Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78877
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827), con costas a la recurrente vencida (art. 289 in fine, CPCC).
A.78.877 "E. C. C/ IOMA Y OTRO S/ AMPARO - RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
Los señores jueces doctores Soria y Genoud, la señora jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 1 de Florencio Varela hizo lugar a la acción de amparo promovida por la señora C. E. -en representación de su hijo menor de edad- contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). En consecuencia, condenó al referido organismo a mantener la cobertura total (100%) de la prestación de acompañante terapeútico a domicilio, de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 horas, que había sido otorgada en forma cautelar, sin cambios de profesional asistente ni interrupciones, tornándola definitiva, mientras así lo prescriba su médico tratante (v. sent. de fecha 10-II-2023).
II. A su turno, en lo que aquí corresponde destacar, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, confirmó la decisión de grado al desestimar la apelación deducida por la Fiscalía de Estado, ordenando en consecuencia al IOMA garantizar la cobertura integral (100%) de la prestación de acompañante terapéutico por medio de la institución APREDIS SRL, en los términos dispuestos en el pronunciamiento atacado. Ello, siempre y cuando así lo determine su médico tratante y no se produzca un cambio en las circunstancias (conf. arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 11, 20 inc. 2, y 36 incs. 5 y 8, Const. pcial.; 16 inc. 3, 17, 17 bis y concs., ley 13.928, texto según ley 14.192). También, por mayoría, impuso las costas a la demandada en su condición objetiva de vencida (conf. arts. 1, 16, 17, 17 bis, 19 y concs., ley 13.928 y modif.; v. sent. de 23-III-2023).
Para así decidir, básicamente, consideró que los extremos invocados y probados por la parte actora en cuanto a la patología del menor (trastornos específicos del habla y del lenguaje; trastornos generalizados del desarrollo), así como la necesidad de contar con el servicio de acompañante terapéutico prescripto por su médico tratante y que se encontraba percibiendo, corroborados a partir de las conclusiones consignadas, la documental acompañada y la prueba pericial elaborada en autos, permitían tener por satisfecha la acreditación de los presupuestos de hecho configurativos de la plataforma fáctica de la solución estimatoria que se propiciaba. Máxime, teniendo en cuenta que incluso la demandada había autorizado que la prestación sea brindada por APREDIS SRL (v. escrito y doc. acompañada el 22-VI-2022).
Apuntó que la accionada tampoco contemplaba ni ofrecía, con el debido respaldo científico y documental, la posibilidad de una alternativa de igual eficacia para tratar la patología en cuestión considerando, además, las facultades de auditoría que posee la obra social para fiscalizar la prestación del servicio cuya cobertura se encuentra a su cargo, así como en relación a la facturación que se presente para su cobro, pudiendo solicitar la documentación médica actualizada, con el detalle de los profesionales respectivos, de estimarlo pertinente y de corresponder.
Advirtió que, en el caso, cabía ponderar el diagnóstico documentado y la urgencia de la cobertura prestacional pretendida, extremos no controvertidos en autos y emergentes asimismo de la documentación respaldatoria obrante en la causa, ello en debido resguardo de la atención que requería el niño y siempre que cuente con el aval del médico tratante.
Luego, con cita de diversos precedentes, señaló que en virtud de la particularidad de los derechos en peligro, que requerían de tutela urgente y justificaban el acceso a la jurisdicción a través de la vía del amparo, la acción debía ser acogida, sin perjuicio de las facultades de contralor que -insistió- posee la obra social para fiscalizar la prestación del servicio.
Concluyó que, los efectos de un temperamento contrario derivado de una sentencia que privara al paciente de contar de manera integral con el esquema de atención prescripto, podría implicar una alteración del servicio de irreparables consecuencias en relación al derecho a la salud e integridad psicofísica del amparista y a su calidad de vida, valores que contaban con especial protección constitucional (v. arts. 42, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; sent. de 23-III-2023).
III.1. Frente a lo así resuelto, Fiscalía de Estado dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica del día 12-IV-2023). La Cámara interviniente denegó el mencionado en primer término y concedió el otro (v. resol. de 15-VI-2023).
III.2. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley la representación fiscal denuncia que el Tribunal de Alzada incurre en violación y errónea aplicación de los arts. 42, 43, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional; 11, 20, 36 de la Constitución provincial; 16 inc. 3, 17, 17 bis y concs. de la ley 13.928 (texto según ley 14.192); como, igualmente, la violación de los arts. 1, 22 y concs. de la ley 6.982; 19 de la ley 10.592; de la resolución n° 5830/15 del Ministerio de Salud; 3 del Código Civil y Comercial; 384, 375, 385 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que se cita.
Invoca, asimismo, el absurdo y la arbitrariedad en lo decidido por la Cámara y el menoscabo de las garantías constitucionales de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional.
Aduce que el Tribunal de Alzada incurre en absurdo al acoger el amparo sin declarar la inconstitucionalidad de las normas que justifican –y validan- el obrar del Instituto demandado. Sostiene que la decisión impugnada afecta la garantía de la defensa en juicio en tanto, al apartarse de las normas aplicables al caso –palmariamente violadas-, trata de un modo inadecuado e irrazonable la controversia, dando un fundamento tan solo aparente.
Realiza diversas consideraciones en orden, tanto a las posibilidades de libre elección de prestadores por parte de la amparista, como a la pretensa imposibilidad de IOMA en cuanto a su cumplimiento, mediante límites establecidos normativamente en el orden local como nacional, con cita de jurisprudnecia de ambos ámbitos, dirigida a sustentar sus agravios.
En particular, rebate cuestiones de prueba vinculadas a la especialidad de APREDIS SRL en el tratamiento de las patologías que padece el menor, ya que todo ello, señala, viola la resolución 5830/15 que requiere un plan de trabajo específico.
Por último, aduce la violación de la doctrina legal que emerge del precedente A. 76.471, "Sánchez", sent. de 30-III-2021.
IV. El 17-X-2023, el señor Procurador General emitió dictamen, aconsejando el rechazo del recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Estado.
V. El recurso no prospera, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
VI.1. La Cámara actuante expuso que, según surge del marco probatorio acompañado -que no fue controvertido por las partes-, nos encontramos frente a un niño, paciente con discapacidad, que cuenta con un diagnóstico de Trastornos Específicos del Desarrollo del Habla y del Lenguaje y Trastornos Generalizados del Desarrollo, por lo que requiere un acompañante terapéutico en las condiciones arriba señaladas.
La demandada, en prieta síntesis, denuncia la violación de una serie de normas de nivel local y federal, con cita de jurisprudencia de ambos órdenes que considera aplicables al caso, como también deja expuestas sus consideraciones sobre la arbitrariedad y el absurdo en que incurriría la a quo .
VI.2. Sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva.
Es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. doctr. causas Ac. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; Ac. 71.500, "Minho", sent. de 27-VI-2012; Ac. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; e.o.), dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas Ac. 91.522, sent. de 15-III-2006; Ac. 90.916, sent. de 28-VI-2006; A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; A. 77.261, "Frade", sent. de 20-IX-2022 y A. 79.187, "Corzo", resol. de 7-III-2024, entre muchas otras), tal como ocurre en el caso.
En efecto, la recurrente aduce que la Cámara interviniente no valoró correctamente las constancias obrantes en la causa y la normativa aplicable al caso.
Ahora bien, los argumentos esgrimidos no van más allá de meros disentimientos personales, desatendiéndose de los fundamentos brindados por la Cámara en relación a las razones que justificaron revocar la sentencia apelada, donde se advierte que, en su embate, la recurrente propone como técnica de impugnación argumentar en paralelo, sin cuestionar de modo idóneo los razonamientos vertidos por la a quo , lo que no constituye base idónea de agravios.
En tal sentido, es doctrina de este Tribunal que si quien se agravia limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el juzgador de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa de los fundamentos esenciales del fallo, incurre en una insuficiencia recursiva que deja incólume la decisión controvertida (conf. causas A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018 y A. 79.187 citada, e.o.).
Tampoco el alegado apartamiento de las constancias documentales de la causa permiten acreditar el absurdo alegado, ya que cabe advertir que los reproches en ese aspecto reconducen a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo supuesto de absurdo (conf. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016; A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019; e.o.), vicio que, si bien invoca, no logra acreditar.
Esta Suprema Corte ha señalado que para la configuración del absurdo no es suficiente denunciarlo y exponer una interpretación o valoración propia, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio (doctr. causas A. 70.187, "Núñez", sent. de 15-XII-2010; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; A. 74.056, "Zaracho", sent. de 10-IV-2019; A. 79.187, citada, e.o.); en este sentido la recurrente omite demostrar el razonamiento absurdo del Tribunal, lo que define la suerte adversa del embate.
VI.3. Tampoco prospera el agravio enderezado a refutar la validez de la fundamentación vertida por el Tribunal de Alzada en su decisorio, la que resultaría solo aparente y de carácter dogmático por apartarse de la normativa expresamente aplicable.
Sabido es que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 74.837, "Bentancur", resol. de 20-III-2019; A. 74.737, "Balaguer", resol. de 17-IV-2019; A. 74.818, "Magnanego", resol. de 17-IV-2019; e.o.); lo que acontece en el particular de autos, en el que la Fiscalía de Estado se limita a denunciar la violación de la normativa aplicable y la fundamentación dogmática en precedentes que no resultan asimilables al caso de autos, embate que no resulta hábil puesto que no expresa claramente de qué manera el Tribunal incurrió en tal supuesta violación (conf. doctr. causas A. 71.256 bis, "Ceuninck", sent. de 4-VIII-2016; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019 y A. 79.187, citada; e.o.).
Tarea ésta a cargo de la recurrente -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (doctr. causas A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 79.187, cit., e.o.).
VI.4. Tampoco ha de prosperar la denunciada transgresión a la doctrina sentada por esta Corte en la causa A. 76.471, "Sanchez", sent. de 30-III-2021, pues este Tribunal ha expresado que no alcanza con la mera individualización del precedente y la transcripción de un sumario para sustentar la violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que se pretende aplicar a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causas A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 72.338, "G., H.E. y ot.", sent. de 26-XII-2018).
También ha dicho esta Suprema Corte que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 77.768, "Hayes", resol. de 13-IV-2023; A. 78.691, "Campos", resol. de 15-XI-2023, entre muchas otras), como ocurre en este caso.
VII. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Oído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827), con costas a la recurrente vencida (art. 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/21; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:48:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 11:35:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:40:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:43:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 10:30:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/05/2024 10:40:27 hs. bajo el número RR-416-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia