Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78381
A.78.381 "TROTTA ANGELA MARIA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (IPS) S/ AMPARO -RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Carral y Kohan dijeron:
I. En autos -en el marco de una acción de amparo entablada por la señora Angela María Trotta contra el Instituto de Previsión Social por la que solicita que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones nº4385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte- la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la decisión de grado que desestimó el planteo de incompetencia y la citación de tercero efectuados por la demandada. Asimismo -por mayoría- confirmó tanto la resolución de grado que hizo lugar a la medida cautelar peticionada como la que impuso una multa diaria de pesos cinco mil ($5.000) en favor de la parte actora por cada día de retardo en la devolución del importe retenido indebidamente sobre el haber correspondiente al mes de diciembre del año 2020 (v. resol. de Cámara de fecha 17-VIII-2021).
I.1. Para así decidir en relación a la medida cautelar, entendió que -en el delimitado marco cognoscitivo propio de las diligencias cautelares- se encuentra presente en autos el requisito de verosimilitud en el derecho, citando el precedente propio “Colavita” (sent. del 16-VI-2020). Asimismo, juzgó que las consideraciones expresadas por el magistrado de grado en lo atinente al peligro en la demora se ajustan a derecho y no han logrado ser desvirtuadas por la recurrente.
I.2. Respecto a la medida conminatoria cuestionada juzgó que, dado el tiempo transcurrido desde su emisión y la falta de observancia de la tutela precautoria por parte de la demandada aún después de emitirse la orden judicial de restitución de los montos ilegítimamente retenidos, no se exhibían elementos que permitieran desvirtuarla.
I.3. En cuanto a la excepción de incompetencia comenzó por señalar que la controversia se encuentra directamente relacionada por el obrar de un órgano de la Administración Pública Provincial -IPS- en su carácter de agente de retención del Impuesto a las ganancias.
En ese contexto, sostuvo que no obsta a que la actuación provenga de una norma de orden nacional, pues desde la noción funcional del obrar enjuiciado, bien puede interpretarse que las particularidades del caso lo colocan en sede provincial, en la medida en que el órgano que realiza el descuento integra el cuadro de reparticiones de su administración pública y, en tal carácter, se halla alcanzada la contienda por el art. 17 bis de la ley de amparo.
Señaló, además, que tal criterio se halla sentado por la Corte nacional en el precedente "Baum", resol. de 6-X-2015.
I.4. Por último, declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el Fisco contra la resolución de grado que rechazó el pedido de citación de tercero por considerar que el caso de autos no encuadra en ninguno de los supuestos establecidos en el art. 16 de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-.
II. Frente a tal decisión, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 2-IX-2021), el que denegado con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado (v. resol. de fecha 9-IX-2021), motivó la queja caratulada Q. 77.366 "Trotta, Angela M. c/Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires s/Amparo- Recurso de Queja por denegatoria de Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", acumulada a la presente (art. 292, CPCC; v. presentación de fecha 20-IX-2021).
III. Encontrándose para resolver la admisibilidad del recurso de queja citado, la Cámara interviniente elevó mediante oficio electrónico las actuaciones principales en las que el 13 de septiembre de 2022 se concedieran los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por ambas partes (v. presentaciones de fechas 21 y 22 de junio de 2022), ahora contra la sentencia definitiva de fecha 2 de junio de 2022.
IV.1. Comenzando por analizar el recurso de queja intentado, corresponde señalar -liminarmente- que si bien la impugnante transcribe en su totalidad el auto denegatorio del remedio extraordinario de fecha 2 de septiembre de 2021, lo cierto es que no ha expuesto ni desarrollado agravios vinculados a la ausencia de definitividad de la decisión que desestimó la citación de tercero, limitándose -en cambio- a argumentar la procedencia de aquel carril extraordinario en cuanto objetó la procedencia de la medida cautelar, la imposición de astreintes y el rechazo del planteo de incompetencia (v. punto VI del escrito de queja cit.).
IV.2. Asimismo, surgiendo de la compulsa de los trámites del expediente principal que en fecha 7 de febrero de 2022 el juez de grado dictó sentencia definitiva -luego confirmada por la Cámara- haciendo lugar parcialmente a la acción de amparo intentada, corresponde declarar que el recurso de queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley devino abstracto en cuanto al agravio vinculado con la medida cautelar concedida en autos (doct. causas Q. 70.927, "Siderar SA", resol. de 23-XI-2011; Q 70.565, "Z., A.N.", sent. 7-VIII-2013; A. 78.464, "Cingolani", resol. de 16-II-2024; e.o.).
IV.3. Subsistiendo el interés para recurrir respecto de los restantes agravios, toca pasar a su abordaje.
IV.3.a. Así, en cuanto al cuestionamiento dirigido a objetar la imposición de astreintes, cabe señalar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquélla que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (conf. causas Q. 75.585, "Mancuso", resol. de 26-XII-2018; Q. 75.702, Fernández Urricelqui", resol. de 22-V-2019; Q. 79.338, "Pazos", resol. de 19-VIII-2024).
También es doctrina de este cuerpo que las decisiones en materia de astreintes no resultan definitivas y, por lo tanto, son ajenas a la revisión en esta instancia extraordinaria (doctr. causas A. 75.908, "Unión de Guardavidas Agremiados", resol. de 23-X-2019; Q. 77.167, "Martinez", resol. de 15-VII-2021; Q. 78.105, "Fernandez", resol. de 4-XI-2022).
En el caso, el pronunciamiento de la Cámara confirmatorio del de origen que fijó la sanción conminatoria en favor de la actora por no haber dado cumplimiento el Fisco a la medida precautoria -en el mes de diciembre de 2020-, aún después de emitirse la orden judicial de restitución de los montos ilegítimamente retenidos, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Q. 79.338 y Q. 75.702, cits.; Q. 76.440, "Fantaguzzi" resol. de 17-VI-2020, e.o.).
En consecuencia, corresponde desestimar el embate traído en relación al mencionado cuestionamiento (arts. 278 y 292, CPCC).
IV.3.b. Respecto al agravio orientado a atacar el rechazo de la excepción de incompetencia planteada por la Fiscalía, es del caso recordar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que las resoluciones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial (doctr. Ac. 101.201, "Gramajo", resol. de 19-X-2007; Q. 72.724, "San Andrés Golf Club", resol. de 23-XII-2013; Q. 73.746, "Centro Estudios Legales y Sociales", resol. de 15-VII-2015; C. 124.003, "Ecoplata SA", resol. de 6-VII-2020), denieguen la competencia federal (doctr. Ac. 99.807, "Paganti", resol. de 31-VIII-2007; Ac. 100.709, "Marchetti", resol. de 18-II-2009; Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003 cits.; Fallos 302:1626; 324:4469, entre otros) o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes y al hacerlo incida sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (doctr. causas Ac. 103.347, "Lagrotte", resol. de 23-IV-2008; Ac. 100.709, Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003, cits.).
De esta manera, se aprecia que el caso sub examine encuadra en uno de los supuestos excepcionales en que este Tribunal admitió la apertura de la vía extraordinaria en cuestiones de competencia, en cuanto a través del canal extraordinario de inaplicabilidad de ley se controvierte la denegatoria del fuero federal (doctr. causas Ac. 107.089, resol. de 17-VI-2009; C. 103.835, "Montanari", resol. de 20-III-2010; C. 118.983, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 3-VI-2015; Q. 78.360, "Lyall", resol. de 28-IV-2023).
En atención a lo expuesto, revistiendo carácter definitivo lo resuelto en el fallo sobre la incompetencia planteada y hallándose reunidos los demás recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar parcialmente a la queja traída en fecha 20 de septiembre de 2021 y conceder -a su respecto- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto el 2 de septiembre de 2021 (arts. 278, 292, Cód. cit. y Acordada 4068).
V. Pasando -ahora- a examinar la procedencia del referido recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se advierte que no puede prosperar, atento a la insuficiencia que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
V.1. En la vía indicada, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 y modifs.; de los arts. 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20 inc. 2 y concordantes de la Constitución provincial; 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional.
Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
En sustancia, sostiene que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes.
De allí deriva -alega- que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Asimismo, asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce haber advertido continuamente esta circunstancia a lo largo de las actuaciones, sin que ello haya sido oído por los juzgadores.
V.2. Al respecto, corresponde resaltar que la recurrente insiste en reiterar su posición sobre el tema, ya planteada en instancias anteriores, sin rebatir los fundamentos esgrimidos para rechazarla tanto por el juez de grado como por la Cámara de Apelación interviniente, quienes han considerado que en el caso bajo examen no se han impugnado actos ni normas emanadas del Estado nacional, sino que se cuestiona la conducta desplegada por una autoridad administrativa provincial a partir del dictado de resoluciones de esta Suprema Corte que, junto con los preceptos de carácter federal, integraban el plexo normativo que aquella estaba llamada a interpretar.
Así, en los términos planteados, los cuestionamientos introducidos por la impugnante y relacionados con la denegatoria de la excepción de incompetencia no pueden ser atendidos, ya que, a más de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causas A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018; A. 76.840, "Barroso" y A. 76.759, "Bosnic", sents. de 21-XII-2022).
Lo expuesto torna aplicable al presente lo sostenido en numerosas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023; e.o.).
Asimismo, cabe recordar que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio ausente en este segmento de la decisión.
V.3. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada en fecha 2 de septiembre de 2021 (cfr. art. 279, CPCC).
VI. Corresponde ahora abordar el tratamiento de los recursos extraordinarios deducidos contra la sentencia definitiva de autos.
VI.1 Al respecto, es del caso resaltar que en autos el Juzgado en lo Civil y Comercial n°10 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida y -en consecuencia- condenó al IPS a liquidar el impuesto a las ganancias sobre los haberes jubilatorios que perciba la señora Trotta, computando únicamente a tales fines el rubro "sueldo básico". Por otra parte rechazó el pedido de reintegro por la actora formulado (v. sent. de fecha 7 de febrero de 2022).
VI.2. A su Turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de la Plata confirmó dicha sentencia (v. sent. de fecha 2 de junio de 2022).
Para arribar a tal decisión, abordando en primer lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, citó lo decidido por la propia Cámara con relación a la vía procesal y sobre el fondo del asunto en casos similares (CCALP causas n° 24.273, "Servin", sent. de 11-VII-2019; 25.517, "Colavita", sent. de 16-VI-2020; 26.200, "Bosnic Bagatela", sent. de 22-IX-2020; 26.380, "Barroso", sent. de 20-X-2020; 26.691, "Ricci", sent. de 1-XII-2020; 27.604, "Castillo" y 26.906, "Hitz", sents. de 16-III-2021).
Desestimó los agravios referidos con sustento en que el IPS actúa como agente de retención y que no forma parte de la relación jurídica sustancial, pues reiteró que la controversia no venía "...confinada por un acto, expreso ni tácito, de la administración federal de impuestos, sino de una conducta del agente de retención cuya medida excede el confín de una base imponible menor que, en todo caso, la autoridad nacional podrá observar ante el contribuyente pero que no desplaza un reproche que se dirige a quien interpreta un mandato legal sin considerar las variantes reglamentarias a las que, en esa labor, debe inexcusable sujeción" (conf. CCALP causa n° 26.200, cit.).
Sostuvo que las resoluciones 4.385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte, que indican los conceptos que conforman la base imponible para la retención del impuesto a las ganancias correspondiente a los agentes del Poder Judicial, resultaban aplicables tanto para los sujetos activos como para los pasivos, por ello la actora se encontraba incluida.
Consideró que la demandada vulneraba la garantía de progresividad y los derechos de la seguridad social. Recordó lo resuelto por la Corte nacional en la causa "Aquino", sentencia de 21-IX-2004, en cuanto a que dicho principio implica, por un lado, que los estados deben proceder de forma tal de alcanzar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; y, por el otro, que todas las medidas de carácter deliberadamente regresivas requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente atento la "fuerte presunción" contraria a que ellas sean compatibles con el principio mencionado.
Por último, en referencia al recurso de apelación deducido por el doctor Campoamor en representación de la parte actora, consideró que correspondía tenerlo por no presentado en tanto al interponer el referido remedio el letrado invocó el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial por remisión del art. 25 de la ley de amparo, gestión que -juzgó- no fue ratificada en el término que impone la figura que invocó, ni se presentaron instrumentos que acrediten su personería.
VI.3. Disconformes con dicho pronunciamiento tanto la demandada como la actora interponen sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de fechas 21 y 22 de junio de 2022), los que fueron concedidos (v. resol. de fecha 13 de septiembre de 2022).
VI.3.a. Pasando a analizar la vía extraordinaria deducida el 22 de junio de 2022, corresponde resaltar que en él, el Fisco provincial denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios- y de los arts. 4, 330, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20 inc. 2 y concordantes de la Constitución provincial y 16, 17, 18, 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional.
Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
Observa que el marco normativo aplicable a la liquidación de retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales abonados por el IPS se integra "en forma general" por la ley 20.628, su decreto reglamentario 649/96 y la resolución general de AFIP n° 2.437.
Manifiesta que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes, so riesgo de quedar expuesto a reclamos e incluso multas por parte de la AFIP.
VI.3.a.1. Al igual que en las causas A. 76.131, "Servin", sentencia de 23-XII-2021; A. 76.758, "Perazzo"; A. 76.759, "Bosnic Bagatela" y A. 76.840, "Barroso", sentencias de 21-VII-2022, el recurso presentado no puede prosperar, en razón de su insuficiencia técnica (arg. art. 279, CPCC).
VI.3.a.2. En primer término, y tal como se indicara en las mencionadas actuaciones, corresponde desechar la denuncia de violación de preceptos legales que, si bien se indican como conculcados, no se detalla cómo se vincularí
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.