Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78609
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.78.609 “BRANDERIZ LUCILA FERNANDA C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRO/A S/ AMPARO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
Los señores jueces doctores Torres, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata dictó sentencia por la que, en lo que aquí interesa, hizo lugar a la acción de amparo intentada por la señora Branderiz y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del inc. 3 del art. 10 del decreto 532/09 (reglamentario de la ley 13.927).
Para así decidir, descartó el planteo de falta de legitimación pasiva opuesta por la comuna demandada y se explayó en relación a la cuestión constitucional y la aptitud de la vía del amparo.
Respecto a la falta de legitimación pasiva, consideró que el Ministerio de Gobierno había transferido, por expresa previsión legislativa, una competencia que le es propia a las distintas municipalidades, encomendándoles el otorgamiento de las licencias de conducir.
Manifestó asimismo que los senderos rituales previstos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, difícilmente hubieran permitido a la actora plantear el caso ante los jueces del fuero bajo las circunstancias que se denuncian en el presente proceso constitucional.
Sostuvo que tampoco podría encauzarse lo ventilado en este juicio mediante la acción originaria de inconstitucionalidad prevista en el art. 161 inciso 1° de la Constitución provincial pues, en el sub lite , la demandante no había cuestionado directamente lo reglado por una norma, ni perseguía impugnar en abstracto su contenido.
Confirmó así la admisibilidad del amparo promovido en atención a la ausencia de idoneidad de las vías procesales ordinarias, a la entidad del menoscabo de los derechos alegados por la actora y al debate en torno a la constitucionalidad de las exigencias de cancelación de multas por infracciones de tránsito para dar trámite a la solicitud de emisión de la licencia de conducir.
I.2. Despejadas esas cuestiones, decidió abocarse a dar tratamiento a la cuestión de fondo debatida.
Destacó que ya había tenido oportunidad de expedirse sobre este punto en la causa A-4549-DO1, “Del Campo” (v. sent. de 5-II-2015), doctrina que habría de seguir por no mediar divergencias entre los hechos del presente caso y los que habían sido verificados en aquel precedente, más aún cuando aquella causa había sido confirmada por esta Corte mediante sentencia de fecha 10-VIII-2016 (v. causa A. 73.740, “Del Campo”) y en otros precedentes del Tribunal de Alzada.
Expresó que el requisito de contenido patrimonial impuesto por la norma reglamentaria -cancelación de las multas por infracciones previo a la renovación de la licencia de conducir-, no guardaba adecuada relación con el valor ligado a la seguridad vial que enarbolaba, en la medida que era evidente y desproporcionado el medio empleado -exigibilidad del pago- con relación al fin perseguido por el legislador -preservar la seguridad vial-, y que pasaba por alto los mecanismos legales establecidos expresamente en la ley provincial 13.927 para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito mediante la promoción de las acciones judiciales enderezadas a tal finalidad las que, respetando la garantía del debido proceso, le permitían en forma rápida y expedita procurar el cobro de tales acreencias por vía del proceso de apremio (conf. art. 35 bis, ley 13.927).
Asumió también que paralizar un trámite administrativo provincial o municipal con la pretensa justificación de que en otra jurisdicción extraña al Estado bonaerense, existe pendiente de conclusión un procedimiento sancionatorio del cual ningún control del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires cabe predicar, es consagrar un inconstitucional salvoconducto para la ablación de la tutela judicial continua y efectiva frente al accionar de los poderes públicos (cfr. art. 15, Const. prov.).
Señaló que el examen de validez de la norma provincial cuestionada a la luz de la limitación impuesta por el art. 28 de la Constitución nacional, ponía de manifiesto que los medios establecidos en el precepto impugnado no se adecuaban a los fines perseguidos por el legislador, resultando éste manifiestamente irracional, por lo que se imponía declarar su inconstitucionalidad.
I.3. Como consecuencia de todo ello, ordenó a la Municipalidad de General Pueyrredon a que en el plazo de diez días reanude el trámite iniciado por la amparista –tendiente a la obtención de su licencia de conducir-, permitiendo su continuidad hasta su debida culminación obviando la deuda que registraba en concepto de multas de tránsito, e impuso las costas de la instancia de grado a la demandada en atención a su objetiva condición de vencida (art. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-) y las de alzada en el orden causado, atento no haber existido contradicción tempestiva (art. 68 –segundo párrafo- del CPCC, v. sent. de 6-IX-2022).
II. Frente a lo así decidido, la comuna interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal denunciando absurdo, arbitrariedad, la violación de los arts. 5, 17, 18, 28, 31 y cc. de la Constitución Nacional; 10 ap. 3 del anexo II del decreto 532/09 y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita, como así también, la vulneración de los derechos de defensa, propiedad y debido proceso (v. presentación electrónica de fecha 23-IX-2022). El remedio fue concedido por la Cámara con fecha 27-XII-2022.
La recurrente formula largas argumentaciones, sosteniendo que los fundamentos de la Cámara devienen dogmáticos y rozan el formulismo jurídico excesivo, pues omiten realizar un análisis amplio e integral del plexo normativo imperante en materia fiscal y de seguridad vial, el que lógicamente concluye con un resultado desapegado al ordenamiento jurídico y a los fines perseguidos por el Estado.
Aduce que media un absurdo en el esfuerzo de la Cámara por demostrar la pertinencia del proceso de amparo como único instrumento eficaz para hacer frente, en este caso concreto, al comportamiento achacado a la accionada.
En prieta síntesis, reiterando conceptos vertidos en el recurso de apelación, la Municipalidad demandada -mediante cita de pronunciamientos de diversos órganos judiciales- argumenta que debió ceñirse obligatoriamente a la normativa que rige la materia, pues carece de atribuciones para modificarla, encontrándose frente a una sentencia arbitraria e incongruente que se aparta de la normativa vigente, al ordenar al municipio actuar en contra de leyes nacionales y provinciales.
III. El recurso no prospera atento la insuficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis ley 5827).
III.1. Es clara la doctrina de este Tribunal respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018; A. 76.273, "Colombo", resol. de 19-II-2020, e.o.).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016; A. 73.960, cit., e.o.).
En tal sentido, la apelante reitera argumentos vertidos al interponer el recurso de apelación, que han sido tratados y resueltos por la Cámara.
De las constancias de la causa surge que la a quo se ha explayado, tanto en relación a la cuestión constitucional como respecto a la aptitud de la vía del amparo.
Sobre ese modo de proceder esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 in fine , CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios razonadamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012 y A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016).
La argumentación de la recurrente no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia de la Cámara, desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas sin conseguir demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley (doctr. causas A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 73.169, "Liserre", sent. de 17-V-2017; e.o.).
III.2. Igual suerte corren los planteos relativos a la improcedencia de la vía del amparo.
La recurrente alega que no existió un acto manifiestamente arbitrario o ilegal.
Sin embargo, todo ello carece de entidad en razón de basarse en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes, en tanto se omite atacar el fundamento sobre el cual se asienta el pronunciamiento impugnado en relación con la procedencia de la acción promovida.
En efecto, la Cámara ponderó que frente a la consumación del debate que suscita el caso, el reparo de la comuna a la vía elegida se presenta como una mera objeción formal que, de ser escuchada, podría generar un perjuicio de tardía, insuficiente o imposible subsanación posterior.
Ninguna de estas razones han sido abordadas y criticadas con la suficiencia requerida por este Tribunal para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, resultando insuficiente el que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía bastante para dar sustento al pronunciamiento (doctr. causas A. 71.535, "A., G. C.", sent. de 30-X-2013; A. 74.567, "García", sent. de 3-IV-2019; A. 75.836, "Perez", sent. de 20-XI-2019; e.o.).
En el caso, la recurrente omite indicar la falla del decisorio o las transgresiones que atribuye a los juzgadores. En definitiva, no pasan sus asertos de la mera enunciación, cuando es sabido que resulta requisito de ineludible cumplimiento la crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (conf. causas A. 70.596, "Gonzalez", sent. de 24-IX-2014; A. 74.567, cit., A. 76.393, "Sales", resol. de 19-VIII-2020; A. 78.147, "Aramayo", resol. de 20-III-2023; entre otras).
III.3. Por otra parte, deviene ineficaz la mención de la doctrina legal efectuada por la recurrente porque, en los precedentes de este Tribunal invocados por ella, mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentan en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021 y A. 76.002, "Agustoni", sent. de 22-IX-2021, e.o.).
Además, cabe señalar que la doctrina legal a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de las sentencias de esta Corte y no la que se desprende de los fallos de otros tribunales, como la referida por la recurrente (doctr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 74.706, "Gallina", resol. de 12-VII-2017 y A. 76.829, "Belmonte", resol. de 30-III-2021, e.o.).
III.4. Para más, se advierte que la recurrente, al concluir sosteniendo que media un absurdo en el esfuerzo de la Cámara por demostrar la pertinencia del proceso de amparo como único instrumento eficaz para resolver este caso, no ha demostrado que tal razonamiento haya incurrido en el vicio lógico que supone esa causal, no planteando más que una mera disconformidad con el sentido de lo decidido, resultando esta discrepancia insuficiente para modificar el pronunciamiento atacado.
Tiene dicho esta Corte, que el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. causa Ac. 64.420, "Tamborenea", sent. de 1-XII-1999; A. 77.561, "Ferreyra", resol. de 9-II-2023, e.o.).
Tal situación extrema está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
IV. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/06/2023 12:55:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2023 09:13:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/06/2023 16:22:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/06/2023 10:42:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2023 11:48:44 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2023 12:06:02 hs. bajo el número RR-600-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia