Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78042
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 279 y 289, CPCC). Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.928; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.042, "López, José Alberto contra Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia dictada por la jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 5 de ese departamento judicial durante la feria que, a su turno, había rechazado la acción de amparo promovida por el señor José Alberto López contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 4-II-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 19-II-2022, 20:02:19 hs., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 6-IX-2022 en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El señor José Alberto López, quien alega haber sido instituido beneficiario del testamento otorgado por la señora N. I. O., en su representación y con patrocinio letrado promovió acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a fin de obtener la cobertura integral de los gastos derivados de la internación de la señora O. en la residencia para mayores "El Nuevo Hogar", como asimismo el reintegro de los insumos que aquella requiera (medicamentos, pañales descartables, colchón de aire, silla de ruedas).
Paralelamente solicitó que se dicte una medida cautelar (v. pto. 3, escrito de inicio) justificando su procedencia en el cumplimiento de los requisitos de la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora.
La acción se dedujo ante un Juzgado Federal de San Martín, cuyo titular se declaró incompetente y lo remitió al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial que se encontraba de turno durante el receso estival (ver doc. adjunta al trámite "Habilitación de Intancia", del 12-I-2021).
I.2. La magistrada a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 5 del Departamento Judicial de General San Martín habilitó la feria judicial estival y consideró prudente que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires provea a la señora N. I. O. la cobertura integral de la prestación de la internación geriátrica e insumos necesarios conforme lo prescripto por sus médicos de cabecera, debiendo darle continuidad hasta tanto se resuelva lo contrario o se dicte resolución definitiva, por lo que dictó una medida cautelar con ese alcance, dada la probabilidad de que la actora sufra un perjuicio irreparable en caso de denegarla (ver trámite "Habilitación de la Instancia", del 12-I-2021).
Luego de un sinnúmero de incidencias procesales vinculadas con el cumplimiento de la medida cautelar, de resolver el rechazo de una excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Fiscalía de Estado y de que el Fiscal General Adjunto del Departamento Judicial de San Martín aconsejara el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva también opuesta por la Provincia de Buenos Aires, la magistrada a cargo del Juzgado interviniente decidió rechazar la acción de amparo respecto de la Provincia, declararse incompetente para decidir la pretensión expuesta frente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dejar sin efecto la medida cautelar.
Ponderó, para así resolver, que conforme las constancias agregadas a la causa el domicilio de la señora O. se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (v. constancia del documento nacional de identidad, testamento otorgado en el año 2018 e historia clínica).
Explicó que la decisión de la internación de la señora N. I. O. en el instituto geriátrico "El Nuevo Hogar" situado en la Provincia de Buenos Aires fue tomada por el amparista, luego de haber sido externada del Hospital Tornú situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Refirió que el actor alegó que dadas las medidas sanitarias tomadas ante la pandemia declarada a partir del virus COVID-19 le fue imposible tramitar el certificado único de discapacidad.
Sostuvo que el único elemento probatorio que fue aportado en relación al estado de salud de la señora O. consiste en la historia clínica confeccionada por los profesionales del Hospital Tornú de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual da cuenta de un deterioro cognitivo.
Sin perjuicio de ello advirtió que no se ha merituado la intervención de la Asesoría de Incapaces a fin de que -en su caso- asuma la representación que la ley le impone.
Así, como se adelantara, rechazó la acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Fiscalía de Estado. Paralelamente se declaró incompetente para entender en estos autos y ordenó su remisión a la justicia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 3, ley 13.928). Impuso las costas a la actora vencida y procedió, para una vez firme la sentencia, al levantamiento de las medidas cautelares ordenadas con relación al Ministerio de Salud (v. sent. de fecha 10-I-2022).
I.3. La Cámara del fuero con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios.
Para así decidir, luego de recordar los antecedentes del caso y la decisión de primera instancia, advirtió que surge del recurso deducido que el apelante únicamente se agravió de la declaración de incompetencia declarada por el a quo .
Señaló que la queja se fundó en los plazos del trámite del proceso de amparo y en los arts. 4 de la ley 13.928 y 36 de la Constitución provincial, así como también de las previsiones de la ley 10.592, que establece el régimen jurídico básico e integral para las personas con discapacidad.
Indicó que en momento alguno de la impugnación refirió al argumento central efectuado por la jueza de primera instancia relativo a que, de las constancias documentales acompañadas, el domicilio de la amparista se encuentra establecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y -en caso de corresponder- será dicha jurisdicción la que deberá otorgar las prestaciones reclamadas.
Sostuvo que el apelante reprodujo manifestaciones expresadas en el escrito de inicio y en posteriores presentaciones sin efectuar una crítica concreta y razonada respecto del fundamento dado por la jueza de grado para tener por acreditado el domicilio de la señora O..
Recordó que la norma ritual exige que el escrito de apelación contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, la cual no se abastece con la mera remisión a presentaciones anteriores (art. 56 inc. 3, CCA).
Impuso las costas a la actora en su condición de vencida (art. 19, ley 13.928).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia que la sentencia dictada por la Cámara resulta absurda y arbitraria.
Se agravia de que el Tribunal de Alzada confirmara la decisión de grado que hizo lugar a la incompetencia, luego de un año de dictada una medida cautelar que fue incumplida por la demandada.
Reprocha que la jueza de primera instancia, declarándose incompetente, resolvió desestimar la acción de amparo.
Expresa que no es pertinente, en el marco de premura en el cual debe desarrollarse el proceso de amparo, la intervención de terceros.
Invoca que se han vulnerado los derechos a la salud y a la vida digna de una persona mayor de edad.
Se agravia de la imposición de las costas.
Refiere a las presentaciones efectuadas tendientes al cumplimiento de la medida cautelar, transcribe fragmentos de las decisiones de primera instancia y del Tribunal de Alzada y hace reserva del caso federal.
III. El recurso no prospera atento la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
III.1. Advierto que el impugnante no cumple adecuadamente con las cargas técnicas que se exigen en esta instancia.
Es doctrina de este Tribunal que una de las notas características de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. doctr. causas A. 72.392, "B., A. V.", sent. de 26-III-2014; A. 72.857, "Solari", sent. de 6-V-2015; A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016; e.o.). Ello implica que la recurrente debe cumplir acabadamente con las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, circunstancia que no acontece en el caso.
Un detenido análisis de la pieza recursiva permite concluir en su insuficiencia, dada la deficiente técnica recursiva empleada en su postulación.
El art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en su segunda parte, dispone que el escrito de deducción "deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia, y en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error".
Sobre ello este Tribunal tiene dicho con reiteración que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley debe cumplir con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.).
Ello no ha ocurrido en la especie, pues la recurrente acusa que se ha vulnerado el derecho a la salud y a la vida; de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación, pero omite demostrar de qué manera el pronunciamiento atacado conculca las garantías y derechos invocados.
III.2. La misma deficiencia contiene el escrito en tratamiento en cuanto denuncia absurdo y arbitrariedad en la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Alzada.
En efecto, debo poner de manifiesto que la Cámara actuante analizó la suficiencia de la apelación y consideró que la recurrente no había efectuado una crítica concreta y razonada del argumento central desarrollado por la jueza de primera instancia en relación al domicilio de la señora O., de conformidad con lo dispuesto en los arts. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y 260 del Código Procesal Civil y Comercial; circunstancia que habilitó al tribunal interviniente para rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada.
Tal declaración no resultó cuestionada de modo alguno en el recurso extraordinario interpuesto (conf. art. 279, CPCC).
A ese respecto en reiteradas oportunidades esta Suprema Corte ha sostenido que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento y solo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (conf. causas Ac. 40.075, "Sassaroli Hnos. S.A.", sent. de 8-XI-1988; Ac. 46.691, "Monterde", sent. de 27-VI-1995; Ac. 53.749, "Rodríguez Borges", sent. de 25-IV-1995; Ac. 77.230, "V.V.,S." sent. de 19-II-2002; Ac. 90.752, "Politi", sent. de 30-III-2005; Ac. 90.916, "De Luca", sent. de 28-VI-2006; A. 69.344, "Brisa Serrana", sent. de 4-VI-2008; A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; A. 71.558, "González", sent. de 4-VIII-2016; e.o.).
El absurdo se configura mediante un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. causas A. 69.076, "M., L. L.", sent. de 29-VI-2011; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2012; C. 116.205, "P.,R. y otros", sent. de 11-IX-2013 y A. 71.351, "Latorre", sent. de 25-II-2015), circunstancias que no han sido acreditadas.
En efecto, pese a que la misión del impugnante consistía en demostrar el desvío lógico en la decisión del Tribunal de Alzada y la suficiencia del recurso ordinario que había interpuesto, se limitó a expresar su disconformidad con lo resuelto, mediante una redacción confusa e imprecisa, omitiendo atacar de manera eficaz el razonamiento actuado por la Cámara interviniente.
En consecuencia, concluyo en que el remedio extraordinario intentado es ineficaz pues omite denunciar y demostrar un razonamiento absurdo del sentenciante respecto a la consideración de la insuficiente técnica argumentativa que predica de la apelación ordinaria (art. 56 inc. 3, CCA).
III.3. Por último, tampoco prospera el agravio efectuado relativo a la imposición de las costas, toda vez que resulta una cuestión de hecho inabordable en la instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo (doctr. causa A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019), lo cual no ha sucedido en el caso.
IV. Por todo lo expuesto, ante el incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora (art. 289 in fine , CPCC), con costas (arts. 19, ley 13.298; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Genoud.
II.1. Por sobre el incumplimiento de las cargas recursivas que detalla el ponente en función de la invariable jurisprudencia de esta Corte y reconociendo que, en un extremo, algunas podrían incluso morigerarse atendiendo a la naturaleza del reclamo, considero que lo dirimente a los fines de confirmar los resolutorios de las instancias anteriores es el hecho de que el apelante se desentiende de los fundamentos brindados para remitir el expediente a la justicia porteña.
II.2. En el remedio ante la Cámara y -ahora- en el intentado ante este Tribunal, se insiste con requerir la declaración de competencia de la justicia local so pretexto de la necesidad de brindar una urgente tutela. La cual, se advierte, fue extendida oportunamente por la jueza de feria, independientemente de su concretización en los términos pretendidos.
Se critica así el desprendimiento de la causa habiéndose decretado orden precautoria al comienzo del juicio.
Pero semejante cosa mal podría ser abiertamente censurable a la luz de lo previsto en el art. 196 del Código Procesal Civil y Comercial, cuando entre otras cosas edicta que "...la medida [cautelar] ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia ".
II.3. Ceñido a eso, noto que se pasan enteramente por alto los argumentos centrales del decisorio de primera instancia que el a quo -a su manera- convalidó, basados principalmente en los hallazgos en torno al domicilio de la señora O. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la responsabilidad primaria que le cabría a ese gobierno para brindar una solución adecuada a la pretensa beneficiaria del amparo y la falta de acreditación acerca de si previamente se instó algún reclamo ante la autoridad sanitaria de aquella jurisdicción con resultado adverso.
III. Esos elementos de juicio combinados, que llegan firmes a esta sede por las razones explicadas por el doctor Genoud, imponen la desestimación del recurso extraordinario y la prosecución del proceso en los términos sentenciados, por ante los tribunales de la Ciudad (arts. 25, ley 13.928; 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Con costas (arts. 19, ley 13.928; 68 y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (cfr. arts. 279 y 289, CPCC). Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.928; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 12:53:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 18:18:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 19:08:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 23:57:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 07:16:45 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/12/2022 07:32:05 hs. bajo el número RS-117-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia