Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79927
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.927, "S., A. c/ Colegio de Escribanos s/ Amparo. RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Kohan, Carral, Mancini, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, en lo que interesa, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el señor G. I. N., ordenando al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires a suministrar a favor de su madre la cobertura integral de la internación en la residencia geriátrica "Ledor Vador", con las prestaciones de asistencia médica y de rehabilitación (v. sent. de fecha 5-XII-2024).
Disconforme con ese pronunciamiento, el apoderado de la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-XII-2024, 16:10:46 hs. en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 27-III-2025.
Dictada la providencia de autos para resolver con fecha 3 de abril de 2025 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor G. I. N., en representación de su madre, A. S., inició acción de amparo contra el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires solicitando se ordene a la demandada la cobertura integral de la internación en la residencia "Ledor Vador", en la que actualmente se encuentra su progenitora recibiendo las prestaciones de asistencia médica y rehabilitación. Asimismo peticiona la aplicación del módulo rehabilitación-internación, con más el 35% en concepto de dependencia.
II. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción de amparo por entender que en el caso no se encontraban configurados los requisitos de admisibilidad de la vía intentada (arts. 1, 2, 6, 13 y concs., ley 13.928; 43, Const. nac. y 20, Const. prov.).
En prieta síntesis, descartó la existencia de una acción u omisión manifiestamente ilegal o arbitraria por parte del Colegio de Escribanos. Por un lado, al ser dicha entidad una persona de derecho público no estatal que no forma parte del sistema nacional de salud regulado por las leyes 23.660, 23.661 y 24.901, en tanto que dicho ente no es una obra social ni una empresa de medicina prepaga.
Y por el otro, tras señalar la especial protección del derecho a la salud y advertir la particular atención que merecen las personas con discapacidad, refirió que los derechos, principios y garantías reconocidos por la Constitución no son absolutos, sino que deben ser ejercidos con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio.
Sobre esa base concluyó que la señora A. S. se adhirió al régimen de salud y subsidios establecido por la ley provincial 6.983, y por esa normativa se determina el alcance de las prestaciones que requiere, percibiendo entre ellas el "subsidio por pensión por geriatría" conforme allí se encuentra regulado.
III. En lo que a esta instancia extraordinaria interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocó el fallo impugnado y, en consecuencia, ordenó a la demandada a suministrar a favor de la señora A. S. la cobertura integral de la internación en la residencia "Ledor Vador" de Capital Federal con más las prestaciones de asistencia médica y de rehabilitación, conforme lo peticionado en el objeto de la demanda (v. sent. de 5-XII-2024).
Para así decidir, el voto que concitó la mayoría señaló que la decisión adoptada por el tribunal no resultaba acorde con las circunstancias de la causa, la normativa constitucional y convencional que rigen la cuestión en debate y la ponderación del derecho a la salud.
Advirtió, asimismo, que lo sentenciado no se ajustaba al criterio adoptado —por mayoría— en causas análogas sustanciadas ante ese tribunal, en atención a la naturaleza jurídica de la demandada y al régimen jurídico que regula el sistema asistencial.
Luego de afirmar que no resultaba aplicable a la entidad demandada la norma regulatoria del sistema general de las obras sociales (ley 23.660) por tratarse de un ente asistencial público no estatal, consideró que la adhesión voluntaria y el financiamiento a través del pago de cuotas periódicas de los beneficiarios la asimila —sin ser de aplicación directa— al régimen estatuido para la medicina prepaga.
Sostuvo que la ley 6.983 y el Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios que rige el ámbito de actuación del Colegio de Escribanos, no puede mantenerse ajeno al universo de principios constitucionales y supraconstitucionales inherentes a la protección de la salud humana.
Refirió a los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el poder reglamentario de las prestadoras privadas y señaló que el legislador provincial confirió una delegación expresa a favor de un ente público no estatal para regular lo concerniente a las prestaciones previsionales y asistenciales de los profesionales adherentes al sistema, no pudiendo restringir sin fundamentos razonables los beneficios acordados, toda vez que la garantía de la "atención integral y oportuna" debe ser interpretada de modo que el resultado promueva el goce efectivo de los derechos por parte de los ciudadanos.
Destacó que no resultaba controvertida la delicada situación de salud de la señora S., de ochenta y cinco años de edad, quien padece síndrome demencial, con deterioro cognitivo funcional y conductual (ideación paranoide, desorientación) con alto grado de dependencia y requiere necesariamente recibir determinadas prestaciones de salud de modo continuo, con riesgo de vida ante su discontinuidad o su prestación ineficiente.
Resaltó especialmente la condición de discapacitada de la madre del amparista conforme el certificado adjuntado, en el que se consigna que presenta problemas relacionados con anormalidades en la marcha y la movilidad y demencia no especificada, necesitando una supervisión continua.
También reseñó que no se encontraba discutida la recomendación de internación de tercer nivel, con atención médica psiquiátrica, de enfermería y rehabilitación kinesiológica y neuro cognitiva y que actualmente se encuentra internada en la residencia geriátrica "Ledor Vador" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sostuvo que debía otorgarse la cobertura integral requerida con motivo de las condiciones antes mencionadas, así como la necesidad de no interrumpir su internación en el hogar en el que actualmente se encuentra residiendo, el que si bien no tiene convenio con la demandada, su continuidad es necesaria en atención al severo riesgo para la salud de la paciente, ello con base en la especial protección de las personas que padecen discapacidad otorgado en los arts. 75 inc. 23 de la Constitución nacional y 36 inc. 5 de su par provincial, como así también en las convenciones internacionales enmarcadas dentro del art. 75 inc. 22 de la citada carta nacional que resguardan el derecho a la salud.
Concluyó que dadas las circunstancias del caso y en atención a un análisis completo de las probanzas agregadas en autos, correspondía reconocer la cobertura integral de las prestaciones peticionadas, conforme las indicaciones de su médica tratante ello sin perjuicio de solicitar la entidad demandada información médica actualizada y auditar, de estimarlo conveniente, las prestaciones cuya cobertura se encuentre a su cargo.
IV. Contra el mentado pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-XII-2024, en el sistema Augusta).
Denuncia que el fallo atacado viola los arts. 14, 17, 19, 28, 43, 121 y 125 de la Constitución nacional; 20 inc. 2, 25, 31 y 40 de su par provincial; 1 de la ley 13.928 y 26, 57 y 58 de la ley 6.983 y su Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios. Asimismo, denuncia que vulnera la doctrina de esta Corte emanada de diversas causas que cita.
Alega absurdo y –finalmente- que lo resuelto por el Tribunal de Alzada se contradice con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa análoga.
En primer lugar, aduce que el pronunciamiento impugnado vulnera el principio de legalidad contemplado en el art. 19 de la Constitución nacional y 25 de su par provincial, en virtud de que dogmáticamente se apoyó en normas convencionales que protegen el derecho a la salud de una persona discapacitada y de avanzada edad, apartándose de lo previsto en la ley 6.983 que regula el sistema de salud de la Caja de Escribanos y del Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios aplicables al caso.
Como consecuencia de ello alega que la condena le impone al ente asistencial una obligación no prevista en el marco legal específico que rige el asunto en debate.
Explica que la ley 6.983 no reconoce la cobertura del costo de residencia geriátrica, sino que mediante resoluciones del Consejo Directivo se estableció un subsidio de pago mensual y de monto fijo por dicha prestación, conforme lo dispuesto por los arts. 26 y 57 de la ley citada, cuyos preceptos destaca no han sido declarados inconstitucionales.
Además, manifiesta que los servicios médicos y/o de rehabilitación que recibe la señora Shapiro poseen cobertura por el sistema de atención de salud, ya sea por vía de convenio o reintegro (cfr. arts. 17, 19, 21, 22 y concs. del Reglamento mencionado).
En ese contexto descalifica el fallo de la Cámara en cuanto resolviera que "no merecen recibo" los argumentos de la Caja vinculados a que lo requerido excede las funciones de dicho ente, así como su naturaleza y las normas que la rigen.
Refiere que la demandada es un ente público no estatal que pertenece a la jurisdicción provincial, creado y regido por la ley 6.983, que no percibe subsidio estatal alguno, que está excluida de recibir las compensaciones del Fondo Solidario de Redistribución y que no es una obra social que se encuentra comprendida en la ley 23.360, como tampoco un agente de seguridad de salud nacional bajo la órbita de la ley 23.661 y, menos aún una empresa de medicina prepaga regulada por la ley 26.682, por lo que esgrime que la citada normativa nacional resulta inaplicable al caso.
En tal marco, entiende que la Cámara confunde la naturaleza de la Caja profesional provincial asimilándola a una empresa de medicina prepaga. Destaca que dicha entidad no se encuentra constreñida por ninguna norma a otorgar la cobertura integral para la prestación "residencia geriátrica", sino que de acuerdo a su régimen específico se prevé la conformación de un fondo especial constituido íntegramente con los aportes y contribuciones de sus afiliados, con el objeto de sufragar los subsidios cuyas causas, montos y condiciones serán establecidas por el Consejo Directivo de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 57 y 58 de la ley 6.983.
Por otro lado, alega que es irrazonable que la Cámara funde su decisión en los arts. 75 inc. 23 de la Constitución nacional y 36 inc. 5 de su par provincial, aludiendo genéricamente a la protección integral que reconocen los tratados de derechos humanos a las personas con discapacidad y al adulto mayor.
En ese orden sostiene que la decisión de la Cámara contraría los arts. 14 y 28 de la Constitución nacional y recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que los derechos no son absolutos, sino que deben ser ejercidos con arreglo a las leyes que reglamenten su ejercicio, con la única condición de no ser alterados en su substancia.
También refiere que dicho Tribunal Superior calificó de dogmática una sentencia que había ordenado a la entidad demandada Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno —CENIC— a proveer la cobertura integral de ciertas prestaciones sin tener en cuenta las circunstancias singulares de la relación contractual que vinculaba a la Caja con la actora mediante un "plan cerrado" de afiliación, fundándose en un conjunto de normas superiores de fuente local e internacional desvinculadas de la concreta situación fáctica suscitada en las actuaciones y de las disposiciones normativas que directamente regulaban el punto (CSJN Fallos: 339:290).
A su vez, sostiene que el fallo interfiere en la esfera de decisión de la Caja de Escribanos, en detrimento de su derecho de propiedad resguardado por los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de su par provincial, al obligarla a pagar a su exclusivo y único cargo una prestación de tipo social no contemplada normativamente, afectando el Fondo Común creado por el art. 58 de la ley 6.983, en perjuicio del sistema previsional y del resto de sus afiliados.
Aduna a lo dicho que el decisorio de la Cámara vulnera los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 1 de la ley 13.928, al no individualizar el Tribunal de Alzada el comportamiento manifiestamente arbitrario o ilegal y la norma jurídica infringida que consagre la obligación de la Caja de cubrir el costo de la residencia geriátrica que habilite la procedencia de la vía excepcional intentada, ello más allá de la referencia a las convenciones internacionales que protegen el derecho a la salud de la amparista.
Expresa en este mismo orden que lo sentenciado se opone a la doctrina de esta Corte sentada en las causas B. 58.002, "Rodríguez", sentencia de 6-X-1998 y B. 64.153, "Frangul", sentencia de 17-VII-2003, en torno a la procedencia de la acción de amparo.
Finalmente pone de manifiesto que no se encuentra en riesgo el derecho a la salud de la señora Shapiro toda vez que la Caja otorgó cobertura a la totalidad de las prestaciones médicas y de rehabilitación que le han sido requeridas y abona los montos en concepto jubilatorio y el subsidio por geriatría.
Por último esgrime que el fallo impugnado contradice lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso sustancialmente análogo, "García María Elena c/ Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo por salud", sentencia de 25-X-2022, en cuanto declaró arbitraria la sentencia de la Cámara que no había abordado las relevantes alegaciones de la Caja apelante, fundadas en las disposiciones de la ley provincial 6.983 que regula su actuación y determina el alcance de las prestaciones que le reconoce a sus afiliados.
V. El recurso extraordinario bajo análisis prospera.
V.1. Conforme surge del relato de antecedentes efectuado, no se encuentra discutido que la señora A. S. es discapacitada, de ochenta y seis años de edad, y entre sus afecciones padece síndrome demencial con deterioro cognitivo funcional y conductual, requiriendo asistencia para su vida diaria, con necesidad de recibir rehabilitación kinesiológica y neurocognitiva, y sugiriendo su médico tratante internación de tercer nivel, que en la actualidad es brindada por la residencia geriátrica "Ledor Vador".
Tampoco es materia de debate que la amparista percibe una jubilación de la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y, a la vez, es adherente voluntaria al sistema de salud de dicho ente profesional.
V.2. En cuanto al objeto de la contienda, la quejosa inicia su embate descalificando lo decidido por la Cámara en cuanto condenó a la Caja mencionada a otorgar la cobertura integral de los gastos derivados de la internación en la residencia geriátrica "Ledor Vador", prescindiendo de lo estatuido por la ley 6.983 que regla la actuación de ese organismo y el sistema de salud regulado por el Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios, la Guía de Prestaciones y las resoluciones del Consejo Directivo de dicho ente.
En ese orden, considera que el Tribunal de Alzada para sustentar la solución adoptada acudió, erróneamente y de manera genérica, a principios de base constitucional y convencional que protegen el derecho a la salud y, asimiló la tipificación jurídica de la demandada al régimen de la medicina prepaga.
De otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, también aduce que el Tribunal ha incurrido en un razonamiento absurdo.
V.3. Inicialmente cabe recordar que la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires es una persona jurídica de derecho público no estatal correspondiente a la jurisdicción provincial (cfr. art. 1, ley 6.983) que cuenta con un sistema de salud regulado por el Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios, la Guía de Prestaciones y las resoluciones del Consejo Directivo de dicho ente.
El art. 1 del Reglamento de Prestaciones Asistenciales y Subsidios ya mencionado —norma que no ha sido cuestionada en ninguna instancia por la amparista—, establece que "La Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en el art. 57 de la ley 6.983, reformada por las leyes 12.172/98; 12.940/02; 13.918/08 y 13.997/09, acordará prestaciones asistenciales y subsidios a las personas enunciadas en este reglamento en las condiciones seguidamente establecidas".
En lo tocante a los beneficiarios principales, el art. 2 del mentado Reglamento distingue entre los de carácter obligatorio (notarios titulares y adscriptos de registros) y los adherentes, entre los que se encuentran los notarios jubilados y pensionados de la "Caja", tal como es el caso de la señora S.
Por su parte, el titulo III, establece las diversas prestaciones que cubrirá el sistema —ya sea a través de convenios o por vía de reintegro—, entre las cuales se detallan los tratamientos de rehabilitación (kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional); internaciones clínicas y quirúrgicas, psiquiátricas y de rehabilitación; salud mental; entre otras (arts. 17 y 19). A su vez, el segundo párrafo de la norma última mencionada establece que para los reintegros, los beneficiarios pueden elegir libremente, dentro de todo el territorio del país, los médicos, odontólogos, farmacéuticos, obstetras y demás profesionales de la salud, como así también los establecimientos de internación. Aclarando que este sistema se utilizará para dar cobertura a aquellas prestaciones e insumos no previstos por el mecanismo de convenio o cuando estando previstos, el beneficiario elija a un prestador no contratado.
Ahora bien, por su parte la Guía de Prestaciones que rige todo el sistema de salud de la Caja reitera el hecho de que los afiliados tienen la posibilidad de elegir libremente el centro de salud o profesional con el que prefieran atenderse, aunque estos no tengan convenio prestacional con la Caja; aclarando que los reintegros de gastos se harán hasta los valores tope que para cada práctica se establezca y para lo cual deberán cumplir con los requisitos y procedimientos allí prescriptos.
En especial para acceder a la "prestación geriátrico" deben cumplirse determinados requisitos: presentar la historia clínica que justifique la necesidad, la autorización de Asesoría Médica junto con la factura de pago emitida por el geriátrico; aclarando en el último ítem que el valor tope de reintegro será establecido por el Consejo Directivo (puntos 2 y 2.11.3 de la Guía de Prestaciones).
El Consejo Directivo, a través del Comité Ejecutivo, actualiza periódicamente los valores topes para el reintegro de gastos en salud de las distintas prestaciones reconocidas por el sistema, entre ellas "enfermería, geriatría y cuidados domiciliarios", los cuales pueden ser consultados en el sitio institucional de la Caja (art 2.15 de la Guía de
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