Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79174
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827), con costas a la recurrente vencida (art. 289 in fine, CPCC).
A.79.174 "C. M. E. C/ IOMA S/ AMPARO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron :
I. El Juzgado de Paz de Malvinas Argentinas hizo lugar a la acción de amparo promovida por la señora M. E. C., en representación de su hijo menor, A. M. con diagnóstico de discapacidad: "Perturbación de la actividad y de la atención", ordenando que IOMA le brinde cobertura del 100% del tratamiento de acompañante terapéutico (en adelante, A.T.) de lunes a viernes, 4 hs. diarias, para el ciclo marzo a diciembre de 2023 y/o hasta la fecha que indique el profesional de la salud, a través de la prestadora CAEDIS S.R.L., a valores del nomenclador nacional (v. sent. de fecha 15-IX-2023).
II. A su turno, en lo que aquí corresponde destacar, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, por mayoría, dictó sentencia haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y modificando, en consecuencia, la sentencia de grado recurrida, ampliándola en el sentido de ordenarle a la parte actora que -independientemente de que el servicio sea brindado y/o facturado por CAEDIS S.R.L.- le brinde al IOMA los datos identificatorios y de contacto del acompañante terapéutico que tendrá a su cuidado al niño A. M. y aporte la documentación respaldatoria de su formación, habilitación y matriculación legal necesaria -en caso de corresponder- para ejercer dicha actividad en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de posibilitarle al ente prestacional la debida fiscalización de la regularidad de la prestación. Ratificó la imposición de las costas a la parte demandada imponiéndole también las devengadas por la actividad desplegada ante la Alzada, en su calidad de sustancialmente vencida en el pleito (cfr. arts. 19 y 25, ley 13.928 y modific.; 68 y 274, CPCC; v. sent. de 31-X-2023).
Para así decidir, básicamente, consideró que los extremos invocados y probados por la parte actora no se hallaban controvertidos en cuanto a la patología que padece el menor (perturbación de la actividad y de la atención) ni tampoco la obligación en cabeza de la demandada enmarcada en orden a la protección de los derechos constitucionales a la vida, la salud, a la seguridad social y a la protección integral de la persona discapacitada y de la minoridad por parte del Estado.
En tal sentido, resaltó que -siendo el afiliado una persona con discapacidad- la ley 10.592 establece en cabeza del IOMA una obligación de prestación integral a los afiliados con dicha condición, de conformidad con sus normas reglamentarias, pero en concordancia con el espíritu de dicha ley. De allí que, por prestación integral cabía entender a aquella que sea "completa"; esto es, la necesaria para cubrir la dolencia o requerimiento, añadiendo que tal integralidad comprende a las prestaciones como la requerida en autos, pues se dirige a aquellas vinculadas a la materia médico-asistencial (cfr. arts. 19 y cc., ley 10.592).
Tras referirse al interés superior del niño como papel integrador de las normas legales, apuntó luego que la demandada tampoco contemplaba ni ofrecía, con el debido respaldo científico y documental, la posibilidad de una alternativa de igual eficacia para tratar la patología en cuestión considerando, además, las facultades de auditoría que posee la obra social para fiscalizar la prestación del servicio cuya cobertura se encuentra a su cargo, así como en relación a la facturación que se presente para su cobro, pudiendo solicitar la documentación médica actualizada, con el detalle de los profesionales respectivos, de estimarlo pertinente y de corresponder.
Advirtió que en el caso el ente asistencial indicó un link web para consulta de prestadores "Acompañantes Terapéuticos" en cartilla, el cual no ha arrojado resultado alguno para la localidad en la que reside la amparista ni para las restantes localidades que componen el partido de Malvinas Argentinas.
Concluyó que la negativa de la demandada a otorgar cobertura de la prestación por parte de una empresa y/o profesional elegida y/o propuesta por la afiliada, como así también el valor hora previsto por la resolución del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación -Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad- con sustento en no ajustarse a la normativa dictada por la entidad, sin ofrecer otra alternativa concreta y adecuada al destinatario de la prestación, constituye una clara inobservancia a la tutela integral encomendada a los entes asistenciales.
Todo ello teniendo en cuenta la necesidad de verificación y contralor por la demandada tanto de las aptitudes, idoneidad y habilitación legal -entre otros factores- del profesional a cargo del acompañamiento del menor, como así también del plan de trabajo a desarrollar.
III. Frente a lo así resuelto, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del día 22-XI-2023, 12:10:14 p.m.). La Cámara interviniente lo concedió (v. resol. de fecha 26-XII-2023).
III.1. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal la representación fiscal denuncia que el Tribunal de Alzada incurre en violación y errónea aplicación del plexo normativo interno del IOMA que prohíbe la tercerización del servicio (resols. 5830/15; 2458/17; 3313/17; 1212/18 y concs.), al ordenar a la afiliada brindar datos identificatorios y de contacto del A.T.; como documentación respaldatoria de su habilitación y registración legal necesaria.
Invoca, asimismo, el absurdo y la arbitrariedad en lo decidido por la Cámara y el menoscabo de las garantías constitucionales de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; en particular, aquellas vinculadas con el principio de igualdad entre afiliados, pilar básico del sistema de solidaridad (conf. art. 2 inc. "a", dec. 7.881/84), con el riesgo de disminución de la cantidad y calidad de las prestaciones entre quienes contribuyen a la formación de los recursos del mencionado Instituto.
Aduce que el Tribunal de Alzada incurre en absurdo al acoger el amparo sin declarar la inconstitucionalidad de las normas que justifican -y validan- el obrar del Instituto demandado. Sostiene que la decisión impugnada afecta la garantía de la defensa en juicio en tanto, al apartarse de las normas aplicables al caso -palmariamente violadas-, trata de un modo inadecuado e irrazonable la controversia, dando un fundamento tan solo aparente.
Realiza diversas consideraciones en orden tanto a las posibilidades de libre elección de prestadores por parte de la amparista, como a la pretensa imposibilidad del IOMA en cuanto a su cumplimiento, mediante límites establecidos normativamente en el orden local como nacional, con cita de jurisprudencia de ambos ámbitos, dirigida a sustentar sus agravios.
En particular, rebate cuestiones de prueba vinculadas a la especialidad de CAEDIS S.R.L en el tratamiento de las patologías que padece el menor, ya que todo ello, señala, viola la resolución n° 5.830/15 que requiere un plan de trabajo específico. Manifiesta que, en concreto, CAEDIS S.R.L. factura por un servicio que no es el de ser A.T. sino un mediador, sin explicar qué valor agrega a la prestación a la que IOMA se obliga, ni justificar quien diseñó el plan de trabajo.
Por último, aduce la violación del "principio del gasto constitucional y del control del gasto público" (punto 6 del escrito recursivo), explicando que la decisión atacada ordena al IOMA cubrir una prestación a valores del Nomenclador Nacional (resol. 428/99 del Ministerio de Salud) y, con ello, genera un evidente perjuicio a nivel económico. Esto así, por cuanto el valor resultaría mucho más oneroso para el IOMA que el establecido en su normativa específica y no tendría en cuenta que el organismo recurrente no se encuentra adherido al sistema de la ley 23.660 y que tiene su propio régimen en cuanto concierne a las prestaciones asistenciales.
IV. El 27-II-2024, el señor Procurador General emitió dictamen, aconsejando el rechazo del recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Estado.
V. El recurso intentado no prospera en razón de su insuficiencia, tal como este Tribunal lo señaló a propósito de impugnaciones estructuradas en forma muy semejante a la aquí analizada y que involucraban similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causas A. 79.161, "Saposnik", sent. de 30-V-2024 y A. 79.162, "Dominguez", sent. de 21-X-2024).
V.1. En efecto, la Cámara actuante expuso que, según surge del marco probatorio acompañado -que no fue controvertido por las partes-, nos encontramos frente a un niño, que cuenta con un diagnóstico de la incapacidad (perturbación de la actividad y de la atención) y que le ha sido legalmente reconocido (v. certificado de discapacidad vigente e informe médico expedido por el neurólogo infantil, Dr. Lucas E. Hernández, según consta en la documentación digitalizada y adjuntada a la demanda en el trámite de fecha 18-VIII-2023; obrante en el "SIA").
La demandada, en prieta síntesis, denuncia la violación de una serie de normas de nivel local y federal, con cita de jurisprudencia de ambos órdenes que considera aplicables al caso, como también deja expuestas sus consideraciones sobre la arbitrariedad y el absurdo en que habría incurrido la a quo .
V.2. Sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva.
Es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. doctr. causas Ac. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; Ac. 71.500, "Minho", sent. de 27-VI-2012; Ac. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; e.o.), dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas Ac. 91.522, sent. de 15-III-2006; Ac. 90.916, sent. de 28-VI-2006; A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; A. 77.261, "Frade", sent. de 20-IX-2022 y A. 79.187, "Corzo", resol. de 7-III-2024, entre muchas otras), tal como ocurre en el caso.
En efecto, la recurrente aduce que la Cámara interviniente no valoró correctamente las constancias obrantes en la causa y la normativa aplicable al caso.
Ahora bien, los argumentos esgrimidos no van más allá de meros disentimientos personales, desatendiéndose de los fundamentos brindados por la Cámara en relación a las razones que justificaron confirmar parcialmente la sentencia apelada, donde se advierte que, en su embate, la recurrente propone como técnica de impugnación argumentar en paralelo, sin cuestionar de modo idóneo los razonamientos vertidos por la a quo , lo que no constituye base idónea de agravios.
En tal sentido, es doctrina de este Tribunal que si quien se agravia limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el juzgador de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa de los fundamentos esenciales del fallo, tal insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. causas A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018 y A. 79.187, cit., e.o.).
Tampoco el alegado apartamiento de las constancias documentales de la causa permiten acreditar el absurdo denunciado, ya que cabe advertir que los reproches en ese aspecto reconducen a cuestiones de hecho y prueba que -por regla general- resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte (conf. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016; A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019; e.o.).
Esta Suprema Corte ha señalado que para la configuración del absurdo no es suficiente denunciarlo y exponer una interpretación o valoración propia, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio (doctr. causas A. 70.187, "Núñez", sent. de 15-XII-2010; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; A. 74.056, "Zaracho", sent. de 10-IV-2019; A. 79.187, cit., e.o.). En este sentido la recurrente omite demostrar el razonamiento absurdo del Tribunal, lo que define la suerte adversa del embate.
V.3. Tampoco prospera el agravio enderezado a refutar la validez de la fundamentación vertida por el Tribunal de Alzada en su decisorio, la que resultaría solo aparente y de carácter dogmático por apartarse de la normativa expresamente aplicable.
Sabido es que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 74.837, "Bentancur", resol. de 20-III-2019; A. 74.737, "Balaguer", resol. de 17-IV-2019; A. 74.818, "Magnanego", resol. de 17-IV-2019; e.o.); lo que acontece en el caso particular de autos, en el que la Fiscalía de Estado se limita a denunciar la violación de la normativa aplicable y la fundamentación dogmática en precedentes que no resultarían asimilables al caso de autos, embate que no resulta hábil puesto que no expresa claramente de qué manera el Tribunal incurrió en tal supuesta violación (conf. doctr. causas A. 71.256 bis, "Ceuninck", sent. de 4-VIII-2016; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019 y A. 79.187, cit., e.o.).
V.4. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación deducida atento a su insuficiencia y lo resuelto en casos análogos (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Oído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827), con costas a la recurrente vencida (art. 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/21; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2025 15:52:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2025 17:04:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:18:07 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 09:31:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2025 10:43:50 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/09/2025 10:49:36 hs. bajo el número RR-578-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia