Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78142
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.142, "Rosato, Antonio y otros contra Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) s/ amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso interpuesto por la parte demandada. Como consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la acción de amparo promovida por los actores, profesionales médicos, contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
Disconformes con ese pronunciamiento, estos últimos interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley. La Cámara actuante denegó el primero y concedió el segundo.
Dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Un grupo de médicos traumatólogos y/u ortopedistas que actúan en el ámbito de la ciudad de La Plata promovieron acción de amparo, junto a lo que denominan una medida autosatisfactiva, contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
Lo hicieron invocando los arts. 14 bis, 16, 17 y 43 de la Constitución nacional y 15, 20, 31, 32, 36 inc. 8 y 39 de su par provincial, a fin de que ese organismo les permita ejercer libremente su profesión, la cual se habría visto afectada tras la decisión del colectivo de sustraerse del régimen del IOMA tras no arribar a un acuerdo respecto a sus remuneraciones por intermedio de la agremiación que los nuclea, lo que llevó a la demandada a dejar de autorizar sus órdenes y prescripciones aun cuando sus pacientes fueren afiliados de la obra social estatal.
I.2. En su presentación inicial relataron que, a mediados del año 2020, el IOMA y la Agremiación Médica Platense (AMEPLA) mantuvieron negociaciones a fin de fijar los valores a abonar a los profesionales por las distintas prácticas que se realizan a los afiliados del Instituto. Consignaron que luego de unos meses se firmó un acta-acuerdo que, si bien fue legítimamente aprobada en la AMEPLA, generó descontento entre muchos de los galenos.
Explicaron que la AMEPLA -entre otras cosas- funciona como entidad intermedia encargada de cobrarle a las distintas obras sociales con las que tiene convenio la facturación de los médicos asociados a ella, para luego depositarle a cada uno el importe correspondiente a los pacientes atendidos, previo descuento de un porcentaje por el servicio facilitado. Subrayaron que el IOMA resulta ser la obra social de mayor cantidad de afiliados con la cual AMEPLA tiene vínculo.
Señalaron que en el mes de noviembre de 2020 decidieron "desempadronarse" del IOMA, a través de la AMEPLA. De modo tal que esta agremiación ya no actuaría como agente de cobro para esos médicos y estos, a su vez, pasarían a estar fuera de la órbita del Instituto, a menos que se empadronasen individualmente.
Comentaron que esa medida, adoptada por un gran número de especialistas en traumatología y ortopedia, no fue bien recibida por las autoridades del IOMA, que de inmediato inició un accionar que tildan de "distorsivo" y que resumen en la efectiva proscripción de tales profesionales en las clínicas privadas de la ciudad de La Plata. Las cuales, por carecer los actores de convenio con el IOMA y ante el temor a que este no pague los gastos de salud, habrían dejado de trabajar con esos médicos aun cuando el paciente estuviera dispuesto a abonar los honorarios de su propio bolsillo.
Indicaron que la reacción a su desvinculación se tornó pública y así surge de la página web del Instituto, en la cual se pude leer que la "...decisión particular de los 190 profesionales de traumatología en la ciudad de La Plata de darse de baja del IOMA, los imposibilita de poder recetar, prescribir e internar pacientes por la obra social ya que la normativa vigente determina expresamente que la condición de 'inscripto en el padrón de IOMA', la debe cumplir la y el profesional médico al momento de atender a las/os afiliadas/os de la obra social". Agregaron que esta advertencia fue comunicada, también, a la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) y a sus filiales.
I.3. En el plano jurídico, leyeron la ley 6.982 (t.o. decreto 179/87, con sus modificatorias) -en particular, sus arts. 11 y 22- como no exigiendo inexorablemente hallarse empadronados en el IOMA para poder emitir órdenes médicas, siendo ello un dato irrelevante en la medida en que el paciente esté afiliado al Instituto o no se requiera de este la cobertura económica de la prestación (v.gr., porque la abonará el propio paciente).
Luego invocaron la ley nacional 17.132 para el arte de curar y reglas de ejercicio de la medicina, además de la ley provincial 4.534 reglamentaria de la misma materia, de las cuales dijeron que no podía extraerse el requisito de contar con un convenio especial con una obra social para poder desempeñarse como médicos.
Denunciaron así la violación de distintos derechos constitucionalmente consagrados ( i.e., a trabajar, a ejercer industria lícita, a usar y disponer de su propiedad, a no asociarse -reflejo del derecho a asociarse con fines útiles- y a la igualdad ante la ley), indicando que se debía analizar la postura del IOMA como si se tratase de una entidad ejerciendo una posición dominante en el mercado. Lo anterior, en tanto que al establecer la afiliación obligatoria de todos los dependientes provinciales tendría una "clientela captiva" que no puede prescindir de sus prestaciones.
II.1. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 10 del Departamento Judicial de La Plata resolvió hacer lugar a la acción interpuesta, condenando al IOMA a permitirle a los amparistas recetar, prescribir tratamientos, prótesis e internar pacientes a través de dicha obra social, debiendo recibir un trato igualitario -con idéntica cobertura y contralor- respecto de los médicos empadronados.
Tras desestimar la excepción de falta de legitimación activa y las quejas en torno a la admisibilidad formal del amparo, en lo medular corroboró el extremo denunciado por los actores respecto a las dificultades prácticas de ejercer su profesión luego del desempadronamiento de las cartillas del IOMA.
En tal sentido, verificó que la reglamentación de la AMEPLA preveía la exclusión voluntaria del padrón de prestadores de determinadas obras sociales, mutuales, prepagas u otras instituciones similares. Destacó que de allí surgía que tal cosa se hallaba permitida, pero que ello implicaba un compromiso de no brindar atención por las obras sociales respecto de las cuales se solicitó la baja, con apercibimiento de sanciones. Pero notó que, de seguido, se aseguraba que el médico quedaba sujeto a las normativas de la obra social o mutual con las que atendiere por intermedio de sus pacientes.
Por encontrar a ese par de consecuencias contradictorias y dado que, en definitiva, primaba el estatuto de la obra social por sobre la reglamentación de la agremiación, dijo que era inadecuado sostener apriorísticamente que el desempadronamiento importara una prohibición de pleno derecho para recetar u ordenar intervenciones quirúrgicas a través del IOMA.
II.2. Con esa aclaración preliminar, analizó si la postura asumida por este último se ajustaba a la normativa aplicable, juzgando que ella se mostraba abusiva, irrazonable y violatoria de los derechos a trabajar, a la salud y a la igualdad ante la ley.
Así, destacó que el art. 11 de la ley 6.982 dispone que "La prestación asistencial se realizará por los profesionales inscriptos en el Instituto a través de su entidad representativa o en forma individual".
Consideró que dicho dispositivo "...admite dos lecturas diametralmente opuestas: a) la sostenida por la demandada; es decir aquella que deriva de este precepto la inscripción a los cuadros del IOMA como condición 'sine qua non' para efectuar prestaciones asistenciales y b) la enarbolada por los amparistas; esto es la interpretación según la cual pueden seguir ejerciendo su profesión (independientemente de la inscripción o no), sin derecho -claro está- a reclamar al Instituto retribución de honorario alguna".
De las dos, la magistrada se inclinó por la segunda, priorizando la relación afiliado-obra social, debiendo resultar indiferente la vinculación del médico con el seguro de salud. De lo contrario, dijo, "...una cantidad llamativamente considerable de bonaerenses quedarán sin cobertura asistencial por el hecho de que su profesional tratante haya decidido desempadronarse de su obra social...". Y si bien reconoció que el paciente siempre puede acudir a otro profesional adscripto al IOMA, la cuestión excedía lo estrictamente monetario y abarcaba temas ligados con la confianza profesional.
Añadió la necesidad de evitar un enriquecimiento sin causa por parte del Instituto, pues si este se beneficiaba patrimonialmente a partir de los aportes mensuales que hacen los afiliados y que se debitan de sus sueldos, mal podrían estos recibir una negativa a la hora de hacer valer sus derechos a la asistencia que aquel ligamen compulsivo importaba.
Aclaró que lo resuelto en forma alguna implicaba neutralizar las facultades de control y auditoría del IOMA, las que podía seguir ejercitando aun cuando el profesional tratante se hubiera autoexcluido de su padrón.
Disconforme, la Fiscalía de Estado recurrió la decisión.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de la representación fiscal. Revocó la sentencia atacada y, por mayoría, rechazó la acción de amparo promovida.
III.1. Tras recalcar que la acción no se vinculaba con los beneficiarios del sistema de salud sino con un grupo de galenos -ni tampoco con aquellos afiliados que, por razones geográficas o médicas justificadas, podían válidamente atenderse con médicos no conveniados- subrayó que en autos no había mediado pedido ni descalificación constitucional del marco normativo aplicable (la ley 6.982 y el decreto 7.881/84).
Por lo tanto, planteó que el caso estaba limitado "...en su objeto, a un propósito de los actores por ejercer su profesión por fuera del sistema de la obra asistencial, en mérito a su descontento con los aranceles reconocidos, según lo exponen, y a su voluntad de desvincularse de la mecánica asistencial, pero con el reconocimiento del IOMA de las prácticas que ordenen a sus pacientes afiliados al sistema y en las mismas condiciones que los médicos empadronados bajo las pautas de convenio y los aranceles reconocidos" (v. pto. 4, cuarto párr., voto del juez De Santis).
Viéndolo de ese modo, adelantó que no se configuraba una acción u omisión manifiestamente antijurídica por parte de la demandada, condición necesaria para la procedencia del amparo (conf. art. 20 inc. 2, Const. prov.).
III.2. En el voto que abrió el acuerdo se cuestionó el enfoque adoptado por la jueza de primera instancia, al soslayar el marco institucional del IOMA y mirar únicamente a la supuesta violación al ejercicio de la profesión liberal de los actores.
Desconoció que en la especie pudiera haberse quebrantado la garantía a la igualdad, pues aquí medió un sometimiento voluntario -y luego, una desvinculación también voluntaria- a un régimen determinado, aceptando sus condiciones, para luego pretender los impugnantes seguir gozando de sus beneficios, aunque sin sujeción a regla alguna. En esa línea, entendió que no reportaba un trato discriminatorio ilegítimo aquel dispensado a los médicos empadronados con el Instituto y el otorgado a quienes se sustrajeron de su órbita por decisión propia en el ejercicio de su autonomía. Vio aplicable aquí la teoría de los actos propios.
Descartó la tesis de la "posición dominante" y negó que la imposibilidad de trabajar a través del IOMA torne ilusorio el libre ejercicio profesional de la medicina, al no ser la única obra social en existencia.
Restó valor al argumento acerca de la libre elección del prestador consagrada en el art. 1 de la ley 6.982, pues dijo que esa premisa se insertaba dentro de un sistema regulatorio más acabado y, en rigor, operaba en favor del paciente, quien tenía la libertad de escoger al médico, pero siempre entre aquellos profesionales que integraban la cartilla respectiva controlada por el IOMA (conf. arts. 1, 11 y 22, ley cit.). Advirtió que cualquier desvío de esta regla era excepcional, a discreción del Directorio y siempre teniendo en cuenta las necesidades particulares de algunos afiliados (v.gr., por su lugar de residencia o condición patológica).
Censuró así la sentencia de grado en términos de que los textos legales involucrados, no impugnados en cuanto a su constitucionalidad, eran claros y "...desautorizan un entendimiento extensivo edificado a partir de derechos de los afiliados, que no sólo no han sido predicados por sus titulares, sino extendidos a prestadores desvinculados del sistema, ingresando en un escenario de oportunidad siempre vedado a la jurisdicción" (v. pto. IV, vigesimoquinto párr., voto del juez De Santis).
Por todo ello, sin dejar de insistir en que el IOMA se condujo dentro de sus normas de actuación, descartó la configuración de una conducta manifiestamente arbitraria de su parte, capaz de ser ventilada y remediada a través del proceso constitucional del amparo.
III.3. Esos fundamentos fueron replicados en el voto del juez Spacarotel, quien atendiendo básicamente a la falta de impugnación constitucional del régimen normativo -que también catalogó de claro-, el tipo de derechos invocados por el colectivo de actores, sus actos voluntarios y la ausencia de un trato groseramente desigualitario, reputó que aquí no estaban dados los extremos configurativos de una conducta manifiestamente arbitraria, única que cabía ser ventilada en el estrecho marco cognoscitivo de la vía seleccionada.
III.4. Por su parte la jueza Milanta, en disidencia parcial solo en lo tocante a la propuesta de solución, coincidió en el error de juzgamiento de la instancia anterior, pero propició una sentencia que buscase componer la situación presentada a través del diálogo entre los actores involucrados, mandando a integrar una mesa de trabajo entre las partes en lugar de avanzar con la desestimación del reclamo, como sentenciaron sus dos colegas.
IV. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, algunos actores interpusieron recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley. Se denegó el primero y concedió el segundo.
En el de inaplicabilidad de ley los médicos plantean, ante todo, la violación del derecho a trabajar consagrado en el art. 14 de la Constitución nacional.
Apuntan asimismo que el derecho a asociarse, previsto en el mismo artículo, contiene correlativamente el derecho a no hacerlo. De modo tal que la imposición de empadronamiento a una obra social para poder ejercer su profesión lícita, sería a todas luces inconstitucional.
Proponen que semejante obligación quebranta, adicionalmente, la igualdad ante la ley de la que habla el art. 16 del texto fundamental.
Consideran también vulnerado el derecho de usar y disponer de lo que entienden es su propiedad privada (art. 17, Const. nac.).
En el plano estatutario, desconocen que lo actuado por el IOMA tenga anclaje legal en el texto de la ley 6.982.
Finalmente, insisten en que la ley nacional 17.132 y la ley provincial 4.534 sobre el arte de curar nada mencionan respecto a la necesidad de encontrarse afiliado (ya sea de manera individual o colectiva) a una entidad a fin de poder ejercer la profesión, además de reiterar que el art. 1 de la ley 6.982 que gobierna el IOMA entroniza el principio de libre elección del médico.
V. Por su insuficiencia, considero que el recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
V.1. Conforme surge de la reseña que antecede, para fundar su decisión la Cámara de Apelación juzgó, de un lado, que en el caso no se encontraba acreditada la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta por parte de la demandada, en contraste con las normas aplicadas y su conducta; y por el otro, que el proceso no contiene una descalificación constitucional de las normas de aplicación.
De esa manera concluyó que la sentencia de primera instancia, que había resuelto hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, no encontraba sustento ni en la normativa propia del sistema asistencial que rige la especie, como tampoco en la vulneración de los derechos constitucionales esgrimidos, propios de los profesionales médicos que aquí accionan ( i.e. , ejercicio de profesión lícita, propiedad, no-asociación e igualdad).
V.2. En el recurso extraordinario interpuesto contra esa decisión, los recurrentes plantean la violación de una serie de derechos consagrados en la Constitución federal y citan la ley nacional 17.132 y su par provincial ley 4.534, referidas a los requisitos para ejercer la medicina.
También traen a colación la ley orgánica del IOMA (ley 6.982 y su decreto reglamentario), haciendo hincapié en las distintas prestaciones que el ente asistencial otorga a sus afiliados (art. 22) y al principio de libre elección del médico tratante (art. 1).
V.2.a. Como puede observarse, el recurso no pasa de la mera enumeración genérica de derechos o normas presuntamente violadas, desatendiéndose por completo de las razones esgrimidas en la sentencia de la Cámara y los motivos allí desarrollados para abastecer la decisión (art. 279, CPCC).
En tal sentido, cuando los recurrentes invocan la ley orgánica del IOMA, lo hacen en referencia a la regulación de las distintas prestaciones que el sistema prevé y al principio sentado en el art. 1 que habla, como se dijo con anterioridad, de la libre elección del profesional.
Pero no se hacen cargo del fundamento que estructura la decisión del Tribunal de Alzada, relacionado con la falta de acreditación en el caso de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta por parte de la demandada a tenor de lo previsto en otras partes del mismo texto legal -el cual todos los camaristas reputaron claro y sin que haya mediado tacha de inconstitucionalidad de sus preceptos-, los que requieren de la integración del médico a su sistema asistencial para habilitar la cobertura de las órdenes de prácticas y terapias que indiquen para sus pacientes afiliados (arts. 11 y 22 última parte, ley 6.982 y decreto 7.881/84).
La lectura integral hecha por la Cámara de ese marco normativo, interrelacionando el principio general del art. 1 con lo dispuesto en los arts. 11 y 22, que cualifican esa libertad de elección a que los profesionales médicos estén empadronados en el IOMA, no es objeto de crítica efectiva.
V.2.b. Tampoco se repara en algo advertido por la Fiscalía de Estado en su recurso ordinario y deslizado en el voto del juez De Santis (v. pto. IV, séptimo párr.), respecto a la falta de ponderación en la sentencia de grado de lo concerniente a las atribuciones de control y auditoría en cabeza del IOMA, lo cual -explicó en su hora la representación estatal- torna necesario contar con un registro de profesionales admitidos a fin de garantizar, a su turno, prestaciones adecuadas a los afiliados. Los recurrentes optan por mostrar a esa exigencia como absolutamente caprichosa, carente de toda base racional, cuando en el proceso hay indicios como para creer que existen razones justificantes que directamente no se confrontan.
Cabe recordar que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales
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