fuera del "sueldo/haber básico".
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado defendió la actuación del IPS.
Señaló que -a su entender- la normativa aplicable al caso se encuentra constituida por la ley 27.346, su decreto reglamentario, la resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 3.976/16, sus modificatorias y complementarias.
Sostuvo que, cuando forman parte del haber de jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires, los conceptos de gastos funcionales, bonificaciones especiales, bloqueo de título, bonificación por permanencia y antigüedad integran la base imponible del impuesto a las ganancias.
Adujo que, en caso de inconformidad, el interesado puede acudir al mecanismo de consulta vinculante implementado en el ámbito de la AFIP.
Más adelante manifestó que las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte, resultan aplicables a los empleados del Poder Judicial en actividad, no así a sus agentes pasivos. Además, descartó que las mismas puedan regir la situación del actor, dado su carácter de jubilado del Tribunal de Cuentas.
Añadió que -en su visión-, resultan inoponibles a su representada las resoluciones 91/2001, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, dictadas por ese último organismo. Rechazó también la alegada analogía con el caso "Servin", en tanto allí se abordó la situación de una jubilada del Poder Judicial, a la cual se le aplicaron resoluciones dictadas por esta Suprema Corte.
En otro orden, planteó que el Estado provincial no es legitimado pasivo de la relación jurídica controvertida en autos. Consideró que, en tanto reviste carácter de agente de retención, el IPS no integra la relación jurídica sustancial y que no se encuentra facultado legalmente para determinar quiénes son los sujetos obligados al pago del impuesto discutido, el hecho o la base imponible, sino que todos esos parámetros surgen de normas nacionales a las que el organismo debe ajustar su actuación.
Con posterioridad, reputó inadmisible la vía procesal elegida por la actora, debido a la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, a la falta de afectación de derechos constitucionales fundamentales y a la inexistencia de razones graves de urgencia que justifiquen la promoción de un amparo.
Por último, solicitó la citación como tercero del Estado nacional (AFIP), ofreció prueba, hizo reserva del caso federal, designó las personas autorizadas a intervenir en el expediente y peticionó que en su oportunidad se dicte sentencia, rechazando la acción incoada.
III.1. A fs. 37/41, la titular del Juzgado de Garantías n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar peticionada por la actora.
Ordenó así al IPS que diese cumplimiento a lo dispuesto por las resoluciones 4.385/00 y 436/19 de esta Suprema Corte, como también a la 91/01, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas, liquidando los haberes jubilatorios del actor sin tomar en consideración ningún otro rubro por fuera del salario básico al calcular las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias, hasta tanto se resolviese la cuestión de fondo.
Esta decisión fue apelada por la demandada a fs. 65/67 y confirmada por la mayoría de la Cámara interviniente a fs. 117/119.
III.2. Luego, en oportunidad de dictar sentencia definitiva, la jueza de primera instancia resolvió mantener la medida cautelar ordenada, en la inteligencia de que su objeto coincidía con el de la acción promovida (v. fs. 123/128).
Tuvo en cuenta, a tal fin, lo dispuesto por las resoluciones citadas, las constancias aportadas al expediente y la avanzada edad del actor, sumada al carácter alimentario del haber jubilatorio, que -a su juicio- abastecían el requisito de gravedad e irreparabilidad exigido para la procedencia del amparo.
IV. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia -deducido por la Fiscalía de Estado a fs. 132/135- y confirmó la admisión de la acción de amparo promovida, ordenando a la autoridad demandada "ajustar" las retenciones por impuesto a las ganancias del actor, excluyendo todo concepto que exceda del componente "sueldo básico".
Para arribar a dicha decisión, abordó en primer lugar el planteo de nulidad del fallo de grado, basado en su alegada falta de fundamentación. Indicó que, independientemente de dicho defecto legal, el Tribunal de Alzada cuenta con facultades para pronunciarse sobre las cuestiones debatidas (conf. arts. 272, CPCC y 77, CCA), las que seguidamente pasó a tratar.
En lo atinente a la alegada improcedencia de la vía intentada por inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad, consideró que el comportamiento material de la Administración provincial se aparta manifiestamente del bloque de legalidad al que debe sujeción, compuesto -entre otros- por las resoluciones invocadas por la actora. Añadió que dicha actividad lesiona la garantía de progresividad en materia de seguridad social, consagrada por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y que compromete derechos alimentarios. De lo indicado extrajo que la vía de amparo escogida se encuentra justificada en el caso.
En cuanto a la legitimación pasiva del Estado provincial, entendió que la controversia suscitada no recae sobre un acto expreso ni tácito de la AFIP, sino en rigor sobre la conducta propia del agente de retención.
Con respecto al fondo de la cuestión, sostuvo que las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas, resultan obligatorias al establecer los componentes de la base imponible del impuesto a las ganancias para sus agentes, sean estos activos o pasivos. Puntualizó que ellas no restringen ni excluyen a quienes se han acogido a beneficios jubilatorios, como es el caso del actor.
Agregó que dicha normativa importa un inequívoco resguardo de la movilidad jubilatoria, de raigambre constitucional. Concluyó que el IPS quebrantó tanto ese mandato como la garantía de progresividad y el principio de justicia social a través de un comportamiento inequitativo, reñido con el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
En abono de lo resuelto, citó precedentes propios reputados análogos (causas 24.273, "Servin", sent. de 11-VII-2019; 25.517, "Colavita", sent. de 16-VI-2020 y 26.200, "Bosnic Bagatela", sent. de 22-IX-2020).
V. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios-; de los arts. 4, 330, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20.2 y concordantes de la Constitución provincial; 16, 17, 18, 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional. Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
Observa que el marco normativo aplicable a la liquidación de retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales abonados por el IPS se integra "en forma general" por la ley 20.628, su decreto reglamentario 628/96 y la resolución general de AFIP 2.437.
Sostiene que las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17-IX-2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas, resultan manifiestamente inadecuadas para dirimir la cuestión sometida a debate, debido a que se refieren con exclusividad a la situación del personal en actividad (no a los jubilados) y que no resultan tampoco aplicables al IPS en tanto se limitan a obligar a las dependencias administrativas de aquel organismo.
Expone que en "...la normativa de la AFIP en su conjunto [...] no se hace ninguna referencia a los jubilados, ni al IPS como agente de retención". Predica que el art. 1, apartado 4 (sic) de la ley 27.346, modificatoria de la ley de impuesto a las ganancias, se limita a contemplar la situación de los agentes judiciales en actividad.
Destaca que tampoco media en el caso "...un expreso reconocimiento por parte de la AFIP, que habilite a limitar el cálculo del Impuesto a las Ganancias, solamente al sueldo básico, como sí ocurrió en otros casos en los cuales se acudió a la justicia federal a fin de que se restituyan derechos que se consideraban vulnerados, demandando al verdadero sujeto sustancial de la relación tributaria (el Estado Nacional - AFIP) ('Szelagowski, Ricardo c/ Estado Nacional-Afip s/ Acción Declarativa de Certeza' causa S. 231. XLV. REX, sentencia del 28-IX-2010, en Fallos: 333:1841)".
Manifiesta que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes, so riesgo de quedar expuesto a reclamos e incluso multas por parte de la AFIP.
De allí deriva que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remiten directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce haber advertido continuamente esta circunstancia a lo largo de las actuaciones, sin que ello haya sido oído por los juzgadores.
VI. Al igual que en la causa A. 76.131, "Servin", sentencia de 23-XII-2021, donde adherí al voto de la doctora Kogan, que en lo pertinente he de reproducir a continuación, considero que el recurso presentado no puede prosperar, en razón de su insuficiencia técnica (arg. art. 279, CPCC).
VI.1. Ante todo, entiendo que debe desecharse la denuncia de violación de ciertos preceptos legales que en ningún momento se detalla cómo se vincularían con la controversia examinada, tal el caso de los arts. 330 del Código Procesal Civil y Comercial y 22 de la ley 13.928.
Como se reiterará más adelante, el adecuado cumplimiento de las cargas propias del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley demanda precisión en el señalamiento de las disposiciones presuntamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el tribunal inferior y de la realización de algún esfuerzo argumental tendiente a evidenciar -al menos- su relación con el pleito, lo que no se advierte cumplido respecto de dichas previsiones normativas.
VI.2. Sentado lo anterior, he de expedirme sobre la denuncia de violación del art. 20.2 de la Constitución provincial, que regula los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo.
Al respecto, la impugnante apenas si repite argumentos expuestos en escritos anteriores (cfr. fs. 81 vta.; 82; 133 y punto primero del apartado VIII del recurso de inaplicabilidad de ley), pues se limita a insistir con que en la especie no se acredita la existencia de acciones u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegítimas por parte del IPS, pese a que la Cámara interviniente sostuvo que el desconocimiento de lo indicado en las resoluciones invocadas por el actor configuraba una conducta que reunía tales características al afectar -entre otros- los derechos previsionales de la actora y el principio constitucional de igualdad.
En los términos planteados, los cuestionamientos introducidos por la recurrente con respecto a la vía intentada no pueden ser atendidos, ya que, a más de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018).
Si bien ha denunciado conculcación de las garantías de igualdad, propiedad y debido proceso legal (v. punto V, segundo párrafo del recurso interpuesto), la Fiscalía de Estado ha omitido dar cuenta del modo en que estas habrían sido vulneradas por la decisión atacada y tampoco ha argumentado acerca de los demás principios constitucionales que según el Tribunal de Alzada resultan afectados en la especie, aspecto que devenía especialmente relevante dada la índole de las cuestiones encauzadas por la vía procesal promovida y la naturaleza de los derechos invocados.
Lo expuesto torna aplicable al presente lo sostenido en numerosas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las inst
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