Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78564
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.564, "Frade, Mónica Edith contra Municipalidad de Quilmes. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo promovida por la señora Mónica Edith Frade contra la Municipalidad de Quilmes (v. sent. de fecha 28-VI-2022).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación en soporte electrónico de fecha 26-VII-2022, 11:48:45 hs., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 19-IV-2023), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La señora Mónica Edith Frade, en su condición de diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires promovió acción de amparo contra la Municipalidad de Quilmes, con el objeto de que se ordene al municipio demandado a brindar de manera adecuada y completa la información que no fuera oportunamente proporcionada en sede administrativa (expte. 4091-11045-F-2021) relacionada con los eventos desarrollados con motivo del día del empleado municipal los días 8 y 10 de noviembre del año 2021.
Específicamente, la información requerida en el presente proceso se circunscribe a: i) los montos abonados a cada artista y/o grupos artísticos participantes; los gastos en concepto de armado y desarmado de escenarios, equipos de sonido y luminarias, indicando contratistas a cargo; gastos en concepto de alimentos, bebidas y demás productos utilizados en cada evento, indicando proveedores a cargo; y ii) si los eventos fueron tercerizados a empresas privadas u otras organizaciones y, de ser así, se identifique e indique el proceso de contratación utilizado y el número de expediente correspondiente.
En su presentación de inicio señaló que con fecha 16 de noviembre de 2021 solicitó a la Municipalidad de Quilmes información relativa a los eventos desarrollados con motivo de los festejos del empleado municipal llevados a cabo los días 8 y 10 de noviembre del año 2001.
Sostuvo, básicamente, que dada la respuesta parcial e insuficiente brindada por el municipio queda habilitada la acción judicial promovida.
Señaló que, si bien el festejo del día del trabajador municipal constituye una tradición local, la utilización de fondos públicos para afrontar ese tipo de eventos -en el marco de las limitaciones presupuestarias que evidencia la comuna- merece una valoración y control por parte de la ciudadanía en relación al mérito, oportunidad y conveniencia de llevar a cabo los eventos realizados por las autoridades municipales y su costo e impacto en el presupuesto comunal.
II. En la sentencia de fecha 18 de abril de 2022, la jueza de familia a cargo del Juzgado n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la acción interpuesta y, en consecuencia, intimó a la Municipalidad de Quilmes a suministrar la totalidad de la información disponible que fuera requerida por la parte actora en los puntos 3 y 4 de la nota presentada con fecha 16 de noviembre de 2021 ante la comuna, en un plazo máximo de treinta días. Impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida.
III. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Quilmes (v. presentación en soporte electrónico de fecha 25-IV-2022, 11:48:28 hs., en el sistema Augusta) y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado que había hecho lugar a la acción (arts. 1, 14, 33, 41, 42, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; 19, DUDH; 19.2, PIDCP; 1, 2, 13.1, 25 y concs., CADH; 12 inc. 4, 15, 20 inc. 2 y concs., Const. prov.; 1, 4, 16, 17, 17 bis, 19 y concs., ley 13.928, texto según ley 14.192; ley 12.475 y dec. 2.549/04), con costas de la instancia a la vencida (art. 19, ley 13.928, texto según ley 14.192).
III.1. Para así resolver, señaló que del marco normativo que regula el derecho a la información, se desprende un criterio amplio que favorece el derecho a la jurisdicción (arts. 20 inc. 2; 12 inc. 4 y 15, Const. prov.).
Consideró que el agravio esgrimido por el municipio en relación a la ausencia de una conducta omisiva por su parte carece de asidero, en el entendimiento de que la información proporcionada a la parte actora fue parcial y no hubo al respecto una decisión fundada de las autoridades administrativas municipales que expresara los motivos por los cuales no la suministrara en forma completa y las normas en las que se amparaba para ello.
En especial, ponderó que no es suficiente la justificación intentada por la Municipalidad demandada respecto a que el proceso de rendición de cuentas conlleva un procedimiento interno para su remisión al Tribunal de Cuentas y, por ello, la información requerida no se encontraba en poder del municipio.
Señaló que los argumentos de la recurrente tendientes a evadir su deber no tienen fundamento normativo alguno que avale supeditar el acceso a la información disponible al cumplimiento del proceso ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, pues se trata de dos obligaciones diversas que pesan sobre el municipio y que no tienen vinculación entre sí.
Por último, advirtió que no resulta razonable suponer que el propio municipio no tiene en su poder la información relativa a los gastos efectuados con motivo de un evento por él mismo organizado, respecto de los cuales además de la oportuna rendición de cuentas, debería tener su apoyatura documental en las respectivas oficinas, siendo una exigencia inherente a la actuación administrativa.
En consecuencia, afirmó que en el supuesto de autos se encuentra configurada la conducta omisiva del municipio, quien -tanto en este proceso como en sede administrativa- aportó la información de manera parcial e incompleta de acuerdo al requerimiento que le efectuara la parte actora.
Para así razonar, se fundó en las normas constitucionales, supralegales, legales y reglamentarias (en el orden nacional y provincial) que reconocen y protegen el derecho de acceso a la información pública y refirió a la tendencia jurisprudencial en la materia, lo cual detalló pormenorizadamente en los puntos V.1., V.2. y V.3., de su fallo a los que brevitatis causae me remito.
III.2. Por otra parte, desestimó el agravio formulado por la recurrente que objetaba una contradicción en la sentencia de grado basada en que, en la condena, no se especificó a qué información se refería toda vez que el municipio adujo no haber participado ni organizado el evento de fecha 10 de noviembre de 2021.
Para ello señaló que resulta evidente que la condena refiere a la información relativa al festejo del día del empleado municipal que se llevó a cabo el día 8 de noviembre de 2021, toda vez que ya en sede administrativa la circunstancia había quedado zanjada sin haber sido cuestionada en el inicio de este proceso por la parte actora.
III.3. Por último, rechazó el agravio relativo a las costas, por cuanto no encontró razones que justifiquen el apartamiento de lo resuelto por la jueza de grado en los términos del art. 19 de la ley 13.928, texto según ley 14.192.
IV. Disconforme con la sentencia dictada por la Cámara de Apelación interviniente, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 26-VII-2022, 11:48:45 hs., en el sistema Augusta), en cuyo marco denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 1, 5, 6, 7 y 8 de la ley 12.475.
Afirma que el marco legal aplicable al caso es la ley 12.475 y su decreto reglamentario y, subsidiariamente, -en el aspecto procedimental- la ley de amparo.
Controvierte la decisión del Tribunal de Alzada en relación al cumplimiento -por parte de la actora- de los recaudos legales para acceder a la información peticionada, particularmente en lo relativo a la invocación de un interés legítimo y a la fundabilidad de la solicitud (arts. 1 y 5, ley 12.475), agraviándose de la omisión del tribunal de pronunciarse sobre ese aspecto.
Expresa que la amparista lejos de requerir cierta información que se encuentra en poder del municipio, pretende que la comuna elabore un informe de acuerdo a su interés, desconociendo el alcance de los arts. 6 y 7 de la ley 12.475.
En este sentido, explica que el a quo tuvo por configurada una omisión ilegítima del actuar comunal apartándose de las constancias obrantes en la causa.
Puntualmente considera desacertado lo sostenido por la magistrada del primer voto en los párrafos 11 y 12 del considerando IV.3. que refiere a la información parcial e incompleta proporcionada por el municipio. Estima que dichos argumentos desconocen y se apartan de las prescripciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58 y sus modif.; arts. 29 y 109).
Sostiene que el derecho a la información de la parte actora no ha sido desconocido ni negado por la comuna que representa.
Indica que, en relación a los puntos 3 y 4 del pedido de información, al momento de contestar la demanda el municipio ofreció prueba instrumental en la cual se consignaron los motivos por los cuales los puntos antes referidos no podían ser evacuados.
Manifiesta que el objeto de los puntos 3 y 4 del pedido de información se relaciona con erogaciones y manejo de fondos públicos que califica como "actos preparatorios" que se asientan en un procedimiento administrativo previo que debe tramitar para su posterior publicación.
Explica que el departamento ejecutivo municipal se encuentra sometido legalmente a un doble contralor del gasto público (Concejo Deliberante y Honorable Tribunal de Cuentas) y que tiene la obligación de rendir cuentas, presentar la memoria, el balance y publicar la situación económica-financiera en un periódico local.
Alega que la interpretación que realiza el Tribunal de Alzada de la norma aplicable resulta arbitraria y la sentencia luce insuficientemente fundada.
En este aspecto refiere que la ley 12.475 regula el derecho de información mediante el acceso a documentos administrativos existentes, quedando excluida la información que requiera la elaboración o producción de documentos, en la medida que no tengan una obligación legal de hacerlo.
En otro orden se agravia del fallo de la Cámara manifestando que, en el caso, no se encuentran configurados los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de amparo.
Señala que no hubo por parte del municipio una conducta omisiva en no brindar información en relación a los puntos 3 y 4 del requerimiento de la actora.
Destaca que la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada trasgrede los contornos legales sobre los cuales se asienta la acción de amparo, toda vez que de la plataforma fáctica del caso no surge un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que pueda ser atribuido al municipio.
En este sentido señala que todo lo relativo al presupuesto oficial de gastos y recursos de la comuna tiene como base la ordenanza del Concejo Deliberante (art. 29, LOM), y se encuentra al alcance de todos los ciudadanos a través de los carriles habituales de consulta que se ofrecen a la comunidad (art. 165, LOM).
Hace reserva del caso federal.
V. El recurso extraordinario no prospera, atento la insuficiencia que porta (cfr. doctr. art. 279, CPCC).
V.1. Tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (cfr. doctr. causas A. 71.297, "Astudillo", sent. de 9-IX-2015; A. 73.246, "Álvarez", sent. de 18-X-2017; A. 73.303, "Farmacia Central Morón S.R.L.", sent. de 22-XI-2017; e.o.), tal como ha ocurrido en el caso.
La Cámara interviniente sostuvo que la Municipalidad demandada incurrió en una omisión ilegítima en relación a información requerida por la actora respecto de las erogaciones con motivo del festejo del día del empleado municipal llevado a cabo el día 8 de noviembre de 2021.
Básicamente, el tribunal entendió que la obligación del municipio de permitir el acceso a los documentos administrativos relacionados con el requerimiento no puede quedar desplazada por el proceso de rendición de cuentas del municipio ante el Honorable Tribunal de Cuentas, pues se trata de obligaciones independientes que no tienen vinculación entre sí.
A dicho argumento agregó que no resulta razonable suponer que la comuna no tiene en su poder la información referida a los gastos efectuados con motivo del día del empleado municipal, puntualizando que lo peticionado por la actora debería haber sido satisfecho recabando datos que deberían encontrarse en las oficinas municipales, por cuanto su apoyatura documental resulta inherente a las actuaciones públicas.
Ninguno de esos fundamentos ha sido rebatido adecuadamente por la recurrente para la procedencia del remedio intentado.
En efecto, ella sólo se limita a esbozar genéricamente que la Cámara incurrió en un error interpretativo por cuanto el requerimiento de información implica -a su juicio- la elaboración de un informe adecuado al interés de la peticionante y que a la vez se trata de actos preparatorios relacionados con el gasto e ingresos públicos del municipio, respecto de los cuales la comuna se encuentra sometida al contralor del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante.
Reprocha, en esta instancia extraordinaria, la interpretación normativa que regula el acceso a la información pública realizada por el Tribunal de Alzada, desentendiéndose de argumentos centrales del fallo recurrido, discurriendo en paralelo y evidenciando una mera disconformidad con lo decidido.
Los argumentos esgrimidos en la pieza recursiva no van más allá de meros disentimientos personales con la solución que la Cámara le ha dado a la contienda y, como tales, en modo alguno logran demostrar que la sentencia, en este aspecto, no constituya una derivación del derecho vigente.
Queda en evidencia la insuficiencia del embate pues la denuncia de la errónea aplicación de los artículos de la ley 12.475 resulta infundada y no pasa del mero enunciado, motivo por el cual corresponde desestimarla.
V.2. Paralelamente la representante de la Municipalidad de Quilmes, aduce que la Cámara no valoró correctamente las constancias obrantes en la causa y la normativa aplicable al caso. Desde esta perspectiva califica el fallo de arbitrario, basado en afirmaciones de carácter dogmático y carente de todo tipo de fundamentación.
En lo concerniente a la arbitrariedad denunciada, tiene dicho este Tribunal que la invalidación de una sentencia sobre tales bases es de carácter excepcional y que su articulación no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (cfr. doctr. causas A. 76.527, "Vizzotti", sent. de 24-XI-2022 y A. 76.566, "Montes", sent. de 2-III-2023). En el caso, la denuncia de arbitrariedad de la sentencia carece de entidad suficiente, pues se basa en afirmaciones genéricas, técnicamente insuficientes para lograr la revisión pretendida bajo esta causal (doctr. causa A. 78.042, "López", sent. de 27-XII-2022).
V.3. Por otra parte, en relación a la denuncia de la violación de los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 1 de la ley 13.928 respecto a los requisitos procesales para acceder a la vía procesal del amparo, la recurrente reedita consideraciones formuladas en la instancia de apelación ordinaria, insistiendo que el caso no presenta una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.
En efecto, el Tribunal de Alzada encontró configurada una omisión ilegítima por parte del municipio demandado que habilitó la procedencia de la acción elegida, por considerar que la información suministrada por la comuna fue incompleta, configurándose una conducta remisa que limita el derecho de la actora de acceder a la información municipal relacionada con ciertas erogaciones y manejo de fondos públicos.
La recurrente omite abordar adecuadamente las razones argumentales esbozadas por el Tribunal de Alzada para dar cuenta de la pertinencia procesal de la vía de acuerdo a las circunstancias fácticas del caso.
En efecto insiste en señalar, con sus propias consideraciones, que en el caso no existió un acto u omisión manifiestamente ilegítimo o arbitrario por parte de su representada.
Desde ese mirador hace hincapié en que la información solicitada implica el acceso a documentos administrativos de actos preparatorios y -al mismo tiempo- la elaboración de un informe "a medida del interés del peticionante" (arts. 16 inc. "a" y 20, dec. 2.549/04), supuestos ambos que se encuentran excluidos del principio general del derecho de acceso a los documentos administrativos.
Al respecto, es dable aseverar que lo alegado por la recurrente no logra conmover la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada en lo relativo a la conducta omisiva del municipio respecto de su obligación legal de proporcionar la información requerida de manera completa y adecuada.
VI. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la vencida (arts. 19, ley 13.928 y 68, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud, en tanto coincido con que el recurso presentado por la comuna demandada desarrolla agravios insuficientes en orden a conmover lo decidido por el Tribunal de Alzada (arg. art. 279, CPCC).
Para más, advierto que las críticas atinentes a la supuesta falta de legitimación de la actora y a la necesidad de fundar adecuadamente la solicitud de acceso a documentos administrativos, sustentadas en lo dispuesto por los arts. 1 y 5 de la ley 12.475, devienen inatendibles en la medida en que no han sido planteadas en las instancias anteriores.
Al respecto, esta Corte ha afirmado que resulta ineficaz, por extemporáneo, el planteo que no fue introducido en la oportunidad procesal pertinente, resultando fruto de una reflexión tardía (conf. causas A. 72.040, "Municipalidad de Gral. Pueyrredon c/ García Servando", sent. de 19-X-2016; A. 73.098, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Cejas", sent. de 20-III-2019; A. 74.494, "Industrias Alimenticias Mendocinas", sent. de 12-VII-2022; e.o.).
Pues bien, frente a la falta de cuestionamientos idóneos, en autos la Cámara interviniente consideró "...fuera de controversia [...] que la parte actora [...], en su condición de diputada nacional, acredita una situación que encuadra en el recaudo de legitimación -tal como lo entendiera la jueza a quo - (ello cfr. arts. 12 inc. 4, 20 inc. 2 y concs. de la Constitución Provincial, y art. 1 de la ley 12.475, y 1 de su decreto reglamentario)" (v. punto IV.2., últ. párr., del voto de la doctora Milan
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.