Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78076
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.076, "Schroeder, Celso Ricardo contra Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Kohan , Carral .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de primera instancia que había admitido la acción de amparo promovida por el señor Celso Ricardo Schroeder contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), a fin de obtener la cobertura integral de su internación (incluidos los gastos de alimentación, medicación, higiene y atención especializada) en la Residencia "Serranía" situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (v. sent. de fecha 8-II-2022).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-II-2022, 02:17:02 p.m.).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 13-IX-2022), dictada la providencia de autos (v. proveído de fecha 14-IX-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de esta ciudad hizo lugar a la acción de amparo promovida y, en consecuencia, ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) a garantizar la cobertura del 100% del servicio integral de internación del señor Celso Ricardo Schroeder (incluidos los gastos de alimentación, medicación, higiene y atención especializada) en la Residencia "Serranía", sita en calle Serrano 1378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
I.1.a. Para así decidir consideró preliminarmente los presupuestos y la normativa que habilita este tipo de acción de carácter excepcional (arts. 43, Const. nac.; 20 inc. 2, Const. prov. y 1 y concs., ley 13.928).
Recordó —con cita en precedentes de este Tribunal— que se trata de un proceso utilizable en circunstancias en las que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, peligra la salvaguarda de derechos reconocidos por la ley fundamental.
Refirió a los lineamientos esgrimidos por la Corte Suprema de la Nación con relación a que hay ciertos derechos —como la vida y la salud— para cuya protección el proceso del amparo es imprescindible por su rapidez y brevedad y, por tanto, no deberían exigirse los requerimientosínsitos en otro tipo de causas.
I.1.b. En ese contexto, refirió a las normas constitucionales que garantizan el derecho a la salud y la igualdad real de oportunidades y de trato en el ejercicio y goce de los derechos reconocidos por la Constitución, en particular respecto de las personas con discapacidad (arts. 36 inc. 8, Const. prov. y 75 inc. 23, Const. nac.).
Señaló que el Máximo Tribunal federal ha puntualizado, con especial énfasis tras la reforma constitucional del año 1994, que la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas (conf. arts. 23 y 75 inc. 22, Const. nac. y CSJN Fallos: 331:2135; 323:1339; 323:3229; e.o.), sobre todo cuando se trata de enfermedades graves (causa A. 74.759, "Gallinelli", sent. de 21-VI-2018; entre muchas).
Mencionó que en el ámbito local cobra relevancia el régimen jurídico tuitivo de la discapacidad implementado por la ley 10.592, cuyo art. 19 dispone que "El Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires promoverá y prestará asistencia médica integral a las personas discapacitadas afiliadas al mismo, con vistas a su rehabilitación, de conformidad con las disposiciones que rijan el funcionamiento de ese Organismo, y en concordancia con los propósitos y fines de la ley".
I.1.c. En relación con las circunstancias fácticas del caso señaló que los informes elaborados por los profesionales que han atendido al señor Schroeder dan cuenta de una situación de vulnerabilidad particularmente agravada por la edad avanzada y las patologías que el mismo padece.
Concluyó que en virtud de la medida cautelar concedida, el objeto del proceso se encuentra garantizado por la demandada, sin que se advierta riesgo o peligro en la continuidad de la prestación que el afiliado venía recibiendo, en atención a la índole de los derechos comprometidos.
I.2. Apelado dicho pronunciamiento por la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 26-IV-2021, 11:00:49 a.m.), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia de grado (v. sent. de fecha 8-II-2022).
Para decidir de ese modo, refirió al criterio adoptado en causas análogas sustanciadas ante ese tribunal y tuvo en cuenta que no se encuentra controvertida la situación de salud que presentaba el amparista, quien requería necesariamente recibir determinadas prestaciones médicas, con riesgo de vida ante su discontinuidad o un cumplimiento ineficiente.
Señaló que las patologías que padecía el amparista le impedían valerse por sí mismo y se encuentran acreditadas con el certificado de discapacidad acompañado digitalmente con la demanda, de donde surge que teníe anormalidades de marcha y movilidad, junto a otros síntomas y signos que involucran su función cognitiva y de la conciencia; diabetes mellitus insulinodependiente, con complicaciones neurológicas; enfermedad de Alzheimer y coxartrosis primaria bilateral.
En atención a las particulares circunstancias del caso, afirmó que la grave situación de salud del actor que da cuenta la patología documentada y la condición de persona altamente dependiente de terceros, debían ponderarse para adoptar un criterio favorable a su petición.
Ello, sin perjuicio de las posibilidades de la demandada de solicitar documentación médica actualizada y auditar, de estimarlo conveniente, las prestaciones cuya cobertura se encuentre a su cargo.
Afirmó que son insuficientes los agravios esgrimidos por la representación fiscal referidos a la posibilidad de optar por un centro conveniado, pues omitió informar si los estos tenían disponibilidad como asimismo si era médicamente factible modificar las condiciones de internación del amparista sin riesgo para su salud.
Desde esta perspectiva señaló que la Fiscalía de Estado al agraviarse de los mayores costos que representa la prestación del servicio de internación por la empresa requerida, dado su calidad de entidad autárquica, tampoco acreditó que del listado de prestadoras que el Instituto demandado ofrece pueda garantizarse la calidad y eficiencia en la atención de salud que el caso amerita.
Destacó que el precedente "Sánchez" (causa A. 76.471, sent. de 30-III-2021) invocado por la recurrente en aval de su postura contenía una plataforma disímil a la del presente proceso que justifica el temperamento adoptado por la señora jueza de grado.
Sostuvo que dada la índole de los derechos involucrados sobre la base de un análisis integral que requiere la valoración de las probanzas agregadas en autos, se impone adoptar una solución tuitiva de los derechos en juego (conf. doctr. arts. 384, CPCC y 25, ley 13.928, texto según ley 14.192).
Recordó que el derecho a la salud representa uno de los corolarios del derecho a la vida, y su reconocimiento como prerrogativa personalísima posee expresa raigambre constitucional con la incorporación como ley suprema de los tratados internacionales que así lo receptan (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Con invocación de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que, en el caso, debe darse primacía al derecho a la vida y a la salud que se encuentran comprometidos.
Hizo referencia a que el día 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus como una pandemia y que tal coyuntura constituía una grave emergencia sanitaria nacional, lo cual dificultaba aún más una eventual situación de interrupción o modificación de prestación de servicio frente al grave estado de salud del peticionante y los bienes jurídicos tutelados (la vida y la salud).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-II-2022, 02:17:02 p.m.) en el que denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33, 42, 43, 75 incs. 19, 22 y 23 y concordantes de la Constitución nacional; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 inc. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8 de la Constitución provincial; 10 y concordantes de la ley 6.982; 1.I del decreto reglamentario 7.881/84; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina legal que emana de los fallos que cita.
Alega que la sentencia en crisis incurre en absurdo y arbitrariedad.
Plantea que la sentencia impugnada carece de los elementos esenciales que permitan considerarla un acto judicial válido, ya que los motivos en los que se funda son solo aparentes.
Añade que el decisorio se ha apartado de los escritos constitutivos de la litis y no ha evaluado de modo adecuado las constancias documentales de la causa, apoyándose en afirmaciones dogmáticas, o inferencias sin sostén jurídico o fáctico, basadas en la sola voluntad de los jueces.
Indica que la falta de fundamentación del decisorio viola el derecho de defensa de su parte y el debido proceso y vulnera, asimismo, lo dispuesto por los arts. 161 del Código Procesal Civil y Comercial y 171 de la Constitución provincial.
Señala que el Tribunal de Alzada incurre en absurdo al considerar que el amparista con las constancias documentales agregadas en el presente proceso judicial, ha cumplimentado el recaudo de requerimiento previo ante el organismo demandado.
Aduce que ello la coloca en un estado de indefensión teniendo en cuenta la condena que el a quo confirmó.
Alega que no se encuentran configurados los requisitos constitucionales y legales para la procedencia de la acción, toda vez que no hubo por parte del afiliado un pedido de cobertura de la prestación Hogar Geriátrico como tampoco hubo por parte del Instituto Asistencial un comportamiento que pueda calificarse de arbitrario o ilegal.
Desde ese aspecto, consideró que la intimación cursada por el actor mediante carta documento para que en el plazo de cuarenta y ocho horas el organismo demandado proceda a la cobertura integral en el Hogar Geriátrico Residencia "Serranía" no puede considerarse como el inicio de un trámite tendiente a la cobertura de las prestaciones que en este pleito reclama.
Entiende que el actor recurrió a la instancia judicial con el objeto de soslayar el cumplimiento de los requisitos que deben cumplimentarse en sede administrativa, tales como el inicio de trámite acompañando orden médica, certificado de discapacidad emitido por un organismo oficial, informe del hogar con plan de tratamiento y presupuesto, fotocopia de carnet de IOMA, recibo de sueldo, DNI, informe de admisión del equipo profesional de la Institución, planillas anexas (conf. resol. 4.319/11) y nota del familiar o responsable solicitando la prestación.
Agrega que no existe manera de que el organismo asistencial conozca la necesidad de sus afiliados de recibir prestaciones como la de autos siéstos no lo solicitan, eligiendo una empresa que sea prestadora del IOMA y adjuntando toda la documentación necesaria para otorgarla. Indica que ello forma parte de las funciones que hacen al debido cumplimiento de los deberes a su cargo y está pensado en resguardo de la vida y la salud de los afiliados por encima de los intereses de las empresas.
Arguye que la sentencia en crisis no ha discurrido sobre el hipotético daño que le ocasionaría al señor Schroeder el cumplimiento de la normativa vigente (procedimiento administrativo) destinada al otorgamiento de las prestaciones por parte del IOMA, obviando —por el contrario— los trámites legales establecidos por la normativa vigente.
Con cita en precedentes de esta Corte afirma que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo por cuanto no se ha probado la existencia de una arbitrariedad. Indica que, de esa manera, se vulnera la doctrina imperante en admisibilidad del carril del amparo (causas B. 66.013, "Macias", sent. de 27-VI-2012; B. 64.702, "Coto", sent. de 6-X-2004 y B. 63.788, "Llusa", sent. de 21-V-2003).
En ese orden, considera que no se verifican los presupuestos de procedencia de la acción intentada.
Afirma que la condena impuesta por la señora jueza que previno y confirmada por la Cámara va más allá de lo que IOMA reconoce por la prestación brindada con un universo de empresas que sí tienen convenio con el organismo, lo cual agrava aún más el vicio de absurdo denunciado.
Estima que de esta forma el Hogar Geriátrico "Serranía", se convierte en una institución privilegiada por sobre el resto de las empresas al facturar un importe por demás excesivo en relación con la prestación brindada y en comparación al resto de las empresas que cumplen la misma prestación. Entiende que el Tribunal de Alzada viola de esa forma los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional.
Dice además que si bien la Cámara pondera que la condena que dicta lo es, "...sin perjuicio de las facultades de auditoría que posee el IOMA..." omite considerar la abultada suma que la empresa indicada percibe por el servicio que brinda como así también que no puede obligarse a la Administración a que la cobertura sea prestada por una empresa no vinculada con el IOMA, salvo circunstancias especiales, las cuales, entiende, no concurren en el presente caso.
Agrega que no se ha evaluado si la actora se hallaba en imposibilidad de costear la parte del arancel no reintegrado por el IOMA conforme resoluciones vigentes para aquellas instituciones por fuera de convenio o la imposibilidad de que pudiera ser alojada en otro establecimiento con convenio con la obra social.
Contrario a ello, aduce que el Tribunal de Alzada invirtió la carga procesal que cabía a la actora, reprochándole a su parte no haber acreditado la posibilidad de modificar las condiciones de internación de la amparista sin riesgo para su salud; como así también no haber demostrado que con el listado de prestadoras que ofrece IOMA pueda garantizarse la calidad y eficiencia en la atención de salud que las particularidades del caso ameritan.
En contraposición a lo sentenciado por la Cámara, consigna lo resuelto por esta Corte en la causa A. 76.471, "Sánchez", cuya doctrina, dice, resulta plenamente aplicable al caso y, aun así, fue violada.
Alega que, en razón de que en la causa citada se dijo que en este tipo de casos la empresa que debe encargarse de cumplir la prestación como así también los profesionales intervinientes, deben integrar el Registro Único de Prestadores del IOMA de acuerdo a la normativa de la obra social.
Afirma que dicha doctrina legal fue enunciada en la causa A. 75.422, "Cáceres", sentencia de 28-VIII-2019, y tomada como precedente para resolver en la causa "Sánchez" (antes cit.).
Añade que la decisión impugnada incurre en arbitrariedad al carecer de fundamento adecuado que dé base a la condena impuesta al IOMA.
Indica que ello no queda suplido con la invocación genérica de razones de orden normativo relacionadas con lo dispuesto en tratados internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.).
Entiende que no luce suficiente la alegación de cuestiones particulares que generen un estado de situación especial que sostenga la excepcionalidad propuesta por el fallo, no explicándose la razón por la cual no se pueda utilizar una institución perteneciente al Registro de Prestadores de IOMA, o cuál sería el daño concreto que ello pudiera ocasionar al amparista.
Afirma que el proceder de la Cámara es palmariamente dogmático porque se apoya en una serie de normas superiores de índole local e internacional que aparecen desvinculadas del concreto presupuesto de hecho de la causa y de las disposiciones legales que directa e inmediatamente rigen el punto en debate.
III.1. Previo a ingresar en el tratamiento del recurso, reviste de notorio interés para la solución del caso, señalar que radicados los autos en esta instancia de excepción, se presenta el hijo del beneficiario denunciando el fallecimiento de aquel.
Así, mediante escrito electrónico de fecha 28 de abril de 2025, el señor Juan Martín Schroeder, pone de manifiesto que su padre —actor en estos autos— murió el día 16 de mayo de 2024 y que, en su carácter de heredero, conforme declaratoria que acompaña, solicita que se resuelva la presente causa.
De este modo, sostiene que el objeto principal del presente litigio, que consiste en la condena al IOMA a fin de que proceda a cubrir al 100%, SIN TOPES NI LÍMITES: el servicio integral de internación de Celso Ricardo Schroeder, en la Residencia Serranía, sita en la calle Serrano 1378, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con más todos los gastos extras que responden a los requerimientos de éste y hacen a la vida diaria —incluyéndose pues, no sólo su alojamiento permanente, sino también los gastos extras como alimentación, higiene, atención especializada, etcétera— (v. capítulo "Objeto" en la demanda), devendría abstracto ante el fallecimiento del demandante.
No obstante lo anterior, y aun cuando de una lectura ligera del caso, pareciera que la decisión del asunto ha perdido virtualidad, lo cierto es que la recurrente, desde el inicio del pleito viene blandiendo un argumento vinculado al alcance de la cobertura por parte del ente demandado. Tal argumento, del modo en que ha sido planteado, puede revestir un interés actual, con prescindencia de la muerte del señor Schroeder.
Así repárese que en los puntos "C.2." y "D" de la contestación de la demanda, "IV.3." de la apelación, y "VI.a." a partir del párrafo vigésimo cuarto y "VI.b." del recurso extraordinario, la demandada argumenta que la decisión del señor juez de origen, ratificada por la Cámara, compele al Instituto demandado a cubrir una prestación que va mucho más allá de lo que se encuentra obligado, evidenciando, siempre a su criterio, un perjuicio de naturaleza patrimonial.
En este aspecto habré de aclarar que el sub lite es un juicio de amparo, tendiente a satisfacer una prestación vinculada al derecho a la salud; razón por la cual no resulta ser el ámbito idóneo para discutir las cuestiones acerca de las erogaciones realizadas (en demasía según criterio de la representación fiscal), ni ningún otro tema de índole económica que pueda derivarse de la resolución del caso, debiendo a todo evento plantearse esas cuestiones en el marco que corresponda.
III.2. Es por todo lo anterior, que aun ante el fallecimiento del beneficiario, corresponde dictar sentencia en el presente pleito.
IV. Oído el señor Procurador General, considero que el recurso prospera.
Independientemente de los cuestionamientos relacionados con la violación de las normas o doctrinas legales que gobiernan la procedencia de la acción de amparo, adelanto que el recurso interpuesto debe prosperar por asistirle razón a la impugnante en cuanto denuncia que se ha violado la doctrina legal sentada en la
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