Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76982
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.982, "Ricci, Irma María contra Provincia de Buenos Aires. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Carral, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de la misma ciudad, que desestimó los planteos de incompetencia, declinatoria y citación de tercero efectuados e hizo lugar a la acción de amparo promovida, ordenando al Instituto de Previsión Social (IPS) que practique las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias debido por la actora únicamente sobre el concepto "sueldo básico" de su haber.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora Irma María Ricci promovió acción de amparo contra el Instituto de Previsión Social (IPS), solicitando que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17 de septiembre de 2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas; 4.385/00 y 436/19, emanadas de esta Suprema Corte; y la jurisprudencia sentada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata en las causas 24.273, "Servin", sentencia de 11-VII-2019; 25.517, "Colavita", sentencia de 16-VI-2020 y 25.315, "Perazzo", sentencia de 18-VI-2020.
Con respecto a la competencia para entender en el litigio planteado, señaló que la acción impulsada no busca evitar el pago del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, materia que correspondería al fuero federal, sino obtener una sentencia que condene al IPS -órgano provincial- a liquidar correctamente los haberes. En abono de esta posición invocó lo resuelto por la jueza de grado en la citada causa "Servin"; la decisión adoptada por la Cámara antes nombrada en el caso "Ilari, Liliana Elisa"; y el pronunciamiento de la Corte nacional recaído en autos "Baum, Daniel", resolución de 6-X-2015.
Relató que, como jubilada del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el IPS liquida y abona mensualmente su haber, practicándole una retención en concepto de impuesto a las ganancias, para calcular la cual toma en cuenta la totalidad de los rubros que componen la prestación.
Explicó que la problemática relativa a la inclusión de diversos conceptos dentro de la base de cálculo del impuesto a las ganancias motivó en su momento el dictado de la Acordada 56/96 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la resolución 4.385/00 de esta Suprema Corte, mediante la cual se excluyeron del cómputo los rubros denominados gastos funcionales, bonificación especial, bloqueo de título, bonificación por antigüedad y permanencia, es decir, todos aquellos que no constituyan el haber básico.
Añadió que, de manera análoga, el Tribunal de Cuentas dictó las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17 de septiembre de 2009 y 5/19, ordenando que las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias de los empleados del organismo se practicaran únicamente sobre el sueldo básico, pero que esto no fue cumplido por el IPS para el caso de los jubilados.
En cuanto a la admisibilidad de la acción de amparo impulsada, sostuvo que se trata de la única vía suficientemente capaz de proporcionarle tutela judicial efectiva y que se encuentran configurados los requisitos previstos en los arts. 20.2. de la Constitución provincial y 2 de la ley 13.928. Aseguró encontrarse dentro del plazo de treinta días establecido por el art. 5 de la ley 13.928, en el entendimiento de que este se interrumpe todos los meses debido a la reiteración de la conducta adoptada por el IPS, que -en su visión- genera un "estado de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta continuado" hasta el presente.
Añadió que la situación descripta conlleva una arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, ya que la entidad previsional desoye e incumple las resoluciones del Tribunal de Cuentas y de esta Corte que han sido citadas. Acusó asimismo una notoria alteración del principio constitucional de igualdad, debido al diferente tratamiento dispensado por un lado a los trabajadores en actividad y por otro, a los jubilados del Tribunal de Cuentas. Alegó también violación del derecho de propiedad, de derechos alimentarios como los haberes previsionales y de los principios rectores en materia de seguridad social.
Más adelante, requirió el dictado de una medida cautelar, aduciendo el cumplimiento de los requisitos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y no afectación del interés público.
Finalmente, solicitó que se dicte sentencia definitiva, ordenando al IPS cumplir lo establecido mediante las resoluciones de esta Suprema Corte y el Tribunal de Cuentas que antes han sido citadas; y que en consecuencia el organismo liquide las retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sin considerar ningún otro rubro por fuera del "haber/sueldo básico".
II. En oportunidad de contestar demanda, la Fiscalía de Estado planteó, ante todo, la incompetencia del fuero provincial para conocer en el caso planteado, solicitando al tribunal provincial actuante que declinase su intervención.
Adujo que la cuestión predominante reside en la aplicación de un impuesto nacional sobre el haber jubilatorio de la amparista, con independencia del modo en que esta Suprema Corte ordenara liquidar el gravamen respecto de los agentes en actividad. Añadió que el IPS actúa como responsable por deuda ajena (agente de recaudación) y que realiza retenciones en virtud de una obligación impuesta por una ley nacional, relacionada con un impuesto cuyos elementos y sujetos también son determinados por normas nacionales. Manifestó que lo que se discute en definitiva es el modo de calcular la base imponible de un tributo regido por las leyes nacionales 11.683 y 20.628.
Más adelante, hizo saber que el IPS fue debidamente notificado del traslado de demanda y que produjo un informe que acompañó con la contestación. Entre otras consideraciones, destacó que, según este, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respondió una consulta atinente a la temática aquí discutida, indicando que la Acordada 56/96, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...es de aplicación para aquellos empleados [...] que, en ejercicio de su labor, hayan asumido los gastos cuya deducibilidad es reconocida por dicha norma del Poder Judicial, lo cual impide su aplicación por parte de los jubilados, ya que se carece de nexo causal entre el reembolso de gastos que se asumen en el ejercicio de la actividad y el haber jubilatorio...".
Seguidamente, señaló que -a su entender- la normativa aplicable al caso se encuentra constituida por la ley 20.628, su decreto reglamentario 628/96, la resolución general de la AFIP 2.437 y demás leyes modificatorias y decretos reglamentarios. Puntualizó que la actuación del IPS como agente de retención del impuesto a las ganancias se enmarca en los lineamientos establecidos por la resolución general de AFIP 4.003. En relación con lo expuesto, argumentó también que las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte, resultan aplicables a los empleados del Poder Judicial en actividad, no así a sus agentes pasivos. Idéntica conclusión extendió a las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17 de septiembre de 2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas, que consideró inoponibles a su representada.
En otro orden, planteó que el Estado provincial no es legitimado pasivo de la relación jurídica controvertida en autos. Consideró que, en tanto reviste carácter de agente de retención, el IPS no integra la relación jurídica sustancial y que no se encuentra facultado legalmente para determinar quiénes son los sujetos obligados al pago del impuesto discutido, el hecho o la base imponible, sino que todos esos parámetros surgen de normas nacionales a las que el organismo debe ajustar su actuación.
Con posterioridad, reputó inadmisible la vía procesal elegida por la actora, debido a la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, a la falta de afectación de derechos constitucionales fundamentales y a la inexistencia de razones graves de urgencia que justifiquen la promoción de un amparo.
Destacó que -a su entender- el remedio excepcional del amparo excede la posibilidad de ventilar cuestiones de índole económica; que las deducciones impositivas no son parte del haber jubilatorio, motivo por el cual no se afectaría en la especie el principio de movilidad jubilatoria; que la parte actora no pretende hacer efectiva la garantía de progresividad, sino "...establecer una situación artificialmente mejorada..." que nada tiene que ver con aquella; y que tampoco se hallarían en juego derechos alimentarios.
Por último, solicitó la citación como tercero del Estado nacional (AFIP), ofreció prueba, designó las personas autorizadas a intervenir en el expediente, hizo reserva del caso federal y peticionó tanto que se haga lugar a la declinatoria de competencia planteada como que en su oportunidad se rechace la acción incoada.
III.1. Con fecha 26 de agosto de 2020, el Tribunal Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata declaró admisible la acción impulsada e hizo lugar a la medida cautelar solicitada.
Ordenó entonces a la demandada que efectuara las retenciones del impuesto a las ganancias computando como base imponible únicamente el concepto "sueldo básico" del haber de la actora.
III.2. Al dictar sentencia definitiva, el tribunal interviniente rechazó los planteos de incompetencia, declinatoria y citación de tercero e hizo lugar a la acción de amparo promovida, reiterando la orden dirigida al IPS, para que el organismo practique las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias debido por la actora únicamente sobre el concepto "sueldo básico" de su haber.
En esa dirección, recordó que, en casos reputados análogos, donde se discutía la interpretación y aplicación que organismos locales de la seguridad social hacían de la ley nacional de impuesto a las ganancias, la Corte federal entendió que resultaba competente la justicia provincial (causas "Baum", sent. de 6-X-2015 y "Buffoni", sent. de 18-XII-2018).
Consideró que la doctrina allí sentada resultaba enteramente aplicable en la especie. Observó que la demandada postulaba un criterio divergente, pero cuestionó que no se hiciera cargo de la jurisprudencia de la Corte nacional -citada al dictarse la medida cautelar- ni de la adoptada en las causas "Servin", "Colavita" y "Perazzo" por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata.
Puesto a abordar el fondo de la cuestión debatida, trajo a colación lo expuesto por la Corte nacional en la causa "García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia de 26-III-2019, donde el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en la medida en que grava las jubilaciones sin contemplar un tratamiento diferenciado por razones de ancianidad o enfermedad. En particular, aludió a las reflexiones formuladas en torno al principio de igualdad en los considerandos 9° y 10° del voto mayoritario recaído en dicho pronunciamiento. Destacó también que "...el envejecimiento y la discapacidad -los motivos más comunes por los que se accede al status de jubilado- son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales" (cons. 13°, voto y causa cit.).
Tras ello, advirtió como paradójico que la actora, exagente del Tribunal de Cuentas, apenas se jubiló hubiera visto sustancialmente disminuidos sus ingresos, debido a que el IPS practica la retención en concepto de impuesto a las ganancias sobre la totalidad del haber, situación que no acontece con los trabajadores activos de dicho organismo, a mérito de las resoluciones antes citadas.
De allí extrajo que el obrar del organismo previsional, en su calidad de agente de retención, crea una desigualdad en desmedro de una persona jubilada, perteneciente como tal a un grupo vulnerable. Apreció que esto lesiona -con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas- la garantía de progresividad, consagrada en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; y que configura una situación desigual e inequitativa en perjuicio de una persona mayor, quien -en cambio- debería recibir un trato preferencial.
En abono de la conclusión alcanzada, invocó asimismo la jurisprudencia sentada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata en las causas "Servin", sentencia de 11-VII-2019 y -sobre todo- "Colavita", sentencia de 16-VI-2020.
IV. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia.
Mediante el voto del doctor Spacarotel (al cual adhirieron el doctor De Santis y la doctora Milanta), en primer lugar, el Tribunal de Alzada repasó la evolución jurisprudencial verificada entre las causas B. 68.136, "Campagna", resolución de 9-III-2005 y B. 75.378, "Blesser", resolución de 21-XI-2018.
Sobre la base de lo establecido en este último precedente y señalando que la controversia de autos se encuentra directamente relacionada con el obrar de un órgano de la administración pública provincial en ejercicio de funciones administrativas, la Cámara declaró su competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto, pese a que la resolución recurrida versa en parte sobre materias no mencionadas por el art. 16 de la ley 13.928 (como el planteo de incompetencia y declinatoria formulado por la actora).
Remitió luego a precedentes propios y al criterio sentado por la Corte nacional en las causas "Baum", sentencia de 6-X-2015; y "Buffoni", sentencia de 18-XII-2018. Con tales fundamentos, convalidó la competencia de la justicia local en casos como el de autos, donde se cuestiona la interpretación de una norma nacional (la Ley de Impuesto a las Ganancias) efectuada por autoridades provinciales, lo cual incide en la percepción del haber jubilatorio reconocido.
Añadió que el pronunciamiento atacado se expidió acerca de la legitimación del ente demandado con arreglo a la jurisprudencia que citó, motivo por el cual descartó el agravio de la Fiscalía de Estado basado en la presunta omisión de dicha cuestión.
Con respecto al rechazo de la citación de la AFIP como tercero, destacó ante todo que tal decisión resulta inapelable en el amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 16 de la ley 13.928. Agregó que, en la especie, el objeto de la pretensión no viene determinado por un acto expreso ni tácito de la AFIP, sino que se encuentra relacionado con el obrar del IPS en su carácter de agente de retención del impuesto a las ganancias.
También estimó aplicables al presente caso las consideraciones previamente vertidas en las causas 24.273, "Servin", sentencia de 11-VII-2019; 25.517, "Colavita", sentencia de 16-VI-2020 y 26.200, "Bosnic Bagatela", sentencia de 22-IX-2020.
Puntualizó que allí se admitió la vía del amparo para analizar y resolver plataformas fácticas similares a la aquí discutida, relacionadas con la determinación de los conceptos que deben computarse como base imponible respecto de la retención del impuesto a las ganancias para determinados agentes pasivos.
De ahí extrajo a su vez que las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17 de septiembre de 2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas, en tanto establecen los conceptos que integran la base imponible para la retención del impuesto a las ganancias de sus agentes, resultan de aplicación tanto para los sujetos activos como para quienes se hallen en situación de pasividad.
Observó en tal sentido que las resoluciones citadas no contienen una restricción o exclusión de personas jubiladas como la actora, motivo por el cual interpretó que no corresponde limitar su alcance a los agentes activos del referido organismo constitucional.
Sostuvo que -a su entender- la conducta de la demandada vulnera la garantía de progresividad que rige en materia de seguridad social, consagrada por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Con cita del pronunciamiento de la Corte nacional recaído en la causa "C., J. C.", sentencia de 30-IV-2020, expresó que "...a partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber de brindar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. En ese orden, [...] el envejecimiento y la discapacidad son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales...".
Concluyó que la conducta reprochada importa una infracción jurídica manifiesta y como tal es susceptible de censura.
V. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 91/01, sin número de fecha 17 de septiembre de 2009 y 5/19, dictadas por el Tribunal de Cuentas; de la resolución general 4.003, dictada por la AFIP; de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios-; y de los arts. 4, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 22, 25 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20.2., 39.3. y concordantes de la Constitución provincial y 16, 17, 18, 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional.
Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
En el punto VII.a. de su escrito, aborda "la cuestión de competencia". Manifiesta en tal sentido que el IPS se desempeña como agente de retención del impuesto a las ganancias y que no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes, para luego ingresarlas en las arcas del primero.
De allí deriva que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión. Aduce que la propia Cámara concedió razón a sus argumentos al admitir que en autos se cuestiona exclusivamente la "base imponible" del impuesto a las ganancias.
Para resolver la cuestión de la competencia, estima dirimentes la fuente normativa que rige el caso y la aut
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