Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76590
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.590, "Zheng, Wenwang contra Municipalidad de San Carlos de Bolívar. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, hizo lugar al recurso de apelación articulado por el actor y, en consecuencia, acogió la acción de amparo deducida contra la Municipalidad de Bolívar, declaró inaplicable, al trámite de habilitación 4013-76/19, las disposiciones del decreto municipal 2.253/18, disponiendo que las autoridades locales deberían continuar con las mentadas actuaciones sin someterlas al condicionamiento fijado en tal acto de alcance general (argumento arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 8 y concordantes, ley 13.928 -t.o. según ley 14.192-). Impuso las costas de ambas instancias a la comuna vencida (v. sentencia de fecha 1-X-2019, fs. 120/125).
Disconforme con dicho pronunciamiento la Municipalidad demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con fecha 9 de diciembre de 2019 (v. fs. 146/154), el que fue concedido por la Cámara interviniente el 3 de marzo de 2020.
Dictada la providencia de autos para resolver el 18 de noviembre de 2021 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Juzgado de Garantías n° 2 de Olavarría rechazó la acción de amparo promovida por el señor Zheng Wenwang contra la Municipalidad de Bolívar con el objeto que se declare la inaplicabilidad del decreto 2.253/18 al trámite de la habilitación comercial que solicitara. Ello por considerar que el interesado no había logrado demostrar el daño grave e irreparable que le hubiera provocado el tránsito por los carriles legales ordinarios.
Estimó que el objeto de la acción intentada exigía un conocimiento y análisis que excede el marco que permite este tipo de procesos, como así también que abocarse a aquel irrogaría un tiempo superior al que le demandaría su tratamiento a un organismo especializado y con amplio conocimiento por su especificidad de las cuestiones en juego.
Consideró que no existían razones que justificaran el juzgamiento anticipado de la cuestión por la vía del amparo, teniendo en cuenta que este es un remedio de excepción, y que la urgencia por sí sola no alcanzaba para que prosperara.
Agregó que el decreto cuya inaplicabilidad se requería no resultaba novedoso, pues la suspensión de la habilitación de locales comerciales de más de 150 metros cuadrados ya se había dictado en el año 2015 por decreto 368/15 y prorrogado por similares de los años 2016 y 2017, siendo el puesto en controversia aquí el correspondiente al año 2018.
Por ello resolvió rechazar el amparo intentado, con costas a la vencida.
II.1. Apelado dicho pronunciamiento por la parte actora, la Cámara de Apelación puntualizó que la vía del amparo resultaba un instrumento eficaz para concretar la protección reclamada, en atención a los derechos constitucionales cuya afectación denunció el actor, básicamente el derecho a trabajar, con sustento constitucional (arts. 14 bis, Const. nac.; 15 y 27, Const. prov.) y los perjuicios patrimoniales que irrogaría la aplicación a su caso del decreto municipal 2.253/18.
Señaló que siguiendo los lineamientos trazados por esta Suprema Corte de Justicia en la causa A. 73.886, "Martín" (sent. de 29-II-2017) correspondía tener en cuenta la naturaleza especial de los derechos en juego y la incidencia que sobre su tutela judicial habría de producir la retrogradación del proceso para una nueva tramitación (arts. 14 y 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
En esa línea, consideró que, de acuerdo al objeto de la pretensión, así como de las constancias de la causa, se advertía que acudir a las vías ordinarias podría generar un perjuicio de tardía, insuficiente o imposible subsanación posterior.
Ponderó que en situaciones como la verificada en el sub lite , el rigor de las formas puede conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela en el orden constitucional.
Ello, explicó, porque la decisión adoptada en primera instancia importaba obligar al recurrente a articular un nuevo proceso judicial luego de haber transitado todo el carril constitucional, camino que -en virtud del tiempo transcurrido y los plazos procesales ya dados- traduciría en la especie un exceso ritual y un dispendio jurisdiccional, y constituiría -en definitiva- una mera objeción formal reñida con el principio de tutela judicial continua y efectiva.
Concluyó, así, que la acción de amparo era el carril indicado para tramitar la cuestión planteada en los autos (art. 20 inc. 2, Const. prov. y ley 13.928 -texto según ley 14.192-).
II.2. Por su parte y ya con relación al fondo del asunto, indicó que el contenido del decreto municipal 2.253 emitido el 31 de diciembre de 2018 -cuya aplicación impedía al actor culminar el trámite de habilitación comercial, en tanto establece la suspensión del inicio de habilitación de locales comerciales destinados a la comercialización y venta minorista y/o mayorista cuya superficie sea de más de 150 metros cuadrados-, le imprimía las notas de generalidad, abstracción e impersonalidad asignables a los actos de alcance general y, por tanto, su conocimiento por parte de la comunidad, debía efectuarse en los términos del art. 125 de la ordenanza general 267/80.
Señaló que el mencionado decreto fue dictado por el Departamento Ejecutivo de Bolívar el 31 de diciembre de 2018 y, por fuera de la comunicación al Concejo Deliberante (art. 8), no surgía de su texto otra constancia que exteriorice la orden de publicación en los términos exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo municipal para su conocimiento por parte de la sociedad.
Consideró que tal extremo, sumado a la afirmación del amparista en torno a la ausencia de publicidad del referido decreto y a la falta de conocimiento previo de su contenido, eran hechos relevantes que conducían al tribunal a afirmar que la suspensión dispuesta por dicho acto carecía de eficacia respecto del actor, en razón de su falta de publicación.
A ello agregó, que tampoco era posible obtener la información a través del sitio web de la Comuna de Bolívar.
Meritó así que las disposiciones del decreto municipal 2.253/18 no alcanzaban al trámite de habilitación municipal iniciado por el actor bajo el expediente administrativo 4013-76/19, motivo por el cual acogió el recurso de apelación interpuesto por el amparista, revocó el pronunciamiento de grado e hizo lugar a la acción de amparo, declarando inaplicable al citado trámite de habilitación el decreto en cuestión.
III. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Alega que la sentencia de la Cámara resulta violatoria de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en innumerables fallos, y entre ellos cita las causas B. 64.902, "Clínica de Medicina Integral S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (IOMA) s/ Amparo", sentencia de 28-V-2003 y B. 67.392, "Álvarez, Elsa H. s/ Amparo", sentencia de 12-VIII-2009.
Sostiene que la viabilidad de la acción entablada requiere como indispensable la inexistencia de otro medio adecuado, o bien la configuración del supuesto en que la inminencia del daño hiciere ilusoria su reparación.
Entiende que la existencia de agravios a derechos constitucionales no justifica la demanda de amparo, si en el ordenamiento jurídico vigente existen acciones para su debida tutela que constituyan vía apta para la salvaguarda de intereses comprometidos.
Argumenta que, en el caso, el actor no manifestó adecuadamente cuál sería el daño grave e irreparable que la continuidad de la utilización de los remedios ordinarios legales le ocasionaría.
Refiere que el actor direccionó inicialmente su petición al ámbito administrativo con la interposición de un recurso de reconsideración contra un dictamen de la Dirección de Planeamiento, desistiendo de continuar con la vía procedimental (al aconsejársele que previo a obtener la habilitación municipal debería adecuar su comercio a las previsiones del decreto administrativo 2.253/18) y optando por entablar la acción de amparo, la que a todas luces no resulta ser la adecuada.
Esgrime que constituía una obligación propia y exclusiva del demandante, aguardar hasta el efectivo otorgamiento de la habilitación municipal para el inicio de la actividad comercial, tal como lo establece la ordenanza fiscal municipal vigente para el año en curso, por lo que si aquel hubiese actuado conforme las normas municipales lo estipulan, no se encontraría ante la situación de sufrir pérdidas en las mercaderías adquiridas.
Agrega, por último, que tampoco se ha privado al reclamante del derecho constitucional a trabajar, en tanto únicamente se le solicitó que proceda a adecuar el comercio adquirido a la legislación vigente. Era el único y último recaudo a cumplimentar para obtener la pertinente habilitación, optando el interesado por incoar la acción expedita en lugar de satisfacer el recaudo que se le exigía.
Remarca que en virtud de la materia objeto de demanda, la vía contencioso administrativa prevista por la ley 12.008 resulta ser la aplicable y la prevista especialmente para la obtención del resultado que persigue. Así, los procedimientos normales son más idóneos para su resolución y aptos para reparar de manera efectiva el derecho vulnerado, por no mediar razones que justifiquen el juzgamiento anticipado de la vía del amparo; teniendo en cuenta que la urgencia, por sí sola, no resulta suficiente.
En definitiva, plantea que no se ha demostrado la inexistencia o insuficiencia de la vía legal para la protección de los derechos que el actor entiende vulnerados. Como tampoco la existencia de arbitrariedad, ilegalidad e ineficacia de las vías ordinarias para la solución de la cuestión; ni acreditado el daño grave e irreparable o que la situación planteada vulnere algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos en la Constitución.
IV. Formula reserva del caso federal.
V. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
V.1. Corresponde señalar en primer lugar, que la Municipalidad de Bolívar invocó violación de la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en las causas B. 64.902, "Clínica de Medicina Integral S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (IOMA) s/ Amparo", sentencia de 28-V-2003 y B. 67.392, "Álvarez, Elsa H. s/ Amparo", sentencia de 12-VIII-2009.
Sin embargo, recuerdo que para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. mi voto en causas A. 74.071, "Cacho", sent. de 24-IV-2019; A. 75.277, "Albanese", sent. de 29-V-2019; A. 76.040, "Rossi", sent. de 26-XI-2021; e.o.) situación que no acontece en el caso.
Y resulta ineficaz la cita de la doctrina legal, si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los del caso en juzgamiento (doctrina causa A. 76.570, "Brunet", sent. de 8-XI-2022).
La cita de los pronunciamientos debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos debatidos. En el caso, por el contrario, se expone en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina que se reputa violada.
V.2. Por otra parte, cabe advertir que la recurrente solo enfocó su impugnación en lo relativo a la vía intentada, sin atender a los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada para estimar el amparo.
En efecto, la Cámara de Apelación ponderó, entre otras consideraciones, que la vía elegida resultaba un instrumento eficaz para concretar la protección reclamada, en atención a los derechos constitucionales cuya afectación denunció el actor, teniendo en cuenta los alegados y demostrados perjuicios patrimoniales que irrogaría la aplicación al caso del decreto municipal 2.253/18.
Consideró a su vez que, de acuerdo al objeto de la pretensión, así como de las constancias de la causa, se advertía que acudir a las vías ordinarias podría generar un perjuicio de tardía, insuficiente o imposible subsanación posterior, en tanto la decisión adoptada en primera instancia importaba obligar al recurrente a articular un nuevo proceso judicial luego de haber transitado todo el carril constitucional.
Por otra parte, señaló que el decreto 2.253/18 -que impedía al amparista culminar el trámite de habilitación comercial- no fue publicado, motivo por el cual, la suspensión dispuesta por dicho acto carecía de eficacia a su respecto.
Concluyó que la acción de amparo era el carril indicado para tramitar la cuestión planteada en los autos (art. 20 inc. 2, Const. prov. y ley 13.928 -texto según ley 14.192-) y le hizo lugar.
Esta estructura argumental no ha sido abordada y criticada con la suficiencia requerida por esta Corte para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El Tribunal ha sostenido que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona los fundamentos esenciales del fallo que impugna y que en cambio ha elegido elaborar su crítica sobre la base de una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (conf. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018; A. 73.367, "Fuente", sent. de 26-XII-2018; A. 70.823, "Gómez", sent. de 4-V-2016; A. 73.761, "Aguas Bonaerenses S.A.", sent. de 19-IX-2018; e.o.) a punto tal -agrego- que en el caso particular de autos el recurrente se ha limitado, prácticamente, a reiterar los planteos realizados oportunamente a la Cámara al contestar los agravios de la parte actora en su apelación (v. fs. 111/115).
En efecto, la impugnante se ha desentendido del fundamento lógico aplicado por el Tribunal de Alzada, discurriendo sobre puntos que no han sido los determinantes para resolver la causa, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura el fallo. Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo.
Ello constituye una de las causales de insuficiencia señaladas por esta Corte desde antiguo en atención a la clara y estricta manda del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
V.3. En consecuencia, estimo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas a la demandada vencida (conf. arts. 51 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
II. La Cámara de Apelaciones, tras revocar la sentencia de grado y reconocer la aptitud formal de la vía de amparo intentada, abordó el fondo del asunto e hizo lugar a la demanda al desconocerle eficacia al decreto 2.253/18. Lo anterior, con fundamento en lo que -entendió- era su deficiente publicación como acto de alcance general normativo, siendo por lo tanto inoponible al reclamante en el marco del trámite de habilitación o transferencia comercial de un establecimiento.
La recurrente no acomete contra este aspecto medular del decisorio, lo cual -independientemente de su acierto o error- torna aplicables las observaciones que se formulan en el punto V.2. del voto al que presto mi adhesión.
III. Con todo, también es cierto que el municipio pudo acudir ante esta sede extraordinaria convencido de que, con limitarse a neutralizar la viabilidad instrumental de la vía de amparo, lo dicho en el fallo atacado en cuanto a los méritos y procedencia de la acción habría de caer como lógica consecuencia.
Sin embargo, como bien expresa la doctora Kogan, el apelante ha fracasado en ese exclusivo intento al canalizarlo a través de una denuncia de violación de doctrina legal que, por las razones expuestas en el punto V.1. de su opinión, es inefectiva a los fines de la casación.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/06/2023 12:55:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2023 09:13:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/06/2023 16:21:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/06/2023 10:42:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2023 11:48:39 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/06/2023 12:05:48 hs. bajo el número RS-53-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia