Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78611
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine, CPCC).
A.78.611 “FUNDACION AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES C/ ORGANISMO PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE S/ AMPARO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
Los señores Jueces doctores Torres, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de grado que admitió la acción de amparo promovida por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y condenó al entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) a brindar -en forma completa y detallada- la totalidad de la información ambiental requerida en los puntos 1 a 7 del escrito de inicio relativa a la cuenca Matanza-Riachuelo, bajo apercibimiento de aplicar astreintes. Impuso las costas a la demandada en su condición de vencida (v. sent. de 20-IX-2022).
Para así decidir, sostuvo que a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública ambiental debía confirmarse el fallo de primera instancia, pues consideró que la respuesta parcial e incompleta brindada por la demandada a instancia judicial denotaba un incumplimiento en el deber de brindar la información requerida por la parte actora.
Consideró que la omisión de responder de modo oportuno conforme plazo de ley (art. 8, ley 25.831) configuraba la infracción jurídica prevista en el Régimen de Libre Acceso a la Información Ambiental (conf. art. 9, ley cit.), sin que se haya alegado fundamento alguno de los supuestos de excepción previstos en el ordenamiento (art. 7, ley cit.).
Señaló que el organismo demandado no solo brindó la información de manera tardía, sino que esta también ha sido incompleta, lo cual contraría los valores del sistema republicano de gobierno, en el marco de la ley 25.831 que garantiza el acceso libre y gratuito a la información ambiental.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. escrito en soporte electrónico de fecha 12-X-2022, 10:21:38 a.m. en el sistema Augusta), la Fiscalía de Estado denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24 inc. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 41 incs. 11 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 12 inc. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de la ley 12.475 y las disposiciones de decreto 2549/04; la ley 25.831 y el Acuerdo de Escazú, ratificado por la ley 27.566; entre otras normas que no se corresponden con la materia en debate.
Invoca absurdo y arbitrariedad.
Por último, señala que la condena impuesta carece de toda fundamentación, toda vez que la información ya fue suministrada.
III. El remedio no debe prosperar, atento su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
III.1. Con relación a las normas legales que habrían sido violadas o erróneamente aplicadas, la recurrente omite demostrar en esta instancia extraordinaria las infracciones normativas que le atribuye al pronunciamiento cuestionado.
El recurso carece de un desarrollo adecuado del agravio mediante el cual denuncia la violación de las normas legales y constitucionales que menciona en el punto IV de la pieza en tratamiento, sin formular ni acreditar, con la precisión que el recurso en tratamiento requiere, el concreto quebrantamiento de aquellas (art. 279, CPCC).
Este Tribunal ha dicho que quien afirma que la sentencia infringe determinados preceptos no hace otra cosa que adelantar la premisa cuya inmediata demostración debe concretar en el mismo escrito, siendo insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a enunciar supuestas violaciones pero sin demostrarlas (conf. doctr. causas A. 68.826, "Manuel Aguirre SA", sent. de 5-XI-2008; A. 72.282, "Murua", sent. de 21-VI-2017; A. 73.303, "Farmacia Central Morón SRL", sent. de 22-XI-2017). De ese modo, como se advierte, las razones dadas por el Tribunal de Alzada son argumentos que llegan incólumes a esta instancia por falta de cuestionamiento efectivo.
III.2. Por otra parte, señala que en la sentencia se hacen afirmaciones dogmáticas y que se contrapone con las constancias de la causa, concluyendo mediante un fundamento aparente en la falta o insuficiencia de respuesta al requerimiento de la actora, imponiéndole al organismo demandado elaborar un informe "a medida" de lo solicitado.
Aduce que la Cámara no valoró correctamente las constancias obrantes en la causa.
Este reproche, como cabe advertir sin esfuerzo, se direcciona a cuestiones de hecho y prueba que, por regla general, resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo supuesto de absurdo (conf. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016 y A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019; e.o.), vicio que, si bien invoca, no logra acreditar.
Al respecto es pertinente recordar que para la configuración del absurdo no es suficiente denunciarlo y exponer una interpretación o valoración propia, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio (doctr. causas A. 70.187, "Núñez", sent. de 15-XII-2010; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; A. 74.056, "Zaracho", sent. de 10-IV-2019; e.o.), partiendo siempre de que el error en la apreciación de la prueba debe ser palmario y grave, de modo que lleve a conclusiones contradictorias e inconciliables con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.263, "Yordan", sent. de 13-IX-2017; A. 73.396, "Collinet", sent. de 11-IV-2018; A. 73.402, "Agüero", sent. de 21-XI-2018; A. 74.341, "Mengio S.R.L.", sent. de 19-XII-2018; e.o.).
En este sentido la recurrente omite demostrar el razonamiento absurdo del Tribunal, limitándose a contraponer su propia valoración de la prueba, lo que define la suerte adversa del embate.
III.3. Con relación la vía intentada, el Tribunal de Alzada consideró acreditado el incumplimiento parcial por parte de las autoridades administrativas del deber específico y concreto que emana del bloque de legalidad (ley 25.831) y no puso reparos en el remedio judicial escogido.
La recurrente, lejos de rebatir eficazmente la decisión de los jueces que concitaron la mayoría, sólo alega que el fallo omitió señalar la acción u omisión ilegítima de la demandada y refirió de manera implícita a la supuesta parcialidad de las respuestas brindadas por el organismo demandado, sin especificar qué información solicitada ha quedado sin responder (v. punto VII. 2 de la pieza en tratamiento).
Desde esta perspectiva, considera que no se configuran en el caso uno de los presupuestos que habilitan la acción de amparo intentada, sin hacerse cargo de los fundamentos del Tribunal de Alzada por los que consideró que el organismo incurrió en una omisión ilegítima (arts. 7, 8, 9 y ccdtes., ley 25.831).
IV. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación deducida (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (arts. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/06/2023 17:27:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2023 22:02:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/06/2023 10:49:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2023 20:59:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/06/2023 08:28:20 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/06/2023 08:31:57 hs. bajo el número RR-547-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia