Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73897
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.897, "Bravo, Luis Roberto c/ Banco de la Provincia de Bs. As. s/ Amparo. Recurso extraordinario de inapl. de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres, Borinsky, Violini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo promovida por un deudor hipotecario del Banco de la Provincia de Buenos Aires, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 65 y 75 de la Carta Orgánica de esa entidad, por considerarlos manifiestamente violatorios de diversos derechos y garantías constitucionales (v. fs. 233/253).
Contra tal pronunciamiento, el Banco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 262/275).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El actor inició este expediente peticionando la suspensión del procedimiento de subasta de un inmueble de su propiedad sujeto a un crédito en mora con garantía hipotecaria.
El señor juez de primera instancia falló haciendo lugar a la pretensión del amparista y declarando la inconstitucionalidad de los arts. 65 y 75 de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires (dec. ley 9.434/79) por reconocer atribuciones a la entidad bancaria estatal -realizar la subasta sin previa intervención judicial- en violación de la Constitución provincial (arts. 11, 15 y 57) y de la Constitución de la Nación (arts. 17, 18 y 31).
I.2. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, declarando también que los arts. 65, 75 y concordantes de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires transgreden derechos y garantías consagrados en la Constitución nacional y en diversos tratados internacionales de protección de derechos humanos incorporados a ella.
Fundó su decisión en que no era posible admitir, como pretendía la parte demandada, que las previsiones de dicha Carta Orgánica en materia de operatoria de créditos hipotecarios constituyeran normas de excepción, abordando en tal contexto lo que identificó como el núcleo del asunto a resolver: si la aplicación al amparista de las normas que habilitaban la ejecución extrajudicial se encontraban en pugna con preceptos constitucionales.
Juzgó entonces que de concretarse la ejecución del crédito de la demandada sobre el bien del actor siguiendo el procedimiento autorizado por aquellos preceptos, se afectarían con antijuridicidad manifiesta las garantías de la propiedad y del derecho a la jurisdicción -acceso a la justicia, debido proceso, defensa en juicio y tutela judicial- que le asisten al reclamante.
I.3. El Banco de la Provincia de Buenos Aires se agravia y denuncia la errónea interpretación de su estatus jurídico y de la ley aplicable a la relación contractual.
En su recurso extraordinario de fs. 262/275 afirma que el pronunciamiento atacado se encuentra en franca oposición con la doctrina de esta Corte.
Se queja de que se haya permitido el tratamiento de la constitucionalidad de una ley provincial en una vía en la que ello resultaba inadmisible.
Aduce que el a quo interpretó erróneamente el alcance constitucional de las disposiciones que conforman el estatus jurídico del Banco e incurrió en una errónea interpretación y aplicación de la ley en relación con la naturaleza jurídica de la obligación y de su forma contractual, especialmente respecto de los mecanismos legales de ejecución aceptados voluntariamente.
Dice que la sentencia recurrida analizó arbitrariamente los agravios traídos en la fundamentación del recurso de apelación, apartándose infundadamente de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que entiende aplicable al sub lite - y subestimó el hecho de que la parte actora no alegara ni probara perjuicio alguno en su contra.
Por último, sostiene que la Cámara no tuvo en cuenta el sometimiento voluntario del deudor al procedimiento reglado para el caso de incurrir en mora, conforme el contrato de mutuo hipotecario celebrado entre ambas partes.
Hace reserva del caso federal.
II. El recurso no prospera.
II.1. A la luz de los antecedentes relatados precedentemente, considero que los agravios que postula la pieza en tratamiento no son idóneos para conmover lo resuelto por el tribunal a quo (art. 289, CPCC).
II.2. El recurrente denuncia violación de la doctrina legal sentada por este Tribunal en el precedente de la causa C. 106.300, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sentencia de 12-III-2014 y de los fallos emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le sirven de sustento (v. fs. 266 y sigs.). Asimismo, dice vulnerada la doctrina que emana de las decisiones de esta Suprema Corte recaídas en las causas Ac. 72.379 y Ac. 70.555, sentencias de 27-XII-2000; B. 58.634, sentencia de 12-IX-2001; Ac. 85.566, sentencia de 25-VII-2002; entre otras, en lo que atañe a la obligatoriedad de los fallos dictados por aquel Tribunal nacional (v. fs. 268 y sigs.). Ello, por cuanto según aduce, el cimero órgano judicial del país se ha expedido en forma favorable a la constitucionalidad del régimen normativo impugnado en las sentencias que cita.
II.3. Postula asimismo la errónea aplicación por parte del Tribunal de Alzada de los arts. 1, 5, 31, 75 inc. 22 y 121 de la Constitución nacional; 1, 25, 36 y 57 de su par provincial; de las leyes 1.029, 8.172 y de los arts. 1, 15, 38, 39, 42 y 64 a 81 de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 268 y sigs.).
En particular, arguye que no existe afectación al derecho de propiedad, en virtud de la adhesión del actor al régimen previsto en la normativa objetada, dentro del marco de los derechos patrimoniales y en virtud del principio de autonomía de la voluntad, interpretada de buena fe (conf. arts. 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ. -ley 340-; v. fs. 268 vta./270 vta.).
II.4. Con remisión a lo decidido en la ya citada causa C. 106.300, sostiene que tampoco se transgrede el principio de separación de poderes, añadiendo que se presentan numerosos casos donde la legislación contempla supuestos de ejecución como los aquí debatidos y cuya constitucionalidad ha sido refrendada por la Corte federal (v. fs. 270 vta. y 271). Alega que no se puede privar a la Administración de las herramientas necesarias para cumplir sus fines, y que tanto el origen de los fondos a recuperar como la finalidad de toda la operación se encuentran impregnados de materia pública (v. fs. 271 y vta.). En ese orden de ideas, advierte que la entidad que representa no se puede asimilar a la condición de cualquier acreedor, atento su estatus institucional y sus funciones públicas, de donde las facultades de las que está investido se encuentran plenamente justificadas (v. fs. 271 vta./273 vta.).
Insiste en las finalidades de desarrollo que persiguen las medidas cuestionadas, encaminadas a garantizar un flujo permanente de fondos. Y estima que ocurrir por la vía judicial implicaría una dilación innecesaria y contraproducente (v. fs. 274 y vta.).
III.1. Cierto es que una serie de agravios similares a los expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado en esta causa, han sido compartidos por esta Suprema Corte en la decisión que -por mayoría que no integré- fue adoptada en la ya citada causa C. 106.300, "Banco de la Provincia de Buenos Aires".
También lo es que el impugnante invoca en su favor los desarrollos que se nutren de diversos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con todo, tal postura no puede abastecer una solución favorable a la tesis propugnada por el Banco.
III.2. En fallos dictados varias décadas atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha inclinado por la validez constitucional de normas consagradas en los regímenes orgánicos de ciertos bancos oficiales (v.gr., el Banco Hipotecario Nacional, el Banco Nación) sustancialmente análogas a las aquí controvertidas.
Así, marginando de toda consideración aquellos supuestos no coincidentes con el presente caso y que tornan innecesario su cotejo (así, lo decidido en CSJN Fallos: 177:13, en tanto existía en esa especie -a diferencia del presente- alguna intervención judicial en el trámite de la subasta, o el de Fallos: 138:157, en el que lo discutido se reducía a determinar si el Congreso nacional podía reglamentar ciertos aspectos procesales en pretendido desmedro de las legislaciones locales), el criterio postulado en aquellas decisiones se asentó en estas premisas:
III.2.a. El Congreso (en nuestro caso, la Legislatura) puede dotar a determinadas instituciones oficiales de crédito de prerrogativas "necesarias o sólo convenientes para el mejor resultado de sus operaciones" (CSJN Fallos: 139:259; 178:337; 184:490 y 268:213); ello así, en mérito a "los beneficios sociales que reporta y por los grandes y delicados intereses que maneja" (CSJN Fallos: 176:267), por tratarse de "operaciones de crédito inmobiliario" (CSJN Fallos: 177:13; v. también Fallos: 184:490 y 249:393).
III.2.b. De allí que la facultad "...de vender por sí y ante sí los bienes hipotecados, comporta una seguridad [...] para [...] la institución de que no podrán ser perturbados o perjudicados por las complicaciones y las dilaciones propias y tan frecuentes de los procedimientos de la justicia" (CSJN Fallos: 184:490; 249:393; 268:213 y 323:809).
III.2.c. Ello no implica desconocer las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional porque, de un lado, la pérdida de la propiedad se conjura mediante el pago de la deuda ejecutada y, de otro, el ejecutado puede hacer valer sus derechos "...en la acción ordinaria..." (CSJN Fallos: 268:213 y 323:809).
III.2.d. El trámite extrajudicial se acuerda en el contrato suscripto por el deudor hipotecario, lo que implica su renuncia a la sustanciación de un procedimiento ante la justicia (CSJN Fallos: 139:259; 184:490 y 323:809).
Algunos de estos argumentos (v.gr., los referidos supra, en III.2.b. y III.2.c.) al no hacerse cargo del efecto pernicioso que provoca la neutralización del ejercicio de la jurisdicción, caen por su propio peso. Y básicamente todos pueden ser contrarrestados de la mano de la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema y en función de una serie de razones opuestas dignas de consideración.
IV.1. En primer lugar, cabe atender a la objeción expuesta en el recurso, según la cual el actor, al acceder al mutuo con garantía hipotecaria, aceptó sin reservas la aplicación del régimen legal que en este pleito controvierte (v. fs. 116/117).
Adelanto que ella no puede ser acogida.
Cierto es que fue suscripto el aludido instrumento negocial, que contenía una estipulación según la cual el ente financiero quedaba habilitado a proceder a la subasta extrajudicial del inmueble hipotecado (v. fs. 87). Pero esa sola circunstancia no permite postular la existencia de un consentimiento que expurgue de raíz la invalidez del cuestionado régimen de ejecución extrajudicial, privando incluso al interesado de acceder a la presente vía para hacer valer la supremacía de las normas de la Constitución (arts. 31, Const. nac. y 57, Const. prov.).
IV.1.a. La doctrina según la cual el sometimiento voluntario a un régimen jurídico sin reservas encierra un acatamiento que obsta a su posterior impugnación (CSJN Fallos: 299:373; 300:51, 62, 147 y 480; 307:354 y 431; e.o.; doctr. causas B. 48.762, "D'Anvar", sent. de 16-VIII-2017; A. 71.801, "D'Angelo", sent. de 30-III-2016; B. 55.901, "Empresa Tandil", sent. de 17-III-2010; e.o.), en atención a las especiales particularidades del caso, se estima inaplicable.
IV.1.b. Lejos de ser absoluto, el factor obstativo de las posibilidades impugnativas que en determinadas circunstancias importa el "sometimiento voluntario" a un régimen legal, tolera excepciones.
Por ello, esa doctrina ha sido dejada de lado en supuestos que guardan similitud con el debatido en el sub lite , en los que se desechó la invocación por la parte reclamada de una renuncia de su contraria, cuando estaban en juego derechos de carácter indisponible (CSJN Fallos: 311:1132 y 336:131).
Cabe equiparar esa situación a la ventilada en el presente caso, en tanto la sentencia de la Cámara de Apelación ha hecho prevalecer -en esencia- la fuerza normativa de garantías indisponibles, como la tutela judicial efectiva y el acceso irrestricto a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.).
IV.1.c. A mayor abundamiento, ha de tenerse presente que el ordenamiento positivo consagra una tutela preferencial en el marco de operaciones contractuales vinculadas al acceso a la vivienda, por la importancia que posee en el proyecto de vida de la persona humana (v.gr., las leyes 14.005, 14.394, 19.724, 24.240, art. 2 inc. "c", art. 1.092 y concs., Cód. Civ. y Com.; e.o.). Las reglas que emanan de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional y 36 inc. 7 de su par provincial confieren sustento a aquel cuadro de normas legislativas, como también lo hacen los arts. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI y XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 25 inc. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
IV.1.d. Pero además, el tipo de relaciones jurídicas que está en debate engarza en la relevante esfera de protección que brindan los arts. 42 de la Constitución nacional y 38 del mismo texto local, en lo que hace a la tutela de los intereses económicos de los consumidores.
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos: 340:172, "PADEC c/ Bank Boston N.A.", luego de destacar que "...el artículo 42 de la Constitución Nacional establece una serie de derechos que amparan a los consumidores y usuarios de bienes y servicios en la relación de consumo" (cons. 5°), puntualizó que el "...principio protectorio juega un rol fundamental en el marco de los contratos de consumo donde, es preciso destacar, el consumidor se encuentra en una posición de subordinación estructural" (cons 6°). En conclusiones que resultan trasladables a la presente causa, la Corte afirmó que la señalada tutela especial "...se acentúa aún más en los contratos bancarios celebrados con consumidores y usuarios, donde, del otro lado de la relación jurídica, se encuentra una entidad bancaria, profesional en la intermediación financiera y cuya finalidad es obtener un rédito en su actividad" (cons. 7°). Luego de explayarse acerca de la ineficacia de las estipulaciones que, entre otros factores, importen la renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, concluyó que "...las cláusulas abusivas no pueden ser materia de una renuncia anticipada, ni cabe considerarlas subsanadas, por una suerte de consentimiento tácito del consumidor" (cons. 10°).
IV.1.e. El estatus jurídico que posee el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la luz del Pacto de San José de Flores no obstaculiza la aplicación de los principios consignados, ni priva de efectividad a las normas que rigen la tutela del consumidor de servicios financieros y en relación con prestaciones de esa índole asociadas a negocios inmobiliarios. La Corte Suprema de Justicia ha tenido oportunidad de precisarlo en su sentencia de Fallos: 337:205.
IV.2. Despejado el punto anterior, debe profundizarse el examen de validez constitucional de los arts. 65, 74 y 75 del decreto ley 9.434/79 e interrogarse acerca de si tales disposiciones se encuentran en pugna con los derechos, principios y garantías de la Constitución nacional y de la Provincia, en particular, con los arts. 3, 10, 15 y 31.
Las normas legales prescriben:
"ARTICULO 65°: En todos los casos en que el Banco tenga derecho a ordenar la venta en remate del inmueble hipotecado procederá a ello por sí, sin forma alguna de juicio, al mayor postor y con base de la deuda por todo concepto y otorgará, llegado el caso, la correspondiente escritura a favor del comprador, colocándolo, si así lo estimare, en posesión del inmueble libre de ocupantes, ya seanéstos el propietario o terceros a nombre del mismo, cualesquiera sean sus títulos, quedando subrogado el comprador en todos los derechos que correspondan al deudor sobre dichos inmuebles. En el contrato de préstamo el deudor conferirá mandato irrevocable al Banco para otorgar y firmar la escritura traslativa de dominio, el que podrá ejercitar aún en el caso de concurso, quiebra o fallecimiento del deudor: El mismo mandato comprenderá la facultad de dar posesión al comprador y representar al deudor en cualquier juicio que pueda promoverse contra él y que afecte la propiedad hipotecada, así como para iniciarlos contra terceros detentadores de la misma.
ARTICULO 74°: El Banco podrá ordenar el remate de los inmuebles hipotecados aunque se encuentren embargados en virtud de orden judicial por ejecución de otros créditos y aun cuando el deudor esté concursado o haya sido declarado en quiebra, sea cual fuere la jurisdicción en que se hayan tomado esas providencias. En estos casos, una vez hecha la liquidación de la deuda y cubierto que sea el crédito a su favor y todos los gastos e intereses producidos, el Banco pondrá a disposición de la autoridad judicial respectiva, el sobrante que resultare. En los casos de ejecución, concurso o quiebra del deudor, deberá el Banco, aunque la deuda esté servida con regularidad, hacer uso de su derecho inmediatamente de quedar ejecutoriado el auto que ordene la venta judicial, a cuyo efecto dicho auto le será notificado. Si el banco no ordenare el remate dentro de los sesenta (60) días hábiles, contados desde la notificación judicial, el juez podrá disponerlo en la forma ordinaria a pedido de la parte interesada en el juicio.
ARTICULO 75°: Los jueces bajo ningún motivo podrán suspender o trabar el procedimiento del Banco para la venta en remate de los inmuebles hipotecados, a menos que se tratare de tercerías de dominio, ni acordar término al deudor; ni detener por oposición de un tercero la percepción del crédito del Banco".
De esa manera regulan un procedimiento extrajudicial que permite al Banco de la Provincia disponer la subasta de inmuebles en forma directa.
IV.2.a. Las normas controvertidas producen un severo trastorno por cuanto desoyen derechos y garantías básicos, como el acceso idóneo e irrestricto a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva, amparados por el art. 15 de la Constitución provincial. El art. 65 del decreto ley 9.434/79 habilita a la institución crediticia para disponer la venta en remate de un inmueble hipotecado "...por sí, sin forma alguna de juicio..." y "...aunque se encuentren embargados en virtud de orden judicial por ejecución de otros créditos" (art. 74, dec. ley 9.434/79).
No hace falta una inusualmente meticulosa solvencia en la faena interpretativa para concluir que el precepto referido, en el contexto regulatorio en el que se inscribe, abre las puertas a un injustificado avance de la autoridad bancaria sobre una atribución -que a la vez encierra una preciada garantía- eminentemente jurisdiccional.
De igual modo lo hace el art. 75 de ese decreto ley, al decir que "Los jueces bajo ningún motivo podrán suspender o trabar el procedimiento del Banco para la venta en remate...". Semejante cosa obstruye el acceso al tribunal de justicia pertinente y, con ello, neutraliza de raíz el ejercicio de la jurisdicción.
El procedimiento perfilado en los preceptos d
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