Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78949
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.949, "Cervetto, Juan José contra Honorable Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y otro/a s/ amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso articulado por la parte actora y revocó la decisión de primera instancia, la cual había declarado abstracto el caso, junto con el tratamiento del pedido de inconstitucionalidad del art. 1 del Anexo Único del decreto 265/19. Tras sostener que la controversia se mantenía viva, proclamó la invalidez de la mencionada norma y, en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires de fecha 18 de octubre de 2021, en cuanto oficializó la candidatura a concejal del partido de Tigre del señor Pedro Cernadas para los comicios a celebrarse el día 14 de noviembre de 2021. Tras ello, mandó a que el Concejo Deliberante lo removiese del cargo y lo reemplazase por quien correspondiese, sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos.
Disconformes con lo decidido, la Fiscalía de Estado y el señor Cernadas interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara actuante.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
2ª) ¿Lo es el deducido por Pedro Cernadas?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor Juan José Cervetto promovió acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires y su Junta Electoral, a los fines de que se revoque la oficialización de la candidatura a concejal del señor Pedro Cernadas, primer candidato de la lista de la alianza transitoria electoral "Juntos" por el distrito de Tigre, de cara a las elecciones legislativas que irían a tener lugar el 14 de noviembre de 2021.
El actor denunció que su rival estaba buscando competir por un tercer mandato consecutivo, algo que estaba vedado por la ley 14.836 (B.O. de 22-IX-2016).
Argumentó que el art. 1 del Anexo Único del decreto 265/19, reglamentario de dicha norma, contenía un exceso que la desnaturalizaba. Esto mismo, en tanto vino a fijar que aquellos mandatos de candidatos titulares ejercidos por un tiempo inferior a los dos años, continuos o alternados, no computarían a los fines de la interdicción a las reelecciones indefinidas.
En ese sentido, destacó que Cernadas había renunciado anticipadamente a su primer mandato (10-XII-2015 al 13-XII-2016) y se encaminaba a finalizar su segundo (10-XII-2017 al 10-XII-2021). De modo tal que, si no fuese por aquella especificación (aplicada por la Junta Electoral y reputada inconstitucional por el demandante), de conformidad con la ley estaría impedido de postularse para el período 2021-2025.
II. El Tribunal de Trabajo n° 1 de San Isidro resolvió, por mayoría, admitir el amparo.
Cautelarmente, suspendió la decisión de la Junta Electoral de fecha 18 de octubre de 2021 en cuanto oficializó la candidatura del señor Cernadas a concejal del partido de Tigre, hasta tanto la cuestión se resolviera definitivamente.
III. Apelado dicho pronunciamiento por la Fiscalía de Estado (en representación de la Junta Electoral), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín declaró la nulidad parcial de la decisión recurrida, por defectos en la forma del acuerdo y la ausencia de una mayoría de fundamentos concordantes en la solución (conf. art. 168, Const. prov.).
Establecido lo anterior, sin reenviar, asumió competencia positiva y denegó la medida cautelar requerida. Ello, básicamente, dada la presunción de legitimidad de los actos estatales y por reputar que el remedio interino anticipaba la sentencia de fondo.
IV.1. Con posterioridad, se presentó la parte actora y denunció un hecho nuevo.
Manifestó que, por haberse celebrado las elecciones el 14 de noviembre de 2021, solicitaba una nueva medida precautoria tanto contra la Junta Electoral (para que no le expida el diploma al señor Cernadas), como contra el Concejo Deliberante de Tigre (a fin de que se abstenga de tomarle juramento y ponerlo en funciones como concejal).
IV.2. El tribunal laboral desestimó el planteo.
Para ello indicó, por un lado, que lo propuesto no estaba contemplado en la normativa que regula el proceso de amparo, además de estar vedada la formación de incidentes (art. 22, ley 13.928). Por otro, señaló que el pronunciamiento de la Cámara por el que se revocó la medida cautelar oportunamente concedida, impedía seguir innovando en la situación del concejal Cernadas.
V. A la hora de dictar sentencia, el tribunal actuante declaró abstracta la cuestión y, por consiguiente, desestimó la acción promovida.
Tras repasar la carrera legislativa de Cernadas, quien interrumpió su primer mandato al cabo de un año y —para ese entonces— había completado enteramente su segundo, puso de relieve que el 13 de enero de 2022 se publicó la ley 15.315, que en su art. 1 dispuso:
"Modifíquese el artículo 3° del Decreto Ley n° 6769/58, 'Ley Orgánica de las Municipalidades', el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 3°: El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período. Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo período sin importar que el mismo haya sido ejercido total o parcialmente [...] ".
Seguidamente, destacó que la misma ley modificó también el art. 7 de la ley 14.836, el cual quedó así:
"Los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley. En el caso de los mandatos que se hubieren iniciado como resultado de las elecciones de 2021, se computará como primer período sólo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior".
Así las cosas, dado que la legislatura vino a establecer que un mandato como el ejercido por Cernadas durante el año 2017 debía computarse como primer mandato a los fines de la interdicción a la reelección indefinida (sin importar lo que hubiese ocurrido antes), aseguró que el agravio del actor había perdido sostén, pues en tales condiciones aquel evidentemente estaba habilitado para competir en los comicios del año 2021. Ello, pues en la lógica propugnada por la flamante normativa, se trataba de una segunda reelección consecutiva permitida (y no una tercera, como se suponía e insinuaba en un comienzo).
Concluyó así que cualquier pronunciamiento en la controversia se había tornado inoficioso, por lo que dio por finiquitado el pleito, con costas por su orden.
La parte actora, disconforme, recurrió.
VI. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso articulado y revocó la decisión.
VI.1. Para eso, descartó que el asunto se hubiese tornado abstracto.
Remarcó que al momento en que se consumó el hecho aquí cuestionado ( i.e., la oficialización de la candidatura del señor Cernadas), la norma vigente era la ley 14.836 y no la ley 15.315, la que fue dictada con posterioridad, tanto al acto eleccionario como a la asunción de las respectivas autoridades. Y en la comprensión de que esa última no podía proyectarse hacia el pasado, aseveró que el núcleo conflictivo se mantenía.
VI.2. Resuelto eso, se adentró a analizar si el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso reglamentario al dictar el decreto 265/19.
Señaló que la ley 14.836, al modificar el art. 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, estableció de modo terminante la prohibición de reelección para un tercer mandato consecutivo de los concejales. A tenor de ello, observó que la reglamentación excedió dicho marco, en la medida en que desvirtuó tanto el texto como el espíritu del legislador.
En tal sentido, subrayó que el decreto extendió a todas las personas que ocuparon cargos titulares (intendente, concejales, consejeros) el tiempo mínimo de dos años para que pueda reputarse un período entero a los efectos de la reelección, cuando en realidad la ley únicamente preveía tal supuesto para aquellos que revistasen en carácter de suplentes para concejales y consejeros escolares, diputados o senadores (conf. art. 6).
De ese modo, sostuvo que la norma cuestionada por el actor y actuada por la Junta Electoral contaba con un alcance más amplio que la propia ley 14.836, en tanto reconoció a los concejales titulares la posibilidad de que el ejercicio de menos de dos años, continuos o alternados en su banca, les permita evitar que dicho tiempo sea considerado como un período completo a los fines reelectivos y, de tal modo, soslayar la prohibición de reelección a un tercer mandato consecutivo establecido en la legislación.
En definitiva, juzgó que el art. 1 del Anexo Único del decreto 265/19 efectivamente incurrió en un exceso reglamentario, al apartarse del texto claro de la ley más allá del ámbito de lo razonable. Por ende, declaró su inconstitucionalidad y acogió la acción de amparo, decretando la nulidad de la resolución de la Junta Electoral de fecha 18 de octubre de 2021, en cuanto oficializó la candidatura a concejal del señor Cernadas para los comicios que se celebraron el día 14 de noviembre de 2021.
Remató diciendo que eso implicaba que el Concejo Deliberante de Tigre debía hacer lo que correspondiese para instrumentar su salida del cuerpo y reemplazarlo por otro concejal, ello una vez que se encontrase firme la sentencia. Solo aclaró que, para salvaguardar la seguridad jurídica, lo fallado no tendría consecuencias en la actividad desarrollada en el pasado por Cernadas durante todo el tiempo en que se desempeñó en aquel departamento.
VII. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la Fiscalía de Estado y Cernadas interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
En lo que atañe al abordado en esta cuestión, allí se plantea que el argumento brindado por el Tribunal de Alzada es errado dado que la situación jurídica mutó con la sanción de la ley 15.315 y ya no tiene actualidad el análisis de la anterior, por lo que la declaración de inconstitucionalidad resultó inoficiosa.
Entiende también que, al haberse celebrado los comicios, en la especie no había remedio posible. Ello, en tanto que lo que el actor buscaba a través de esta acción de amparo era tutelar un derecho individual a competir contra candidatos legítimos en las elecciones del 14 de noviembre de 2021, algo que obviamente ya no podía ser.
VIII.1. A fin de resolver, tal como quedó explicado, el objeto de este proceso es la impugnación de la resolución dictada por la Junta Electoral con fecha 18 de octubre de 2021 y, en ese contexto, la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 del Anexo Único del decreto 265/19. Esto mismo, en la convicción del actor de que se trató de un exceso reglamentario que, en los hechos, autorizó a uno de sus principales rivales políticos a presentarse a una tercera reelección consecutiva, en contra del texto y el espíritu de la ley 14.836.
Es de destacar que el señor Cervetto era en ese entonces candidato a concejal por el distrito de Tigre de la alianza "Avanza Libertad". Y planteó la demanda, según él mismo afirma, con el fin de proteger sus derechos políticos, "...en particular a participar en igualdad de condiciones en la vida democrática del Estado provincial, a competir con precandidatos legítimos y a defender los potenciales votos que esta parte puede atraer y se vean redirigidos hacia un candidato no habilitado" (v. demanda, pto. III, "Legitimación"). Por eso, en el objeto de su petitorio, pidió que la autoridad electoral reformule la lista de la alianza "Juntos", sin incluir al candidato Cernadas.
VIII.2. En lo que acá interesa, el tribunal de trabajo reputó que la controversia se había tornado abstracta con la sanción de la ley 15.315, publicada el 13 de enero de 2022, que modificó el art. 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (texto según ley 14.836). Es que si bien ella, por un lado, estableció la prohibición de reelección de todos aquellos que ya hubiesen asumido su cargo por un segundo período (sin importar que hubiesen tenido previamente ejercicios parciales), en su art. 4 aclaró que los mandatos que se hubieren iniciado como resultado de las elecciones de los años 2017 y 2019 serían considerados como primer período a los efectos de la interdicción.
Sobre la base de aquello, afirmó que el mandato del señor Cernadas ejercido durante los años 2017-2021 debía, entonces, considerarse como primer mandato a los fines reelectivos, de forma tal que el agravio del actor a partir de la impugnación del decreto 265/19 perdía toda razón de ser, ya que su contrincante —a tenor de lo que allí se decía— estuvo habilitado para competir en los comicios del año 2021.
VIII.3. Contrariamente, la Cámara de Apelación reputó que el caso no era abstracto en la inteligencia de que la ley 15.315 se dictó luego del acto eleccionario, por lo que no pudo haber influido al momento de los acontecimientos, debiéndose analizar todo el asunto a la luz de las normas que sí eran las aplicables por aquel entonces. Sentado ello, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 del Anexo Único del decreto 265/19 y, por contagio, la nulidad de la resolución de la Junta Electoral que había oficializado la candidatura de Cernadas. A partir de allí, dio a entender que este había quedado ipso facto excluido del Concejo Deliberante de Tigre, el que debía actuar en consecuencia una vez causada ejecutoria la sentencia.
IX. El recurso prospera.
IX.1. Independientemente del acierto o error del análisis realizado por el a quo en torno a lo que serían distintos períodos de vigencia de la normativa implicada en autos (leyes 14.836 y 15.315), es evidente que, a tenor de los términos de la demanda —que no dejan duda alguna acerca de su concreto alcance (v. demanda, pto. II, "Objeto", quinto párrafo)—, el conflicto indefectiblemente devino abstracto con la celebración de las elecciones que tuvieron lugar el 14 de noviembre de 2021 y los actos formales y de trámite que inmediatamente le siguieron (doctr. causa I. 71.611, "U.De.So.", resol. de 31-VIII-2011 y sus citas; CSJN Fallos: 334:144).
Como se mencionó, la acción se basó en una impugnación tendiente a depurar la lista de candidatos de una de las principales fuerzas opositoras ("Juntos"), tanto por motivos de legalidad ( i.e., la supuesta inhabilitación que pesaba sobre Cernadas para buscar un tercer mandato), como por la posibilidad de que su presencia en la oferta electoral pudiese afectar la propia candidatura de Cervetto, desviando votos que, de lo contrario, hubiesen podido hipotéticamente ir a él.
Ahora bien, de acuerdo al resultado de ese acto elccionario, el actor finalmente no logró ingresar al Concejo en dicha ocasión ( https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/resultados-generales/2021113.pdf ), aunque sí pudo hacerlo dos años después, a raíz de las elecciones generales llevadas a cabo el día 22 de octubre de 2023 ( https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/resultados-generales/2023113.pdf ).
En tales condiciones, el fallo de la Cámara que se negó a rescindir su jurisdicción en el entendimiento de que un pronunciamiento suyo no era —a esas alturas— inoficioso, se exhibe falto de fundamentación.
IX.2.a. De un lado, porque no se ha detenido en la gravitación que —de alguna manera— ha de tener el principio de soberanía popular (art. 59 inc. 1, Const. prov.), considerando que la lista encabezada por Cernadas fue la más votada, con el 39,59% de los votos, lo que representó la voluntad de 89.749 electores registrados en el partido de Tigre.
IX.2.b. De otro, porque deja entrever que, una vez firme o confirmada su decisión, se deberá avanzar sobre el cargo de dicho edil al haberse anulado el acto de la Junta Electoral que lo oficializó. Lo que significa removerlo, sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos durante su mandato.
Pero el decisorio en ningún lugar repara acerca del modo en que habrá de llevarse a efecto esa condena (salvo afirmar que el Departamento Deliberativo deberá hacer "lo que corresponda" para su reemplazo), ni de cómo —más importante— eso habrá de servir a un interés directo de Cervetto, distinto de aquel interés generalizado en el mantenimiento de la juridicidad, insuficiente como regla para montar o sostener un caso o controversia judicial (doctr. causa I. 77.378, "Alberti Shcherbyna", resol. de 25-IV-2022 y sus citas; CSJN Fallos: 321:1252). Y esto indudablemente que es así, puesto que la remoción de Cernadas jamás hubiese implicado el ingreso del actor al cuerpo colegiado, sino la de un suplente proveniente del mismo espacio político (conf. art. 19, LOM).
Todo lo cual, demuestra que la supuesta disponibilidad de un remedio judicial útil para el demandante, con la virtualidad de mantener vivo al conflicto, no era tal.
A mayor abundamiento, es de destacar que el quejoso se presentó expresamente en "carácter de candidato" (v. demanda, pto. III, "Legitimación"), no pretendiendo ejercer una suerte de representación de tipo vicarial en favor de los electores del distrito de Tigre, de aquella que podría justificarse —llegado el extremo— si fuese disfuncional para las personas cuyos derechos se invocan para impetrar su reclamo (doctr. causa I. 79.266, "Maddonni", resol. de 8-X-2024 y sus citas). Esto es algo que corrobora la naturaleza del derecho o interés implicado en la especie, el que inevitablemente desapareció al realizarse las elecciones.
IX.2.c. Ambos obstáculos para la subsistencia del caso no fueron debidamente evaluados por la Cámara, siendo de recibo la queja de la recurrente en cuanto afirma que el pronunciamiento fue inoficioso y, por ende, un yerro la revocación de lo decidido por el tribunal de grado, que correctamente había declarado abstracta la cuestión litigiosa.
IX.3. Desde ya no se me escapa que la periodicidad de las elecciones dentro de un régimen representativo republicano, de consuno con la dinamicidad con la que se desarrollan tales procesos y la conclusividad del acto eleccionario, hace que los conflictos allí suscitados, aunque devengan abstractos, tengan la capacidad de repetirse en el futuro, resultando a veces prudente conocer de todas maneras en ellos para que no evadan el control judicial en cada nueva ocasión (CSJN Fallos: 310:819; 341:1869). O también, que algunas cuestiones quepan ser reputadas de gravedad institucional, por lo que es mejor dejarlas aclaradas en el interés público aun cuando la controversia entre las partes se hubiese difuminado (CSJN Fallos: 344:3551).
Sin embargo, ninguna de esas excepciones bastante consabidas fue explorada por el Tribunal de Alzada para reimponer la jurisdicción. En su lugar, como remarqué, los camaristas apelaron a la vigencia temporal de distintas leyes para establecer que la candidatura de Cernadas fue ilegítima en su origen, insusceptible de saneamiento y que debía ser removido una vez pasada la decisión en autoridad de cosa juzgada, lo que —a su criterio— era suficiente para demostrar que la controversia admitía solución por vía judicial y, por ende, no era abstracta.
Pero según expliqué en el punto anterior, esa conclusión no se sostiene: dado e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.