Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78947
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo nº 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.947, "Bravo, María Cecilia contra T.A. San Gabriel y Otros s/ Amparo. Recurso extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan, Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto dispuso el cese de prácticas discriminatorias en la contratación de choferes de vehículos del servicio urbano de pasajeros por parte de las empresas demandadas. Asimismo, les ordenó que aceleren, en condiciones de igualdad, la incorporación de mujeres como conductoras de unidades de transporte y lo revocó en cuanto previó la necesidad de que intervengan el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la Unión de Tranviarios del Automotor, ello por no haber sido partes de la litis (v. sent. de fecha 16-II-2023).
Las codemandadas, Bahía Transporte SAPEM y T.A. San Gabriel S.A., interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentaciones electrónicas, ambas de fecha 8-III-2023), de los cuales la Cámara, solo concedió el deducido por Bahía Transporte SAPEM (v. resol. de fecha 3-VIII-2023).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 7-XII-2023), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora María Cecilia Bravo, promovió acción de amparo contra las empresas Lemos y Rodríguez S.A., T.A. San Gabriel Rastreador Fournier y Bahía Transporte SAPEM, con el objeto de que se ordene a las demandadas no ejercer actos discriminatorios en razón del género, en la contratación de personal en sus empresas para el desempeño de tareas como chofer de micros de larga distancia y servicio urbano.
En su escrito de inicio expresó que en cada una de las ocasiones en que se presentó para cubrir un puesto vacante de conductor de transporte público de pasajeros, fue discriminada por ser mujer, pues en todas aquellas resultaron favorecidos los postulantes de género masculino, ello pese a hallarse altamente capacitada para el desempeño de tareas como chofer.
Añadió que prestó tareas sin registración en Autotransportes Ceres, Microsur y en Dakkar Turismo.
II. La sentencia de primera instancia del 22 de septiembre de 2022, dictada por el juez en lo civil y comercial n° 5 de Bahía Blanca, admitió la pretensión de la señora Bravo mediante la cual solicitaba el cese de las prácticas discriminatorias por razón de género por parte de las codemandadas en la contratación de personal. Para ello dispuso incorporar como parte de la condena lo que a su turno había dispuesto la Cámara cautelarmente, esto es, conminar a las empresas demandadas a anoticiar a la amparista a través de un medio fehaciente y con anticipación mínima de cinco días hábiles, cada una de las convocatorias que realicen para cubrir puestos de conductor de transporte urbano de pasajeros, a los fines de que pueda postularse y, luego le informen por escrito el resultado del proceso de selección junto con las razones que sustentan tal decisión.
Por último, dispuso que, con la intervención del Ministerio de Trabajo y la Unión Tranviarios del Automotor, se reelabore el Convenio firmado del 21 de agosto de 2015 y se organice un sistema de bolsa de trabajo en la que toda persona, sin distinción de género u orientación sexual, que cuente con la respectiva licencia habilitante para conducir transporte de pasajeros, pueda inscribirse.
De este modo ordenó que, cuando las empresas requieran personal deberían dirigirse a la bolsa de trabajo —creada en la propia sentencia—, y convocar a las allí inscriptas, a fin de evaluarlas en igualdad de condiciones y posteriormente informar, con debida fundamentación, la designación efectuada.
Asimismo, dispuso incluir dentro de la capacitación profesional que se dispense al personal de las empresas demandadas, cursos sobre la problemática de género.
III. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, hizo lugar parcialmente a los recursos de las demandadas, modifico la sentencia de grado y revocó la intervención del Ministerio de Trabajo y de la Unión de Tranviarios del Automotor, por no haber sido partes del proceso.
Asimismo admitió parcialmente el recurso interpuesto por la actora, adicionando a la condena impuesta el compromiso para las empresas demandadas —mientras continúen siendo prestadoras del servicio público de transporte de pasajeros en la ciudad de Bahía Blanca— de incorporar a las mujeres como conductoras de unidades de transporte en condiciones de igualdad, fijando como meta a obtener (y luego mantener) en el plazo de los próximos cinco años contados desde que quede firme el fallo, una planta de choferes en las que —como piso y en la medida que existan postulantes— el 25% de las vacantes sean asignadas a mujeres que posean licencia de conducir habilitante y reúnan las demás condiciones reglamentarias para ello.
Además le impuso a cada una de las codemandadas, que dentro de los primeros quince días hábiles del mes de febrero de cada año, presenten ante el juzgado de origen un informe en el que conste: [i] cantidad de vacantes cubiertas en el período anual previo; [ii] número de postulantes de sexo femenino que participaron en los procesos de selección; [iii] número de postulantes de sexo femenino que fueron contratadas como chofer de unidad de transporte público de pasajeros; [iv] descripción y documentación que acredite la publicidad de las convocatorias a cubrir vacantes de chofer en el período anual considerado; [v] toda otra información relevante vinculada al objeto del presente proceso.
Aclaró que el proceso de ejecución se delegaba en el órgano de origen, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento.
Finalmente modificó la condena en costas imponiendo la de la instancia en su totalidad a las codemandadas vencidas (art. 19, ley 13.928, t.o. ley 14.192). En cuanto a las de Cámara las impuso en el orden causado por ausencia de contracción (arts. 68, CPCC; 25, ley 13.928, t.o. ley 14.192).
III.1. Para así resolver precisó que, tal como quedara constatado, no existe ninguna persona de sexo femenino dentro del plantel de choferes de las empresas demandadas (en conjunto totalizan casi 500 choferes), situación que se mantuvo sin cambios incluso luego de dictarse la sentencia de primera instancia (v. apdo. 4.1., sent. de Cámara).
Por su parte desestimó de plano la intención de las empresas codemandadas de invertir la carga de la prueba, pretendiendo que sea la actora quien demostrara que la selección recayó sobre una persona menos calificada que ella, ello frente al cuadro de marginación en razón del género acreditado en autos, conforme se resolviera en el precedente "Sisnero" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. Fallos: 337:611).
Ponderó que la realidad evidenciada durante el litigio era hábil para inducir la existencia del trato discriminatorio por parte de las empresas respecto a quienes, poseyendo licencia de conducir profesional habilitante de unidades de transporte público de pasajeros, resultan de género femenino. Y que la actora, como afectada, bien pudo iniciar la presente acción constitucional, pues el respeto por la libertad de contratación empresaria, sin matices, no ha coadyuvado en modificar el escenario de exclusión o relegación del sexo femenino, sino que por el contrario aquello se ha naturalizado y consolidado en el tiempo, incluso en los años transcurridos durante el desarrollo de este proceso.
Fundó esta manera de razonar en todo el plexo normativo constitucional, supralegal, legal y reglamentario (en el orden nacional y provincial) que obligan a los Estados a erradicar y evitar discriminaciones por razones de sexo y que deben ser aprehendidos por la justicia como máximas aspiraciones para el bienestar del conjunto, circunstancia que —entiende— de ningún modo implica una garantía incondicional de satisfacción individual pero sí de alcanzar estándares de convivencia que reduzcan hasta su extinción las vulnerabilidades extremas padecidas por ciertos miembros de sus comunidades, entre las que se encuentran las exclusiones, segregaciones o relegaciones en razón del sexo.
Concluyó que estos particulares casos, bien pueden dirimirse ante la justicia en pos de obtener un mandato que conmine a la entidad pública o privada a cesar toda omisión en la toma de medidas que coadyuven en el proceso de reversión, refiriendo a la tendencia jurisprudencial en la materia, lo cual detalló pormenorizadamente en el punto 4.2. de su fallo a los que brevitatis causae me remito.
Señaló así, que la orden contenida en la sentencia de " poner en conocimiento de la actora, a través de medio fehaciente y con anticipación mínima de cinco días hábiles, cada una de las convocatorias que realicen para cubrir puestos de conductor en transporte urbano de pasajeros, a fines de que la amparista pueda alistarse, y luego le hagan saber por escrito, el resultado del proceso de selección y las razones que sustentan tal decisión " lejos está de posicionar a la actora '..en una situación de ventaja en relación al público en general a los fines de anoticiarse de vacantes laborales, y luego, tener un conocimiento directo de resultados y razones de procesos de selección propios de empresas privadas... ' (como livianamente esgrimió como agravio Lemos y Rodríguez S.A.), sino —por el contrario— luce parcialmente eficaz [considerando el ámbito subjetivo de quien acciona] para acotar a su mínima expresión cualquier atisbo de discrecionalidad empresarial que, sin dar fundamentos atendibles y debidamente apuntalados en realidades objetivables, pretenda sortear aquellos mandatos constitucionales, convencionales y normativos que proscriben, desincentivan y contrarrestan políticas y/o prácticas de contratación discriminatorias con sustento en el sexo de la postulante" (v. punto 4.2. in fine , sent. de Cámara; lo destacado figura en el original).
III.2. Por otra parte, admitió parcialmente los agravios formulados por la actora y modificó el alcance de la condena en pos de materializar los mandatos que define la ley 26.485, en cuanto prevé como objetivos garantizar una real igualdad de derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres, eliminando toda discriminación, según las particularidades propias de cada caso judicial, comprometiendo a la sociedad civil en su conjunto, entidades privadas y los tres estamentos del Estado.
Afirmó que estos pleitos demandan de una solución de equilibrio que trace a futuro un plan de acción con el objetivo de revertir y/o erradicar la práctica de discriminación indeseada, mediante un programa con notas de generalidad que abarque el interés subjetivo de la actora.
Ponderó, en suma, que el objeto del decisorio se debe orientar hacia el futuro y fijar los criterios generales para que se cumpla efectivamente con la finalidad indicada, imponiendo a las empresas codemandadas, en tanto continúen como prestadores del servicio público de transporte de pasajeros, en la ciudad de Bahía Blanca la obligación de acelerar la incorporación en condiciones de igualdad de la mujer como conductora de unidades de transporte fijando como meta a obtener y mantener, en los próximos cinco años, una planta de choferes, en la cual —como piso y en la medida que existan postulantes— el 25% de las vacantes sean asignadas a mujeres que posean licencia de conducir habilitante y reúnan las demás condiciones reglamentarias para ello.
En cuanto a la ejecución de la sentencia y garantía de su cumplimiento ordenó que todos los febreros de cada año las demandadas presenten en el juzgado de origen un informe en el que conste: la cantidad de vacantes cubiertas en el período anual previo; el número de postulantes de sexo femenino que participaron en los procesos de selección y el número de postulantes mujeres que fueron contratadas como chofer de unidad de transporte público de pasajeros; juntamente con la documentación que acredite la publicidad efectuadas a tales fines.
III.3. Por último, hizo lugar al agravio sobre la condena en costas de la actora, al sostener que la circunstancia de que la acción de amparo prospere parcialmente no configura el supuesto de vencimiento parcial y muto del art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial, ni le quita a la parte demandada el carácter de vencida en lo sustancial de la pretensión. En consecuencia y conforme los términos del art. 19 de la ley 13.928, texto según ley 14.192 son las coaccionadas quienes deben afrontar las cargas causídicas del proceso.
IV. Disconforme con dicha sentencia, las codemandadas T.A. San Gabriel S.A. y Bahía Transporte SAPEM interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentaciones electrónicas de fecha 9-III-2023, 10:49 hs., y 08:31 hs., respectivamente). Como se dijo anteriormente, solo fue concedido mediante resolución del 3 de agosto de 2023 el interpuesto por la codemandada Bahía Transporte SAPEM.
En su escrito denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 14, 18, 19 y concordantes de la Constitución nacional; 1, 3, 25, 68, 103, 166, 168 y 171 de la Constitución provincial; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
Afirma que el amparo iniciado por María Cecilia Bravo, conlleva una pretensión de naturaleza individual por género y que, acreditado como fue en autos que la nombrada se encuentra trabajando desde el 1 de octubre de 2021 como chofer de autobuses para la empresa Autotransporte Ceres SRL, de Bahía Blanca, la causa debió declararse abstracta. Sin embargo, el tribunal impuso a las empresas de transportes condenas de difícil cumplimiento relativas a la selección y contratación de sus choferes, bajo el control de terceros.
Entiende que la Cámara se arrogó funciones legislativas y vulneró así los arts. 1, 3, 68, 103, 166, 168, 171 y concordantes de la Constitución provincial.
Denuncia, también que la sentencia violenta el principio de congruencia, porque la condena excede los términos en que fue trabada la litis, que por lo demás, reitera, se tornó abstracta.
En este sentido, expresa que la amparista limitó su pretensión al cese de actos discriminatorios en lo que refiere a su persona y al mismo tiempo ser contratada por alguna de las empresas demandadas. De ello deduce que, si el sentenciante rechazó este pedido de carácter individual, y dispuso un plan de acción a futuro tendiente a tutelar la igualdad real de derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres y revertir el escenario de vulnerabilidad en razón del sexo, incurrió en una violación al principio de congruencia por resolver algo distinto a lo que fue solicitado (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC).
Puntualmente considera desacertado lo sostenido por la Cámara que impone una serie de obligaciones referentes a informar sobre la selección y contratación de personal y choferes, con argumentos que violentan el principio constitucional de reserva de la ley al obligar a hacer aquello que la ley no manda (arts. 25, Const. prov. y 19, Const. nac.).
Hace reserva del caso federal.
V. El recurso extraordinario no prospera, atento la insuficiencia que porta (cfr. doctr. art. 279, CPCC).
V.1. Tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (cfr. doctr. causas A. 71.297, "Astudillo", sent. de 9-IX-2015; A. 73.246, "Álvarez", sent. de 18-X-2017; A. 73.303, "Farmacia Central Morón S.R.L.", sent. de 22-XI-2017; e.o.).
En el caso, el representante de Bahía Transporte SAPEM, reedita consideraciones formuladas en la instancia de apelación ordinaria, insistiendo en que el asunto se tornó abstracto a partir del momento —1 de octubre de 2021—, en que la señora Bravo ingresó formalmente a trabajar como conductora de autobuses para la empresa CERES SRL. Insiste además en que, no obstante haber desaparecido el conflicto individual que motivó la demanda, se condenó a las empresas demandadas al cumplimiento de obligaciones exorbitantes respecto de la pretensión inicial, circunstancias que descalifican el fallo por arbitrario.
Ahora bien, la Cámara descartó que el litigio hubiere perdido vigencia por hallarse la amparista trabajando como chofer de micros. Y sostuvo que la acción iniciada lo que en rigor tuvo por objeto fue obtener un pronunciamiento jurisdiccional que ordene a las demandadas a "...no ejercer actos discriminatorios en la contratación de dependientes en su(s) empresa(s) tal como se expresa en el relato de los hechos de la presente demanda...", con relación a ella misma. (v. punto II.1. de la sentencia).
De este modo concluyó que el objeto del pleito pivotea en torno al denunciado accionar discriminatorio de las tres empresas demandadas en la causa en contratar personal femenino para tareas de conductor de micro-ómnibus, por lo que en nada influye respecto al thema decidendum, la realidad laboral de la actora. Añadió que la existencia de caso presupone la de parte, esto es, la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso, y en ese orden de ideas la parte debe demostrar que persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido y que tiene un interés jurídico suficiente en la resolución de la controversia, es decir que los agravios expresados la afecten de forma suficientemente directa o sustancial. Interés que la actora ha mantenido y demostrado continuar poseyendo.
Esta ponderación de la Cámara llega firme, pues ninguno de los argumentos que expone la recurrente logran conmoverlo, ni configuran el absurdo que dé lugar al remedio intentado que exige demostrar un error palmario y fundamental en la decisión adoptada por los sentenciantes (conf. causas A. 70.484, "Leiva Heli", sent. de 28-VIII-2013; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 73.197, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Meranol", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
Bajo tales premisas, el recurso del apelante no logra desbaratar el razonamiento de la Cámara pues ha limitado su esfuerzo a reiterar los mismos agravios que fueron tratados y respondidos por el Tribunal de Alzada, discurriendo exclusivamente en su propia ponderación sobre el alcance de la pretensión actoral.
Al respecto esta Suprema Corte ha dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados —con suerte adversa— ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (conf. doctr. causa A. 78.503, "Traut", sent. de 15-XI-2023).
Así, no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado contr
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