Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78270
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.270, "G., N. M. s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata resolvió, por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, ordenar a la Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires a que otorgue la cobertura de la prestación de salud de su hija, con discapacidad, P. N. O. G., en su condición de afiliada adherente, en los términos del art. 57 inc. "c" de la ley 6.983 y su reglamentación, con costas a la demandada vencida (v. sentencia de fecha 24-V-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Caja interpelada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 11-VI-2022), el que fue concedido por la Cámara interviniente el día 2 de agosto de 2022.
Oído el señor Procurador General (dictamen de fecha 8-V-2023), dictada la providencia de autos para resolver (9-V-2023), agregada la memoria de la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Juzgado de Garantías n° 6 de esta ciudad, rechazó la acción de amparo promovida al sostener que, en una inteligencia razonable, la situación especial de P. N. O. G. no se encontraba comprendida dentro de la ley 6.983 para recibir la cobertura de la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, no habiendo cometido esta última acto lesivo alguno al denegar la continuidad de la afiliación de la nombrada, quien encontraría cubierto el cuidado de su salud integral a través de la asistencia pública provincial y nacional que le otorgan las leyes 10.592 —texto ordenado según ley 14.968— "Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas con Discapacidad" y 24.901 "Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad"; y especialmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006 —ley 26.378— (v. fs. 193/195 vta.).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto, y acogió el amparo promovido por N. M. G., en representación de su hija con discapacidad mayor de edad.
Para así decidir, con fundamento en lo normado por el art. 57 inc. "c" de la ley 6.983 —texto según ley 12.172— y el Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios —art. 3 inc. "b"—, consideró que los beneficios que otorga la demandada comprenden a los hijos de los notarios hasta los veintinueve años de edad inclusive y a los mayores que se encuentren incapacitados a cargo del beneficiario titular sin límite de edad, con la sola condición de que no tengan medios propios de sustento económico.
Meritó que la resolución del Comité Ejecutivo 24.730, por la cual se desestimó el pedido de continuidad de la prestación de salud para la hija de la notaria en virtud de considerar que no alcanzaba el porcentaje suficiente para encuadrar a la joven en la categoría de hija mayor discapacitada (66,66%) —cuando dicho extremo no se desprende como un requisito legal, ni aún reglamentario, que obste al acceso a la prestación requerida—, no resultaba ajustada a derecho.
Entendió que no se hallaba controvertida la incapacidad parcial y permanente que padece P. —con necesidad de acompañante—, ni la circunstancia de que se encuentra a cargo de su progenitora. Destacó, de la prueba documental acompañada, la certificación negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el certificado de discapacidad (v. fs. 102 y vta.).
Mencionó que esto último también se corroboraba con la pericia psicológica/psiquiátrica realizada en la causa, obrante a fs. 189/192 vta., de la cual surge la dificultad de la joven de insertarse en el ámbito laboral. Al respecto citó lo informado por los peritos en el sentido que "... Es probable que, de ejercer la profesión, esta se limite a la posibilidad que le brinda el núcleo familiar. En este sentido es dable mencionar que las posibilidades de acceso a un trabajo para personas con la condición como la de la actora son sumamente difíciles, comparado con la medida poblacional. Y esto queda relegado al ámbito estatal, siendo infrecuente su incorporación en el privado... ".
Consideró que esa circunstancia diferencia este caso de lo acontecido en un antecedente de esta Corte (causa C. 124.177, "Zanotti", sent. de 26-IV-2021) en el cual se ponderó que, si bien la joven padecía una incapacidad del 45% que le permitiría acogerse a la cobertura de salud, ejercía la profesión de martillera pública con aportes al monotributo, extremo que impedía su encuadre en las previsiones del art. 57 inc. "c" de la ley 6.983.
Señaló que dicho contexto imponía ponderar especialmente la índole de los bienes que se procura tutelar y el compromiso que su desprotección podría ocasionar en la salud de la joven. Citó, en apoyo de su postura, precedentes de ese tribunal y doctrina de esta Corte.
Por último, señaló que resultaba justificado que la acora haya acudido a la vía de la acción de amparo, toda vez que el transcurso del tiempo y la adopción de otro derrotero procesal enderezado al cumplimiento y operatividad de un derecho natural, generaría el riesgo plausible de agravamiento en la salud de la interesada, con discapacidad (por mayoría, voto de la doctora Milanta, al que adhirió el doctor Spacarotel).
III. Contra este último pronunciamiento, la parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Alega infracción de la ley, en tanto sostiene que la Cámara de Apelación violó lo dispuesto por los arts. 44, 49 y 57 inc. "c" de la ley 6.983, así como los arts. 163 inc. 6, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; y que el pronunciamiento impugnado también resulta contrario a lo establecido en los arts. 20 inc. 2 y 40 de la Constitución provincial y 17 de la Constitución nacional, en tanto importa un avasallamiento de su derecho de propiedad.
Manifiesta que el Tribunal de Alzada extrajo conclusiones erróneas y perfiló el tema sometido a su decisión asignándole un sentido incompatible con las normas jurídicas señaladas, lo que conduce a un resultado contrario a derecho.
Afirma que el régimen prestacional de salud de la Caja de Escribanos provincial se rige por la ley 6.983, el Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios y demás resoluciones dictadas por el Consejo Directivo.
Explica que la norma citada consagra un sistema de subsidios por asistencia médica a favor de los beneficiarios, expresamente enumerados (art. 57). Entre estos, incluye a los hijos menores no emancipados o mayores incapacitados a cargo (inc. "c"). Por su parte, el art. 49 indica que las incapacidades serán apreciadas en la forma dispuesta en el art. 44, esto es —alega— mediante junta médica que compruebe un grado superior a las dos terceras partes.
Por otra parte, sostiene que la ley citada delegó en el Consejo Directivo la reglamentación del régimen de subsidios y de salud (art. 57 in fine ), habilitándolo a fijar "los montos de cada subsidio, sus causas determinantes y las condiciones en que serán acordados", así como a "extender a otros beneficiarios las prestaciones de asistencia de la salud".
En tal sentido, agrega que la resolución 139 del Consejo Directivo, del 30 de abril de 1999, dispuso la continuidad de los hijos mayores hasta los veintinueve años (salvo que se trate de un incapacitado —explicita—, donde no existe tal límite). Y, de modo concordante, hoy el Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios incluye como beneficiarios a los "hijos mayores hasta los 29 años inclusive" (art. 3 inc. "c").
Arguye que el día 22 de febrero de 2020, P. cumplió treinta años, y seis meses antes de que llegue a esa edad, se le comunicó a la escribana G. que su hija perdería su condición de afiliada adherente de la Caja de Seguridad Social para Escribanos.
Sin embargo, agrega, recién después de sucedida la baja, la aquí amparista solicitó la continuidad de afiliación de su hija y en esa ocasión también denunció la discapacidad de P., iniciándose el expediente administrativo 797-637/2020.
Refiere que siguiendo el trámite de rigor previsto por los arts. 44 y 49 de la ley 6.983, se realizó la correspondiente junta médica, que determinó una incapacidad del 41,50%, aclarando que en dicho informe se explicó que, según baremo previsional, se trataba de un capacitado a los fines previsionales. Y es así que, en base a tal dictamen y conforme lo dispuesto en los arts. 57 inc. "c" y 49 de la ley citada, la Caja denegó la reincorporación de la interesada por no resultar suficiente su grado de incapacidad para encuadrarla como beneficiaria del sistema.
Estima que, para justificar su decisión, el tribunal de apelación partió de un error fundamental, cual fue entender que la exigencia del grado de incapacidad que supere las dos terceras partes, no surge como un requisito legal ni reglamentario.
En ese orden, afirma que una armónica lectura del texto legal no arroja dudas respecto a que, para que un hijo mayor de treinta años pueda ser beneficiario del sistema de salud de la Caja de Escribanos, debe tratarse de un incapacitado a cargo, y que la misma ley consagra como regla interpretativa, que debe tratarse de una incapacidad absoluta , considerándose tal cuando supere las dos terceras partes (66,66%). Así, siendo que en los presentes, el Tribunal de Alzada aludió a los informes médicos y al certificado de discapacidad acompañado, donde se observa que la hija de la demandante presenta una discapacidad parcial, permanente, mental, y que requiere acompañante , el tribunal ha equiparado los conceptos de incapacidad y discapacidad, cuando tales nociones no son identificables.
Plantea, a su vez, que la decisión de la Cámara constituye una flagrante transgresión a las normas que establecen los requisitos de procedencia de la acción de amparo, toda vez que se condenó irrazonablemente a la demandada sin que medie acción u omisión alguna que pueda catalogarse de arbitraria o ilegítima.
A todo evento, invoca absurdo y arbitrariedad en lo decidido por el tribunal.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Con relación a la alegada violación de la ley 6.983, cabe observar que esta es una norma previsional y asistencial (del año 1964, texto reformado por la ley 12.172; modif. por las leyes 12.940, 13.918 y 13.997) que reconoció la existencia de la Caja de Previsión Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires (creada por la ley 5.015) como una persona jurídica de derecho público no estatal y en la que se reguló su funcionamiento.
En los capítulos V y V bis "Subsidios" —arts. 57 a 61— se permitió el otorgamiento de beneficios por asistencia médica y odontológica, nupcialidad, maternidad, nacimiento de hijos, incapacidad transitoria y fallecimiento, estableciendo quiénes eran los destinatarios de ellos.
El art. 57 de la norma citada dice: "La Caja otorgará subsidios por asistencia médica y odontológica, nupcialidad, maternidad, nacimiento de hijos, incapacidad transitoria y fallecimiento de los siguientes beneficiarios: ...c) A los hijos menores no emancipados o mayores incapacitados a cargo de los beneficiarios enunciados en los incisos anteriores... El Consejo Directivo fijará los montos de cada subsidio, sus causas determinantes y las condiciones en que serán acordados. Asimismo, y por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, podrá extender a otros beneficiarios las prestaciones de la asistencia de la salud".
Integra también el plexo normativo que rige a la Caja el denominado "Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios", el cual en su art. 3 inc. "b" dispone: "Beneficiarios derivados. Se hallan alcanzados por este Reglamento, en su condición de familiares a cargo de los beneficiarios enumerados en el artículo anterior ...b) Sus hijos menores de 21 años, o mayores incapacitados ... ". Y el art. 4 prescribe "...en los supuestos del artículo anterior la facultad de incorporar a los familiares al sistema, será procedente cuandoéstos se encontraren a cargo del beneficiario principal ...".
Por su parte, con fecha 30 de abril de 1999, la Comisión Directiva de la Caja emitió una resolución que lleva el n° 139 referida a los hijos de los escribanos, cuyo texto expresa: "Extender hasta los 29 años inclusive, la facultad de permanecer en el régimen de Atención de la Salud, exclusivamente respecto de los hijos solteros económicamente a cargo de notarios, notarios jubilados, pensionados e inspector de Juzgado Notarial siendo la fecha en que cumplan los 30 el plazo perentorio y excluyente de esta afiliación".
Sentado ello, la cuestión a resolver consiste en determinar si asiste derecho a la escribana G. a continuar recibiendo la cobertura de la prestación de salud de su hija P., mayor de edad y con discapacidad, en los términos del art. 57 inc. "c" de la ley 6.983 o si, tal como entendiera la Caja de Previsión Social para Escribanos de la Provincia: "... el grado de incapacidad que presenta la hija de la Escribana peticionante no es suficiente para encuadrarla en la categoría de hija mayor 'incapacitada', dado que es requisito que aquella supere las dos terceras partes (66,66%)... " (resol. 24.730 de 18-III-21, fs. 109/110).
La recurrente entiende que el Tribunal de Alzada, erróneamente, sostiene que la exigencia del grado de incapacidad superior al 66% "no se desprende como un requisito legal" y que, por ello, la denegatoria de la Caja no se ajusta a derecho.
Ahora bien, de los preceptos invocados en el recurso bajo tratamiento no se desprende que los subsidios que contempla el art. 57 inc. "c" de la ley 6.983 deban otorgarse a los hijos mayores incapacitados, en la forma esgrimida por la impugnante.
Ello es así, fundamentalmente, porque ni el art. 44 de la ley 6.983 (texto según ley 12.172, a tenor del cual "[l] a incapacidad será apreciada por la Caja en base a informe coincidente de por lo menos dos médicos que al efecto designe o a través de Junta Médica que podrá requerir según su criterio. Cuando el grado de incapacidad supere las dos terceras partes se considerará absoluta "), ni el art. 49 de la esa normativa (por el que "... las incapacidades serán apreciadas en la forma dispuesta en el art. 44... "), se refieren de manera específica a la cobertura médica reclamada en autos en beneficio de la hija de la actora.
En efecto, la primera de tales disposiciones se halla inserta en el capítulo relativo al beneficio de jubilación extraordinaria por invalidez, mientras que la segunda norma aludida se inscribe en el de las pensiones por fallecimiento, no así en el que trata los subsidios que aquí se discuten, fuera de que tampoco dichas normas prevén de manera expresa que la incapacidad necesaria para acceder a las respectivas prestaciones deba ser absoluta, conclusiones estas que no se ven revertidas por lo que al respecto dispone el art. 3 inc. "b" del Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios (ya citado).
En un sentido concordante con lo indicado cabe advertir que, en la causa C. 124.177, "Zanotti", sentencia de 26-IV-2021, donde también se le reclamaba a la Caja de Escribanos que otorgase cobertura de salud en beneficio de la hija mayor con discapacidad de la profesional actora y resultaban aplicables las mismas disposiciones que al presente caso, esta Suprema Corte sostuvo que la reglamentación en cuestión impone una doble condición para que los hijos mayores puedan ser incorporados en calidad de beneficiarios de la Caja: la incapacidad y que no tengan medios propios de sustento económico.
Seguidamente, el Tribunal observó en aquella oportunidad que del expediente administrativo labrado surgía una disfunción auditiva crónica por la cual se le había reconocido a la hija de la escribana actora un 45% de incapacidad, de conformidad con los baremos del Sistema Integrado Previsional Argentino, sin objetar en sí mismo dicho porcentaje por resultar inferior al 66,66%, pese a que así lo pretendía la Caja demandada, sino exclusivamente que, no obstante ello, "...también se ha probado en el juicio que la joven se ha recibido de martillera y que ejerce la profesión, aportando al sistema de monotributo", motivo por el cual "...no integra el universo de los incapaces que están a cargo de sus progenitores..." (causa C. 124.177, cit., voto del doctor Genoud —al que adherí—, punto III.3.).
De allí que el criterio adoptado en el recién citado precedente de esta Corte no abona la tesis de la recurrente sobre el grado de incapacidad necesario para que los hijos mayores de los beneficiarios de la Caja de Escribanos puedan acceder a la cobertura de salud que esta entidad otorga, sino más bien lo contrario, con independencia de lo que eventualmente se acreditare respecto de su independencia económica.
En esa línea, entiendo que acierta el tribunal de apelación al sostener que la resolución del Comité Ejecutivo por la cual se desestimó el pedido de continuidad de la prestación de salud para la hija de la actora en virtud de que no alcanzaba el porcentaje suficiente para encuadrarla en la categoría de hija mayor incapacitada (66,66%), no resulta ajustada a derecho, por cuanto dicho extremo no se desprende como un requisito legal que impida el acceso a la prestación solicitada.
Confirma tal conclusión la vigencia del principio de interpretación a favor del trabajador, establecido como pauta por la propia Constitución provincial en el art. 39 inc. 3, pues tal como tiene dicho este Tribunal, lo dispuesto en ese artículo implica que debe soslayarse cualquier interpretación 'desfavorable' de la norma aplicable a la situación en la que se encuentran los destinatarios de la seguridad social (conf. causa A. 71.914, "Pinto", sent. de 13-XI-2013 y sus citas).
Por todo ello entiendo que se equivoca el recurrente al intentar otorgar una interpretación disímil al texto legal en cuestión, y que no ha existido por parte del Tribunal de Alzada violación de las disposiciones de la ley 6.983.
IV.2. Tampoco encuentro configurada errónea aplicación de los arts. 163 inc. 6, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial.
Si bien es cierto que "incapacidad" y "discapacidad" no se identifican, no lo es menos que las discapacidades forman parte del más amplio concepto de incapacidad. A ese fin, resulta útil traer a consideración la definición de invalidez de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): " Para los fines de la adaptación y la readaptación profesionales y de la colocación selectiva, la causa de la invalidez carece de importancia y lo que importa es el efecto sobre las posibilidades de las personas para encontrar y conservar una colocación adecuada ...; la tendencia moderna es evitar fundamentar la definición sobre criterios que involucran porcentajes de pérdida de la capacidad de ganancia y de trabajo " (Manual sobre colocación selectiva de los inválidos, 3° impr., OIT, Ginebra, Suiza, 1974, pág. 4; citado en Rubinstein, Santiago J., "Las incapacidades laborativas", Depalma, 1996, págs. 109 y sig.).
En la especie, no se encuentra controvertido que la hija de la demandante padece una incapacidad parcial y permanente —discapacidad intelectual moder
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