Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76096
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.096, "Caselles, Ezequiel Pedro y Ots. c/ Aguas Bonaerenses S.A. y Otros s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó, en lo sustancial, el recurso de apelación deducido por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y confirmó la sentencia de primera instancia que admitió parcialmente la acción de amparo y ordenó a ABSA agilizar -si no se hallaren ya concluidos- los trámites licitatorios de la obra comprometida, para cumplir con el proveimiento del servicio de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código Alimentario Argentino.
Modificó el decisorio para que sean los peritos de la Asesoría Pericial de La Plata que intervinieron en la causa quienes, en el marco de la ejecución de la sentencia, indiquen cuáles deben ser los parámetros de toma de muestras a partir de los cuales pueda concluirse válidamente el cumplimiento de la normativa vigente en todo el ejido del partido de Chivilcoy (v. fs. 379/392).
La codemandada ABSA mediante presentación electrónica de fecha 11 de junio de 2019 interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que fue concedido a fs. 413/414.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 419/422); dictada la providencia de autos (v. fs. 423); agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 425/439) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó en lo sustancial el recurso de apelación deducido por ABSA.
En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción de amparo incoada por las señoras Ana María Benedetti, María del Carmen Cavallo, Nancy Ruiz Díaz, Alicia Susana Spano y los señores Ezequiel Pedro Caselles, Rolando Aníbal Ruoco y Luciano Ariel Vitola, habitantes de la ciudad de Chivilcoy; el señor Defensor del Pueblo de dicha ciudad y su par de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cual se condenó a las demandadas -Provincia de Buenos Aires y ABSA- a agilizar los trámites licitatorios de la obra comprometida -consistente en una planta potabilizadora por ósmosis inversa- y terminarla en un plazo de seis meses, además de imponerle el deber de informar mensualmente sobre el avance de aquella.
Asimismo, dispuso que el organismo de contralor del agua -Organismo de Control de Aguas Bonaerenses (OCABA)-, deberá realizar bimestralmente los estudios que ha ido efectuando, debiendo informar los resultados al juzgado y a la Comisión Fiscalizadora del Agua creada mediante ordenanza municipal 9.133, sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Chivilcoy. También, dictaminar si la obra comprometida resulta suficiente para cumplir con el proveimiento del servicio de agua potable dentro de los parámetros establecidos en el Código Alimentario Argentino y en su caso cuales otras necesitan desarrollarse.
Respecto a la medida cautelar, dispuso su cese en relación a los actores en cuyos domicilios fueron tomadas las muestras que dieron origen a las pericias, y su continuidad respecto de aquellos en los que en el expediente administrativo se comprobó el incumplimiento de lo previsto en la norma de aplicación, imponiendo al señor Defensor del Pueblo la carga de individualizar estos para que se cumpla con el cometido. Respecto al resto de los domicilios, atento que la empresa desconoció los informes arrimados por el señor Defensor del Pueblo en procura de que la medida innovativa dispuesta se haga extensiva, modificó lo resuelto en primera instancia, en el sentido de que, en el marco de la ejecución de la sentencia, sea la Asesoría Pericial de La Plata, a través de los profesionales que intervinieron en autos, quienes indicaran cuáles deben ser los parámetros de toma de muestras para que pueda concluirse válidamente el cumplimiento de la normativa vigente en todo el ejido del partido de Chivilcoy. Dispuso también, que sea el OCABA, quien deba realizar los estudios pertinentes como paso previo a que en la instancia se acceda al levantamiento de la medida cautelar.
Para la realización de tales estudios, confirmó el plazo de dos meses que había fijado la sentencia de primera instancia.
En consecuencia, en este aspecto admitió el agravio de ABSA y modificó parcialmente lo resuelto en la instancia.
Para así decidir, ponderó los elementos probatorios aportados por las partes y consideró acreditada la presencia de arsénico por encima de los valores máximos permitidos (0,01 mg./l.) por el Código Alimentario Argentino.
Precisó que correspondía establecer el punto sobre el cual las partes no estaban de acuerdo, en tanto la empresa ABSA y la Provincia sostenían que el nivel de arsénico ha de ser 0,05 mg./l., mientras la actora postulaba que este debía ser 0,01 mg./l.
Señaló que lo que se procuraba a través de la acción entablada era que la empresa provea agua potable apta no solo para el consumo humano, sino también para las diversas actividades que este, como ta, desarrolla y/o se sirve, independientemente de los valores permitidos por la normativa que se juzgue aplicable.
Añadió que la reflexión sobre este punto no era baladí, desde que las demandadas habían sostenido que no mediaba arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta en sus actos en tanto la calidad del agua se ajustaba a los parámetros establecidos por las normas que, afirman, debían aplicarse.
Y que, en relación a la aptitud o potabilidad del agua, no debía soslayarse que una cosa es que se esté proveyendo el servicio dentro de los parámetros que se dice deben ser aplicados y otra muy distinta que, no obstante ello, aquella pueda ser consumida y/o utilizada sin consecuencias para la salud de los vecinos de Chivilcoy.
Recordó al respecto el voto de la doctora Bezzi, al examinar la procedencia o no del recurso de apelación articulado por ABSA contra la medida innovativa, en el que señaló que, frente a los principios preventivo y precautorio aplicables en la especie -y en base a las consideraciones formuladas en las resoluciones conjuntas SPRyRS y SAGPyA 68/07 y 197/07 en torno al carácter cancerígeno del arsénico inorgánico a la ocurrencia de la enfermedad denominada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) y las guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establecen un valor máximo de 0,01 mg./l. para el arsénico- y los derechos sustanciales comprometidos, no parecería razonable admitir la dilación sin plazo determinado pretendida por la recurrente para adecuar la prestación a los parámetros más exigentes, esto es, al de 0,01 mg./l. Nótese por lo demás que las alegadas resoluciones conjuntas SPRyRS y SAGPyA 68/07 y 197/07 y 34/12 y 50/12, han prorrogado la aplicación del valor más exigente por diez años, cinco la primera y por igual término la segunda, plazo que prima facie se encontraría vencido a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Nación del 2 de marzo de 2012, no surgiendo liminarmente que el estudio de Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico encomendado se hubiere realizado ni que obraren conclusiones al respecto.
Precisó, además, que la prórroga de diez años establecida en la resolución y que fuera invocada por los demandados, al margen de expedida, ha quedado desfasada, sin que la demandada aportara ninguna prueba que justifique su extensión, por lo que el nivel de arsénico ha de ser el establecido en el Código Alimentario Argentino independientemente de lo previsto en el art. 6 de la ley 13.230.
Adujo que sostener lo contrario importaría supeditar que el agua contenga mayor cantidad de arsénico al permitido por la OMS y el Código Alimentario Argentino, hasta tanto se decida administrativamente en concordancia con sus disposiciones.
En relación a la determinación del régimen normativo pertinente para la solución del caso, sostuvo que es facultad del órgano judicial dejarlo establecido, a la luz del principio de iura novit curia . Y recordó que la ley 11.820, texto actualizado por la ley 12.292, aprobó como Anexo I el marco regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Provincia de Buenos Aires, que en su art. 5 dispone que los parámetros de calidad de agua potable y desagües cloacales comunes a todos los habitantes, deberán ser respetados por los prestadores de servicios sanitarios, dentro de los cuales se encuentra incluida la parte demandada. Y que en el art. 4, Anexo II, contempla las condiciones de prestación, indicando que deberá asegurarse su continuidad, regularidad, calidad y generalidad, de manera tal de lograr la eficiente prestación a los usuarios y la protección del medio ambiente.
Destacó que el art. 26 dispone que: "Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de Concesión, los niveles de servicio apropiados serán los siguientes: [...] b) Calidad de agua potable. El agua que el Concesionario provea deberá adecuarse a los requerimientos técnicos del Anexo A y plazos que se indican en los Contratos de Concesión y reglamentaciones que se establezcan sobre el particular".
Por último, agregó que la ley 13.230 adhirió a la ley nacional 18.284, Código Alimentario Argentino.
En ese orden, precisó que el Código Alimentario nacional en su art. 982 (resoluciones conjuntas SPRyRS y SAGPyA 68/07 y 196/07) establece que: "Con las denominaciones de Agua potable de suministro público y Agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios. Ambas deberán cumplir con las características físicas, químicas y microbiológicas siguientes: [...] Substancias inorgánicas: [...] Arsénico (As) máx.: 0,01 mg/ [...] La autoridad sanitaria competente podrá admitir valores distintos si la composición normal del agua de la zona y la imposibilidad de aplicar tecnologías de corrección lo hicieran necesario.
Para aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, se establece un plazo de hasta 5 años para adecuarse al valor de 0,01 mg/l.
Puntualizó que dicho plazo se prorrogó por (5) cinco años más por la Resolución Conjunta SPReI N° 34/2012 y SAGyP N° 50/2012, a fin de alcanzar el valor de 0,01 mg/l de arsénico hasta contar con los resultados del estudio 'Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina - Estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de aguas' cuyos términos fueron elaborados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal " -el destacado pertenece a la sentencia de Cámara-.
En consecuencia, expresó que de acuerdo a las resoluciones conjuntas SPRyRS y SAGPyA 68/07 y 196/07 de fecha 22 de mayo de 2007 (B.O. de 30-V-2007) el límite máximo para el arsénico es de 0,01 mg./l., con fundamento en el carácter cancerígeno de este, a la ocurrencia de la enfermedad denominada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), porcentaje que, además es acorde con el valor máximo que la OMS establece en su guía para la calidad de agua potable. Resaltó que tales resoluciones fijaron un plazo de hasta cinco años para readecuarse al valor de 0,01 mg./l. para aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico - aquí también el énfasis corresponde al decisorio del a quo -.
Y añadió que, no obstante haber sido prorrogado por cinco años más el plazo para alcanzar el valor de arsénico indicado, mediante las resoluciones conjuntas SPRyRS y SAGPyA 34/12 y 50/12 de fecha 6 de febrero de 2012 (B.O. de 2-III-2012), a la fecha de la sentencia ya se hallaba fenecido. Por lo demás, señaló que no había constancias acerca de que el estudio de hidroarsenicismo encomendado hubiere finalizado, ni tampoco obran conclusiones al respecto.
En tal contexto, la Cámara entendió que la circunstancia de que la Provincia hubiere adherido mediante la ley 13.230 al Código Alimentario no podía implicar que las modificaciones ulteriores que se efectuaren en el ámbito nacional a ese cuerpo normativo resultaren inaplicables en el ámbito bonaerense, ello pues la adhesión legislativa efectuada oportunamente no tuvo como efecto cristalizar -para la jurisdicción provincial- la regulación nacional en el estado en que se encontraba en dicho momento. Dicha interpretación, agregó, conllevaría soslayar, para el ámbito bonaerense, las modificaciones efectuadas en el ámbito nacional a la luz de los principios preventivo y precautorio aplicables en la especie. En tal sentido, destacó nuevamente las consideraciones formuladas en las resoluciones conjuntas SPRyRS y SAGPyA 68/07 y 196/07 en torno al carácter cancerígeno del arsénico inorgánico, antes mencionadas.
A fin de sustentar su decisión citó, también, la causa "Florit" en la que esta Corte refiriéndose al tema expresó que: "En definitiva, lo que una hermenéutica armónica y funcional no puede consentir es la transformación de la excepción en la regla. Mucho menos cuando dicha mutación altera el sistema jurídico aplicable en puntos relacionados con garantías esenciales de los consumidores del servicio, como es el derecho a la salud" -causa A. 71.263, "Florit", sentencia de 25-IV-2012, SCBA- (v. fs. 387 vta.).
Concluyó así, que la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires establece que el límite máximo de arsénico en el agua es de 0,01 mg./l., en atención a que las prórrogas para la aplicación de los parámetros más exigentes previstos en 2007 por el Código Alimentario -al que esta Provincia había adherido oportunamente por conducto de la ley 13.230- habían fenecido.
En este aspecto, señaló que el propio recurrente, luego de objetar la aplicación del parámetro más exigente de arsénico (0,01 mg./l.), aseveró que a la fecha se hallaba cumplimentando en la localidad de Chivilcoy la normativa vigente, en referencia a la ley local 11.820 y el art. 982 del Código Alimentario (ley 18.284, según ley 13.230) conforme resolución 494/94 del MSyAS y con los valores dispuestos por el Código Alimentario Argentino (ley 18.284) según resoluciones conjuntas SPRyRS y SAGPyA 68/07 y 196/07, esto es: arsénico 0,01 mg./l. (v. fs. 387 vta.).
Por otra parte, desestimó la defensa fundada en la improcedencia de la vía por la falta de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, pues entendió que, si bien en la actualidad ABSA alegó estar cumpliendo con la prestación del servicio público de acuerdo a lo que surge de la normativa vigente, esto es, arsénico 0,01 mg./l., señaló que las constancias probatorias de autos, demostraban que los parámetros obtenidos a lo largo del tiempo, en referencia a las muestras de laboratorio no habían sido uniformes. Sumado a que si bien los más recientes exhibían mejoras en relación a los primeros -que superaban ampliamente los valores máximos- ello no implicaba que el amparo al día de hoy resulte improcedente (v. fs. 388).
Puntualizó que, a pesar de que la situación fue variando a la luz, evidentemente, de las obras realizadas por ABSA durante la tramitación del juicio, tal la planta de tratamiento anunciada en la audiencia del 18 de octubre de 2017, y que fuera licitada privadamente en ese año, la totalidad de la prueba examinada en su conjunto acreditaba la existencia de una situación dinámica que se encontraba en vías de solución pero que no estaba concluida. Al respecto, precisó que la última de las pericias efectuada por la Asesoría Pericial comprendió solo el estudio en siete domicilios, circunstancia insuficiente para descartar en forma concluyente la falta de actualidad del proceso constitucional de amparo, tal como lo entendió el sentenciante de grado (v. fs. 390).
De tal modo consideró afectado el derecho a la salud de los habitantes del municipio en cuestión -comprendido dentro del derecho a la vida, con rango constitucional- (arts. 36 inc. 8, Const. prov. y 75 inc. 22, Const. nac.), el que implica que la actividad estatal o, en su caso, las privadas, no generen situaciones que pongan en peligro genérico la salud colectiva (conf. causa Ac. 82.843, "A., O. D. y o.", sent. de 30-III-2005), debiendo garantizar el Estado la preservación de dicha prerrogativa con acciones positivas (conf. causas B. 65.643, sent. de 3-XI-2004; A. 70.011, "Conde", sent. de 30-XI-2004 y A. 71.262, "Florit", sent. de 25-IV-2012).
Fundamentó también su decisión en que, frente a la amenaza de daño grave a la salud, rige el principio precautorio -art. 4, Ley General del Ambiente 25.675- (v. fs. 388 vta.).
Finalmente, confirmó la medida cautelar, pero modificando la modalidad de cumplimiento como se expusiera ut supra .
II. Contra ese pronunciamiento la empresa ABSA deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Denuncia vulneración de la doctrina legal de este Tribunal, sentada en las causas "Boragina" y "Kersich" en las que se dispuso que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, corresponde la aplicación del Anexo A de la ley local 11.820 y el Código Alimentario Argentino, ley 18.284, según ley local 13.230; -esto es 0,05 mg./l. de arsénico-; la violación de la ley 13.230, de los arts. 1 y 103 inc. 13 de la Constitución provincial y 1, 121, 122, 18 y 19 de la Constitución nacional, la errónea interpretación del art. 982 del Código Alimentario y el desconocimiento del principio de legalidad al ordenarle cumplir un parámetro de calidad de agua que, según sostiene, no es aplicable en la Provincia de Buenos Aires, y en consecuencia también el de división de poderes, por exorbitar sus facultades constitucionales e inmiscuirse en las propias del Poder Legislativo.
También cuestiona la procedencia de la vía procesal elegida, por cuanto sostiene que los hechos que la motivan no poseen las notas de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que requiere la acción de amparo. Explica que, si bien a simple vista pareciera no existir diferencia alguna respecto al estándar de calidad del agua, porque en definitiva se prevé la aplicación del art. 982 del Código Alimentario Argentino, lo cierto es que entre el Anexo A de la ley 11.820 y el art. 982 del Código Alimentario Argentino, según el texto de la ley 13.230, que prevé un máximo de arsénico tolerable de 0,05 mg./l. y el "CAA a secas" (sic), que reduce este valor en un máximo en 0,01 mg./l. existe una diferencia significativa y sustancial.
III. Dictados los autos para resolver, se presenta nuevamente la parte recurrente y en su memoria invoca la modificación operada en la normativa aplicable mediante la resolución 34/19 de la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, publicada en el Boletín Oficial de 27-XI-2019 que, a su entender, nuevamente modifica parcialmente el art. 982 del Código Alimentario Argentino, y en consecuencia el anclaje legal de las sentencias que la agravian.
Entiende que la resolución consideró las realidades locales y por tanto elevó el nivel de arsénico tolerable en el agua de red hasta 0,05 mg./l.
Refiere que el señor Director Nacional
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.