Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78901
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.901, "D. V., M. P. c/ Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Kohan , Mancini , Violini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la señora M. P. D. V. y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia. De ese modo, ordenó a la Caja de Previsión Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en atención a las particularidades del caso, que cubra el valor de la residencia en la que se encuentra la demandante o la que en un futuro elija, hasta la suma que periódicamente establece el Ministerio de Salud de la Nación para la aludida prestación de hogar permanente categoría "A" o su análogo (v. sent. de fecha 4-V-2023).
Disconforme con ese pronunciamiento, el apoderado de la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-V-2023, 14:02:15 p.m. en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 15-VI-2023.
Dictada la providencia de autos para resolver con fecha 6 de setiembre de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora M. P. d. V. inició acción de amparo contra la Caja de Seguridad Social del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires solicitando se ordene a la demandada la cobertura integral de la internación en la residencia asistida para mayores "La Oliva", en la que actualmente se encuentra internada.
II. La señora jueza a cargo del Juzgado de Garantías del Joven n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro rechazó la acción de amparo promovida.
En prieta síntesis, y según las constancias probatorias agregadas tuvo por acreditado que el derecho a la salud de la parte actora no se encontraba en riesgo.
Sostuvo que el caso debía resolverse conforme la ley 6.983 y sus modificatorias y el reglamento de creación y regulación del funcionamiento de la Caja demandada, a la cual la parte actora se había adherido voluntariamente.
Destacó que dicha normativa preveía la cobertura total de las prestaciones médicas e insumos que requería la demandante, pero no la residencia geriátrica, para la cual establecía un reintegro, abonándose un subsidio mensual y fijo. Entendió que ese sistema era conocido por la actora y su grupo familiar y que desde septiembre del año 2022 ese subsidio por geriatría fue liquidado a su favor a raíz de la presentación de las facturas correspondientes de la residencia en cuestión.
Señaló que frente a la alternativa propuesta por la Caja demandada, esto era, cubrir el costo total que generaba la internación domiciliaria indicada, la amparista optó por la residencia asistida para mayores "La Oliva" asumiendo así la posibilidad de recibir por parte de la demandada un subsidio mensual y fijo, el cual comenzó a liquidarse en el mes de septiembre de 2022, además de estar percibiendo la cobertura al 100% de todo lo que a asistencia y tratamiento médico de la demandante se refería.
Aclaró que se encontraba vigente la alternativa propuesta por la Caja en cuanto a la internación domiciliaria.
La magistrada entendió que se encontraba acreditado que la demandante recibía en la residencia "La Oliva" las prestaciones médicas, equipamiento ortopédico, medicamentos y demás insumos que su cuadro requería, a cargo de la Caja, más allá del subsidio que por esa prestación oblaba la demandada; que la residencia geriátrica en cuestión fue elegida voluntariamente por la demandante conociendo lo onerosa que resultaba, y que esa prestación no estaba cubierta por la Caja. Así consideró que el objeto de esta acción, quedaba reducido a determinar si la demandada debía o no cubrir el costo total de la residencia para adultos mayores "La Oliva" donde actualmente la demandante se encontraba viviendo.
En base a todo ello, y teniendo en cuenta que el derecho a la salud, en el caso, se encontraba protegido, entendió que correspondía rechazar la acción.
III. En lo que a esta instancia extraordinaria interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocó el fallo impugnado y, en consecuencia, ordenó a la demandada, en atención a las particularidades del litigio, cubrir el valor de la residencia en la que se encuentra la señora D. V., o la que en un futuro elija, hasta la suma que periódicamente establece el Ministerio de Salud de la Nación para la aludida prestación de hogar permanente categoría "A" o su análogo (v. sent. de 4-V-2023).
III.1. Para así decidir, en primer lugar, recordó que la demandada era una persona jurídica pública no estatal regulada por la ley 6.983 y sujeta a los principios y normas del derecho público, entre ellos los estipulados en el art. 36 inc. 5 de la Constitución provincial.
Señaló que resulta indiscutible que la señora D. V. es jubilada de la Caja de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, percibiendo sus haberes previsionales y que, a su vez, es adherente de manera voluntaria al régimen asistencial de salud y subsidios que dicha entidad presta conforme la mentada ley y su reglamentación.
También subrayó que la demandante poseía un certificado de discapacidad expedido conforme la ley 22.431 del cual se desprende que posee: "Dependencia de sillas de ruedas. Secuelas de Poliomelitis. Secuelas de fractura del fémur. Presencia de implante ortopédico artificial" y que respecto a la orientación prestacional establece: "Asistencia domiciliaria. Hogar. Prestaciones de Rehabilitación. Transporte".
Relató que la actora, producto de una caída, estuvo internada en una clínica de rehabilitación recibiendo un tratamiento cuya cobertura fue del 100% a cargo de la Caja demandada y que una vez recibida el alta se indicó continuar con seguimiento médico y rehabilitación en domicilio; no obstante decidió voluntariamente vivir en la residencia "La Oliva", en Buenos Aires, en lugar de optar por alquilar una vivienda para allí poder efectuar la internación domiciliaria que le fuera indicada.
A su vez precisó que la normativa que rige la Caja demandada tiene previstos reintegros para la prestación residencia geriátrica por un monto mensual y fijo y que, para la prestación internación domiciliaria, es cubierta al 100%.
Puntualizó que se verificó que durante la estadía en la residencia "La Oliva" la demandante utilizó el régimen de salud y de subsidios de la Caja y recibió cobertura a sus demandas médicas y de rehabilitación, ya sea para la realización de estudios y análisis o para compras de medicamentos de manera integral.
III.2. Destacó que en esta causa se discute el alcance de la cobertura de la internación en la residencia para mayores "La Oliva", y que se encuentra en juego el derecho a la salud reconocido en los arts. 42 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos que menciona y, el derecho a la protección integral de la persona discapacitada resguardado por el art. 36 inc. 5 de la Constitución provincial y la ley 10.592.
Afirmó que si bien la Caja demandada no es una obra social y tampoco una empresa de medicina prepaga, su actividad tiende a proteger la vida, la salud, seguridad e integridad de las personas, inclusive en lo que atañe a la discapacidad.
En ese marco puso de manifiesto que la ley 10.592 establece que las prestaciones en materia de seguridad social para las personas discapacitadas deben ser integrales dado su condición de mayor vulnerabilidad que el resto de sus congéneres, lo que significa que debe ser completa, ello es la necesaria para satisfacer la atención de la dolencia.
En tales condiciones, juzgó que la Caja demandada no puede estar al margen de las obligaciones que deben asumir las instituciones que prestan servicios de salud frente a las personas discapacitadas.
III.3. Sostuvo que en base al plexo normativo referido la demandada debe dar una cobertura integral a la parte actora teniendo en cuenta su particular situación, para lo cual reitera que se trata de una persona discapacitada, y que conforme la patología descripta por la prueba pericial médica producida en autos necesita de asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de la vida. Describe, también, lo informado por la perito trabajadora social de la Asesoría Pericial con relación a la historia de su vida y su vínculo con sus hermanas quienes viven en Buenos Aires.
En esas condiciones concluyó que en este caso se configuró un obrar arbitrario en virtud de que no se ha ponderado la situación particular de la parte actora al no acceder a la cobertura integral de la prestación solicitada, a la vez que el reintegro estipulado por la reglamentación de la Caja es insuficiente para la cobertura de la prestación de hogar permanente, en especial, si se lo analiza con los valores que reconoce el Ministerio de Salud de la Nación.
En dicho contexto, reiteró con jurisprudencia de esa alzada que por prestación integral debe entenderse a aquella que sea "completa", esto es, la necesaria para cubrir el tratamiento de la dolencia o requerimiento; resultando claramente insuficiente la suma otorgada para cubrir en forma integral aquellos sin haberse, además, ofrecido una alternativa de hogar adecuada a la patología de la amparista.
Remarcó que en el caso debe evaluarse que la escribana D. V. se mudó desde la ciudad de Mar del Plata para poder vivir cerca de sus hermanas y que la internación domiciliaria no es la única opción razonable y válida, en tanto requeriría el alquiler o compra de una vivienda.
III.4. No obstante lo expuesto entendió que no se encontraba justificada la elección de la residencia "La Oliva" frente a otras de similares características y de menor costo. A ese fin resaltó que el arancel mensual que estipulaba dicha residencia ($782.061 para el mes de enero de 2023) superaba ampliamente las pautas y valores orientadores que el Ministerio de Salud de la Nación preveía para prestaciones análogas (Hogar permanente: $310.577 aproximadamente, para el mismo periodo).
En ese orden apreció que los certificados médicos y las historias clínicas acompañadas por la amparista no prescribían el alojamiento en el citado hogar, que era una residencia categoría "A" 2 para adultos mayores de alta complejidad y que según los testimonios brindados en la causa dicha residencia fue elegida luego de visitar otras instituciones, optándose por aquel lugar en lugar de alquilar una vivienda para poder allí solicitar una internación domiciliaria.
Sostuvo que como pauta informadora y orientadora para determinar el valor de la cobertura debían tenerse en cuenta los montos del nomenclador nacional, por lo que ordenó a la Caja demandada que cubra el valor de la residencia en la que se encuentra alojada o la que en el futuro se elija, hasta la suma que periódicamente establece el Ministerio de Salud de la Nación para la prestación hogar permanente categoría "A" o su análogo y, para el caso de que no fuere posible cubrir a la amparista el resto del arancel, deberá optar por otra residencia o en su caso, rever la posibilidad de efectuar una internación domiciliaria.
III.5. Por último, con cita de precedentes de esta Corte, descartó la obligatoriedad de los fallos de la justicia federal invocada por la demandada.
IV. Contra el mentado pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-V-2023, en el sistema Augusta).
Denuncia que el fallo atacado viola los arts. 14, 17, 19, 28, 43, 121 y 125 de la Constitución nacional; 20 inc. 2, 25, 31 y 40 de su par provincial; 1 de la ley 13.928 y 26, 57 y 58 de la ley 6.983 y su Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios. Asimismo, entiende que vulnera la doctrina de esta Corte emanada de causas que cita.
Alega absurdo y, finalmente, que lo resuelto por el Tribunal de Alzada se contradice con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa análoga.
IV.1. En primer lugar, aduce que el pronunciamiento impugnado vulnera el principio de legalidad contemplado en el art. 19 de la Constitución nacional y 25 de su par provincial, en virtud de que dogmáticamente se apoyó en normas convencionales que protegen el derecho a la salud de una persona discapacitada y de avanzada edad, apartándose de lo previsto en la ley 6.983 que regula el sistema de salud de la Caja de Escribanos y del Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios aplicables al caso.
Como consecuencia de ello alega que la condena le impone al ente asistencial una obligación no prevista en el marco legal específico que rige el asunto en debate.
Explica que la ley 6.983 no reconoce la cobertura del costo de residencia geriátrica, sino que mediante resoluciones del Consejo Directivo se estableció un subsidio de pago mensual y de monto fijo por dicha prestación, conforme lo dispuesto por los arts. 26 y 57 de la ley citada, cuyos preceptos -destaca– no han sido declarados inconstitucionales.
Refiere que la demandada es un ente público no estatal que pertenece a la jurisdicción provincial, creado y regido por la ley 6.983, que no percibe subsidio estatal alguno, que está excluida de recibir las compensaciones del Fondo Solidario de Redistribución y que no es una obra social que se encuentre comprendida en la ley 23.360, como tampoco un agente de seguridad de salud nacional bajo la órbita de la ley 23.661 y, menos aún, una empresa de medicina prepaga regulada por la ley 26.682, por lo que esgrime que la citada normativa nacional resulta inaplicable al caso.
En tal marco entiende que la Cámara confunde la naturaleza de la Caja profesional provincial asimilándola a una empresa de medicina prepaga. Destaca que dicha entidad no se encuentra constreñida por ninguna norma a otorgar la cobertura integral para la prestación "residencia geriátrica", sino que de acuerdo a su régimen específico se prevé la conformación de un fondo especial constituido íntegramente con los aportes y contribuciones de sus afiliados, con el objeto de sufragar los subsidios cuyas causas, montos y condiciones serán establecidas por el Consejo Directivo de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 57 y 58 de la ley 6.983.
IV.2. Por otro lado, alega que es irrazonable que la Cámara funde su decisión en los arts. 75 inc. 23 de la Constitución nacional y 36 inc. 5 de su par provincial, aludiendo genéricamente a la protección integral que reconocen los tratados de derechos humanos a las personas con discapacidad y al adulto mayor.
En ese orden sostiene que la decisión de la Cámara contraría los arts. 14 y 28 de la Constitución nacional y recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que los derechos no son absolutos, sino que deben ser ejercidos con arreglo a las leyes que reglamenten su ejercicio, con la única condición de no ser alterados en su sustancia.
A su vez, sostiene que el fallo interfiere en la esfera de decisión de la Caja de Escribanos, en detrimento de su derecho de propiedad resguardado por los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de su par provincial, al obligarla a pagar a su exclusivo y único cargo una prestación de tipo social no contemplada normativamente, afectando el Fondo Común creado por el art. 58 de la ley 6.983, en perjuicio del sistema previsional y del resto de sus afiliados.
Aduna a lo dicho que el decisorio de la Cámara vulnera los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 1 de la ley 13.928, al no individualizar el Tribunal de Alzada el comportamiento manifiestamente arbitrario o ilegal y la norma jurídica infringida que consagre la obligación de la Caja de cubrir el costo de la residencia geriátrica que habilite la procedencia de la vía excepcional intentada, ello más allá de la referencia a las convenciones internacionales que protegen el derecho a la salud de la amparista.
Expresa en este mismo orden que lo sentenciado se opone a la doctrina de esta Corte sentada en las causas B. 58.002, "Rodríguez", sentencia de 6-X-1998 y B. 64.153, "Frangul", sentencia de 17-VII-2003, en torno a la procedencia de la acción de amparo.
Finalmente pone de manifiesto que la Caja pagó el subsidio previsto en su régimen previsional y que la residencia "La Oliva" no es un centro de salud, sino un establecimiento geriátrico, el cual no brinda ninguno de los servicios que requiere la salud de la demandante, sino que expresamente los excluye (v. presupuesto agregado a fs. 23 vta.).
IV.3. Por último esgrime que el fallo impugnado contradice lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso sustancialmente análogo, "García María Elena c/ Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo por salud", sentencia de 25-X-2022, en cuanto declaró arbitraria la sentencia de la Cámara que no había abordado las relevantes alegaciones de la Caja apelante, fundadas en las disposiciones de la ley provincial 6.983 que regula su actuación y determina el alcance de las prestaciones que le reconoce a sus afiliados.
V. El recurso extraordinario bajo análisis prospera.
Preliminarmente debo advertir que la cuestión debatida en autos, ha sido objeto de análisis por este Tribunal en un caso donde se ha abordado una problemática similar a la presente (causa A. 79.927, "Schapiro", sent. de 23-IV-2026).
V.1. Conforme surge del relato de antecedentes efectuado, no se encuentra discutido que la señora M. P. D. V. es discapacitada y entre sus afecciones padece: "Dependencia de sillas de ruedas. Secuelas de Poliomelitis. Secuelas de fractura del fémur. Presencia de implante ortopédico artificial" y que respecto a la orientación prestacional establece: "Asistencia domiciliaria. Hogar. Prestaciones de Rehabilitación. Transporte".
Tampoco es materia de debate que la amparista percibe una jubilación de la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y, a la vez, es adherente voluntaria al sistema de salud de dicho ente profesional.
V.2. En cuanto al objeto de la contienda, la quejosa inicia su embate descalificando lo decidido por la Cámara en cuanto condenó a la Caja mencionada a otorgar la cobertura de la internación en la residencia geriátrica "La Oliva", hasta la suma que periódicamente establece el Ministerio de Salud de la Nación para la aludida prestación de hogar permanente categoría "A" o su análogo, prescindiendo de lo estatuido por la ley 6.983 que regla la actuación de ese organismo y el sistema de salud regulado por el Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios, la Guía de Prestaciones y las resoluciones del Consejo Directivo de dicho ente.
En ese orden, considera que el Tribunal de Alzada para sustentar la solución adoptada acudió, erróneamente, y de manera genérica, a principios de base constitucional y convencional que protegen el derecho a la salud y, asimiló la tipificación jurídica de la demandada al régimen de la medicina prepaga.
De otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, también aduce que el tribunal ha incurrido en un razonamiento absurdo.
V.3. Inicialmente cabe recordar que la Caja de Seguridad Social para Escribano
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.