Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala II · Causa 39249-AMP
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución de fecha 6 de noviembre de 2026 en cuanto declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Ramón Miguel Vergara y Giselle Vanesa Galeano con el patrocinio del Dr.Ricardo Pablo Ateca, dejandose sin efecto las costas impuestas con fundamente en que los accionantes pudieron entender que era procedente la vía escogida, teniéndose presente la reserva del caso federal planeado, art.14 ley 48.-
Rigen CN art. 43, Constitución de la Provincia de Buenos Aires art. 20 inc. 2do., Ley 13.928 arts. 2 inc. 1ro., 8, 16 y 17 y art.440, 530 a contrario, del Códg.Procd.Penal .-
En la Ciudad de Gral. San Martín;
Las presentes actuaciones registradas ante esta Sala II de la Excma.Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial San Martin, correspondientes a la acción de amparo No.14.961 con intervención del Sr.Juez de Ejecución Dr.Nicolás Gabriel Sánchez, titular del Juzgado de Ejecución Penal No.3 departamental, incoada por Giselle Vanesa Galeano y Ramón Miguel Vergara, con el patrocinio letrado del Dr.Ricardo Pablo Ateca.-
Y
La Sra.Jueza Dra.Patricia Cecilia Toscano dijo :
Primero : Que los accionantes, con el patrocinio letrado del Dr.Ricardo Pablo Ateca, se presentaron ante la justicia promoviendo acción de amparo en favor de sus hijos menores, Benicio Vergara Galeano y Santino Jeremías Vergara Galeano, contra la Asociación de Beneficiencia Dotal San Jorge.-
En la presentación, los accionantes requirieron " que se garantice la continuidad educativa de estos durante el ciclo lectivo 2027, procurando la preservación de las vacantes escolares frente a la controversia económica existente con la institución educativa demandada y las dificultades que manifiestan haber encontrado para completar el procedimiento de matriculación. Como fundamento de su pretensión, los accionantes refieren la existencia de obligaciones arancelarias pendientes y de intimaciones cursadas por la institución educativa, así como las dificultades económicas familiares para afrontar tales compromisos. Sostienen que, en ese contexto, se encontraría comprometida la continuidad escolar de sus hijos, invocando la necesidad de obtener una tutela judicial urgente que impida la eventual pérdida de las vacantes. Asimismo, manifiestan haber solicitado asistencia financiera a la institución con el propósito de hacer sostenible la continuidad educativa de sus hijos durante el próximo ciclo lectivo, atendiendo a las dificultades económicas familiares y al esfuerzo que vienen realizando para afrontar las obligaciones arancelarias. Por último, aclaran que la presente acción no tiene por objeto determinar definitivamente la deuda ni sustituir las vías patrimoniales disponibles, señalando que tanto la eventual concesión de asistencia financiera como la determinación y regularización de los saldos reclamados constituyen cuestiones que deberán abordarse por los procedimientos correspondientes ."
Segundo : El Juez de intervención, Dr.Sánchez, ante el planteo efectuado, sostuvo que: "... En consecuencia, frente a la situación denunciada, dable es sostener que los accionantes contaban con la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades educativas competentes las circunstancias que consideraban lesivas de los derechos de sus hijos, solicitando la intervención correspondiente respecto de las condiciones de matriculación y las dificultades de acceso al sistema informático. Su ausencia, sumada a la falta de acreditación de otras gestiones tendientes a obtener una solución concreta, constituye un elemento que debe ponderarse al examinar si se ha demostrado la necesidad de acudir directamente a esta vía excepcional.
En efecto, no se ha explicado ni acreditado por qué los mecanismos institucionales disponibles, junto con las vías judiciales ordinarias pertinentes, resultarían insuficientes para obtener una respuesta adecuada frente a la situación denunciada. Esta circunstancia adquiere particular relevancia cuando se advierte que la controversia se encontraba en una instancia de intercambio entre las partes, sin que se hubiera acompañado una decisión definitiva de exclusión escolar...No se trata de desconocer la posibilidad de que una amenaza a la continuidad educativa pueda justificar una tutela judicial anticipada, sino de señalar que, en las particulares circunstancias de autos, no se ha demostrado que dicha protección no pueda obtenerse mediante los mecanismos jurisdiccionales ordinarios disponibles.
En ese orden, cabe recordar que nuestro más alto Tribunal Provincial ha dicho que "la ilegalidad o arbitrariedad que da lugar al amparo, debe evidenciarse en forma manifiesta, esto es de un modo patente, indudable, inequívoco, notorio, ostensible para no convertir al amparo en el medio que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en una sola cuando la Constitución y las leyes marcan distintos derroteros. La exteriorización que no revista esa indiscutible patencia y que en todo caso pueda resultar meramente opinable excluye el carácter manifiesto de la arbitrariedad o ilegalidad, y por ende la viabilidad del amparo. Ello implica que los vicios tienen que aparecer al examen jurídico más superficial.
La nota fundamental de este instituto no está dada propiamente por la inexistencia de discusión en torno al derecho invocado por el impetrante, sino por la indiscutibilidad de la pretensión enjuiciada" (cfr. SCBA, C 92257 S 11-11-2009, Juez SORIA (SD), carátula: "Lessi, Néstor Bruno s/ Recurso de amparo. Medida cautelar de no innovar"). Por otra parte, los propios accionantes delimitan expresamente el objeto de su pretensión al señalar que la presente acción no tiene por finalidad determinar definitivamente la deuda ni sustituir las vías patrimoniales disponibles para su discusión y eventual regularización. Asimismo, reconocen que tanto la eventual concesión de asistencia financiera como la determinación y regularización de los saldos reclamados constituyen cuestiones que deberán abordarse por los procedimientos correspondientes.
Tales manifestaciones permiten advertir que subsisten cuestiones económicas, administrativas y relativas a las condiciones de continuidad de la relación educativa que requieren un ámbito de conocimiento más amplio, sin que se haya demostrado por qué la protección de la continuidad escolar no podría procurarse mediante los mecanismos judiciales ordinarios pertinentes. En efecto, es posible advertir que -en este liminar estadio- existen aspectos (vgr.la determinación de las obligaciones pendientes, el alcance de las intimaciones cursadas, las condiciones de matriculación, las razones de la imposibilidad de acceso al sistema informático y las gestiones efectuadas por los progenitores para obtener una solución) que requieren un análisis integral de los antecedentes y circunstancias de la relación entre las partes que deben ser analizados en un ámbito de mayor debate y prueba.
En otro orden, debo señalar que no resulta ajeno al Suscripto que el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes merece una protección especial, de conformidad con los artículos 3 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los artículos 2 y 5 de la Ley 13.688. En particular, el interés superior del niño constituye una pauta de consideración primordial en toda decisión que pueda afectarlos, imponiendo a los órganos jurisdiccionales el deber de ponderar especialmente las consecuencias que pudieran derivarse de sus decisiones. Sin embargo, la relevancia del derecho invocado no determina automáticamente la procedencia de la vía procesal escogida, ni exime a quien promueve la acción de acreditar los recaudos específicos que condicionan su admisibilidad.
Debe distinguirse, entonces, entre la necesidad de brindar protección al derecho cuya afectación se denuncia y la idoneidad del instrumento procesal elegido para obtenerla. La primera no conduce necesariamente a la procedencia de la segunda. La tutela judicial efectiva no se identifica exclusivamente con la acción de amparo, sino que puede obtenerse mediante otros procedimientos judiciales que, de acuerdo con las particularidades del caso, resulten adecuados para brindar protección suficiente. Para desplazar tales mecanismos y habilitar la vía excepcional intentada, era necesario demostrar concretamente su insuficiencia frente al riesgo denunciado, extremo que no se encuentra debidamente acreditado en estas actuaciones.
Por último, en cuanto a la intervención del Asesor de Incapaces solicitada por la parte actora en su escrito de inicio, corresponde señalar que, atento al temperamento que se adopta en la presente resolución y al examinarse la admisibilidad de la acción en su etapa liminar, no corresponde conferir la vista peticionada. Ello así, toda vez que, al no encontrarse reunidos los presupuestos que habilitan la apertura de la vía excepcional intentada, no corresponde avanzar con la sustanciación del proceso ni disponer, en esta instancia, la intervención solicitada, sin perjuicio de la que pudiera corresponder en caso de promoverse las vías judiciales pertinentes para la tutela de los derechos de los niños involucrados.
En conclusión, considero que a partir de la valoración integral de las circunstancias expuestas y de la documentación acompañada, no se advierte que los accionantes hayan demostrado que los remedios judiciales ordinarios disponibles no puedan utilizarse sin ocasionar un daño grave o irreparable, conforme lo exige el artículo 20 inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 2 inciso 1 de la Ley 13.928. La falta de acreditación de las gestiones efectuadas frente a las intimaciones recibidas, la ausencia de constancias de intervención de las autoridades educativas competentes, la inexistencia de una comunicación definitiva de denegación de las vacantes y la falta de demostración de la ineficacia de los mecanismos judiciales ordinarios constituyen circunstancias que, ponderadas conjuntamente, impiden tener por satisfechos los presupuestos de admisibilidad de la vía excepcional intentada.
Por consiguiente, sin desconocer la preocupación de los progenitores ni la necesidad de otorgar especial consideración a la continuidad educativa de los niños involucrados, corresponde declarar inadmisible la acción de amparo promovida, en los términos del artículo 8 de la Ley 13.928, por no encontrarse acreditado el presupuesto previsto en el artículo 2 inciso 1 del mismo cuerpo normativo. Ello no importa emitir pronunciamiento definitivo sobre la legitimidad de las intimaciones cursadas, la existencia o cuantía de los saldos arancelarios, la eventual procedencia de la asistencia financiera solicitada ni la legitimidad sustancial de las condiciones establecidas por la institución educativa para la matriculación, cuestiones que podrán ser planteadas y examinadas por las vías correspondientes ..."-
Tercero : Los accionantes, con el patrocinio del Dr.Ricardo Pablo Ateca, atacaron la decisión jurisdiccional, sosteniendo que: "... Primer agravio. Interpretación restrictiva de la amenaza constitucionalmente protegida y omisión de ponderar los límites normativos a la no renovación escolar ...La resolución apelada establece una distinción entre la intimación al pago bajo apercibimiento de impedir la matriculación y una decisión definitiva de denegación de vacantes. Sobre esa base, considera que no se acreditó suficientemente la existencia de una lesión que justificara acudir al amparo. Esa valoración introduce un estándar de consumación del daño que no se corresponde plenamente con el alcance preventivo de la garantía constitucional.
El artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 20 inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires comprenden expresamente los actos u omisiones que lesionen o amenacen derechos de forma actual o inminente. Por consiguiente, no resulta indispensable esperar a que la vacante sea asignada a otra familia, o a que el alumno quede definitivamente excluido, para solicitar protección judicial. En autos existían elementos objetivos que permitían identificar una conducta institucional concreta y un riesgo temporalmente próximo: una intimación formal que condicionaba la renovación al pago total de una deuda, la proximidad del vencimiento del procedimiento de reinscripción, la imposibilidad documentada de completar el formulario y la ausencia de una solución institucional frente a los reclamos de los progenitores.
A ello se suma una disposición específicamente aplicable que merece especial consideración: el artículo 134 del Decreto provincial 2299/2011. Dicha norma establece, como principio general, que los alumnos matriculados se consideran inscriptos en el establecimiento hasta la finalización del respectivo nivel educativo. Si bien reconoce a los establecimientos de gestión privada la facultad de estipular la anualidad de la matriculación y establecer causales de no renovación, condiciona expresamente su ejercicio al respeto por la continuidad de la escolaridad y los derechos de los alumnos. En consecuencia, la facultad contractual de no renovar una matrícula no resulta irrestricta ni queda sustraída del control de razonabilidad.
El establecimiento debe ejercerla dentro de los límites establecidos por la normativa educativa. La resolución recurrida no desarrolla un examen concreto de la compatibilidad entre la conducta institucional denunciada y esos límites normativos. Tampoco resulta suficiente afirmar que la cuestión exige una decisión definitiva de exclusión, cuando la propia Constitución admite la tutela preventiva frente a amenazas inminentes. La carta documento del 5 de noviembre de 2026, conocida por los progenitores después del pronunciamiento judicial, confirma la relevancia de este agravio. En ella, la demandada reconoce expresamente que no habilitó el formulario de reinscripción por la deuda reclamada y anuncia que las vacantes serán reasignadas después del 16 de noviembre si no se cancela la totalidad del saldo.
Ya no se trata, por lo tanto, de un impedimento informático cuya causa institucional resulte desconocida. Existe una manifestación expresa de la Asociación que vincula directamente el bloqueo de la renovación con la controversia económica. La cuestión constitucional y educativa consiste en determinar si el ejercicio de esa facultad contractual, en las circunstancias concretas del caso, resulta compatible con la continuidad escolar y los derechos de los menores. Tal controversia no debió clausurarse sin sustanciación mediante una interpretación que exige prácticamente la consumación de la exclusión cuya prevención se procura. IV.2. Segundo agravio. Aplicación improcedente del rechazo liminar previsto en el artículo 8 de la Ley 13.928 El artículo 8 de la Ley 13.928 autoriza el rechazo sin sustanciación cuando la acción resulte manifiestamente inadmisible.
La exigencia legal de inadmisibilidad manifiesta impone distinguir aquellos supuestos cuya improcedencia surge de manera evidente de los casos que requieren valorar circunstancias concretas, documentación y riesgos contrapuestos. La resolución reconoce que existieron comunicaciones institucionales relacionadas con la pérdida de vacantes, impedimentos de acceso al sistema de inscripción y gestiones de los progenitores para obtener una solución. A su vez, sostiene que las causas y el alcance de tales impedimentos no pudieron establecerse de manera concluyente y que existen circunstancias que requieren mayor debate y prueba. Justamente esa necesidad de esclarecimiento torna cuestionable que se haya considerado manifiesta la inadmisibilidad de la acción.
No se pretende que la existencia de cuestiones probatorias determine automáticamente la procedencia del amparo. Se sostiene que, frente a una amenaza documentada y a una controversia que requiere esclarecimiento, el rechazo liminar no constituía necesariamente la respuesta procesal adecuada. La propia Ley 13.928 contempla mecanismos expeditivos de sustanciación y facultades judiciales para complementar la prueba, conforme sus artículos 10, 11 y 12. El órgano judicial podía requerir información pertinente, disponer las medidas necesarias para esclarecer el alcance de las decisiones institucionales y examinar la procedencia de una tutela cautelar proporcionada. Una cosa es que, luego de la intervención de la demandada y la valoración de los antecedentes, la pretensión no reúna los requisitos necesarios para prosperar.
Otra, sustancialmente diferente, es impedir desde el inicio toda posibilidad de esclarecimiento y de tutela provisional cuando se encuentran comprometidos derechos de niños y adolescentes. La posterior comunicación de la demandada, que explica expresamente el motivo del impedimento y establece una fecha cierta para la reasignación, refuerza la necesidad de que el conflicto reciba un examen jurisdiccional efectivo. Por ello, corresponde revocar la inadmisibilidad declarada y permitir que el planteo sea examinado mediante el procedimiento previsto por la legislación especial. IV.3. Tercer agravio. Insuficiente ponderación de la ineficacia temporal de las vías ordinarias La resolución considera que no se demostró suficientemente por qué los mecanismos judiciales ordinarios disponibles resultarían inidóneos para obtener una respuesta útil.
Sin embargo, el examen de la idoneidad no puede limitarse a verificar la existencia abstracta de otros procedimientos. El artículo 2 inciso 1 de la Ley 13.928 condiciona la inadmisibilidad a que los remedios ordinarios puedan utilizarse, por la naturaleza del caso, sin daño grave o irreparable. La cuestión central no era si los progenitores disponían de procedimientos para discutir una deuda o reclamar el cumplimiento de obligaciones contractuales. Era si esos procedimientos podían impedir eficazmente la reasignación de las vacantes antes de que el colegio ejecutara la decisión anunciada. Una eventual sentencia posterior que reconociera alguna irregularidad institucional podría resultar insuficiente para recomponer plenamente la situación si, entretanto, los menores perdieran su lugar en el establecimiento donde han desarrollado la totalidad de su trayectoria escolar, desde el nivel inicial (Kindergarten) hasta la actualidad.
La particularidad del caso reside, además, en que ambos alumnos continúan cursando el nivel secundario, sin haber completado todavía esa etapa educativa. Es cierto que otras vías judiciales pueden contemplar medidas cautelares. Esta parte no desconoce esa posibilidad. El agravio consiste en que la resolución no efectúa un análisis concreto de cuál sería, en las particulares circunstancias del expediente, el procedimiento alternativo que permitiría obtener una protección equivalente dentro del tiempo disponible. Tampoco explica por qué la urgencia acreditada podía ser atendida de manera igualmente eficaz mediante esa alternativa. La referencia genérica a la existencia de remedios ordinarios no resulta suficiente, por sí sola, para descartar la tutela constitucional solicitada.
El vencimiento anunciado para el 16 de noviembre y la advertencia expresa de reasignación sin nueva notificación muestran que la utilidad de cualquier remedio judicial depende, en este caso, de su capacidad para impedir oportunamente la pérdida de las vacantes. El perjuicio que se busca evitar no se identifica con la deuda económica, susceptible de discusión ulterior, sino con la posible frustración de la continuidad educativa de ambos menores. IV.4. Cuarto agravio. Valoración incompleta de las gestiones realizadas por los progenitores El pronunciamiento destaca la ausencia de determinadas contestaciones formales a las cartas documento del colegio y la falta de presentaciones administrativas ante la autoridad educativa provincial.
Esta parte no desconoce que no se había formulado, al promoverse la demanda, una denuncia ante DIEGEP/DIPREGEP. Tampoco pretende presentar como realizadas actuaciones que no constan en el expediente. Sin embargo, la ausencia de esa gestión no equivale a inexistencia de reclamaciones ni constituye, por sí misma, un requisito legal de agotamiento de la instancia administrativa para promover el amparo contra una persona jurídica privada. En particular, el expediente contiene constancias concretas de actuaciones efectuadas el 2 de noviembre de 2026: a) El correo de Ramón Miguel Vergara solicitando la habilitación del formulario o un procedimiento alternativo. b) La respuesta de Víctor Juan Milana, que reiteró la intimación económica sin resolver la cuestión del acceso. c) La gestión presencial relatada por Gisele Vanesa Galeano ante el establecimiento. d) La solicitud de reinscripción firmada por ambos progenitores. e) El envío electrónico de esa solicitud a la dirección institucional de Admisiones Norte, con copia al apoderado del colegio.
Estas actuaciones no acreditan que la institución hubiera aceptado la renovación. Sí demuestran una voluntad expresa y documentada de preservar ambas vacantes y de obtener una respuesta institucional antes del vencimiento. La propia resolución reconoce parte de esos antecedentes. Por lo tanto, resulta excesivo equiparar la falta de determinadas gestiones adicionales con una ausencia de actividad suficiente para justificar la intervención judicial. La denuncia ante la autoridad educativa podía constituir una vía complementaria y eventualmente aportar antecedentes de interés, pero ello no demuestra que tuviera aptitud temporal para impedir la reasignación anunciada. De hecho, la propia demandada, mediante la comunicación del 5 de noviembre, sostuvo su decisión de impedir la reinscripción mientras subsistiera la deuda, pese a haber recibido los reclamos concretos de los progenitores....
IV.5. Quinto agravio. Confusión entre la controversia patrimonial y el objeto urgente del amparo El pronunciamiento atribuye relevancia a la existencia de cuestiones económicas y contractuales que requerirían mayor debate y prueba. No discutimos que la determinación de la deuda, la imputación de pagos, los intereses, los descuentos y las solicitudes de asistencia financiera puedan necesitar un procedimiento de conocimiento más amplio. Precisamente por ese motivo, la demanda delimitó expresamente su objeto. No se solicitó que el juzgado declarara inexistente la deuda, ordenara otorgar una beca del ciento por ciento o impidiera definitivamente al colegio ejercer sus derechos patrimoniales. La pretensión se concentró en evitar que el desacuerdo económico produjera, de manera inmediata, una consecuencia potencialmente irreparable sobre la continuidad educativa de dos menores.
Esa delimitación no constituye una debilidad del planteo, sino una medida de adecuación de la tutela pretendida a la urgencia concreta. La demandada conserva su derecho a reclamar judicialmente los importes que considere exigibles. Lo que requiere control jurisdiccional es la decisión de impedir la reinscripción y anunciar la pérdida de vacantes como consecuencia de una controversia patrimonial que permanece sin definición judicial. Por ello, no corresponde trasladar automáticamente la complejidad de la cuestión económica al examen de admisibilidad de una pretensión cautelar específicamente dirigida a preservar la situación educativa. La Ley provincial 14.498 establece obligaciones de fundamentación escrita para los establecimientos privados que nieguen la inscripción o reinscripción, en los supuestos previstos por esa norma.
La comunicación del colegio permite conocer el motivo económico invocado. Pero la exteriorización formal de una razón no implica, por sí misma, que la medida adoptada resulte compatible con los límites legales aplicables. En consecuencia, aun cuando la Asociación haya expresado las razones de su decisión, subsiste la necesidad de examinar su razonabilidad y proporcionalidad respecto de los derechos de los menores. IV.6. Sexto agravio. Insuficiente ponderación del interés superior de los menores y de su trayectoria escolar íntegra en el mismo establecimiento La resolución reconoce expresamente la relevancia del derecho a la educación y del interés superior del niño. Sin embargo, esa consideración no se traduce en un examen concreto de las consecuencias que podría ocasionar la pérdida de las vacantes de Benicio y Santino.
El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño exige que su interés superior constituya una consideración primordial en las decisiones que los afecten. A ello se suman los derechos reconocidos por los artículos 28 y 29 de dicho instrumento, la Ley 26.061 y la normativa educativa nacional y provincial. La ponderación de esos derechos no puede reducirse a reconocer genéricamente la importancia de la educación. Ambos menores han desarrollado toda su trayectoria escolar en St. George's College, desde Kindergarten, sin haber asistido a otro establecimiento. Allí construyeron sus vínculos académicos, sociales y afectivos y desarrollaron las distintas etapas de su formación. La decisión anunciada por la demandada no representa, por lo tanto, una simple modificación contractual entre adultos.
Importa la posibilidad concreta de interrumpir una trayectoria educativa íntegra, consolidada durante años, y alterar una continuidad pedagógica y comunitaria mantenida desde el comienzo de la escolaridad. La resolución apelada no examina de manera individualizada esas consecuencias ni explica por qué su eventual producción podría repararse adecuadamente mediante una decisión judicial posterior. No se invoca un derecho absoluto a permanecer indefinidamente en una institución privada con independencia de las obligaciones contractuales. Se reclama que una decisión capaz de alterar sustancialmente la trayectoria educativa de dos menores sea sometida a un control judicial oportuno y proporcionado.
La eventual existencia de alternativas escolares no elimina la necesidad de ponderar el arraigo educativo de Benicio y Santino ni las consecuencias de una desvinculación intempestiva. Esta omisión adquiere especial relevancia porque la medida cautelar solicitada no pretende imponer una beca ni cancelar obligaciones económicas, sino impedir provisionalmente la reasignación de dos vacantes mientras se determina la legitimidad de la conducta institucional cuestionada. IV.7. Séptimo agravio. Rechazo de la cautelar sin examen autónomo suficiente La resolución deniega la medida cautelar principalmente como consecuencia de la inadmisibilidad de la acción. Sin embargo, la tutela provisional solicitada merecía un examen particular en función de la proximidad de los vencimientos y del perjuicio que se buscaba evitar.
La documentación inicial permitía identificar, al menos de manera preliminar, una amenaza concreta sobre las vacantes y una dificultad efectiva para completar el trámite de renovación. La medida solicitada podía estructurarse de forma proporcional, sin ordenar una matriculación definitiva ni disponer la gratuidad del servicio educativo. La preservación temporal de las vacantes mientras se examinaba la controversia era una alternativa menos gravosa que una decisión anticipada sobre la relación contractual completa. La ausencia de una evaluación suficiente de esa posibilidad constituye un agravio autónomo. Los artículos 9 y 23 de la Ley 13.928 contemplan herramientas de protección cautelar durante el proceso. ...
VI. SOLICITA TUTELA CAUTELAR URGENTE La nueva comunicación institucional agrava la urgencia denunciada. El plazo fijado por el colegio vence el 16 de noviembre de 2026 y se encuentra acompañado del anuncio expreso de reasignación de las vacantes sin nueva notificación. En esas condiciones, una eventual decisión favorable adoptada después de que las vacantes hayan sido otorgadas a terceros podría perder eficacia práctica. Por tal motivo, solicitamos que se otorgue tratamiento inmediato al pedido cautelar y se disponga una medida provisional dirigida a conservar la situación educativa de Benicio y Santino. El pedido se funda especialmente en los artículos 9 y 23 de la Ley 13.928, que contemplan medidas cautelares destinadas a preservar la eficacia del procedimiento.
El artículo 23 autoriza expresamente medidas de no innovar en cualquier estado de la instancia, dispone su cumplimiento inmediato y exige resolver la solicitud el mismo día de su presentación. En concreto, requerimos que se ordene a la Asociación de Beneficencia Dotal San Jorge: Abstenerse de reasignar a terceros las vacantes correspondientes a Benicio Vergara Galeano y Santino Jeremías Vergara Galeano para el ciclo lectivo 2027 mientras se resuelve la tutela judicial solicitada. Mantener provisionalmente disponibles dichas vacantes, sin considerar operada su pérdida por el solo vencimiento del plazo del 16 de noviembre de 2026, hasta que exista pronunciamiento judicial sobre la medida requerida.
Recibir y registrar formalmente la solicitud de reinscripción firmada por ambos progenitores y remitida electrónicamente el 2 de noviembre de 2026, o habilitar un procedimiento alternativo eficaz que permita dejar constancia de la voluntad de renovación. Informar al órgano jurisdiccional, con carácter urgente, el estado de las vacantes y cualquier decisión adoptada respecto de su conservación o reasignación. La medida se solicita exclusivamente con carácter provisional. No implica declarar cancelada la deuda, obligar al colegio a otorgar una beca, imponer una prestación educativa gratuita ni resolver definitivamente la relación contractual correspondiente a 2027. Su finalidad es preservar la posibilidad material de que una decisión judicial posterior resulte eficaz.
La verosimilitud del derecho surge de la continuidad educativa ininterrumpida de ambos menores en el mismo establecimiento desde Kindergarten, de los reclamos documentados y, especialmente, del reconocimiento institucional de que el trámite de reinscripción fue impedido por la existencia de una deuda. Debe ponderarse, además, que ambos alumnos se encuentran actualmente cursando el nivel secundario, circunstancia relevante a la luz del artículo 134 del Decreto provincial 2299/2011. El peligro en la demora surge del plazo cierto fijado para el 16 de noviembre y de la amenaza expresa de reasignación de las vacantes. En cuanto a la proporcionalidad, la conservación temporal de dos lugares escolares constituye una medida limitada, destinada a impedir la frustración del objeto del proceso, sin impedir que la demandada persiga el cobro de sus créditos por las vías legales pertinentes.
Ofrecemos caución juratoria en los términos que el órgano judicial considere adecuados. Subsidiariamente, para el supuesto de estimarse excesiva la amplitud de la medida requerida, solicitamos que se disponga al menos la prohibición provisional de reasignar ambas vacantes hasta que pueda examinarse, con intervención de las partes y del Ministerio Público correspondiente, la procedencia de una tutela cautelar de mayor alcance. Solicitamos expresamente que el tratamiento de esta medida no quede diferido hasta que el transcurso del tiempo prive de eficacia práctica a cualquier decisión favorable.... IX. COSTAS Solicitamos que, al revocarse la resolución apelada, se deje sin efecto la imposición de costas allí dispuesta y se adecue su tratamiento al resultado de la revisión y a lo que oportunamente se decida sobre la pretensión.
La cuestión accesoria debe seguir la suerte de la decisión principal, sin perjuicio de las reglas legales aplicables al pronunciamiento definitivo. X. RESERVA DEL CASO FEDERAL Para el supuesto de mantenerse una interpretación que, en las circunstancias concretas del caso, prive de tutela judicial eficaz a los derechos invocados, dejamos planteada la reserva del caso federal por encontrarse comprometidas garantías reconocidas en los artículos 14, 18, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Ello, sin perjuicio de las vías recursivas provinciales que pudieran corresponder. XI. PETITORIO Por todo lo expuesto, a V.S. solicitamos: Se nos tenga por presentados, con el patrocinio letrado indicado y manteniendo el domicilio procesal electrónico constituido.
Se tenga por interpuesto y fundado, en tiempo y forma, recurso de apelación contra la resolución suscripta digitalmente el 6 de noviembre de 2026, en cuanto rechazó liminarmente la acción de amparo, denegó la cautelar y dispuso las restantes consecuencias impugnadas. Se conceda el recurso conforme los artículos 16 y 17 de la Ley 13.928 y se disponga su tramitación urgente. Se tengan por acompañados los anexos 34 y 35, correspondientes a la carta documento del 5 de noviembre de 2026 y al correo electrónico de remisión del 6 de noviembre de 2026, y se admita su valoración con el alcance procesal que corresponda. Se disponga la intervención de la Asesoría de Incapaces competente. Se habiliten días y horas inhábiles en cuanto resulte necesario para impedir la frustración de los derechos invocados.
Se otorgue tratamiento inmediato a la tutela cautelar solicitada y se ordene, con carácter provisional, la conservación de las vacantes de Benicio y Santino para el ciclo lectivo 2027, en los términos desarrollados en el apartado VI, o mediante la medida menos gravosa que se considere eficaz para preservar el objeto del proceso. Oportunamente, el Tribunal de Alzada haga lugar al recurso, revoque el rechazo liminar, declare admisible la acción y disponga la continuación del procedimiento conforme a la Ley 13.928. Se deje sin efecto la imposición de costas en los términos solicitados, sujetando su tratamiento al resultado de la revisión judicial. Se tenga presente la reserva del caso federal. ..".-
Cuarto : Ahora bien, visto la acción interpuesta por Ramón Miguel Vergara y Gisele Vanesa Galeano, con el patrocinio del Dr.Anteca, corresponde en principio recordar que el inc.2 del art. 20 de la Constitución Provincial, establece que: " La garantía de Amparo, podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier acto, hecho decisión u omisión proveniente de autoridad pública o de persona privada, se lesione o amenace en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos ".-
Así las cosas, considero que la decisión puesta en crisis resulta ajustada a derecho por lo que habré de proponer su confirmación.
En efecto, se advierte manifiestamente en el caso que la acción intentada no resulta la vía más idónea exigida por el art. 43 de la CN, toda vez que la entidad del conflicto denunciado por el amparista, atinente a la preservación de la vacante de escolarización para los hijos menores de los amparistas, revela la idoneidad de las vías ordinarias, administrativas y/o judiciales, por sobre la extraordinaria, sin que se advierta su ineficacia o la puesta en peligro de derechos cuya tutela se pretende.
Recuérdese que el amparo es un proceso excepcional sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguardia de derechos fundamentales y exige para su apertura circunstancias muy particulares, que no se dan en el presente, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva.
Cabe mencionar, en tal sentido, que en este caso no se exigió el agotamiento de la vía administrativa, tal como lo menciona se destaca la existencia de institutos aptos legalmente previstos por el legislador a través de los cuales puede el amparista adecuadamente canalizar su pretensión.-
En virtud de análisis precedentemente efectuado, vista la naturaleza de la presente acción y la existencia cierta de remedios ordinarios idóneos y suficientes para la resolución del conflicto, es que habré de proponer al Acuerdo se confirme la decisión en crisis en todo cuanto fuera materia de recurso; mismo criterio expuesto en el precedente RR-498-2021 del 7/12/2021, acompañando el voto de mi colega de Sala Dr.Javier Agustín Mariani.-
Rigen CN art. 43, Constitución de la Provincia de Buenos Aires art. 20 inc. 2do., Ley 13.928 arts. 2 inc. 1ro., 8, 16 y 17 ; Ley 5827 art. 38.
El Sr.Juez Dr.Javier Agustín Marfiani dijo :
Que adhiero al voto de mi colega, Dra.Patricia Cecilia Toscano, que abre el Acuerdo por compartir sus argumentos y consideraciones.-
En consecuencia, este Tribunal
CONFIRMAR la resolución de fecha 6 de noviembre de 2026 en cuanto declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Ramón Miguel Vergara y Giselle Vanesa Galeano con el patrocinio del Dr.Ricardo Pablo Ateca, DEJANDOSE SIN EFECTO las costas impuestas con fundamente en que los accionantes pudieron entender que era procedente la vía escogida, teniéndose presente la reserva del caso federal planeado, art.14 ley 48.-
Rigen CN art. 43, Constitución de la Provincia de Buenos Aires art. 20 inc. 2do., Ley 13.928 arts. 2 inc. 1ro., 8, 16 y 17 y art.440, 530 a contrario, del Códg.Procd.Penal .-
Regístrese, notifíquese al accionante y hágase saber al órgano de origen .-
Firmas
Funcionario firmante: MARIANI Javier Agustin - JUEZ
Funcionario firmante: TOSCANO Patricia Cecilia - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1053-2026
Fin de la sentencia