Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78280
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.280, "Instituto Médico Mater Dei c/ Praxair Argentina SRL s/ Amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que había desestimado la acción de amparo promovida por el Instituto Médico Mater Dei S.A. contra la empresa proveedora del servicio de oxígeno medicinal, Praxair Argentina SRL, a fin de mantener la continuidad de la prestación de los servicios de salud brindados (v. sent. de fecha 14-VI-2022).
Disconforme con ese pronunciamiento, la firma demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-VII-2022, 02:00:01 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 18-VIII-2022).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. prov. de 14-II-2023), este Tribunal decidió suspenderla y solicitó, como medida para mejor proveer, informes al Ministerio de Salud y a la clínica actora (v. resol. de 31-VII-2023 y presentaciones electrónicas de fechas 7-VIII-2023, 14-VIII-2023 y 15-VIII-2023).
Reanudado el llamamiento de autos (v. prov. de fecha 13-IX-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Con fecha 13 de septiembre de 2021, la firma Instituto Médico Mater Dei S.A. promovió la presente acción de amparo contra Praxair Argentina S.R.L., en virtud de que esta última, en su carácter de proveedora de oxígeno medicinal, le había notificado la interrupción del suministro a partir del día 10 del mismo mes y año.
De acuerdo con lo planteado en la demanda, dicha decisión resultaba manifiestamente arbitraria e ilegal y ponía en peligro inminente a todos los servicios sanitarios brindados por la entidad actora, violando los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad de los consumidores y usuarios.
Por los fundamentos expuestos en aquel escrito inaugural, la actora solicitó que garantizara la tutela judicial continua y efectiva, de modo que la empresa demandada continuara proveyendo el oxígeno medicinal requerido, sin interrumpir, alterar ni restringir los delicados y esenciales servicios de salud brindados por la clínica en cuestión. Le asignó a dicho pedido el carácter de medida cautelar y autosatisfactiva.
I.2. Surge del expediente que, con fecha 14 de septiembre de 2021, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata dictó una medida "precautelar" por la cual ordenó, hasta tanto se resolviera la medida cautelar peticionada (para lo cual requirió un informe), que se continuase con la provisión de oxígeno en las condiciones establecidas en el contrato celebrado entre las partes, así como también, que la entidad actora adoptase inmediatamente aquellas medidas conducentes a resguardar la vida y la salud de los pacientes a su cargo.
I.3. Contra dicha resolución la demandada dedujo recurso de apelación y aclaratoria (v. presentaciones electrónicas de fecha 21-IX-2021 y 23-IX-2021, respectivamente).
Por medio del primero, planteó agravios relacionados con la supuesta falta de legitimación activa de la actora, con la alegada imposibilidad de cumplir con lo ordenado por razones de fuerza mayor y con la presunta falta de fundamentación de la medida precautelar dictada, además de requerir la aplicación de sanciones por temeridad y malicia (conf. arts. 34 inc. 6 y 45, CPCC).
A través del segundo remedio articulado, requirió que se aclarase si la provisión de oxígeno medicinal ordenada implicaba que Mater Dei pagase algún precio y en tal caso cuál, a fin de evitar eventuales dudas, ya que -aseguró- dicha institución no abonaba por el suministro desde el mes de octubre de 2019.
Con relación a esto último, el magistrado de grado señaló -a su turno- que, en contraprestación por la entrega del oxígeno, la actora debía abonar a la demandada el precio que esta percibía de los demás establecimientos sanitarios a los que proveía del insumo, buena fe mediante (v. prov. de 23-IX-2021).
I.4. En su oportunidad, el juez de primera instancia rechazó la medida cautelar que había sido solicitada.
Para así decidir, advirtió que el informe de la demandada era contundente respecto de la falta de pago por parte de la actora de factura alguna desde el mes de octubre de 2019, lo que incluso había llevado a que se iniciara otro proceso judicial -infructuoso- tendiente al cobro, sin que Mater Dei se hubiera expedido concretamente -al responder el traslado conferido- sobre las sumas presuntamente adeudadas, algo que -en principio- debía considerarse como un reconocimiento de no haber abonado la contraprestación legalmente exigible por el suministro del elemento adquirido (arg. arts. 1.088, 1.089, 1.141, y concs., Cód. Civ. y Com.).
Sin perjuicio de lo anterior, a fin de tutelar el derecho a la salud de los pacientes, en la misma oportunidad el magistrado interviniente resolvió mantener la medida precautelar dictada por diez días, plazo durante el cual la actora debería adoptar los recaudos necesarios en orden a la problemática planteada, entre ellos el traslado de los pacientes que requirieran el consumo o suministro de oxígeno a nosocomios que pudieran satisfacer las respectivas necesidades clínicas, conforme a lo que determinasen los facultativos tratantes (v. resol. de 29-IX-2021).
I.5. Pero el rechazo de la medida cautelar que ha sido reseñado en el punto anterior fue dejado sin efecto por la mayoría de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, que -en cambio- ordenó a ambas partes arbitrar todos los medios necesarios para garantizar la prestación básica de oxígeno medicinal, hasta tanto se resolviese la controversia, previa caución juratoria (v. resol. de 30-XII-2021).
II. Al dictar sentencia definitiva, la magistrada a cargo del juzgado actuante rechazó la acción de amparo promovida (v. sent. de 25-IV-2022).
Señaló que la litis se desarrollaba en el marco de una relación comercial entre las partes, donde se encontraban controvertidas distintas cuestiones que exigían un debate amplio, propio de un proceso regular de conocimiento, perfil del que carecía la vía de excepción intentada, destinada al trámite urgente y expedito.
Sostuvo que la amparista no explicitó cuál sería el daño grave e irreparable que le hubiera ocasionado transitar las vías ordinarias ni en general por qué no pudo acudir a estas.
Profundizando en el análisis de los presupuestos de la acción de amparo, descartó que la demandada hubiera actuado con ilegalidad o arbitrariedad manifiestas.
En esa dirección, insistió con el informe producido por Praxair Argentina SRL, que daba cuenta de la falta de pago de todas las facturas emitidas desde el mes de octubre de 2019, así como también con la documentación de la que se desprendía el inicio de un proceso judicial tendiente al cobro de las sumas adeudadas y con el reconocimiento que derivaría del hecho de que la actora hubiera guardado silencio sobre tales aspectos en su debida oportunidad.
Además, descartó que la empresa demandada hubiera interrumpido el suministro de oxígeno en forma intempestiva, arbitraria y sin aviso previo. En cambio, resaltó que se celebraron seis audiencias de conciliación en el marco de la mediación prejudicial iniciada con motivo de los incumplimientos de pago denunciados y que, frente a su fracaso, la demandada puso en marcha un plan de suspensión gradual y de contingencia.
Finalmente, puntualizó que la amparista no invocó afectación de derechos que le pertenecieran, sino que fundó su presentación en los perjuicios que la actuación de la demandada podría originarles a los pacientes internados en el sanatorio, arrogándose implícitamente su representación.
Al respecto, recordó que la posibilidad de que la tutela de los derechos de una persona sea invocada en el marco de un proceso por terceros resulta excepcional. Añadió que tampoco se había invocado ni acreditado que los supuestos perjudicados por la conducta de la demandada estuvieran imposibilitados de hacer valer sus derechos.
III. A su turno, la Cámara interviniente, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, acogió la acción de amparo, ordenando a Praxair Argentina S.R.L. no interrumpir la provisión de oxígeno medicinal al Instituto Médico Mater Dei S.A., a fin de mantener la continuidad de la prestación de los servicios de salud brindados por esta última.
Sin perjuicio de lo anterior, la mayoría del Tribunal de Alzada instó también a las partes a arbitrar una solución superadora del conflicto verificado en su relación comercial, a cuyo fin confirió un plazo de seis meses, prorrogable ante la presentación de pruebas fundadas relativas a la adopción de medidas tendientes a resolver la controversia, término este durante el cual la jueza de primera instancia contaría con amplias facultades de supervisión y para recabar la información que estimase necesaria, en los tiempos que -a su vez- considerase pertinentes y adecuados.
III.1. Para expedirse en el sentido referido, la doctora Milanta (a cuyo voto adhirió el doctor Hitters) comenzó por circunscribir la cuestión litigiosa a la posibilidad de que se viera (o no) interrumpida la provisión de oxígeno medicinal a la clínica actora por parte de la empresa demandada.
Luego, caracterizó a dicho insumo como básico para garantizar el servicio esencial de salud a cargo de la clínica que promueve la demanda. Puntualizó que la importancia de aquel adquiría mayor vigor aún frente a la crisis sanitaria mundial a la que dio lugar la pandemia de COVID-19, cuyo inicio en nuestro país databa del año 2020, pero que se extendió -en un escenario cambiante- con posterioridad.
En esta línea argumental, invocó lo establecido por los decretos nacionales 260/20 y 867/21 y por la resolución conjunta 6/21, dictada por los ministerios de Salud y Desarrollo Productivo de la Nación, con relación a los sujetos que integran la cadena de producción, transporte, distribución y acarreo de oxígeno líquido medicinal a granel o en tubo.
Más adelante consideró que la interrupción del suministro del elemento en cuestión colocaría a los pacientes internados en la clínica actora en una situación de desatención que podría lesionar elementales derechos inherentes a la condición humana.
Estimó que ello justificaba que se hubiese acudido a la vía del amparo, toda vez que el transcurso del tiempo o la adopción de otro derrotero procesal podrían haber generado un riesgo plausible sobre la prestación del servicio de salud brindado a los pacientes internados en la clínica.
Si bien observó que la contienda enfrentaba a un sanatorio privado con una determinada empresa proveedora de oxígeno medicinal, evaluó que la decisión a adoptar comprometía el interés público y revestía una inocultable trascendencia social, que expandía el ámbito de lo justiciable más allá de los intereses de las partes procesales, implicando no solo a estas, sino también a los pacientes actuales y futuros de la institución sanitaria involucrada.
Con independencia de los conflictos suscitados en la relación comercial entre las partes, interpretó que la materia debatida en este pleito se halla íntimamente relacionada con el derecho a la salud -comprendido dentro del derecho a la vida-, que cuenta con especial protección en la Constitución provincial y ha sido reafirmado a partir de lo dispuesto en tratados internacionales con jerarquía constitucional (arg. arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11, 36 inc. 8 y 37, Const. prov.; 4 y 5, CADH; 6 inc. 1, PIDCP; e.o.).
Concluyó que no resultaba atendible que por una cuestión patrimonial se dejara sin cobertura de salud a los pacientes hospitalizados en la clínica Mater Dei, especialmente si se tenía en cuenta que la contienda se encontraba enmarcada por la circunstancia de hallarse en curso una pandemia.
Por otra parte, entendió que no se desprendía de estas actuaciones que las partes hubieran adoptado medida alguna tendiente a resolver la compleja situación en la que se encontraba su vínculo comercial, en tanto no se había informado sobre posibles reuniones a fin de acercar posiciones, la actora no había realizado una oferta de pago y la demandada no había explicado los motivos por los cuales el precio que pretendía cobrar se encontraba tan alejado del informado por otros tres sanatorios de la ciudad de La Plata, que eran también sus clientes.
III.2. En disidencia, el doctor De Santis entendió que la contienda partía de una situación que escapaba a la cuestión constitucional planteada y que no mostraba -con la evidencia propia de la acción promovida- una infracción jurídica manifiesta respecto de quien ejercía el derecho de suspender el cumplimiento de su prestación frente a los incumplimientos atribuidos a la contraparte (arg. art. 1.031 y concs., Cód. Civ. y Com.), se hubiese formalizado o no la relación bilateral entre las partes por medio de un acuerdo escrito.
Precisó que la necesidad de ingresar en el deslinde de los deberes y conducta de cada una de ellas, así como en las supuestas diferencias de precio por el insumo proveído, entre otras cuestiones, excedía -por mucho- a un trámite adjetivo reservado a lo comprobable de inmediato.
Añadió que la regla de prudencia en el desarrollo de las actividades negociales relativizaba las razones de urgencia predicadas y -antes bien- desmentía la configuración de una infracción jurídica manifiesta.
Estimó que tampoco el interés público comprometido aportaba un ingrediente de valoración especial que permitiera admitir la acción de amparo deducida, pues ello importaría un detrimento particular para el proveedor, incompatible con la garantía de igualdad (arg. art. 16, Const. nac.).
IV. Contra el pronunciamiento reseñado en el punto anterior, la firma demandada dedujo ante todo recurso de aclaratoria, invocando la necesidad de evitar eventuales dudas, con el fin de que la Cámara interviniente determinase si la provisión de oxígeno medicinal ordenada implicaba que Mater Dei pagase algún precio y en tal caso cuál, es decir, si Praxair debía cumplir con lo establecido a título oneroso o gratuito (v. presentación electrónica de fecha 21-VI-2022).
Este remedio fue rechazado por el Tribunal de Alzada, en el entendimiento de que el pronunciamiento objetado resultaba suficientemente claro. La mayoría precisó entonces que lo decidido no implicaba una donación ni un suministro gratuito, no solamente por el acercamiento entre las partes al que se había instado, sino también porque -como ya había sido explicado- la continuidad de la prestación no habilitaba a la amparista a obviar sus obligaciones, las cuales podían ser exigidas por los medios legales y procesales pertinentes (v. resol. de 7-VII-2022).
V. Con posterioridad a la interposición de la aclaratoria, la demandada dedujo ante esta Suprema Corte recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-VII-2022, 02:00:01 p.m.), en cuyo marco denunció violación o errónea aplicación de los arts. 16, 17, 19 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 11, 36 inc. 8 y 37 de la Constitución provincial; 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 958 y 1.031 del Código Civil y Comercial de la Nación; 1, 3, 15, 16 inc. 3, 17 y concordantes de la ley 13.928 (texto según ley 14.192); y de los decretos nacionales 260/21 (texto según dec. 167/21) y 867/21.
V.1. En primer lugar, cuestionó que la mayoría de la Cámara infiriera, de las normas constitucionales e internacionales citadas, la obligación de una empresa privada (Praxair) de proveer sus productos sin contraprestación y por tiempo indefinido a otra empresa privada (Mater Dei).
En ese cometido, realizó un análisis del texto de las normas aludidas en la sentencia en crisis y concluyó que son los Estados quienes tienen la obligación de garantizar a todas las personas el derecho a la salud, sin que surja de la normativa actuada su pretendida obligación de hacer un sacrificio especial para que la clínica actora pueda resultar más rentable.
V.2. Seguidamente, denunció que el fallo viola su libertad contractual, al obligarla a mantener vigente un determinado acuerdo que la contraparte no cumple y -aseguró- se sabe que no cumplirá, por tiempo indefinido (arg. arts. 958, Cód. Civ. y Com. y 19, Const. nac.).
En similar sentido, postuló que se ha cercenado su derecho de suspender el cumplimiento de un contrato bilateral cuando la otra parte no lo cumple ni ofrece cumplir (arg. art. 1.031, Cód. Civ. y Com.).
Alegó desigualdad de trato frente a la clínica actora, a quien -sostuvo- no se le impone atender gratuitamente ni prestar servicios médicos sin contraprestación.
V.3. Por otro lado, cuestionó la procedencia formal de la acción de amparo incoada.
Puntualizó en tal sentido que admitirla en una cuestión comercial, en la que no estaban en juego los derechos de los pacientes, sino las ganancias de la clínica actora, implicaba una violación del articulado de la ley 13.928, dado que -como se sostuvo en el voto minoritario de la Cámara y en la sentencia de primera instancia- no se configuraba en la especie una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que afectase un derecho fundamental y constitucionalmente reconocido, con inexistencia de una vía jurisdiccional más idónea.
V.4. A su vez, reprochó a la Cámara haber tomado como fundamento los decretos nacionales 260/20 (mod. por dec. 167/21) y 867/21, pese a que -según adujo- ellos no establecen obligaciones a su cargo ni disponen en general nada que resulte aplicable a este caso.
V.5. Finalmente, postuló que lo decidido viola los arts. 16, 17 y 19 de la Constitución nacional, ya que coloca a su empresa en una situación de sujeción, al condenarla a entregar una mercadería sin cobrar por ella, lesionando su patrimonio y obligándola a mantener una relación comercial por la fuerza.
Aclaró que -a su entender- ello no se remendaba con el "torpe y disfuncional" intento de acercar a las partes, en tanto este no se incluyó en la parte dispositiva del fallo impugnado y tampoco se impusieron consecuencias para el caso de incumplimiento. Auguró que, en tales condiciones, la clínica actora procuraría mantener la situación tal como estaba, ya que era lo que más le convenía.
VI. Mediante la resolución dictada el día 31 de julio de 2023, esta Suprema Corte suspendió el llamamiento de autos para resolver y solicitó -como medida para mejor proveer- dos informes: uno al Ministerio de Salud, a fin de que se expidiera acerca de la clausura del Instituto Médico Mater Dei denunciada por la demandada; y otro a la clínica actora, para que indicara la cantidad de pacientes internados que necesitaran provisión de oxígeno medicinal para su atención.
En su oportunidad, el Ministerio de Salud informó que con fecha 24 de junio de 2022 se dispuso la clausura del citado centro de salud por incumplimiento del protocolo para el tratamiento y disposición de residuos patogénicos, así como también que dicha decisión fue confirmada el día 22 de septiembre del mismo año por el Juzgado en lo Correccional n° 2 del Departamento Judicial de La Plata (v. presentación electrónica de fecha 7-VIII-2023, resol. 850/2022 y demás documentos adjuntos).
Por o
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