Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78790
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocar la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2022 en cuanto ha sido materia de agravio (art. 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-) y declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones a la jurisdicción provincial, debiendo remitirse la causa -con la mayor celeridad posible- al Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, por ser el que previno (arts. 60 inc. 1, CCA y 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento a la falta de contradicción (conf. arts. 60 inc. 1, CCA y 68, segundo párr., CPCC).
A.78.790 “Q. R. S/ AMPARO C/INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IOMA) -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, en lo que aquí interesa, confirmó la resolución de primera instancia mediante la cual el juzgado de origen se declaró incompetente para intervenir en la presente acción de amparo promovida contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y ordenó remitir las actuaciones a la justicia federal.
Para resolver así, ponderó que ese temperamento se compadecía con el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos sustancialmente análogos (v. resol. de fecha 6-XII-2022).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 1, 5, 17, 18, 121, 122 y 123 de la Constitución nacional; 1, 15, 20, 36 incs. 5 y 8 y 166 de la Constitución provincial; 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 1, 22 y concordantes de la ley 6.982; 1, 19 y concordantes de la ley 10.592 y 384, 279 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
Asimismo, alega absurdo y vulneración de la doctrina legal que cita.
Cuestiona el razonamiento enhebrado por la Cámara, mediante el cual -a partir de la cita de fallos de la Corte nacional- concluye que resulta competente, por razón de la materia, la justicia federal.
Indica que, contrariamente a lo resuelto, la materia debatida en el caso es provincial de acuerdo a la doctrina legal y normativa que denuncia violadas.
En ese orden, sostiene que resulta aplicable lo establecido por esta Suprema Corte en los precedentes que invoca, en los cuales -en el marco de procesos de amparo con similares temáticas a la de autos-, este Superior Tribunal no solo asumió su competencia, sino que además aplicó la normativa provincial (leyes 6.982 y 10.592) desplazando, por ende, las normas nacionales invocadas por los actores (leyes 24.901 y 24.754).
Por otra parte, denuncia la gravedad institucional que provoca la sentencia en crisis, en tanto subvierte la autonomía provincial y la garantía de juez natural, en abierta violación a la Constitución provincial.
Finalmente, cita en su aval un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un tema de competencia, donde se delimita claramente cuándo la materia resulta federal y que -según su entender- pone de relieve la sinrazón de los fallos invocados por la Cámara.
Como corolario postula que en el caso no está en juego interpretar el sentido y alcance de las leyes federales ya que estas quedan desplazadas por la aplicación del plexo normativo provincial, lo cual impone la casación de lo resuelto (v. presentación electrónica de fecha 21-XII-2022).
III. Pasando a analizar la procedencia de la impugnación, corresponde apuntar que el art. 31 bis de la ley 5827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a rechazar o a hacer lugar a los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados o receptados favorablemente en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
Sentado lo que antecede, es dable señalar que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (cfr. art. 31 bis, ley 5827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa A. 78.463, "P.", sentencia de 12-V-2023 (criterio reiterado en las causas A. 78.622, A. 78.601 y A. 78.378, sents. de 6-IX-2023) esta Suprema Corte se decidió por la jurisdicción local (cfr. art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
En aquel caso -al igual de lo que acontece en autos-, la actora había promovido acción de amparo contra el IOMA con el objeto de que se le otorgue la cobertura integral del tratamiento que le fuera indicado para la enfermedad que padece y fundó su pretensión en disposiciones legales, constitucionales e internacionales en materia de salud.
En ese contexto, este Tribunal descartó que se trate de un reclamo de naturaleza federal en razón de las personas, en tanto la demandada resultaba ser el IOMA -entidad autárquica local-, como así también, ponderó la ausencia directa e inmediata de normas de carácter federal de aplicación a la solución de la causa que excluyeran la jurisdicción local, la cual debía tomar en consideración el ordenamiento provincial pertinente.
En la presente, el actor -en representación de su hija menor afiliada al IOMA- promovió acción de amparo contra ese organismo con el objeto de que la niña, quien padece síndrome de Rett y epilepsia y cuenta con certificado de discapacidad, reciba atención médica y tratamiento terapéutico ininterrumpido y la provisión en forma urgente de ciertos elementos, estudios, tratamientos y movilidad que indica, necesarios para su bienestar.
IV. A mérito de lo expuesto y en virtud de los argumentos brindados en el precedente citado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocar la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2022 en cuanto ha sido materia de agravio (art. 31 bis, cit.).
En consecuencia, se declara competente para intervenir en las presentes actuaciones a la jurisdicción provincial, debiendo remitirse la causa -con la mayor celeridad posible- al Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, por ser el que previno.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocar la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2022 en cuanto ha sido materia de agravio (art. 31 bis, ley 5827 -texto según ley 13.812-) y declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones a la jurisdicción provincial, debiendo remitirse la causa -con la mayor celeridad posible- al Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, por ser el que previno (arts. 60 inc. 1, CCA y 289, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, atento a la falta de contradicción (conf. arts. 60 inc. 1, CCA y 68, segundo párr., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:22:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:01:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:32:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2023 08:30:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2023 15:31:47 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/10/2023 15:32:40 hs. bajo el número RR-901-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia