Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77837
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (cfr. arts. 299 y 300, CPCC). Con costas a la vencida (arts. 303 y 68, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.837, "Gennaro, Marta Lilian contra Municipalidad de General Pueyrredón. Amparo. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso deducido por la Municipalidad de General Pueyrredón y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida (v. sent. de 25-XI-2021).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 7-XII-2021, 10:25:43), el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 24-VI-2022, 13:18:05), dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 1-VII-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es admisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata admitió la demanda deducida, declaró nulo el decreto 2.272/18 y le reconoció a la parte actora el derecho a la percepción de la bonificación especial docente prevista en el art. 82 de la ordenanza 20.760/12, sobre la base de la diferencia entre el sueldo y bonificaciones asignadas por la Provincia de Buenos Aires para el cargo de maestro de grado y el del nivel 12 del escalafón municipal con una carga horaria de 35 horas semanales, por el período comprendido entre el mes de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 (v. sent. de 2-VIII-2021).
Para así resolver, sostuvo que el pago de la bonificación especial docente prevista en el art. 82 del Estatuto del Docente Municipal (ordenanza 20.760/12) tiene carácter remuneratorio y se encuentra amparada por los principios que contempla el art. 1 de la ley 14.656 sobre el Estatuto para el Personal de las Municipalidades.
Estimó que el decreto 2.272/18, mediante el cual se modificó la forma de cálculo de la bonificación especial docente a partir del mes de octubre de 2018 (tomando como referencia el módulo de 24 horas semanales del nivel ocupacional 12 y no el módulo de 35 horas como venía liquidándose) no era compatible con el principio de progresividad o no regresividad.
Paralelamente, en relación con la competencia del órgano emisor del acto, señaló que el Departamento Ejecutivo invocó como norma habilitante para su dictado la delegación contemplada en el art. 78 de la ordenanza 23.069, complementaria de presupuesto 2017, la cual reputó insuficiente para fundar una modificación en la política salarial del sector docente.
Agregó, para fulminarlo, que el decreto 2.272/18 carecía de una motivación suficiente como para justificar la regresión que sufrieron los actores en sus salarios (art. 108, ord. gral. 267/80).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso deducido por el municipio demandado y revocó la sentencia de primera instancia, rechazando en todos sus términos la demanda promovida (v. sent. de 25-XI-2021).
Para así decidir, adoptó los fundamentos expuestos en causas análogas sustanciadas ante ese mismo tribunal (CCAMdP causas "Magrini", sent. de 13-VII-2021 y "Mele", sent. de 31-VIII-2021) y sostuvo que el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo municipal dispuso modificar las pautas de liquidación de la bonificación especial docente a partir del mes de octubre de 2018 y hasta diciembre de 2019 (fecha en la cual comenzó a regir el decreto 79/20 que dejó sin efecto los arts. 9 y 10 de su similar 2.272/18, a partir del 1 de enero de 2020, estableciendo su cálculo con la referencia de 35 horas semanales), era legítimo.
Advirtió que el art. 82 de la ordenanza 20.760 -texto según ordenanza 21.902- no determinaba dentro del nivel 12 del escalafón municipal el módulo horario sobre el cual debía practicarse la liquidación de la bonificación especial docente.
Desde esa perspectiva, señaló que el art. 78 de la ordenanza 23.069 autorizó al jefe comunal "...a proceder a la aplicación de todas aquellas modificaciones salariales correspondientes al área de educación, implementadas y otorgadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la reglamentación pertinente por parte del Departamento Ejecutivo, en cuanto a la modalidad y montos aplicables en función de la política salarial municipal vigente".
Consecuentemente, concluyó que el intendente se encontraba habilitado para dictar el decreto 2.272/18, ya sea por las facultades genéricas de los arts. 107 y 108 inc. 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58, en adelante LOM) o por el art. 78 de la ordenanza complementaria de presupuesto 2017 arriba transcripto.
Añadió que, como corolario de la competencia del Ejecutivo municipal para fijar las pautas de cálculo de la bonificación especial docente, no podía alegarse -tal como pretendía la parte actora- la vulneración de derechos adquiridos al amparo del régimen que fuera modificado, pues la protección constitucional del derecho de propiedad no puede invocarse eficazmente ante nuevas disposiciones legales que rigen para el futuro.
Para finalizar, sobre la base de los casos similares tramitados por ante ese Tribunal de Alzada y el conflicto de poderes que se sustanció ante esta Suprema Corte de Justicia (conf. causa B. 75.662, "Dpto. Ejecutivo de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón", resol. de 5-VIII-2020, declarándose abstracta la cuestión), brindó precisiones en torno a los distintos períodos de aplicación de la legislación municipal objetada en autos, notando que el decreto 79/20 revocó -por razones de oportunidad, mérito o conveniencia- el decreto 2.272/18, volviéndose de allí en adelante al método de liquidación anterior.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 7-XII-2021, 10:25:43), en el cual alega que el fallo impugnado, al revocar la sentencia de primera instancia y sostener la legitimidad del decreto 2.272/18, desconoció el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial que consagra el principio de progresividad y que -además- se encuentra expresamente contemplado en el Estatuto para el Personal de las Municipalidades (art. 1, ley 14.656).
Dice que el magistrado de primera instancia admitió la demanda promovida y, en relación con la inconstitucionalidad planteada respecto del decreto 2.272/18, consideró "...que la parte actora acierta cuando sostiene que el principio de no regresividad (correlato del principio de progresividad) supone un límite efectivo ante el retroceso remuneratorio que encarna el acto puesto en crisis en la demanda, cuando la decisión no se muestra razonable" (v. pto. II.3.b., sent. de primera instancia).
Por su lado, critica que el Tribunal de Alzada haya asegurado que el decreto cuestionado en autos no presentara vicios que determinaran su nulidad y, en consecuencia, rechazase los argumentos en los cuales basó su pretensión y la impugnación "por inconstitucional".
Fundamenta el recurso interpuesto y recuerda que el decreto 2.272/18 modificó el modo de calcular la bonificación especial docente (tomando como referencia el módulo de 24 horas semanales correspondientes al nivel 12 del escalafón municipal), cuando desde su implementación se lo liquidó tomando el módulo de 35 horas semanales del mismo nivel.
Expresa que ello importa una reducción en un componente remunerativo del salario que cuenta con protección en los principios constitucionales que rigen la relación de empleo público.
Agrega que el Tribunal de Alzada, al afirmar que el Departamento Ejecutivo municipal contaba con la potestad para dictar el decreto en cuestión, consideró que no se afectaban el derecho de propiedad de los actores, ya que no existía una garantía al mantenimiento de las leyes de cara al futuro (v. tercer pto. 2.2., tercer párr., sent. de Cámara). Plantea que esto es equivocado y no se hace cargo de lo sostenido como argumento principal.
IV. Por las razones que seguidamente expondré, entiendo que el recurso en tratamiento es inadmisible.
IV.1. Según la reiterada doctrina de esta Suprema Corte y de conformidad con lo dispuesto por el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, para que un recurso extraordinario de inconstitucionalidad sea admisible es menester que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos, confrontados con normas de la Constitución local (doctr. causas A. 75.286, "Haro", resol. de 11-VII-2018; A. 75.285, "Bruni", sent. de 9-VI-2021; A. 72.766, "Eguiguren", sent. de 13-V-2020; A. 76.047, "Prisma Medios de Pago S.A.", sent. de 12-VIII-2022; e.o.).
Adelanto que ello no se verifica en el caso, en el que las decisiones judiciales han transitado por argumentos de cuño netamente legal, siendo cualquier alusión a garantías constitucionales una referencia coadyuvante pero no fundamento expreso para juzgar acerca de la validez o invalidez de la actuación municipal impugnada en este expediente.
IV.2. Si bien la parte actora adujo en su escrito inicial que el decreto 2.272/18 era inconstitucional toda vez que -a su entender- transgredía el principio de progresividad contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, lo cierto es que el juez de primera instancia no ingresó en ese campo al acudir directamente al art. 1 de la ley 14.656 que consagra similar principio, siendo cualquier referencia a una garantía de tipo fundamental algo genérico o subsumido dentro de algún pasaje jurisprudencial.
Pero más allá de eso, es claro que el núcleo de la decisión se focalizó en la competencia, motivación y objeto de la conducta enjuiciada, a través del estudio analítico de los elementos esenciales del acto administrativo. Aspectos que el magistrado encontró viciados y en pugna con los términos del art. 108 de la ordenanza general 267/80. De allí que procediera a declarar la "nulidad" del decreto 2.272/18, pero sin poner el asunto en términos estrictamente constitucionales, ni citar expresamente la cláusula que aquí tanto se invoca en sustento del recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
IV.3. Consecuente con la postura con la que le llegó el pleito, la Cámara tampoco abasteció su sentencia a partir de un marco de análisis estructurado en términos de compatibilidad constitucional con el mentado art. 39 inc. 3. Esto es algo reconocido en la misma pieza recursiva, al quejarse de que el fallo "no realiza en ningún momento el análisis de constitucionalidad del decreto 2.272/18..." (v. pto. V.2., último párr., recurso extraordinario).
En efecto: dicho órgano revisor -con invocación de dos precedentes anteriores- revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda, en tanto consideró que el acto administrativo atacado no estaba afectado por vicios que lo hicieran nulo o anulable, siendo válidos sus elementos esenciales, con especial énfasis en lo que respecta a la competencia para emitirlo. Solo se hace una mención al derecho de propiedad para descartar una expectativa al mantenimiento de las leyes en el tiempo, pero esto -como nuevamente advierte la recurrente (cit.)- no guarda relación con un abordaje basado en la progresividad que proclama el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
IV.4. En suma, de una atenta lectura de las decisiones judiciales que dirimieron la contienda, cabe concluir que la recurrente erró a la hora de escoger la vía idónea a los fines de concretar una impugnación satisfactoria. Lo expresado, dado que sus planteos o bien se refieren a la omisión de tratamiento de una cuestión constitucional que se reputaba esencial (conf. arts. 161 inc. 3 apdo. 2, 168 y 171, Const. prov. y 296 y sigs., CPCC; doctr. causa A. 76.208, "Trejo", sent. de 22-IX-2021), o alternativamente debieron encaminarse por la errónea aplicación de las normas de rango legal efectivamente actuadas por los jueces (conf. arts. 161 inc. 3 apdo. 1, Const. prov. y 278 y sigs., CPCC).
Ello es así, reitero, en la medida en que el análisis acerca de la validez del decreto 2.272/18, antes que basarse en su supuesta inconstitucionalidad por violar la garantía de progresividad contenida en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial -norma que, en rigor, no fue actuada por ninguno de los órganos intervinientes-, ha sido desplegado a partir de su compatibilidad con el régimen de la ordenanza general 267/80 y los requisitos de validez de los actos administrativos. Y si de algún modo aquel principio orientó la sentencia del juez de primera instancia, eso fue en vista de lo previsto en el art. 1 de la ley 14.656.
IV.5. Agrego finalmente que, recientemente, en una causa análoga a la presente (causa Q. 77.504, "Mele", resol. de 18-VIII-2022), este Tribunal desestimó el recurso de queja por denegatoria del de inconstitucionalidad, en un caso en el cual la Cámara del fuero había rechazado una demanda semejante en los mismos términos.
V. Por todo lo expuesto, juzgo que cabe declarar inadmisible el recurso extraordinario interpuesto (arts. 60 inc. 1, CCA y 299 y 301, CPCC). Con costas a la parte recurrente (art. 303 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a la forma en la que ha quedado resuelta la cuestión anterior, deviene innecesario el tratamiento de la segunda.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto (cfr. arts. 299 y 300, CPCC). Con costas a la vencida (arts. 303 y 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/11/2022 10:13:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 10:16:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 11:06:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2022 10:32:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2022 10:53:02 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/11/2022 10:57:55 hs. bajo el número RS-98-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia