Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79030
A.79.030 "DIAZ MARIA DEL CARMEN S/ AMPARO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY- Q 78.226, "DIAZ, MARIA DEL CARMENS S/AMPARO. QUEJA POR DENEG. RIL"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Carral y Kohan dijeron:
I.1. En autos, en el marco de una acción de amparo entablada por la señora María del Carmen Díaz contra el Instituto de Previsión Social por la que solicita que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones n° 470/2014 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires y nº4385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la decisión de primera instancia que -en lo que aquí interesa destacar por ser motivo de agravio en la queja articulada- rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la parte demandada (v. resol. de fecha 24-V-2022).
Para así decidir, remitiendo a precedentes propios de análoga configuración, sostuvo que no obsta a que la actuación provenga de una norma de orden nacional, pues, desde la noción funcional del obrar enjuiciado, bien puede interpretarse que las particularidades del caso, colocan a aquél que realiza el descuento como agente de la administración pública -IPS- y, en tal carácter, se halla alcanzada la contienda por el art. 17 bis de la ley de amparo.
Señaló además, que tal criterio se halla sentado por la Corte nacional en el precedente "Baum", resolución de 6-X-2015.
I.2. Más tarde, al tratar la Cámara el recurso de apelación interpuesto por la actora en relación al rechazo de la medida cautelar por ella peticionada, revocó -por mayoría- la decisión de grado y otorgó la protección precautoria requerida, ordenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires que, hasta tanto recaiga sentencia en los presentes actuados, al efectuar las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias del haber jubilatorio de la señora Diaz, compute como base imponible únicamente el concepto de "sueldo básico" (v. resol. de Cámara de fecha 9-VI-2022).
II. Frente a ambas decisiones, la Fiscalía de Estado interpuso sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de fecha 10-VI-2022 y 24-VI-2022), los que denegados -con sustento en la falta de definitividad de los pronunciamientos impugnados- (v. resol. de fecha 2-VIII-2022), motivaron la queja caratulada Q. 78.226 "Diaz, María del Carmen c/ IPS s/ Amparo. Queja por denegación de Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", la que se encuentra acumulada a la presente (v. present. elect. de fecha 10 de agosto de 2022; art. 292, CPCC).
III. Encontrándose para resolver la admisibilidad del recurso de queja mencionado, la Cámara interviniente elevó las actuaciones principales en las que el 28 de septiembre de 2023 concediera -luego de la recepción del oficio requiriendo los autos que le fuera remitido por esta Suprema Corte el 17 de abril de 2023 (reiterado en fecha 22 de septiembre de 2023) con motivo de la queja articulada- un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía -ahora- contra la sentencia definitiva de fecha 21 de marzo de 2023 (v. present. elect. de fecha 31-III-2023).
III.1. De tal modo -sin dejar de observar el incumplimiento en el que incurrió la Cámara, en clara contradicción con lo dispuesto en el art. 292, último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial, al continuar con el trámite del expediente luego de la recepción del oficio de requerimiento de autos principales y aún después de su reiteración- surgiendo de la compulsa de los trámites del expediente que en fecha 21 de marzo de 2023 la Cámara actuante confirmó la sentencia del juez de grado que hizo lugar a la acción de amparo intentada, corresponde declarar que el recurso de queja contra la denegatoria del de inaplicabilidad de ley deducido contra la decisión de fecha 9 de junio de 2022, devino abstracto respecto al agravio vinculado con la medida cautelar concedida en autos (doct. causas Q. 70.927, "Siderar SA", resol. de 23-XI-2011; Q 70.565, "Z., A.N.", sent. 7-VIII-2013; e.o.).
III.2. Y subsistiendo el interés para recurrir respecto del restante agravio, corresponde pasar a su abordaje.
Así, respecto de la decisión que confirma el rechazo de la excepción de incompetencia planteada por la Fiscalía, cabe señalar que esta Corte ha sostenido reiteradamente que las resoluciones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial (doctr. Ac. 101.201, "Gramajo", resol. de 19-X-2007; Q. 72.724, "San Andrés Golf Club", resol. de 23-XII-2013; Q. 73.746, "Centro Estudios Legales y Sociales", resol. de 15-VII-2015; C. 124.003, "Ecoplata SA", resol. de 6-VII-2020), denieguen la competencia federal (doctr. Ac. 99.807, "Paganti", resol. de 31-VIII-2007; Ac. 100.709, "Marchetti", resol. de 18-II-2009; Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003 cits.; Fallos 302:1626; 324:4469, entre otros) o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes y al hacerlo incida sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (doctr. causas Ac. 103.347, "Lagrotte", resol. de 23-IV-2008; Ac. 100.709, Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003, cits.).
De esta manera, se aprecia que el caso sub examine encuadra en uno de los supuestos excepcionales en que este Tribunal admitió la apertura de la vía extraordinaria en cuestiones de competencia, en cuanto a través del canal extraordinario de inaplicabilidad de ley se controvierte la denegatoria del fuero federal (doctr. causas Ac. 107.089, resol. de 17-VI-2009; C. 103.835, "Montanari", resol. de 20-III-2010; C. 118.983, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 3-VI-2015; Q. 78.360, "Lyall", resol. de 28-IV-2023).
En atención a lo expuesto, revistiendo carácter definitivo lo resuelto en el fallo de fecha 24 de mayo de 2022 sobre la incompetencia planteada y hallándose reunidos los demás recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar parcialmente a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en fecha 10 de junio de 2022 (arts. 278, 292, Cód. cit. y Acordada 4068).
IV. Pasando ahora a analizar la procedencia del referido recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se advierte que no puede prosperar, atento a la insuficiencia que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. En la vía indicada la Fiscalía de Estado -reiterando argumentos ya expuestos en oportunidad de plantear la apelación- denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios-; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20.2, 39.3 y concordantes de la Constitución provincial; 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional. Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
En sustancia, sostiene que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes.
De allí deriva -alega- que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Asimismo, asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce haber advertido continuamente esta circunstancia a lo largo de las actuaciones, sin que ello haya sido oído por los juzgadores.
IV.2. Al respecto, corresponde resaltar que la recurrente insiste en reiterar su posición sobre el tema, ya planteada en instancias anteriores, sin rebatir los fundamentos esgrimidos para rechazarla tanto por el juez de grado como por la Cámara de Apelación interviniente, quienes han considerado que en el caso bajo examen no se han impugnado actos ni normas emanados del Estado nacional, sino que se cuestiona la conducta desplegada por una autoridad administrativa provincial a partir del dictado de resoluciones de esta Suprema Corte que, junto con los preceptos de carácter federal, integraban el plexo normativo que aquella estaba llamada a interpretar.
Así, en los términos planteados, los cuestionamientos introducidos por la impugnante relacionados con la denegatoria de la excepción de incompetencia no pueden ser atendidos, ya que, a más de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causas A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018; A. 76.840, "Barroso" y A. 76.759, "Bosnic", sents. de 21-XII-2022).
Lo expuesto torna aplicable al presente lo sostenido en numerosas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 78.037, "Calvo", resol. de 9-II-2023; e.o.).
Asimismo, cabe recordar que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio ausente en este segmento de la decisión.
Por último, deviene ineficaz el agravio desarrollado por la demandada por el que sostiene que la Cámara, al resolver, desoyó la decisión adoptada en el caso "Méndez" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello en tanto que la doctrina legal a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (doctr. causas A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A.77.310 "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 5-IX-2022).
IV.3. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada el 10 de junio de 2022 (cfr. art. 279, CPCC).
V. Corresponde ahora abordar el tratamiento del recurso extraordinario deducido el 31 de marzo de 2023 contra la sentencia definitiva de autos.
V.1 Al respecto, es del caso resaltar que en autos el Juzgado de Garantías n°4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción de amparo promovida y -en consecuencia- condenó al IPS a liquidar el impuesto a las ganancias sobre los haberes jubilatorios que perciba la señora Diaz, computando únicamente a tales fines el rubro "sueldo básico" (v. sent. de fecha 8 de noviembre de 2022).
V.2. A su Turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de la Plata confirmó dicha sentencia (v. sent. de fecha 21 de marzo de 2023).
Para arribar a tal decisión, abordando el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, comenzó por señalar que los planteos -reiterados por el Fisco- de incompetencia y falta de legitimación pasiva ya habían sido resueltos en su decisión de fecha 24 de mayo de 2022.
Luego citó lo decidido por la propia Cámara con relación a la vía procesal y sobre el fondo del asunto en casos similares (CCALP causas n° 24.273, "Servin", sent. de 11-VII-2019; 25.517, "Colavita", sent. de 16-VI-2020; 26.200, "Bosnic Bagatela", sent. de 22-IX-2020; 26.380, "Barroso", sent. de 20-X-2020; 26.691, "Ricci", sent. de 1-XII-2020; 27.604, "Castillo" y 26.906, "Hitz", sents. de 16-III-2021).
Sostuvo que las resoluciones 4.385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte y n°470/2014 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, que indican los conceptos que conforman la base imponible para la retención del impuesto a las ganancias correspondiente a los agentes del Poder Judicial, resultaban aplicables tanto para los sujetos activos como para los pasivos, por ello la actora se encontraba incluida.
Consideró que la demandada vulneraba la garantía de progresividad y los derechos de la seguridad social. Recordó lo resuelto por la Corte nacional en la causa "Aquino", sentencia de 21-IX-2004, en cuanto a que dicho principio implica, por un lado, que los estados deben proceder de forma tal de alcanzar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; y, por el otro, que todas las medidas de carácter deliberadamente regresivas requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente atento la "fuerte presunción" contraria a que ellas sean compatibles con el principio mencionado.
V.3. Disconforme con dicho pronunciamiento la demandada interpone un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 31 de marzo de 2023), el que fue concedido (v. resol. de fecha 28 de septiembre de 2023).
V.3.a. Analizando la citada vía recursiva, corresponde resaltar que en ella, el Fisco provincial denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios- y de los arts. 4, 330, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20 inc. 2 y concordantes de la Constitución provincial y 16, 17, 18, 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional. Denuncia absurdo y arbitrariedad e invoca gravedad institucional
Observa que el marco normativo aplicable a la liquidación de retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales abonados por el IPS se integra "en forma general" por la ley 20.628, su decreto reglamentario 649/96 y la resolución general de AFIP n° 2.437.
Manifiesta que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes, so riesgo de quedar expuesto a reclamos e incluso multas por parte de la AFIP.
V.3.a.1. Al igual que en las causas A. 76.131, "Servin", sentencia de 23-XII-2021; A. 76.758, "Perazzo"; A. 76.759, "Bosnic Bagatela" y A. 76.840, "Barroso", sentencias de 21-VII-2022, el recurso presentado no puede prosperar, en razón de su insuficiencia técnica (arg. art. 279, CPCC).
V.3.a.2. En primer término, y tal como se indicara en las mencionadas actuaciones, corresponde desechar la denuncia de violación de preceptos legales que, si bien se indican como conculcados, no se detalla cómo se vincularían con la controversia examinada, tal el caso de los arts. 330 del Código Procesal Civil y Comercial y 22 de la ley 13.928.
Así, se pone en evidencia el inadecuado cumplimiento de las cargas técnicas propias del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues además de la precisión al señalar las disposiciones presuntamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el tribunal inferior, debe acompañarse un desarrollo argumental tendiente a demostrarlo (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V.3.a.3. Luego, en lo concerniente a las cuestiones de fondo debatidas, la Fiscalía de Estado hace referencia "en forma general" (v. pto. primero, apartado VII del recurso bajo tratamiento) a la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, al decreto reglamentario 628/96 y a la resolución general n° 2.437, dictada por la AFIP, pero en ningún momento explica concretamente de qué manera esa preceptiva sería violada por las resoluciones de esta Suprema Corte consideradas por los magistrados de grado.
En particular, la impugnante apunta que el art. 1, apartado 4 (sic) de la ley 27.346, modificatoria de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se limita a contemplar la situación de los agentes judiciales en actividad, no así la de los jubilados, cuando, en rigor, el precepto citado solo sustituyó la denominación del capítulo IV, título II de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por la de "Ganancias de la cuarta categoría - Ingresos del trabajo personal en relación de dependencia y otras rentas". Para más, el mencionado art. 1 de la ley 27.346 sí contempla -en otros apartados- referencias a la situación de las jubilaciones frente a este gravamen. En todo caso, correspondía a la impugnante aclarar dicho aspecto de su argumentación de cara a lo discutido en estas actuaciones acerca de la base de cálculo aplicable.
Fuera de lo anterior, no se han individualizado con precisión las disposiciones nacionales presuntamente vulneradas, sino que se ha aludido a las leyes referidas de manera indiscriminada, a la vez que se las ha presentado como demostrativas del acierto de la conducta desplegada por el IPS sin brindar mayores fundamentos, como si se tratase de una cuestión autoevidente.
La carga impugnativa de la recurrente demandaba un esfuerzo mayor, máxime por cuanto, según se desprende de la lectura de las resoluciones esta Suprema Corte aplicadas por la Cámara, a través de ellas se tuvo en cuenta, al establecer distintas medidas con relación a la liquidación del impuesto a las ganancias, tanto lo dispuesto por la Corte nacional mediante su Acordada 56/1996 como el propio art. 82 inc. "e" de la citada ley nacional 20.628, normas en las que se enmarcó la actuación.
Por todo ello, siendo que una de las notas características de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas, el incumplimiento de los recaudos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial evidencia la ineficacia del intento recursivo (conf. causas A. 68.035, "D., J. A.", sent. de 5-III-2008; A. 72.111, "Díaz", sent. de 28-IX-2016; A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018; e.o.).
V.3.a.4. Ahora bien, independientemente del planteo en torno a que las resoluciones de esta Supre
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