Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127031
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un amparo sindical iniciado por la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, dispuso la suspensión de las intimaciones tributarias emitidas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) con sustento en la ley 14.983, sobre los bienes que individualizó y cuya titularidad corresponde al sindicato actor. Asimismo, ordenó mantener la exención del impuesto inmobiliario y automotor, especificó, hasta tanto se dicte sentencia definitiva (v. copia del pronunciamiento de fecha 9-VI-2020).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. copia del escrito electrónico del 19-II-2021) cuya denegatoria, fundada en la carencia de la nota de definitividad del decreto cautelar (v. copia del pronunciamiento del 2-III-2021), dio lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico del 15-III-2021).
En sustancia, con cita expresa de la doctrina legal que individualiza, alega que lo resuelto en la instancia de grado, en cuanto se ordena a la Administración Provincial que se abstenga de cobrarle a la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires los impuestos provinciales de los que presuntamente estaba eximida con anterioridad a la sanción de la ley 14.983, durante la tramitación del presente proceso, agota de modo anticipado la jurisdicción.
Desde otro costado, sostiene que la ley 14.983 (art. 101), refiere a una atribución -no delegada a Nación- por tanto, privativa del Estado Provincial a recaudar tributos, en este caso grabando los bienes registrables (inmobiliario y automotor) de las asociaciones sindicales, para la consecución del bien común, por lo que -aclara- en el sub lite , no se cumple con los presupuestos legales del andamiaje de las medidas tutelares de "interés legítimo" ni "peligro en la demora".
En ese contexto, entiende que el dictado de la tutela frustra la aplicación de disposiciones legales, con grave afectación de su derecho de defensa en juicio. Solicita se habilite la instancia extraordinaria local, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
III. La queja prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que, si bien resulta doctrina reiterada que, como principio general, las decisiones relativas a medidas cautelares no revisten carácter definitivo en los términos del citado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, tal como lo refiere el tribunal de grado al denegar el recurso extraordinario articulado (causas Ac. 100.123, "C., J.M.", resol. de 22-X-2008; L. 116.920, "González Cabrera", resol. de 22-VIII-2012 y L. 119.532, "Cardozo", resol. de 22-XII-2015, e.o.), tal regla -como en otras oportunidades se ha resuelto-, debe ceder en la especie.
III.2. En el caso, el agravio desarrollado por el Fisco en cuanto sostiene que la decisión del tribunal de trabajo que, al hacer lugar a la medida innovativa peticionada por el sindicato actor -consistente en la suspensión de las intimaciones tributarias emitidas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)- ordenó mantener la exención del impuesto inmobiliario y automotor, se exhibe, prima facie , de dificultosa reparación ulterior en el contexto de las particularidades del caso, en tanto podría llegar a frustrar la aplicación de disposiciones legales, o de otra naturaleza, dictadas en el marco de las prescripciones de la ley 14.983, cuya validez o invalidez constitucional no ha sido motivo de pronunciamiento aún en el sub lite . Siendo así, el pronunciamiento recaído en autos, resulta, en el presente caso, equiparable a definitivo.
Recuérdese, que también es doctrina tanto de este Tribunal como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la inapelabilidad por vía extraordinaria de medidas como la examinada cede cuando lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la comunidad en razón de su aptitud para perturbar la percepción de la renta pública (causas Ac.90.299, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 31-III-2004 y Ac. 91.542, "Fiscalía de Estado", resol. de 3-VIII-2005; CSJN Fallos: 312:1010; 313:1420; 321:695, e.o.).
Obsérvese, que aquel Tribunal Federal ha sostenido que el régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez (Fallos: 313:1420; 316:766).
En virtud de lo expuesto, corresponde admitir la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653 y Resol. 24/20) y, encontrándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad, más allá de lo que con posterioridad se resuelva sobre la procedencia de los agravios fundantes del remedio incoado, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y pasen los autos a despacho.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/07/2021 19:45:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2021 09:35:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2021 15:56:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/07/2021 16:34:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2021 17:11:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia