Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78260
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.260, "Rubini, Luis Alberto contra Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y otro s/ amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó, por mayoría, el recurso interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta.
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó, por mayoría, el recurso interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que acogió el amparo promovido.
Para resolver de ese modo, explicó que el caso versaba sobre el pedido de un paciente-afiliado que le solicitó al demandado, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la autorización para realizarse una cirugía urgente de reemplazo total de cadera, que fuera ordenada por su médico tratante, con la provisión de todos los elementos materiales y profesionales necesarios (v. prescripción médica e historia clínica junto al escrito de inicio, presentación electrónica de 15-III-2022). Sin embargo, la obra social estatal se negó a proceder con el argumento de que el galeno involucrado no se hallaba adherido o empadronado ante ella.
Dada la especial tutela que -consideró- merecían los derechos involucrados y justificando, en virtud de esto, la idoneidad de la vía promovida, entendió que cabía confirmar la decisión en sentido de admitir el reclamo para que se avance con la cobertura de la prestación, aunque sin que el IOMA deba afrontar los honorarios médicos.
Para ello, señaló que no habían sido objeto de refutación los extremos invocados y probados por el actor en cuanto a su patología y la necesidad de llevar adelante lo antes posible la cirugía indicada (en atención al agravamiento de su condición, su avanzada edad y su contextura física). Dijo entonces, con respaldo en precedentes propios, que esto la habilitaba a tener por configurados los presupuestos necesarios para la viabilidad del amparo, tendiente a preservar derechos prevalentes como eran la salud y la integridad psicofísica amenazados por la conducta del accionado (conf. arts. 42, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; 15, 20, 36 incs. 5 y 8 y concs., Const. prov.; 1 y concs., ley 13.928).
Recalcó que la negativa del IOMA de autorizar la intervención quirúrgica requerida por el señor Rubini so pretexto de que el profesional autorizante no se hallaba momentáneamente empadronado ante el Instituto con motivo de un conflicto gremial con un grupo de especialistas disconformes con sus honorarios, no le podía ser oponible. Ello era así, pues en definitiva el actor era un afiliado de la obra social y necesitaba imperiosamente la realización de la operación.
Lejos de desconocer la problemática existente (cuestión que, recordó, se ventilaba en los autos "Rosato y otros c/ IOMA"), destacó que en este otro juicio -donde se desestimó la pretensión de los médicos de poder recetar a través del IOMA sin la correlativa afiliación (o sea, avalando la postura de la entidad)- estaban en juego derechos de muy distinta naturaleza a los invocados en este expediente: simplemente, el derecho a trabajar y a ejercer profesión lícita. Afirmó que esto era algo dirimente que diferenciaba ambos casos, puesto que aquí el análisis se centraba en el derecho a la salud de un afiliado que requería atención urgente, pero que el demandado ignoraba invocando razones contingentes que no le eran directamente imputables. Es decir, puso al margen de la discusión la razón o sinrazón del requisito de afiliación compulsiva de los profesionales y de si esto importaba un trato desigualitario, pues el asunto presentado estaba atravesado por un derecho primario que, ante la evidencia recabada, cabía reputar arbitraria e irrazonablemente conculcado. Todo lo cual -reiteró- tornaba procedente la acción de amparo.
Por esas razones, confirmó el decisorio de la señora jueza de primera instancia.
II. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Plantea que la sentencia recurrida contiene una fundamentación aparente, que al desentenderse de los escritos postulatorios y las constancias obrantes en la causa, se presenta como arbitraria y absurda. Se agravia particularmente por la lesión de su derecho de defensa y la inversión de las cargas probatorias.
Denuncia apartamiento de la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia emergente de las causas A. 76.471, "Sánchez" sentencia de 30-III-2021 y A. 77.130, "Sabbatini", sentencia de 23-II-2022. Señala que, al igual que en este último precedente, en autos la normativa del IOMA no ha sido controvertida y tampoco se ha producido prueba que demuestre la falta de idoneidad de los médicos que sí se encuentran adheridos al sistema, a los cuales el actor no acudió.
Destaca que el ente demandado actuó con sujeción a las reglas (ley 6.982 y su decreto reglamentario), no siendo plausible en tales condiciones haber ejercido una conducta groseramente antijurídica que justifique una acción de amparo.
Finalmente, esgrime una contradicción con lo resuelto por la misma Cámara en los autos "Rosato, Antonio y otros c/ IOMA s/ amparo", en los que se habría dejado sentado el criterio relativo a la necesidad de afiliación de los profesionales de la salud al sistema asistencial de la obra social del Estado, a fin de validar los requerimientos terapéuticos que prescriban a sus pacientes afiliados, para luego cubrir las prestaciones.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo interpuesta, por entender que la índole de los derechos involucrados, merecedores de tutela a través de una vía expedita, daban cabida a una solución como la adoptada. Lo antedicho, en tanto siendo el actor afiliado del IOMA, en las circunstancias del caso resultaba arbitrario negarle la cobertura de la cirugía urgente que requería con el argumento de que su médico tratante no integraba la cartilla, sabiéndose luego que esto había sido con motivo de una disputa gremial.
Frente a ello, el embate plantea en términos generalizados que la sentencia luce arbitraria y absurda, en tanto exhibe un fundamento dogmático y aparente que se desentiende de los escritos constitutivos de la litis y las probanzas rendidas en el expediente.
III.1.b. Se sabe que -por regla- la revisión de tales cosas es ajena a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo que se invoque y configure el supuesto excepcional de absurdo (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 72.829, "Romero", sent. de 5-VII-2017; A. 71.872, "Gómez", sent. de 5-XII-2018; A. 76.131, "Servín", sent. de 23-XII-2021; A. 76.758, "Perazzo", sent. de 21-XII-2022; e.o.). Si bien la recurrente preanuncia o remata diciendo plantear la crítica en tales términos, no lo hace concretamente. Déficit que afecta la suerte del intento (doctr. causa A. 74.214, "Pavka", sent. de 10-IV-2019).
En rigor, la canaliza a través de la doctrina de la arbitrariedad de origen pretoriano federal. Como fuere, la invalidación sobre tales bases es más que excepcional ya que su planteo no puede tener por objeto sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas (CSJN Fallos: 338:623), ni corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Semejante invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:3761; 329:2206; 330:133 y 717 y 339:1066; doctr. causas A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; A. 75.034, "Gas Natural Ban S.A.", sent. de 17-IX-2021; e.o.).
III.1.c. Siendo así, no advierto que en el sub examine se presente un vicio de tamaña gravedad que torne la sentencia de la Cámara en nula, en tanto ella -lejos de lo deslizado- encuentra suficiente sostén tanto fáctico ( i.e. , la historia clínica del paciente, su afiliación, la negativa del IOMA a cubrir la cirugía, el problema gremial, etc.) como normativo ( i.e. , el bloque de normas constitucionales que consagran el derecho a la salud, etc.), circunstancia que no permite concluir que se trate de un pronunciamiento dogmático carente de cualquier respaldo.
III.2. Paralelamente, la recurrente plantea la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte, denunciando el apartamiento de aquella sentada en las causas A. 76.471 y A. 77.130.
Sin embargo, no basta con la mera individualización del precedente y la transcripción de su sumario para sustentar la denuncia de infracción o errónea aplicación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos y jurídicos del caso donde se sentó el criterio que pretende hacerse extensivo y su similitud con las circunstancias de la causa bajo estudio (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 72.338, "G., H. E. y otro", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
En la especie la impugnante no acomete esa tarea.
En su lugar, se limita a transcribir un fragmento de los fallos con los que busca respaldar su posición, extrayendo de allí una conclusión que prima facie no se muestra enteramente vinculada a su contenido concreto, aun cuando aludan a fin de cuentas al régimen para prestadores del IOMA. Esto, para inmediatamente alegar que el precedente al que miró la Cámara para fundar su postura era previo a su emisión y que soslayó el deber moral que tenía de seguir los lineamientos jurisprudenciales fijados por esta Corte.
Así las cosas, este tramo de la queja no merece acogimiento, pues más allá de la insuficiencia apuntada -lo cual deja incólume la sentencia impugnada independientemente de su acierto- es posible inferir el distinto contexto en el que se desenvolvieron tales juicios, en los que el prestador involucrado no había estado ligado con el IOMA en el pasado reciente, sumado a que la condena revertida -que le había ordenado relacionarse con una empresa fuera de convenio por un período relativamente prolongado- hacía cargar a aquel mismo con todos los costos.
III.3. En lo que respecta a la crítica dirigida contra el reconocimiento de la vía del amparo como un carril procesal idóneo, la Fiscalía de Estado insiste en que nunca el accionar del IOMA pudo importar una conducta manifiestamente arbitraria (conf. art. 20 inc. 2, Const. prov.), en tanto se basó en lo dispuesto en la ley 6.982 que lo rige y sus reglamentaciones.
Sobre el punto, es clara la doctrina del Tribunal en cuanto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; e.o.). Y en ese sentido, no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (doctr. causas A. 72.881, "Siciliano", sent. de 29-VIII-2017; A. 75.636, "Morales", sent. de 6-XI-2019; A. 76.840, "Barroso", resol. de 21-XII-2022; e.o.).
Bajo estas premisas, debo decir que la quejosa se desentiende de los argumentos que brindó el a quo para confirmar la sentencia de grado en este aspecto medular, destacando por sobre todas las cosas que aquí estaba implicado el derecho a la salud del actor, que en función de las constancias objetivas de la causa se veía seriamente amenazado frente a la negativa del IOMA de cubrir la cirugía de cadera que urgentemente requería; esto mismo, con sostén en una decisión de su médico tratante en el marco de un conflicto gremial que -estimó- no le era achacable al afiliado. En tales condiciones, concluyó que la vía -por su carácter expedito- era admisible, a la vez que procedente en cuanto al fondo.
Así las cosas, las apuntadas características del caso no son blanco de ataque adecuado por parte de la recurrente. Que además de involucrar aspectos predominantemente fácticos, en principio irrevisables en la casación (v. supra pto. III.1.b.), se trata de hechos no controvertidos cuya discusión quedó zanjada en las etapas anteriores del juicio, donde -como se admite- no prosperó la insistencia de producir determinada prueba pericial que tal vez hubiese servido para desarticular la pretensión actoral.
Por lo demás, no puede ignorarse la eficacia tradicionalmente reconocida a la acción de amparo cuando lo que está en riesgo es el derecho a la salud (conf. causa A. 73.300, "Cuadrado", sent. de 17-XII-2014).
III.4. Para concluir, la apelante denuncia contradicción con lo resuelto por la misma Cámara de Apelación en los autos "Rosato", en los cuales se rechazó la pretensión de los profesionales médicos -disconformes con los honorarios abonados por el IOMA- de poder seguir recetando a sus afiliados, sin percibir honorarios por parte de este, al margen de la cartilla de prestadores.
Al respecto, se tiene establecido que determinar la existencia de aquello último importa una típica cuestión de hecho en la que solo puede ingresarse mediante invocación y adecuada exhibición del absurdo (doctr. causas A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.117, "Portorrico", sent. de 13-VIII-2021; A. 76.191, "Albanese", sent. de 22-IX-2021; A. 75.394, "Agroservicios Pampeanos" y A. 76.732, "AGCO Argentina S.A.", sents. de 25-VIII-2022; e.o.).
Independientemente de que la denuncia no pasa de la mera enunciación, advierto que el a quo se dedicó en varios pasajes de su sentencia a dejar a salvo lo dicho en ese precedente y distinguirlo del presente, atento a las especiales circunstancias que lo rodeaban y la mayor relevancia que cabía asignarle al derecho a la salud y la integridad física del reclamante; todos elementos que no estaban estrictamente implicados en la causa "Rosato", donde los bienes jurídicos en juego -remarcó- eran de otro orden ( i.e. , propiedad, igualdad, ejercicio liberal de la profesión, etc.).
Ese modo de apreciar las cosas no es censurable (conf. doctr. causa B. 73.126, "Sarachaga", resol. de 6-IV-2016) y permite aceptar las sensibles diferencias entre situaciones litigiosas, con factores que admiten un abordaje excepcional, aun cuando compartan una misma temática de fondo y sin mella de lo que deba extraerse de lo resuelto en las causas A. 76.471 y A. 77.130, ya referenciadas.
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 in fine y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Hago míos los fundamentos dados por el señor Juez doctor Soria en el punto III.3. de su exposición.
II. En lo que atiende a lo sustancial de contienda, advierto que la misma presenta ribetes similares a la que tuve oportunidad de analizar en autos Q. 71.402, "Idalgo, Guillermo Andrés", sentencia de 22-V-2013.
En efecto, con remisión a mis conclusiones en las causas A. 70.261, "Levaggi, Daniel F.", sentencia de 5-X-2011 y A. 69.164, "Pierro, Sebastian Alfredo", sentencia de 1-VI-2011, explicité las diferencias entre el derecho a una prestación médica efectiva y suficiente y el derecho a la salud.
Es decir que no se trataba de exigir -como tampoco aquí- a la obra social una atención, cuidados o conductas especialmente calificadas que excediesen el criterio de normalidad o estándar legal.
Por el contrario, la prestación asistencial debía adecuarse a los parámetros de razonabilidad y diligencia media, consultando las especiales circunstancias tanto subjetivas como objetivas que conforman los hechos de cada caso, y que asimismo debía tributar a la distribución equitativa y racional de los recursos con los que cuenta el ente.
Añadí que el pretexto de exacerbar el derecho asistencial llevándolo a conceptualizaciones absolutas, impedía la consagración del principio de solidaridad entre afiliados y atropellaba el derecho a una prestación equitativa del colectivo que contribuía al sostenimiento del sistema.
Todo ello no implicaba desconocer o desatender situaciones que excediesen el marco normal de asistencia, como tampoco autorizar al ente médico a incurrir en arbitrariedad o burocracia.
Como consecuencia de ello, quien invocase la necesidad de una especial cobertura debía acreditar inequívoca y contundentemente las razones o motivos que autorizarían su puntual reclamo como así la insuficiencia de la cobertura normal, tanto ante la accionada como en instancia judicial, además de demostrar la palmaria arbitrariedad en que incurrió el ente médico al denegar la prestación.
III. Bajo tales premisas, encuentro que la sentencia de la Cámara actuante ha infringido, en los términos expuestos, las reglas y principios que instituyen los arts. 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, a pesar del esfuerzo realizado por la accionante, no se ha demostrado suficientemente la necesidad ineludible de la intervención del profesional tratante o sus ventajas comparativas, tanto técnicas, profesionales como personales, respecto de otros médicos conveniados por la demandada de iguales incumbencias profesionales y en punto al tratamiento recomendado -cuya necesidad no es materia de debate- que permitiese acceder a una cobertura excepcional como es la reclamada.
IV. Lo brevemente expuesto resulta a mi criterio suficiente para dar respuesta a las cuestiones sometidas a decisión, por lo que, si mi opinión resulta compartida, corresponderá hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la representante del señor Fiscal de Estado, revocar el pronunciamiento impugnado, y rechazar la demanda interpuesta en ese aspecto.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, los señores Jueces doctores Torres y Maidana dijeron:
Dadas las particularidades del caso, adherimos al voto del doctor Soria y damos el nuestro por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (arts. 279 in fine y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.