Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 76404
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 168 y 171, Const. prov.; 292 y 296, CPCC; 31 bis, ley 5827 y Acordada 1790).
Q.76.404 “AYALA LUCIA NOEMI C/ AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD Y OT. S/ AMPARO. --RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DE REC. EXTR. (NULIDAD)—“
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de La Plata desestimó la acción de amparo deducida por la señora Lucía Noemí Ayala contra la Agencia Nacional de Discapacidad y la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se disponga la autorización de la cobertura integral de las prestaciones de Centro de Día Jornada Doble y de Transporte en el Centro de Día “Aprendiendo a Ser II”, a favor de su familiar con discapacidad, M. E. V., hija de H. R. V. y M. M. (v. fs. 1/12).
Para así decidir, consideró que “la Unidad de Gestión del Programa Federal Incluir Salud –Buenos Aires- IOMA, no ha incurrido en acto, hecho u omisión, que en forma actual e inminente lesione, retrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio del derecho de la srta. V. a la cobertura integral y total –así como su continuidad- de las prestaciones necesarias para su discapacidad, el derecho a la integridad de su salud física y mental, la autonomía personal y a la educación, referidos a su concurrencia al Centro “Aprendiendo a Ser II”, así como su continuidad, en razón de que la prestación es objeto de un convenio celebrado con el Estado Nacional y abonada por éste y no integrar –este caso- la cápita que recibe de la Provincia para la asistencia médico integral de la amparista (v. fs. 12).
A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de grado (v. fs. 45/50).
Frente a lo así decidido, la parte actora dedujo -en lo que aquí interesa- recurso de nulidad (v. escrito de fs. 51/76 vta.), el que denegado –por encontrarse la cuestión que se dice omitida, desplazada por el razonamiento expuesto en la sentencia- (v. fs. 77/78), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; V. fs. 79/83).
II. Pasando a analizar la vía deducida, corresponde señalar liminarmente que las consideraciones vertidas por la Cámara para fundar la denegación de la concesión del recurso, exceden el límite de las facultades que le otorga el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial con relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al incursionar en materia que es privativa de esta Suprema Corte (doctr. causas A. 73.752, “Pardo S.A.”, resol. de 12-VIII-2015; Q. 73.907, “Banco”, resol. de 11-V-2016 y Q. 75.149, “Gerez”, resol. de 9-V-2018; A. 75.822, "Silvente", resol. de 11-III-2020).
II. No obstante ello la queja traída carece igualmente de viabilidad, pues ha manifestado esta Suprema Corte que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. “b” de la Constitución de la provincia, sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (doctr. causas A. 71.821, “Luna”, sent. de 6-XII-2017; A. 75.279, “Odisa”, resol. de 27-VI-2018; A. 75.390, “Cornejo”, resol. de 10-X-2018; Q. 75.723, "Minervini", resol. de 19-II-2020).
En lo que aquí interesa destacar por ser motivo de agravio, el primero de los votos que conformaron la mayoría consideró "sin acreditación suficiente la presencia de una conducta denegatoria de las prestaciones que constituyen el objeto del proceso". Tuvo por demostrado que el servicio de transporte y las restantes prestaciones objeto del amparo, aún ante la autoridad provincial, habían sido autorizadas en favor de la beneficiaria.
Luego de ponderar las constancias analizadas en el fallo de origen concluyó en que "[E]l caso, con ese escenario, no da cuenta de la ruptura de continuidad de las prestaciones reconocidas y por lo tanto no informa sobre la presencia de la infracción jurídica manifiesta que es menester para dar cabida al proceso constitucional promovido".
Asimismo en el tercer voto -concordante con el del doctor De Santis-, al detallar la prueba en la que fundaba su criterio, la magistrada concluyó que “los pagos denunciados como adeudados […] han sido realizados y se encuentra garantizada la prestación a la actora, abonándose las facturas a la Institución dentro del plazo de 90 días de la presentación […], sin que se aprecie reclamo alguno o cuestionamiento por parte del establecimiento".
En el medio revisor en abordaje, la actora aduce que la sentencia es nula pues -sostiene- la Cámara omitió expedirse sobre el agravio atinente al riesgo de perder la posibilidad de continuar con la rehabilitación integral como consecuencia de la interrupción intempestiva de la cobertura de las prestaciones o por las demoras internas propias de las demandadas.
Al respecto, cabe recordar que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del fallo no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de tratamiento de una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del tribunal y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas A. 73.443, “Bentaberry”, resol. de 17-XII-2014; A. 71.558, “Gonzalez”, sent. de 4-VIII-2016; A. 74.732, “Gonzalez”, resol. de 28-VI-2017; A. 75.822, "Silvente", cit.).
En autos no se advierte la transgresión denunciada, desde que el agravio fue expresamente tratado por el Tribunal de Alzada, solo que en sentido diverso a lo pretendido por la recurrente.
Para más, el embate deducido deviene improcedente pues, de la simple lectura del escrito impugnativo se advierte que –bajo el aparente reproche de omisa consideración de cuestiones esenciales- la crítica se dirige, en rigor, a objetar el modo en que la Cámara abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento –como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (doctr. causas A. 75.149, “Gerez”, resol. de 9-V-2018; Q. 75.764, “Cooperativa”, resol. de 6-XI-2019; A. 75.822, “Silvente”, cit.).
Finalmente, con relación a la alegada transgresión del art. 171 de la Carta local, corresponde destacar que el quebrantamiento de las garantías consagradas en la referida norma sólo se produce cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes, pero cumple con la exigencia que impone tal norma constitucional, el fallo que, como en el caso, está fundado en expresas disposiciones legales, siendo –como ya se expresara- ajeno al ámbito de dicha vía los agravios dirigidos a cuestionar el acierto en la fundamentación de la decisión impugnada (doctr. causas A. 74.225, “Unilever de Argentina SA”, resol. de 29-VI-2016; A. 75.413, “Maldonado”, resol. de 5-XII-2018; A. 75.642, “Bellino”, resol. de 24-IV-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 168 y 171, Const. prov.; 292 y 296, CPCC; 31 bis, ley 5827 y Acordada 1790).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2020 16:55:48 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 12/06/2020 20:59:40 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 16/06/2020 00:14:39 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 01/07/2020 17:20:00 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 01/07/2020 20:45:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia