Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79380
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278 y 279, CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a la parte recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68, 289 in fine , CPCC).
A.79.380 "MORGESE MARIA SILVIA C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ AMPARO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan, el señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que aquí interesa, desestimó por fundamentos concordantes el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de La Plata y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, tras declarar para el caso la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927, hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y ordenó a la comuna que, dentro del plazo de cinco días de quedar firme la sentencia, continúe con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir de la señora María Silvia Morgese sin requerir la previa obtención de un certificado de libre deuda de infracciones de tránsito.
Para así decidir, en primer lugar, se explayó en relación a la cuestión constitucional y a la aptitud de la vía de amparo.
Fundó sus razones en relación al sistema de control difuso en la materia que posibilita -ante el acto aplicativo- conocer y decidir al respecto, al entender además que el examen de validez de una norma en la acción de amparo se encontraba expedito cuando comprendiese la esfera de derechos o intereses del amparista.
Respecto a los argumentos fundantes del rechazo de los recursos, hizo mérito de aquellos expuestos en diversos precedentes de la Cámara.
Sentado ello, sostuvo que más allá de la existencia o no de multas vigentes en cabeza de la actora, se advertía que el accionar objeto de impugnación conducía a evaluar la legitimidad de la exigencia del “libre deuda”, cuya inconstitucionalidad fuera expresamente articulada por la interesada y así dispuesta por el juez de grado, destacando que en aquellos precedentes de la a quo se había considerado la colisión y/o exceso reglamentario que portaba el art. 10, apartado 3 del Anexo II del decreto 532/09, con relación al art. 8 de la Ley de Tránsito provincial n°13.927. Ello, en tanto en los textos legales nada surgía en dirección a impedir el otorgamiento de una licencia de conducir cuando el interesado registrara impaga una infracción de tránsito o la pendencia de ésta, por lo que se había declarado irrazonable dicha exigencia reglamentaria, decidiéndose no aplicarla (art. 57 y concs., Const. prov.) en función de la afectación al derecho a la igualdad (arts. 16 y 75, inc. 19, Const. nac.; 11 y ccs., Const. prov.), así como del núcleo protectorio de las libertades personales del art. 18 de la Constitución Nacional.
Afirmó que tales conclusiones resultaban plenamente aplicables al caso bajo examen, pues la réplica de la recurrente no alcanzaba a conmover el decisorio apelado, a través del cual se ponía en evidencia el exceso reglamentario en que incurría la normativa impugnada con motivo de la introducción de una exigencia irrazonable -contar con “libre deuda” como requisito previo para la obtención o renovación de la licencia de conducir-, que desbordaba los fines perseguidos por el legislador en materia de preservación de la seguridad vial.
Rechazó también los argumentos de la Municipalidad, respecto al agravio referido a la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, pues atento las competencias que el mismo ordenamiento jurídico reseñado le otorgaba, nada lo impedía.
Declaró fallido el intento de justificar un agravio referido a la declaración de inconstitucionalidad, no solo porque la parte había alegado la repugnancia constitucional de la conducta oficial en su conjunto, invocando indefensión, sino también porque se había articulado un cuestionamiento genérico de toda norma jurídica o acto de autoridad que impida la renovación de su licencia de conducir.
Finalmente, en materia de costas, la Cámara, por mayoría, confirmó su imposición. Esto así, pues destacó que el Municipio debía actuar en un necesario marco de cooperación y colaboración, ya que su acción coordinada y conjunta era la que daba sustancia y dotaba de operatividad al sistema instaurado para el otorgamiento de licencias de conducir, erigiéndose entonces en un eslabón necesario con que contaba el Estado para dar curso a las peticiones de los ciudadanos que residían en el distrito, necesitados de esas autorizaciones para su movilidad, por lo que también correspondía rechazar la queja en este aspecto.
Confirmó así la sentencia de grado (v. sent. de 16-V-2023).
II. Frente a lo decidido, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-VI-2023), siendo concedido por la Cámara actuante con fecha 25-IV-2024.
En prieta síntesis, reiterando conceptos vertidos con anterioridad, la Municipalidad denuncia que, en el caso, existen razones suficientes para la aplicación de las excepciones establecidas en función de la posibilidad de que el magistrado interviniente exima total o parcialmente del pago de las costas al vencido, siempre que encontrare mérito para ello. Argumenta además que debió ceñirse obligatoriamente a la normativa que rige la materia, pues carece de atribuciones para modificarla, encontrándose frente a una sentencia que se aparta de la normativa vigente, al ordenarle actuar en contra de leyes nacionales y provinciales.
III. El remedio no puede prosperar atento su insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018; A. 76.273, "Colombo", resol. de 19-II-2020; A. 78.982, "Ragone", resol. de 21-XII-2023, e.o.).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016; A. 73.960, cit., e.o.).
En tal sentido, la apelante reitera argumentos vertidos al interponer el recurso de apelación, que han sido tratados y resueltos por la Cámara, como los vinculados a la cuestión constitucional.
Sobre ese modo de proceder, esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 in fine , CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios razonadamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012 y A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016).
La argumentación de la recurrente no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada, desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas sin conseguir demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley (doctr. causas A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 73.169, "Liserre", sent. de 17-V-2017; e.o.).
IV.2. Finalmente, este Tribunal tiene dicho que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en la vía extraordinaria, salvo supuesto de absurdo, como cuando se hubiese alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017 y A. 74.627, "Cifuentes", sent. de 15-VIII-2018).
Los indicados extremos no se verifican en la especie, desde que la recurrente exterioriza una disconformidad en orden al criterio seguido por la mayoría de la Cámara, sin siquiera invocar, en esta parcela, el aludido vicio.
V. Por tal razón y en virtud de los argumentos brindados, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278 y 279, CPCC y 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a la parte recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68, 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/08/2024 23:18:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:36:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:47:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:47:25 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 14:35:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/08/2024 14:44:44 hs. bajo el número RR-552-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia