Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 80820
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 279, CPCC), con costas a la recurrente vencida (art. 289 in fine , CPCC).
A.80.820 "A. J. N. C/ IOMA Y OTRO/A S/ AMPARO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 del Departamento Judicial Quilmes, hizo lugar a la acción de amparo promovida por J. N. A. en representación de su hija menor de edad A. A. y, consecuentemente, ordenó al IOMA que brinde la prestación de un acompañante terapéutico de lunes a viernes —20 hs. semanales—, cuya cobertura sería limitada a los valores previstos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, cfr. Ley 24.901, Resolución N° 428/99, y sus actualizaciones (v. sent. de fecha 3-VII-2024).
II. A su turno, en lo que aquí corresponde destacar, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata —por mayoría— dictó sentencia rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, haciendo lugar al de la actora —que reclamaba la determinación del monto a cubrir por la prestación— ordenó al IOMA a garantizar a la hija del amparista la cobertura integral (100%) del tratamiento médico prescripto —acompañante terapéutico (lunes a viernes, 20 horas semanales)— por medio de la institución Apredis SRL. Ello, siempre y cuando así lo determinara su médica tratante y no se produjera un cambio en las circunstancias (v. sent. de 3-VI-2025).
Para así decidir, básicamente, consideró que los extremos invocados y probados por la parte actora en cuanto a la patología de la menor y los medios necesarios para afrontar la incapacidad que padece y que le ha sido legalmente reconocida, debían ser amparados por la justicia en orden a la protección de los derechos constitucionales a la vida, la salud y la integridad física, de conformidad a los arts. 12 y 36 de la Constitución provincial, al art. 11 de la CADH (art. 75 inc. 22, Const. nac.), la ley provincial 10.592, la Convención de los Derechos del Niño (ley 23.849), entre otras normas tuitivas para el caso.
En tal sentido, resaltó que la "interseccionalidad fáctico-jurídica" del problema y su abordaje, su acreditación en autos, el deber de arbitrar medidas de acción positiva que promuevan y garanticen la satisfacción de derechos en clave igualitaria respecto de estos sujetos, la obligación de contar con una asignación privilegiada y de intangibilidad de los recursos públicos que los garantice (arts. 5 inc. 4 y concs., ley 26.061; 5, 6, 7, 14, 18 y concordantes de la ley 13.298 y 4, 6, 7, 8 y concordantes de la ley 10.592) y el deber concreto de aportar y acreditar razones que demuestren la imposibilidad de la asunción económica ante la obligación de asignar (de forma prioritaria) recursos presupuestarios, reafirmaban la propuesta decisoria de la a quo (arts. 1, 5, 14, 43, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 11, 20, 36 inc. 8 y concs., Const. pcial.) en el sentido de una obligación de prestación integral de los afiliados de conformidad con sus normas reglamentarias (v. desarrollo del punto IV.1.c. del voto -mayoritario- del señor juez Spacarotel, con la adhesión de la señora jueza Milanta).
Todo ello, sin perjuicio de las facultades de auditoría que poseía el IOMA para fiscalizar la prestación del servicio por parte de Apredis SRL y exigirle el cumplimiento del protocolo médico que correspondiera de acuerdo a las prestaciones que avalaran los médicos tratantes, historia clínica completa y cualquier otra documentación pertinente y debidamente actualizada.
Advirtió que en el caso cabía ponderar el diagnóstico documentado (trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje. Autismo en la niñez. Trastornos generalizados del desarrollo) y la urgencia de la cobertura prestacional pretendida, extremos no controvertidos en autos y emergentes asimismo de la documentación respaldatoria obrante en la causa, ello en debido resguardo de la atención que requería la niña y siempre que cuente con el aval del médico tratante.
Luego, con cita de diversos precedentes jurisprudenciales, señaló que en virtud de la particularidad de los derechos en peligro, que requerían de tutela urgente y justificaban el acceso a la jurisdicción a través de la vía del amparo, la acción debía ser admitida.
III.1. Frente a lo así resuelto, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica del día 23-VI-2025). La Cámara interviniente concedió el mencionado remedio procesal (v. resol. de 10-III-2026).
III.2. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la representación fiscal denuncia que el Tribunal de Alzada incurre en violación y errónea aplicación del plexo normativo interno del IOMA que prohíbe la tercerización del servicio (resols. 5830/15; 2458/17; 3313/17; y concs.), al ordenar a la afiliada brindar datos identificatorios y de contacto del acompañante terapéutico, como documentación respaldatoria de su habilitación y registración legal necesaria.
Invoca, asimismo, el absurdo y la arbitrariedad en lo decidido por la Cámara ya que se dan por probados hechos alegados y no demostrados. Como directa consecuencia de ello se encuentran conculcados los arts. 1, 5, 17, 18, 31 y concs. de la Constitución Nacional.
Realiza diversas consideraciones, en orden tanto a las posibilidades de libre elección de prestadores por parte de la amparista, como a la pretensa imposibilidad del IOMA en cuanto a su cumplimiento, mediante límites establecidos normativamente así en el orden local como nacional, con cita de jurisprudencia de ambos ámbitos, dirigida a sustentar sus agravios.
En particular, rebate cuestiones de prueba vinculadas a la especialidad de Apredis SRL en el tratamiento de las patologías que padece el menor, ya que todo ello, señala, viola la resolución 5830/15 que requiere un plan de trabajo específico. Manifiesta que, en concreto, Apredis factura por un servicio que no es el de ser acompañante terapéutico sino un mediador, sin explicar qué valor agrega a la prestación a la que el IOMA se obliga, ni justificar quien diseñó el plan de trabajo.
Finalmente, cuestiona que el fallo atacado efectúe una remisión global a los fundamentos brindados en otros precedentes, dándolos por reproducidos, en función de lo cual considera que la decisión en sí misma carece de motivación propia. Y denuncia también que la Cámara inaplica la doctrina legal que surge del caso "Sánchez" (A. 76.471, sent. de 30-III-2021).
IV. El recurso no prospera, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
V.1. La Cámara actuante expuso que, según surge del marco probatorio acompañado —que no fue controvertido por las partes—, nos encontramos frente a una niña que, según el Certificado de Discapacidad adjuntado a la causa, padece “Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje. Autismo en la niñez. Trastornos generalizados del desarrollo”, aclarando que requiere acompañante; surgiendo asimismo del certificado médico suscripto por la Dra. Viviana Vallejo —Pediatra, M.N. 108.105, MP 226-544—, la prescripción de acompañante terapéutico, durante 20 horas semanales.
La demandada, en prieta síntesis, denuncia la violación de una serie de normas de nivel local y federal, con cita de jurisprudencia de ambos órdenes que considera aplicables al caso, como también deja expuestas sus consideraciones sobre la arbitrariedad y el absurdo en que incurriría la a quo.
V.2. Sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva.
Es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. doctr. causas Ac. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; Ac. 71.500, "Minho", sent. de 27-VI-2012; Ac. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; e.o.), dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas Ac. 91.522, sent. de 15-III-2006; Ac. 90.916, sent. de 28-VI-2006; A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; A. 77.261, "Frade", sent. de 20-IX-2022; A. 79.187, "Corzo", resol. de 7-III-2024 y A 80.100, "Carvalho", resol. de 2-X-2025; entre muchas otras), tal como ocurre en el caso.
En efecto, la recurrente aduce que la Cámara interviniente no valoró correctamente las constancias obrantes en la causa y la normativa aplicable al caso.
Ahora bien, los argumentos esgrimidos no van más allá de meros disentimientos personales, desatendiéndose de los fundamentos brindados por la Cámara en relación a las razones que justificaron confirmar la sentencia apelada y se advierte que, en su embate, la recurrente propone como técnica de impugnación argumentar en paralelo, sin cuestionar de modo idóneo los razonamientos vertidos por la a quo, lo que no constituye base idónea de agravios.
En tal sentido, es doctrina de este Tribunal que si quien se agravia limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el juzgador de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa de los fundamentos esenciales del fallo, tal insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. causas A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 79.187 y A 80.100, cits., e.o.).
Tampoco el denunciado apartamiento de las constancias documentales de la causa permite acreditar el absurdo alegado, ya que cabe advertir que los reproches en ese aspecto reconducen a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo supuesto de absurdo (conf. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016; A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019; e.o.), vicio que, si bien invoca, no logra acreditar.
Esta Suprema Corte ha señalado que para la configuración del absurdo no es suficiente denunciarlo y exponer una interpretación o valoración propia, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio (doctr. causas A. 70.187, "Núñez", sent. de 15-XII-2010; A. 70.888, "Dragui", sent. de 19-X-2016; A. 72.488, "Couto", sent. de 26-IX-2018; A. 74.056, "Zaracho", sent. de 10-IV-2019; A. 79.187 y A. 80.100, cits.; e.o.). En este sentido, la recurrente omite demostrar el razonamiento absurdo del Tribunal, lo que define la suerte adversa del embate.
V.3. Tampoco prospera el agravio enderezado a refutar la validez de la fundamentación vertida por el Tribunal de Alzada en su decisorio, la que resultaría solo aparente y de carácter dogmático por apartarse de la normativa expresamente aplicable.
Sabido es que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 74.837, "Bentancur", resol. de 20-III-2019; A. 74.737, "Balaguer", resol. de 17-IV-2019; A. 74.818, "Magnanego", resol. de 17-IV-2019; e.o.); lo que acontece en el caso particular de autos, en el que la Fiscalía de Estado se limita a denunciar la violación de la normativa aplicable y la fundamentación dogmática en precedentes que no resultarían asimilables a este supuesto, embate que no resulta hábil puesto que no expresa claramente de qué manera el Tribunal incurrió en tal supuesta violación (conf. doctr. causas A. 71.256 bis, "Ceuninck", sent. de 4-VIII-2016; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019; A. 79.187 y A 80.100, cits.; e.o.).
Tarea ésta a cargo de la recurrente -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (doctr. causas A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 79.187 y A. 80.100, cits; e.o.).
V.4. De igual modo, no ha de prosperar la denunciada transgresión a la doctrina sentada por esta Corte en la causa A. 76.471, "Sanchez", sent. de 30-III-2021, pues este Tribunal ha expresado que no alcanza con la mera individualización del precedente y la transcripción de un sumario para sustentar la violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que se pretende aplicar a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causas A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 72.338, "G., H.E. y ot.", sent. de 26-XII-2018).
También ha dicho esta Suprema Corte que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 77.768, "Hayes", resol. de 13-IV-2023; A. 78.691, "Campos", resol. de 15-XI-2023, entre muchas otras), como ocurre en este caso.
VI. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 279, CPCC), con costas a la recurrente vencida (art. 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/21; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2026 15:24:41 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:16:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:00 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:04 hs. bajo el número RR-640-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia