Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78121
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.121, "Ariccia, Liliana Beatriz contra Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Carral, Kohan, Bouchoux.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había admitido la acción de amparo promovida por la señora Liliana Beatriz Ariccia contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 8-II-2022).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-II-2022, 10:31:34 a.m.).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 26-IX-2022), dictada la providencia de autos (v. proveído de fecha 28-IX-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 11 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción de amparo promovida por la señora Liliana Beatriz Ariccia, en representación de su madre M. E. H. y ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) a brindar la cobertura del 100% del costo del servicio integral de internación de la señora H. en el Hogar con alto grado de dependencia (AGD) "Los Patios S.A.", sito en la calle 2 n° 670 de esta ciudad.
Para ello, sostuvo que a partir de la medida cautelar dictada el día 20 de noviembre del año 2020, la prestación objeto de autos se encontraba garantizada por la demandada y ordenó —en función de las probanzas y constancias documentales e informativas rendidas en la causa respecto de la situación de la actora— que con carácter definitivo el organismo demandado continúe garantizando el derecho a la cobertura total del costo de internación de la señora M. E. H. en el Hogar "Los Patios", asegurando su cuidado y atención permanente mientras la situación lo requiera.
Impuso las costas del proceso a la demandada en su calidad de vencida (conf. art. 19 y concs., ley 13.928, texto según ley 14.192).
II. Apelado dicho pronunciamiento por la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 10-XI-2021, 10:23:51 a.m.), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia de grado (v. sent. de fecha 8-II-2022).
Para decidir de ese modo, refirió al criterio adoptado en causas análogas sustanciadas ante ese tribunal y destacó que no resultaba controvertido el delicado estado de salud de la señora H. y su edad avanzada, como tampoco la necesidad de recibir determinadas prestaciones de salud, con riesgo de vida ante la discontinuidad de estas o su cumplimiento ineficiente.
Sostuvo que se encuentra demostrada la grave situación de la amparista, quien tiene ochenta y tres años de edad y presenta un diagnóstico de deterioro cognitivo moderado por demencia.
Ponderó la documentación que da cuenta de lo mencionado en el párrafo anterior, especialmente el certificado de discapacidad, la historia clínica y la cobertura parcial a los valores fijados para los pacientes con alto grado de dependencia que autorizó el propio organismo demandado en el Hogar que, si bien no tiene convenio con la obra social, es en el que la señora H. se encuentra internada desde el año 2017.
Expresó que teniendo en cuenta la patología documentada y la condición de persona altamente dependiente de terceros, la prestación requerida no admitía interrupción y que su discontinuidad pondría en riesgo la salud de la paciente.
Señaló que la demandada no ha demostrado que dentro del listado de prestadores que ella ofrece pueda garantizarse la calidad y eficiencia en la atención de salud que las particularidades del caso ameritan, considerando insuficientes los agravios relacionados con la existencia de cuatro hogares conveniados que ofrecerían prestaciones de similares características, sin siquiera informarse si contaban con disponibilidad y si las condiciones de internación no pondrían en riesgo la salud de la señora H..
Sostuvo que el caso posee circunstancias fácticas y probatorias diferentes a las del precedente de esta Suprema Corte de Justicia caratulado A. 76.471, "Sánchez", sentencia de 30-III-2021.
Destacó que debe darse primacía al derecho a la vida y a la salud comprometidos (conf. arts. 75 inc. 22, Const. nac.; XI, DADDH; 25.1., DUDH; 4, CADH; e.o.), sin perjuicio de la facultad de auditoría que posee la demandada para fiscalizar la prestación del servicio y solicitar documentación médica actualizada.
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 23-II-2022, 10:31:34 a.m.), en el que denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8 de la Constitución provincial; 10 y concordantes de la ley 6.982; 1.I. del Anexo I del decreto reglamentario 7.881/84 y 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
Asimismo, reprocha que la sentencia impugnada transgrede la doctrina legal que emana de la causa "Sánchez" (antes cit.).
Advierte en este sentido que la institución Hogar "Los Patios" no posee convenio con IOMA y que del expediente administrativo agregado a la causa surge que al 15 de enero del año 2021 existían cuatro hogares conveniados que ofrecían prestaciones de similares características.
Consigna que lo resuelto por esta Corte en la causa A. 76.471, "Sánchez", sentencia de 30-III-2021, resulta plenamente aplicable al caso.
Expresa que del precedente citado se desprende que en casos como el de autos la empresa que debe encargarse de cumplir la prestación, como así también los profesionales intervinientes, deben integrar el Registro Único de Prestadores del IOMA de acuerdo a la normativa de la obra social.
Afirma que dicha doctrina legal fue enunciada en la causa A. 75.422, "Cáceres", sentencia de 28-VIII-2019, y luego tomada como antecedente para resolver "Sánchez".
Advierte que la sentencia incurre en absurdo, pues la condena impuesta por la jueza que previno y confirmada por la Cámara, va más allá de lo que IOMA reconoce por la prestación brindada con empresas conveniadas.
Estima que de esta forma el Hogar "Los Patios" adquiere una posición privilegiada por sobre el resto de las empresas al facturar un importe por demás excesivo en relación a la prestación brindada y en comparación al resto de las empresas. Entiende que el Tribunal de Alzada viola de esa forma los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional.
Plantea que la sentencia impugnada carece de los elementos esenciales que permiten considerarla como un acto judicial válido, ya que los motivos en los que se funda son solo aparentes.
Añade que el pronunciamiento se ha apartado de los escritos constitutivos de la litis y no ha evaluado de modo adecuado las constancias documentales de la causa, apoyándose en afirmaciones de naturaleza dogmática o inferencias sin sostén jurídico o fáctico, con el solo sustento de la voluntad de los jueces.
Indica que la falta de fundamentación del fallo viola el derecho de defensa de su parte y el debido proceso y vulnera, asimismo, lo dispuesto por los arts. 161 del Código Procesal Civil y Comercial y 171 de la Constitución provincial.
Añade que la decisión en crisis incurre en arbitrariedad al carecer de fundamento adecuado que dé base a la condena impuesta, indicando que ello no queda suplido con la invocación genérica de razones de orden normativo relacionadas con lo dispuesto en tratados internacionales con jerarquía constitucional (conf. arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.).
Entiende que no luce suficiente la alegación de cuestiones particulares que generen un estado de situación especial que sostenga la excepcionalidad propuesta por el fallo, no explicándose la razón por la cual no pueda brindarse la prestación mediante una institución perteneciente al Registro de Prestadores de IOMA, o cuál sería el daño concreto que ello pudiera ocasionar a la amparista.
Afirma que el proceder de la Cámara es palmariamente dogmático porque se apoya en una serie de normas superiores de índole local e internacional que aparecen desvinculadas del presupuesto de hecho de la causa y de las disposiciones legales que directa e inmediatamente rigen el punto en debate.
IV. Oído el señor Procurador General, coincido en que el recurso interpuesto no puede prosperar.
La problemática sobre la materia de autos ha sido objeto de tratamiento por parte de este Tribunal en las causas A. 76.471, "Sánchez", sentencia de 30-III-2021; A. 77.130, "Sabbatini", sentencia de 23-II-2022 y A. 78.071, "Sansone", sentencia de 11-VIII-2023.
Sin perjuicio de los fallos que integran esta casuística, la índole de la cuestión analizada impone un particular examen de las constancias y particularidades de cada caso.
IV.1. Denuncia la recurrente la violación de la doctrina de este Tribunal en la causa "Sánchez", en la cual —por mayoría que no integré— se señaló que de acuerdo al régimen implementado por el IOMA —en términos generales— el principio de libre elección del prestador se hace efectivo permitiendo a sus afiliados optar entre una cartilla de profesionales adheridos al sistema (conf. arts. 1, 22 in fine y concs., ley 6.982).
Sin embargo, no basta con la mera individualización del precedente cuya doctrina se dice violada y la transcripción de sumarios para sustentar la violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que resulta necesario que se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 72.338, "G., H. E. y ot.", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
En la especie, la impugnante no desarrolla esa tarea, sino que se limita a transcribir un fragmento del fallo con el que busca respaldar su posición, omitiendo efectuar la correspondencia fáctica y jurídica existente entre la causa denunciada y el supuesto de autos.
De tal modo, el planteo deviene insuficiente, pues es claro que omite explicar de qué manera concreta el precedente de esta Suprema Corte, que denuncia como erróneamente aplicado o transgredido, se relacionaría con la denunciada actuación indebida de la Cámara interviniente (arg. art. 279, CPCC).
IV.2. Los demás agravios esgrimidos por la representación fiscal tampoco merecen acogida. En efecto, ellos reconducen a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016; A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019; e.o.), vicio que, si bien invoca, la recurrente no logra acreditar.
La delicada situación de salud de la amparista en su condición de persona mayor y con discapacidad altamente dependiente de terceros, que ponderó la Cámara para confirmar la sentencia de grado, constituye una típica cuestión de hecho no revisable, en principio, en la instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de la existencia de absurdo (conf. doctr. causas A. 70.655, "Acevedo", sent. de 20-II-2012; A. 73.133, "Valdez", sent. de 8-XI-2017; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019; e.o.).
Por otra parte, el Tribunal de Alzada estimó insuficientes los agravios esgrimidos por la representación fiscal en relación a la existencia de cuatro hogares conveniados que brindarían prestaciones de similares características, pues no se informó si ellos tenían disponibilidad, ni si sería médicamente factible modificar las condiciones de internación de la amparista sin riesgo para su salud, entre otras consideraciones.
Indicó, a su vez, que la necesidad de la amparista de la internación en una institución para pacientes con alto grado de dependencia como el Hogar Los Patios, no ha sido desconocida por la demandada, como tampoco su condición de persona con discapacidad, habiendo incluso reconocido parcialmente la prestación requerida.
Concluyó que dadas las particulares circunstancias de la causa y habiendo quedado demostrada la delicada situación de salud de la actora, debía adoptarse un criterio favorable a la cobertura integral de la prestación de internación en el Hogar Los Patios, la cual no puede interrumpirse dada la especial protección constitucional que tiene el derecho en juego.
Estos fundamentos de la Cámara no resultan conmovidos por las simples manifestaciones desplegadas por la recurrente, en tanto se desentiende de ellos, limitándose a exteriorizar su opinión discrepante con el resultado obtenido y a esgrimir su punto de vista subjetivo.
Las expresiones de la impugnante no constituyen base idónea de agravios ni configuran el absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de un error palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de las cuestiones de hecho y prueba (conf. doctr. causa A. 71.485, cit.; e.o.).
Es necesario demostrar que lo concluido por el tribunal es el producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (doctr. causas A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.122, "Lopez", sent. de 29-XI-2017; A. 74.916, "Fernandez", sent. de 29-V-2019; e.o.).
Los argumentos vertidos en el recurso deducido lejos se hallan de demostrar el razonamiento erróneo que, en grado de absurdo, permita reeditar los temas apuntados (conf. arts. 279 y 384, CPCC).
IV.3. Por otra parte, la denuncia formulada con relación a la errónea aplicación de la ley también evidencia insuficiencia.
En efecto, si bien la recurrente señaló como infringidos por la Cámara los arts. 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional y 20 inc. 2, 36 incs. 5 y 8 de su par provincial y tratados internacionales, lo cierto es que tales referencias se efectúan sin formular y acreditar, con la precisión que el recurso en tratamiento requiere, el concreto quebrantamiento de esas normas (cfr. art. 279, CPCC).
Quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos, no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no resultando suficiente la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (conf. causas A. 74.837, "Bentancur", resol. de 20-III-2019; A. 74.737, "Balaguer", resol. de 17-IV-2019; A. 74.818, "Magnanego", resol. de 17-IV-2019; e.o.).
A ello agrego que la mención genérica que se formula en el recurso, referida a la supuesta afectación de derechos o garantías de rango supralegal o la alusión a principios contenidos en las Constituciones nacional y provincial, no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación, extremo que tampoco se verifica —con respecto a la mayoría de las normas citadas— en el sub examine (conf. causas A. 71.256 bis, "Ceuninck", sent. de 4-VIII-2016; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019; e.o.). Se trata de una tarea a cargo del agraviante —en el caso insatisfecha— que no puede ser suplida por esta Corte (doctr. causas A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
V. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la recurrente vencida (conf. art. 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Los antecedentes de la cuestión han sido expuestos en el voto del ponente, al que me remito. En cuanto a la solución propiciada, habré de apartarme de ella, pues entiendo que corresponde admitir el recurso extraordinario bajo análisis.
En efecto, acierta la recurrente en cuanto denuncia que se ha violado la doctrina legal de esta Corte en referencia al sujeto que puede otorgar la prestación en casos como el presente (art. 289 inc. 2, CPCC).
En ese orden, cabe destacar que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
Esta Corte, en una causa en la que se suscitó una cuestión de hecho análoga —pues el actor había requerido la cobertura por parte del IOMA de un servicio de internación llevado a cabo por una entidad fuera de convenio—, resolvió que la empresa encargada de cumplir la prestación debía integrar el Registro Único de Prestadores del IOMA de acuerdo a la normativa de dicha obra social (causa A. 76.471, "Sánchez", sent. de 30-III-2021). Más recientemente, y en el mismo sentido, se decidieron las causas A. 77.130, "Sabbatini", sentencia de 23-II-2022 y A. 78.071, "Sansone", sentencia de 11-VIII-2023.
En los mentados precedentes, este Tribunal señaló que de acuerdo al régimen implementado por el IOMA —en términos generales— el principio de libre elección del prestador (art. 25, ley 23.661) se hace efectivo permitiendo a sus afiliados optar entre una cartilla de profesionales adheridos al sistema (conf. arts. 1, 22 in fine y concs., ley 6.982), cuya actuación se encuentra controlada no solamente por los colegios respectivos y las autoridades sanitarias estatales, sino también a través de los mecanismos que despliega la propia obra social. De tal modo, estos profesionales han de suponerse igualmente idóneos para atender adecuadamente las dolencias, salvo que exista prueba en contrario.
Al igual que en los aludidos fallos, en autos, la citada normativa del IOMA no ha sido controvertida y tampoco se ha producido prueba que demuestre la falta de idoneidad de los médicos adheridos al referido sistema (art. 384, CPCC).
Como reiteradamente ha señalado este Tribunal, el derecho de los afiliados —en principio— debe circunscribirse a la libre elección de los profesionales y servicios que en opinión del IOMA —organismo competente para cumplimentar los fines de la ley 6.982— brinden una atención eficiente, satisfactoria o que no fueran sancionados (causas I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich Neuropsiquiátrica S.A.", sent. de 5-III-1996; I. 1.655, "Mosquera", sent. de 28-XI-200
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