Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134451
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción por amparo sindical incoada por Elio Andrés Videla contra Givaudan Argentina S.A., hizo lugar a la medida cautelar innovativa peticionada en el escrito liminar y, en consecuencia, intimó a la demandada a reinstalar al trabajador -en el plazo allí establecido- en su puesto de trabajo en las mismas condiciones en que se encontraba al momento del distracto, bajo apercibimiento de aplicar la suma que individualizó en concepto de astreintes por cada día de demora en caso de incumplimiento injustificado. Asimismo, ordenó abonarle las remuneraciones devengados desde la fecha del despido hasta que la de efectivo cumplimiento con la medida decretada (v. pronunciamiento de 2-X-2024).
Para así resolver, valorando la documental adunada a la causa -en esencia, el comunicado dirigido a la empresa el día 28 de octubre de 2021 y su posterior notificación mediante carta documento, en fecha 12 de noviembre de 2021-, juzgó acreditado que la demandada fue debidamente notificada de la postulación de candidato y posterior elección del legitimado activo como delegado general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes revistiendo dicho cargo en la mencionada organización sindical desde el 11 de noviembre de 2021 (en el marco del régimen de la ley 23.551). Señaló que, en ese contexto, la empresa accionada despidió de forma directa al accionante (el día 23-V-2023) sin haber transitado previamente el procedimiento de exclusión de tutela contemplado en los arts. 48 y 52 del mentado cuerpo legal.
En ese marco, concluyó configurados -por un lado- la verosimilitud del derecho invocada por el accionante -a la luz de lo normado en el art. 52 de la referida ley-, estimando la ponderación efectuada prima facie suficiente para la procedencia de la tutela precautoria; y -por el otro- el peligro en la demora, dada la trascendencia que conllevaría privar -siquiera provisoriamente- de representación al colectivo de trabajadores hasta tanto recaiga la sentencia definitiva, a lo que adicionó el impacto derivado de la suspensión en el pago de las remuneraciones del trabajador.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 15-XI-2024) el que, denegado en la instancia de origen (v. resol. de 10-II-2025), fue concedido por esta Suprema Corte al conceder la queja interpuesta (v. escrito electrónico del 17-II-2025 y pronunciamiento del 27-X-2025). En su presentación denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10, 11, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Cuestiona la decisión de grado en cuanto hizo lugar a la medida cautelar innovativa, sosteniendo que el tribunal incurrió en un flagrante exceso cognoscitivo al dictar inaudita parte una tutela que resuelve -a su juicio- de forma anticipada la cuestión sustancial de fondo sin el adecuado marco de debate y prueba.
En tal sentido, arguye la falta de configuración de los presupuestos precautorios e impugna la verosimilitud del derecho ponderada por el juzgador, señalando que el personal del establecimiento se encuentra legítimamente representado por el Sindicato de Trabajadores Perfumistas y que la pretendida elección -dice, de manera ilegal y por vías de hecho- del actor por el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Buenos Aires y Zonas Adyacentes deviene nula por subyacer un conflicto de encuadramiento y representación colectiva aún no resuelto ante el Ministerio de Trabajo de la Nación (Expte. EX-2021-108416833-APN-DGD#MT; art. 59, ley 23.551), cuya existencia -afirma- surgía del intercambio epistolar y las actas administrativas indebidamente omitidas en el fallo.
Finalmente, la fecha del distracto y la de inicio de demanda, denuncia la inexistencia de peligro en la demora y destaca que lo resuelto importa un prematuro prejuzgamiento sobre la invalidez del despido (arts. 48 y 52, ley 23.551), vulnerando asimismo el principio de congruencia al intimarse el pago cautelar de salarios caídos sin petición de parte.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, preciso es señalar que, en oportunidad de resolver la queja promovida con motivo de la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, esta Corte equiparó a definitivo el fallo sobre la cautelar admitida en los presentes autos, excepcionando la regla general que rige en la materia (v. pronunciamiento de fecha 27-II-2025).
III.2. Sabido es que el otorgamiento de medidas precautorias no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan solo de su verosimilitud, pues requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético. Asimismo, la procedencia de este tipo de tutela urgente y provisoria demanda la concurrencia de una situación de peligro en la demora, que importa la existencia de un riesgo que podría derivar en la frustración del derecho cuya tutela anticipada se procura (causas L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017; L. 122.189, "Sindicato Unificado de Trabajadores Educación Provincia Buenos Aires", sent. de 23-III-2021 y L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023).
III.3. Bajo los lineamientos expuestos, cabe principiar por señalar que la crítica vinculada con la conclusión del tribunal de trabajo con arreglo a la cual consideró configurada la verosimilitud del derecho, luce insuficiente.
Lejos de controvertir frontal e idóneamente las conclusiones a las que arribó el juzgador de grado a partir de la valoración de los distintos elementos de juicio y constancias de la causa que individualizó, el impugnante se circunscribe a exteriorizar un juicio paralelo sobre la base de una disímil ponderación de ciertos hechos y de algunas de las pruebas ponderadas en el fallo. Con esta técnica no demuestra la configuración del vicio del absurdo en el razonamiento que condujo al tribunal a tener por verificado -prima facie- el recaudo en debate, asentado -esencialmente- en lo dispuesto por el art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, en la debida comunicación dirigida a la empleadora anoticiando la postulación y posterior elección del trabajador como delegado general de la referida entidad gremial, y en el despido dispuesto a este último pese al efectivo conocimiento del cargo que ocupaba.
De este modo, el cuestionamiento de la interesada transita por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; L. 125.479, "Blanco", resol. del 9-XII-2020 y L. 127.216, "Parra", resol. de 22-XII-2022).
III.4. Tampoco resulta idóneo el embate direccionado a cuestionar el tramo de la decisión de grado que tuvo por verificado el peligro en la demora.
Frente a las conclusiones arribadas en el fallo, y sin entrar a analizar el grado de acierto -o no- de los fundamentos esgrimidos por el juzgador, cabe apuntar que aquí el recurrente se centra en indicar -en lo esencial- el plazo en el que -dice- "recién" inició la acción la actora, en relación a la fecha del despido; empero -en su discurrir- omite rebatir los puntuales argumentos expuestos por el a quo .
Cobra entonces virtualidad la doctrina de este Tribunal que establece que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; L. 123.921, "Cimalando", sent. de 15-II-2022; L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
III.5. No modifica la suerte adversa del recurso la crítica fundada en un supuesto adelanto de jurisdicción y prejuzgamiento a partir de la tesitura que considera que existe una coincidencia entre el objeto del decreto cautelar y el de la demanda impetrada.
Ello así, toda vez que tal cuestionamiento remite -necesariamente- a la interpretación de los constitutivos del proceso, tarea que -como es sabido- constituye, una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, siendo su decisión revisable en sede extraordinaria solo en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021; L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023; e.o.), carga esta última que no ha sido cumplida por el interesado en esta parte de su impugnación.
III.7. Con todo, las centrales definiciones del fallo atacado no han logrado ser conmovidas por el interesado, por lo que la decisión ha de subsistir sin modificaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/10/2026 20:12:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2026 12:09:59 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 03/11/2026 10:32:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2026 12:11:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2026 13:48:53 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/11/2026 14:37:53 hs. bajo el número RR-2468-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia