Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134451
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por Givaudan Argentina S.A. (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
2Intimar a la recurrente para que, en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de tres millones quinientos veintiún mil doscientos pesos ($3.521.200), por constituir este último el importe mínimo (100 jus) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el medio revisor aquí concedido (art.280 párrafo cuarto, cit.). En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación a la interesada. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/93, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción por amparo sindical incoada por Elio Andrés Videla contra Givaudan Argentina S.A., hizo lugar a la medida cautelar peticionada en el escrito liminar y, en consecuencia, intimó a la demandada para que -en el plazo que indicó- reinstale al actor a su puesto de trabajo en las mismas condiciones en que se encontraba al momento del despido, bajo apercibimiento de aplicar la suma que individualizó en concepto de astreintes por cada día de demora en caso de incumplimiento injustificado. Asimismo, ordenó se le abonen los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la fecha en que se dé cumplimiento con la medida decretada (v. pronunciamiento de 2-X-2024).
Para así resolver, valorando la documental adunada a la causa -en esencia, el comunicado dirigido a la empresa el día 28 de septiembre de 2021 y su posterior notificación mediante carta documento-, juzgó acreditado que la demandada fue debidamente notificada de la designación de candidato y posterior elección del legitimado activo como delegado general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 15-XI-2024) cuya denegatoria fundada en la ausencia de la nota de definitividad requerida a fin de habilitar la instancia de casación (v. resol. de 10-II-2025), motivó la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. escrito electrónico de 17-II-2025).
En la vía de hecho deducida de modo directo ante esta sede, la impugnante sostiene que la decisión puesta en crisis resulta equiparable a definitiva, en la medida que -afirma- configura un adelanto de jurisdicción favorable respecto de la cuestión de fondo, ya que considera que en la sentencia de grado se juzgó sobre el derecho sustancial debatido y en términos que suponen una definición que excede la "verosimilitud" propia de lo cautelar, con base únicamente en las pruebas ofrecidas por el accionante, sin sustanciar el proceso y sin permitir la producción de prueba a su parte, lo que le impide ejercer su plena y efectiva defensa. Con apoyo en la doctrina legal que denuncia, alega que dejar firme lo resuelto y puesto en tela de juicio, le genera un agravio de imposible reparación ulterior. Invoca cuestión federal bastante a los fines de habilitar la instancia de casación local.
III. La queja prospera.
III.1. Debe señalarse que, si bien -en principio- es doctrina reiterada de esta Suprema Corte que las decisiones relativas a las medidas cautelares no revisten carácter de definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. causas L. 113.444 "Santucho", res. de 10-III-2011; L. 98.352 "Duarte" y L. 98.363 "Muñoz", ambas sents. de 30-XI-2011; L. 116.920 "González Cabrera", res. de 22-VIII-2012; L. 119.532 "Cardozo", res. de 22-XII-2015; L. 119.807 "Bernardi", res. de 22-VI-2016), también ha sostenido que, si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior, debe equiparársela a tal (cfr. causas L. 119.005 "Malizia" y L. 119.071 "Guerrero", resols. de 7-X-2015, L. 127.416, "Seillant", resol. de 17-XI-2021 y L. 128.636, "Bottero", resol. de 7-VI-2022; e.o.).
En el caso, conforme lo arriba reseñado, la impugnante esgrimió, en prieta síntesis, que el tribunal de grado otorgó la cautela peticionada agotando en forma anticipada el objeto de la cuestión, sin mayor debate y prueba que el del proceso cautelar.
Así, la decisión atacada debe considerarse equiparable a definitiva, toda vez que los agravios desplegados por la demandada aportan argumentos aptos a los fines de evidenciar, prima facie y sin que ello implique emitir juicio sobre la solución que en definitiva corresponda dar en la etapa procesal oportuna, que la decisión puesta en tela de juicio es susceptible de generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación posterior (causa L. 127.416, cit.; L. 130.660, "Gutierrez", resol. de 6-IX-2023; Fallos: 343:341).
III.2. En atención a lo dicho, carece de virtualidad el análisis de los restantes agravios traídos en la queja que se provee.
IV.1. Sentado ello, corresponde ingresar a analizar los restantes recaudos de admisibilidad del canal revisor intentado. En tal sentido, se impone destacar que esta Suprema Corte ya se ha expedido observando que, en casos como el presente, en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art.63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018 y L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018).
IV.2. En este contexto, correspondería intimarla a satisfacer el depósito previo establecido en la norma mencionada por el mínimo legal (art. 280 cit.), considerando el valor del agravio en este estadio del proceso, de conformidad con los argumentos desplegados y la cuestión que se debate en la causa, como de monto indeterminado a los fines de los arts. 278 y 280 del Código Procesal citado.
Así, de acuerdo al valor de dicha unidad, vigente al momento de interposición de la vía recursiva, el depósito mínimo a satisfacer en el sub lite es de tres millones quinientos veintiún mil doscientos pesos ($3.521.200), por lo cual se impone, en principio, intimar a su cumplimiento (art. 280, cuarto párrafo, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por Givaudan Argentina S.A. (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
2. Intimar a la recurrente para que, en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de tres millones quinientos veintiún mil doscientos pesos ($3.521.200), por constituir este último el importe mínimo (100 jus) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el medio revisor aquí concedido (art.280 párrafo cuarto, cit.). En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación a la interesada. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/93, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art.1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y ofíciese al Tribunal de origen a los fines dispuestos en el párrafo anterior.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2025 14:03:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2025 12:39:05 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 24/10/2025 11:28:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2025 10:17:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2025 11:59:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/10/2025 14:14:16 hs. bajo el número RR-1494-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia