Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78157
A.78.157 "DUCOS ANA MARIA C/ INSTITUTO PREVISION SOCIAL IPS S/ AMPARO -RECURSO DE EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Carral y Kohan dijeron:
I. En autos, la señora Ana María Ducos promovió acción de amparo contra el Instituto de Previsión Social (IPS), solicitando que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata con la resolución emanada de la Asesoría General de Gobierno n°33/2014 y las resoluciones n°4385/2000 y 436/2019 dictadas por esta Suprema Corte.
Explicó que como jubilada de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el IPS liquida y abona mensualmente su haber. Puntualizó que en esa labor el organismo le practica una retención en concepto de impuesto a las ganancias, para cuyo cálculo toma en cuenta la totalidad de los rubros que componen la prestación.
Requiere que, conforme lo dispuesto en las resoluciones mencionadas en el primer párrafo, al efecto de practicar la liquidación del impuesto a las ganancias se tome como base imponible únicamente el rubro "sueldo básico" de la estructura salarial vigente.
I.2. El titular del Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción de amparo promovida y -en consecuencia- condenó al IPS a efectuar las retenciones del impuesto a las ganancias a la amparista computando como base imponible la misma que se aplica a los agentes en actividad, de acuerdo con la resolución n° 33/2014 de la Asesoría General de Gobierno (v. sent. de fecha 12-V-2021).
I.3. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó dicha sentencia (v. sent. de fecha 29-III-2022).
Para arribar a dicha decisión, abordó en primer lugar el planteo de incompetencia introducido por la parte demandada.
Advirtió que la cuestión ya había sido resuelta por dicho tribunal en las causas 26.162, "Sanchez"; 26.191, "Della Crocce"; entre otras.
Sobre la base de lo establecido en dichos precedentes y señalando que la controversia de autos se encuentra directamente relacionada con el obrar de un órgano de la administración pública provincial en ejercicio de funciones administrativas, la Cámara rechazó el planteo de incompetencia efectuado por el Fisco provincial.
Luego en lo atinente a la alegada improcedencia de la vía intentada por inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad, consideró -citando precedentes propios considerados análogos- que el comportamiento material de la Administración provincial se aparta manifiestamente del bloque de legalidad al que debe sujeción, compuesto -entre otros- por las resoluciones invocadas por el actor. Añadió que dicha actividad lesiona la garantía de progresividad en materia de seguridad social consagrada por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y que compromete derechos alimentarios. De lo indicado extrajo que la vía de amparo escogida se encuentra justificada en el caso.
En cuanto a la legitimación pasiva del Estado provincial, entendió que la controversia suscitada no recae sobre un acto expreso ni tácito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien en todo caso podrá formular sus observaciones al contribuyente, sino en rigor sobre la conducta del agente de retención.
Con respecto al fondo de la cuestión, sostuvo que la citada resolución 33/2014 -dictada por la Asesoría General de Gobierno- resulta obligatoria al establecer los componentes de la base imponible del impuesto a las ganancias tanto para los agentes activos como pasivos de dicho organismo.
Agregó que ella importa un inequívoco resguardo de la movilidad jubilatoria, garantía de raigambre constitucional. Estimó que la Asesoría General de Gobierno fijó pautas para las retenciones que comprenden por igual a los agentes activos y a los jubilados y que el IPS quebrantó esos mandatos a través de un comportamiento inequitativo, reñido con el art. 39 inc. 3 deña Constitución provincial.
Por último, rechazó el cuestionamiento efectuado sobre la desestimación de la citación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como tercero. Puntualizó que en el presente litigio no se encontraría discutida la norma que regula el impuesto a las ganancias (ley 20.628), sino la actuación del ente previsional local en su rol de recaudador y la aplicación al caso de otras disposiciones que regulan el modo en que debe liquidarse el mencionado tributo.
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 13-IV-2022), el que fue concedido en fecha 16 de junio de 2022.
Mediante dicho recurso de inaplicabilidad de ley, el Fisco provincial denuncia violación o errónea aplicación de las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte; de la Ley de Impuesto a las Ganancias n° 20.628 -texto ordenado según decretos reglamentarios- y de los arts. 4, 330, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 17 bis, 22 y concordantes de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 20 inc. 2 y concordantes de la Constitución provincial y 16, 17, 18, 75 incs. 2 y 12, 116 y concordantes de la Constitución nacional. Asimismo, tacha de absurdo y arbitrario el razonamiento desplegado por la Cámara. Invoca también gravedad institucional, por hallarse involucrada la percepción de la renta pública del Estado nacional.
Observa que el marco normativo aplicable a la liquidación de retenciones en concepto de impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales abonados por el IPS se integra "en forma general" por la ley 20.628, su decreto reglamentario 649/96 y la resolución general de AFIP n° 2.437.
Sostiene que las resoluciones 4.385/00 y 436/19, dictadas por esta Suprema Corte, resultan manifiestamente inadecuadas para dirimir la cuestión sometida a debate, debido a que se refieren con exclusividad a la situación del personal en actividad (no a los jubilados) y a que se limitan a obligar a las dependencias administrativas del Poder Judicial (no al IPS).
Manifiesta que el IPS no es el intérprete, sino simplemente el ejecutor de las directivas aplicables, emanadas del orden nacional. Considera que en la especie no nos hallamos frente a un conflicto previsional, sino que la disputa versa sobre el alcance de un impuesto reclamado por el Estado nacional a un sujeto pasivo de la relación tributaria, a quien, por su carácter de jubilado, el IPS debe practicarle las retenciones correspondientes, so riesgo de quedar expuesto a reclamos e incluso multas por parte de la AFIP.
De allí deriva que la contienda enfrenta al contribuyente con el Estado nacional y que tanto el IPS como la justicia local resultan ajenos a ella. Se opone a tener al organismo previsional por parte sustancial, lo que -a su juicio- implicaría reconocer que este puede determinar el alcance de la obligación tributaria en cuestión.
Asegura que el conflicto planteado involucra cuestiones cuyo tratamiento remite directamente al análisis de normas tributarias de carácter nacional, materia encuadrable en el art. 75 inc. 2 de la Constitución, que no puede ser abordada por las jurisdicciones provinciales a tenor de lo dispuesto en su art. 75 inc. 12, sino que ha sido asignada por el art. 116 a los tribunales federales. Aduce haber advertido continuamente esta circunstancia a lo largo de las actuaciones, sin que ello haya sido oído por los juzgadores.
III. Al igual que en las causas A. 76.131, "Servin", sentencia de 23-XII-2021; A. 76.758, "Perazzo"; A. 76.759, "Bosnic", sentencias de 21-VII-2022; A 77.028, "Hitz", resolución de 15-XI-2024, el recurso presentado no puede prosperar, en razón de su insuficiencia técnica (arg. art. 279, CPCC).
III.1. Ante todo, debe desecharse la denuncia de violación de ciertos preceptos legales que en ningún momento se detalla cómo se vincularían con la controversia examinada, tal el caso de los arts. 330 del Código Procesal Civil y Comercial y 22 de la ley 13.928.
Como se reiterará más adelante, el adecuado cumplimiento de las cargas propias del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley demanda precisión en el señalamiento de las disposiciones presuntamente vulneradas o erróneamente aplicadas por el tribunal inferior y de la realización de algún esfuerzo argumental tendiente a evidenciar -al menos- su relación con el pleito, lo que no se advierte cumplido respecto de dichas previsiones normativas.
III.2. Sentado lo anterior, corresponde expedirse sobre la denuncia de violación del art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial, que regula los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo.
Al respecto, la impugnante apenas si repite argumentos expuestos en escritos anteriores (cfr. pto. VI.4 de la contestación de demanda; pto. III.4 del recurso de apelación ordinaria y primero del apartado VII del recurso de inaplicabilidad de ley), limitándose a insistir con que en la especie no se acredita la existencia de acciones u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegítimas por parte del IPS.
En los términos planteados, los cuestionamientos introducidos por la recurrente con respecto a la vía intentada no pueden ser atendidos, ya que, además de reiterativos, se basan en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes para conmover lo decidido, sin atacar todos los fundamentos sobre los cuales se asienta el pronunciamiento impugnado (conf. causa A. 74.866, "Mutual de Trabajadores de Avellaneda", sent. de 17-X-2018).
Si bien ha denunciado conculcación de las garantías de igualdad, propiedad y debido proceso legal (v. pto. IV, segundo párr. del recurso interpuesto), la Fiscalía de Estado ha omitido dar cuenta del modo en que estas habrían sido vulneradas por la decisión atacada y tampoco ha argumentado acerca de los demás principios constitucionales que según el Tribunal de Alzada resultan afectados en la especie, aspecto que devenía especialmente relevante dada la índole de las cuestiones encauzadas por la vía procesal promovida y la naturaleza de los derechos invocados.
Lo expuesto torna aplicable al presente lo sostenido en numerosas ocasiones por este Tribunal, en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el impugnante insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; e.o.).
III.3. Algo similar cabe decir de la crítica atinente a la supuesta falta de legitimación pasiva del Estado provincial por el mero carácter de agente de retención del IPS frente al impuesto a las ganancias.
También en este punto la recurrente insiste en reiterar su posición sobre el tema, ya planteada en instancias anteriores, sin rebatir los fundamentos esgrimidos para rechazarla por la Cámara de Apelación interviniente.
Viene al caso agregar que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la contienda, así como la fijación de los hechos litigiosos, de modo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; e.o.), vicio ausente en este segmento de la decisión.
La conclusión indicada proyecta asimismo consecuencias sobre la competencia provincial para entender en el litigio planteado, que -cabe advertir- tanto el actor como el señor juez de grado han fundado en el criterio sentado por la Corte nacional en el precedente "Baum", resolución de 6-X-2015, en línea con lo acontecido en la causa A. 76.131, antes citada.
Asimismo, deviene ineficaz el agravio desarrollado por la demandada por el que sostiene que la Cámara, al resolver, desoyó la decisión adoptada en el caso "Méndez" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello en tanto que la doctrina legal a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (doctr. causas A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A.77.310 "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 5-IX-2022).
III.4.a. En lo concerniente a las cuestiones de fondo debatidas, la Fiscalía de Estado hace referencia "en forma general" (v. pto. primero, párr. cuarto del apartado VII del recurso bajo tratamiento) a la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, al decreto reglamentario 628/96 y a la resolución general n° 2.437, dictada por la AFIP, pero en ningún momento explica concretamente de qué manera esa preceptiva sería violada por la resolucion de la Asesoría General de Gobierno y esta Suprema Corte consideradas por los magistrados de grado.
En particular, la impugnante apunta que el art. 1, apartado 4 (sic) de la ley 27.346, modificatoria de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se limita a contemplar la situación de los agentes judiciales en actividad, no así la de los jubilados, cuando, en rigor, el precepto citado solo sustituyó la denominación del capítulo IV, título II de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por la de "Ganancias de la cuarta categoría - Ingresos del trabajo personal en relación de dependencia y otras rentas". Para más, el mencionado art. 1 de la ley 27.346 sí contempla -en otros apartados- referencias a la situación de las jubilaciones frente a este gravamen. En todo caso, correspondía a la impugnante aclarar dicho aspecto de su argumentación de cara a lo discutido en estas actuaciones acerca de la base de cálculo aplicable.
Fuera de lo anterior, no se han individualizado con precisión las disposiciones nacionales presuntamente vulneradas, sino que se ha aludido a las leyes referidas de manera indiscriminada, a la vez que se las ha presentado como demostrativas del acierto de la conducta desplegada por el IPS sin brindar mayores fundamentos, como si se tratase de una cuestión autoevidente.
La carga impugnativa de la recurrente demandaba un esfuerzo mayor, máxime por cuanto, según se desprende de la lectura de las resoluciones de la Asesoría General de Gobierno y esta Suprema Corte aplicadas por la Cámara, a través de ellas se tuvo en cuenta, al establecer distintas medidas con relación a la liquidación del impuesto a las ganancias, tanto lo dispuesto por la Corte nacional mediante su Acordada 56/1996 como el propio art. 82 inc. "e" de la citada ley nacional 20.628, normas en las que se enmarcó la actuación.
Lo indicado obliga a recordar que una de las notas características de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas. El acabado cumplimiento de los recaudos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y que lo haga circunstanciadamente, esto es, que precise en qué consiste la violación contra la que se alza o por qué motivo las considera erróneamente aplicadas (conf. causas A. 68.035, "D., J. A.", sent. de 5-III-2008; A. 72.111, "Díaz", sent. de 28-IX-2016; A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018; e.o.). Como quedó expuesto, ello no ha sido debidamente cumplido en la especie.
III.4.b. Con independencia del planteo en el sentido de que las resoluciones de esta Corte (o de la Asesoría General de Gobierno) invocadas por el actor solo alcanzan a los agentes activos que se encuentran bajo la dependencia de los organismos en cuestión (no así al personal jubilado), lo concreto es que la representación fiscal no ha desarrollado ningún argumento relacionado con los principios constitucionales que de acuerdo con la Cámara interviniente se verían quebrantados si dichas normas no fueran observadas al liquidar los haberes previsionales de la actora y que por ende obligarían a tenerlas en cuenta.
Sin perjuicio de la mera denuncia de violación de los arts. 16 a 18 de la Constitución nacional (v. pto. IV, segundo párr. de la pieza procesal bajo tratamiento), nada dice el recurso deducido acerca de la supuesta necesidad de un tratamiento tributario homogéneo que respete el principio constitucional de igualdad; de la censura del comportamiento del IPS por inequitativo; de la garantía de movilidad jubilatoria; del principio de progresividad que rige en materia de seguridad social; ni de la incidencia del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, invocado puntualmente por el tribunal actuante.
III.4.c. No altera la conclusión recién brindada la simple caracterización del conflicto trabado como uno tributario en lugar de previsional.
Antes al contrario, la ausencia de fundamentos sobre los tópicos indicados coloca a la impugnación en el registro de la insuficiencia técnica recursiva.
Al respecto, esta Corte tiene dicho que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, debe demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley que denuncia (doctr. causa A. 70.146, "Vairetti", sent. de 31-VIII-2011) y que corresponde desechar los reparos que no pasan del mero enunciado a la hora de evaluar la efectiva concurrencia de errores in iudicando en la sentencia impugnada (doctr. causa A. 70.008, "Ferraro", sent. de 24-V-2011).
Por otra parte, deviene ineficaz el recurso que se desentiende de los fundamentos del fallo, evidenciando una mera disconformidad con lo decidido por el a quo. No basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (conf. causas A. 72.881, "Siciliano", sent. de 29-VIII-2017; A. 75.636, "Morales", sent. de 6-XI-2019; e.o.).
Es que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja firme la decisión controvertida, déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 73.962, "Herscher", sent. de 15-V-2019; e.o.).
III.5. En cuanto a la arbitrariedad denunciada, se impone señalar que la invalidación de una sentencia sobre tales bases es de carácter excepcional y que su articulación no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. causa A. 72.228, "Longoni", sent. de 21-XII-2016 y sus citas), extremos ausentes en el caso.
III.6. Finalmente, se advierte que tampoco puede admitirse en la especie la existencia de gravedad institucional, tod
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.