Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77813
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.813, "Antonio, Horacio Roberto contra Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, por mayoría, desestimó el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el juez en lo Civil y Comercial a cargo del Juzgado n° 15 de ese departamento judicial que, a su turno, había admitido la acción de amparo promovida por el señor Horacio Roberto Antonio contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 24-VI-2021).
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. presentación electrónica de fecha 8-XI-2021, 11:09:54, en el sistema Augusta), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 23 de diciembre de 2021.
Arribadas las actuaciones a esta instancia de excepción, este Tribunal resolvió desestimar el recurso de nulidad dadas las severas falencias argumentales que dicha vía evidenciaba y, a la vez, dictar la providencia de autos para resolver el recurso de inaplicabilidad de ley (v. resol. de fecha 27-VI-2022); siendo así y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Mediante la acción de amparo deducida, el señor Horacio Roberto Antonio, en su carácter de representante legal del Instituto Superior de Formación, Capacitación y Actualización Docente Continua "Vocación Docente", pretende el cese de los actos y omisiones ilegítimos que fueran perpetrados por funcionarios y personal dependiente de la Delegación Región 19 de la Dirección General de Cultura y Educación contra el ente educativo que representa, alegando que ello lesiona el derecho a trabajar y a enseñar.
En particular alega que se le ha negado ilegítimamente por parte de funcionarios de la demandada, la expedición de títulos, la certificación de firmas para la emisión de estos y para el dictado de cursos; impidiéndole además la matriculación del ciclo 2021. Denuncia que esta situación vulnera no solo los derechos del centro educativo, sino que además coarta el derecho de los alumnos a aprender y educarse, y los derechos laborales de los docentes.
I.1. El juez de primera instancia admitió la acción promovida y ordenó a la Dirección de Educación de Gestión Privada (DI.E.GE.P.) que, siempre que el establecimiento educativo acredite los requisitos legales necesarios que implican sus peticiones, los que -en su caso- deberán ser debidamente informados por la autoridad administrativa, emita las autorizaciones de matriculación definitivas 2019/2020/2021 de los alumnos regulares del Profesorado de Ciencias Políticas que se encuentran cursando actualmente en el Instituto; se le permita a su Directora formar parte de las reuniones que se llevan a cabo en las áeras correspondientes; se le informen los cambios de la normativa y se le autorice la presentación de planta funcional; se le comunique e informe lo que "deben cumplir" ante los Establecimientos Educativos de Gestión Privada; se le otorguen las pertinentes certificaciones de firmas de los distintos directivos en relación a postítulos de formación docente de cursos otorgados a estudiantes que han cursado especialidades y demás títulos; se cumplimente con lo establecido por la reglamentación de la ley 10.579, en relación a la habilitación y valoración de titulaciones, y con el Anexo II de la resolución 1.323 (arts. 163 inc. 7, CPCC y 14, ley 13.928). Impuso las costas a la demandada vencida (arts. 68, CPCC y 19, ley 13.928).
Para así decidir, el magistrado de origen estimó configurados los requisitos de procedencia de esta vía, por la actitud omisiva de la demandada en no hacerle saber al amparista los fundamentos en los que se sostiene su negativa. En particular, ponderó la falta de respuesta a los reclamos administrativos previos a este pleito y la falta de contestación oportuna de la demanda.
Así, aun cuando no tuvo por efectivamente acreditado lo denunciado por la actora, decidió que la falta de respuesta era una conducta arbitraria y desprovista de argumentos jurídicos que tornaba procedente esta acción de urgencia.
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de primera instancia que había admitido la acción de amparo promovida.
I.2.a. Para así decidir, desestimó el embate expuesto por la Provincia demandada en el punto II, primer agravio del recurso de apelación (v. presentación electrónica de fecha 2-VII-2021, en el sistema Augusta) relacionado a la contestación extemporánea de la demanda, en el entendimiento de que, más allá del acierto o desacierto de esa decisión, esta se encuentra firme y consentida, circunstancias que impiden su tratamiento ante la alzada.
I.2.b. También desestimó el cuestionamiento de la Fiscalía de Estado referido a la improcedencia de la vía del amparo, pues a contrario del criterio adoptado por el juez de grado en la sentencia definitiva, sostuvo que el agravio objeto de tratamiento consiste en una defensa de la demandada que por su rebeldía no pudo ser planteada en la instancia anterior, resultando fruto de una reflexión tardía.
En particular, explicó que la falta de contestación de la demanda en tiempo oportuno, da cuenta de una actitud pasiva e indiferente por parte de la demandada en la defensa técnica de sus derechos, que mal puede ser suplida en una etapa posterior del curso procesal, pues la oposición y los fundamentos con que la demandada debería resistir la pretensión de su oponente, tienen que ser introducidos en el momento procesal pertinente -por imperio de la preclusión- y ese momento es, en este caso, el de la contestación de la demanda.
I.2.c. Por último, rechazó la alegada contradicción que la Fiscalía predica en relación a que el fallo de la instancia de origen, por un lado, minimiza la falta de la contestación de la demanda y; paralelamente, le asigna una significación especial para calificar de arbitrario el obrar estatal. Al respecto señala que, de una atenta lectura del pronunciamiento no surge lo manifestado, toda vez que la arbitrariedad del obrar de la autoridad administrativa la encontró configurada -justamente- en la ausencia de respuesta a los distintos reclamos y peticiones administrativas y extrajudiciales, respecto de los cuales, al no contestar la acción tempestivamente, el magistrado que previno los tuvo por no controvertidos.
Impuso las costas a la demandada vencida (arts. 68, CPCC y 25, ley 13.928, texto según ley 14.192).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-XI-2021, 11:09:54, en el sistema Augusta) en el que denuncia la violación de los arts. 15, 166 y 215 de la Constitución provincial y 1, 2, 3 y 12 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101).
Considera que lo resuelto por el Tribunal de Alzada vulnera las garantías del debido proceso y defensa en juicio (art. 18, Const. nac.).
Califica al fallo de arbitrario, toda vez que según lo expresa el ad quem efectuó una errónea y ritualista aplicación del principio de preclusión, apartándose de la normativa prevista para solucionar el caso.
En ese orden, señala que la sentencia en crisis es absurda pues los fundamentos en torno a la falta de cuestionamiento de la resolución del 13 de mayo del año 2021 dictada por el juez de primera instancia, mediante la cual se lo tuvo por presentado y por constituido el domicilio y, a la vez, declaró el cese de la rebeldía declarada oportunamente, le genera una grave situación de indefensión.
De lo expuesto infiere que el tribunal interviniente vulneró la normativa procesal en lo contencioso administrativo.
Señala del mismo modo que es absurdo el fundamento esgrimido por el magistrado que concitó la mayoría por el cual consideró que los agravios esgrimidos en el recurso de apelación relacionados con la improcedencia de la vía del amparo constituyen fruto de una reflexión tardía en virtud de su rebeldía.
Denuncia especialmente la vulneración del art. 166 de la Constitución provincial en relación al ejercicio de la competencia de las cámaras en lo contencioso administrativo.
Alega que la Cámara incurre en autocontradicción al indicar, por un lado, que la demanda fue contestada de manera extemporánea y, por otro, tratar el fondo de la cuestión sometida a juzgamiento.
Denuncia que el fallo atacado adolece de errores de lógica jurídica, toda vez que en virtud del principio de identidad, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo.
Hace reserva del caso federal.
III. Adelanto que -en mi opinión- el recurso interpuesto no puede prosperar atento a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. Esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (causas A. 70.764, "Garrote", sent. de 8-VII-2014; A. 70.139, "Falasconi", sent. de 28-IX-2016; A. 74.290, "Andrade", sent. de 6-XI-2009; e.o.).
Asimismo, también se ha dicho que resulta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales en que reposa el fallo atacado, resultando por tanto insuficiente el remedio que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos sobre los que ésta se asienta (conf. doctr. causas C. 102.607, "B., A. L.", sent. de 27-VIII-2014; C. 107.055, "González", sent. de 10-XII-2014 y A. 74.801, "Ciganda", sent. de 8-VI-2020).
En efecto, el tribunal a quo estimó que la cuestión relativa a la temporaneidad de la contestación de la demanda era un capítulo que llegaba firme y consentido a la alzada y amparado por los efectos de la preclusión. Ello, como consecuencia de la omisión por parte de la representación fiscal en interponer los remedios procesales contra la resolución que consideró contestada fuera de término la demanda (v. resol. de 13-V-2021).
Dicho fundamento, que forma parte de la estructura lógico jurídica del pronunciamiento de la alzada, no ha sido atacado por la recurrente de manera eficaz, toda vez que se ha limitado a denunciar de forma genérica y sin una adecuada fundamentación que la Cámara interviniente ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa.
La representación fiscal no cuestionó la decisión del juez de grado que tuvo por contestada extemporáneamente la demanda, merced a lo cual esta situación se consolidó firme. Ello, a criterio de la Cámara constituye un valladar para introducir cualquier otro argumento, por no haber sido incorporado a la discusión oportunamente .
En tal aspecto, repárese que, específicamente, el voto que concitó la mayoría ponderó que los argumentos -vinculados a la vía procesal escogida- constituyen fruto de una reflexión tardía, lo que de por sí era suficiente para no considerar ese agravio. En este sentido, el a quo señaló que la falta de contestación de la demanda en tiempo oportuno revelaba una actitud pasiva e indiferente de la defensa técnica de los derechos de la demandada que no puede ser suplida en una etapa posterior del curso procesal.
La vaguedad de la exposición que contiene el recurso, deriva irremediablemente en la improcedencia del agravio, toda vez que la falta de precisión implica la ausencia de demostración del yerro en el pronunciamiento.
Obsérvese que los embates de la representación fiscal en esta instancia resultan insuficientes, limitándose a denunciar la violación de normas constitucionales y rituales del Código de la materia sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo esa vulneración.
III.2. No corre mejor suerte la denuncia de arbitrariedad y contradicción invocados, atento a su manifiesta insuficiencia.
La recurrente realiza denuncias genéricas, con explicaciones y argumentos por demás confusos y ambiguos, mas no cumple con la carga de demostrar efectivamente de qué forma los vicios alegados se presentan en el fallo impugnado.
Tan escueta e imprecisa argumentación impide su abordaje e impone, también, el rechazo de este agravio (CSJN Fallos: 331:477; causa A. 77.766, "De Giorgio de Brusca", sent. de 30-XI-2023).
III.3. Tampoco se observa comprometida la gravedad institucional denunciada, toda vez que la decisión en crisis, no convalida todo obrar de la actora, ni obliga a la DI.E.GE.P. a adverar cualquier actividad del ente educativo, como así tampoco le sustrae a la dependencia estatal el ejercicio de sus funciones públicas.
En la sentencia de grado se ha delimitado con claridad que la procedencia de la acción de amparo está configurada por arbitrariedad al no dar respuesta oportuna y que a los fines del reclamo el establecimiento educativo debe acreditar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. Esto es, esencialmente, el resguardo de las funciones de contralor que tiene asignadas la autoridad pública, respecto de los centros educativos como el instituto actor.
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tratamiento, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 279 in fine , CPCC). Con costas a la vencida (arts. 19, ley 13.298 y 68, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Con las consideraciones adicionales que formularé a continuación, adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante, a excepción de lo manifestado en los párrafos segundo a cuarto del punto III.1., que estimo innecesarios para abastecer la decisión.
I.1. Respecto del agravio por medio del cual el recurrente denuncia violación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, he de recordar que el argumento basado en el quebranto de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas, no acreditada en el caso (conf. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 73.515, "Katz", sent. de 13-IX-2017; A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; A. 75.839, "Fernández", sent. de 11-VIII-2023; e.o.).
Y si bien el impugnante aclara que aquella alegada transgresión se relacionaría con la errónea aplicación del principio de preclusión, lo concreto es que en apoyo de este planteo no ha invocado preceptos de rango legal como los que la Fiscalía de Estado había mencionado en la causa A. 78.748, "Barro", resolución de 22-XII-2023, circunstancia que diferencia a ambos casos, justificando la aplicación de soluciones disímiles en lo relacionado con los efectos que la mayoría de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata asigna en la instancia recursiva a la previa declaración de rebeldía.
Nótese que aquí el apoderado fiscal no se ha referido en ningún momento a las disposiciones sobre dicha cuestión contenidas en el ordenamiento procesal aplicable (conf. art. 25, ley 13.928). Por lo demás, sus alusiones a determinadas reglas incluidas en el Código Contencioso Administrativo no se vinculan con este tópico, sino antes bien con los cuestionamientos en torno a la procedencia de la vía del amparo, frente a la hipotética posibilidad de haber interpuesto una pretensión regida por la ley 12.008 y sus modificatorias.
Lo indicado conduce a la desestimación del remedio intentado en la parcela analizada, pues, como lo ha señalado reiteradamente este Tribunal, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que, de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que solo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan. De allí que su insuficiencia sea insalvable cuando no se alega la transgresión de norma legal alguna, pues la Corte no puede suplir, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse, ni menos aún declarar oficiosamente la violación de algún precepto legal no invocado (doctr. causas A. 70.211, "G., M. A.", sent. de 18-V-2011; A. 70.702, "Ponce", sent. de 29-II-2012; A. 71.710, "M., E. M.", sent. de 11-V-2016; A. 77.484, "Giordano", sent. de 18-IX-2023; e.o.).
I.2. Para más, en lo concerniente a la pretendida falta de configuración de los presupuestos de procedencia de la acción de amparo, no solo no se ha denunciado -como hubiera correspondido- la violación de la normativa específica que regula esa acción, sino que las circunstancias apreciadas por el Tribunal de Alzada para confirmar lo decidido al respecto por el juez de grado, en especial la arbitrariedad manifiesta que habría quedado evidenciada con la falta de respuesta del ente demandado a los reclamos del actor para poder ejercer su derecho a trabajar, constituyen típicas cuestiones de hecho y prueba, no revisables, en principio, en la instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de la existencia de absurdo (conf. causas A. 70.655, "Acevedo", sent. de 20-II-2012; A. 73.133, "Valdez", sent. de 8-XI-2017; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019; A. 77.124, "S., A. S.", sent. de 27-X-2022; e.o.), vicio que, si bien la agraviada ha denunciado, no ha logrado acreditar.
En efecto, lejos de demostrar la existencia de tamaño vicio, el recurrente solo ha exteriorizado su opinión discrepante con el resultado obtenido en la labor valorativa, pero sin lograr acreditar que el razonamiento de los sentenciantes en esta parcela esté afectado por un error grave y ostensible que haya derivado en conclusiones incongruentes o contradictorias con las probanzas objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes, que es lo que configura el absurdo (doctr. causas A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 74.916, "Fernández", sent. de 29-V-2019; e.o.).
I.3. Por último, destaco que en modo alguno podría admitirse la existencia de gravedad institucional, apenas mencionada en el punto IV del recurso de inaplicabilidad de ley bajo análisis, toda vez que el planteo no ha sido objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de aquella circunstancia (conf. causas A. 71.354, "L., O. M.", sent. de 22-V-2013; A. 72.378, "López", sent. de 21-XII-2016; A. 76.131, "Servin", sent. de 23-XII-2021; e.o.).
II. Por todas las razones señaladas, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. arts. 279 y 289, CPCC). Con co
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.