Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122394
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
LUCONI NANCY CRISTINA C/ MUNICIPALIDAD DE PINAMAR S/ AMPARO SINDICAL.
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial Dolores, con asiento en dicha ciudad, rechazó en todas sus partes la demanda articulada por Nancy Cristiana Luconi contra la Municipalidad de Pinamar en la que perseguía la nulidad del despido fundado en la ley 23.592, el reclamo de salarios caídos y la reparación de los daños patrimoniales por discriminación y persecución.
Para así decidir, si bien tuvo por demostrado que la actora integraba la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar, consideró que la empleadora nunca tomó conocimiento de su carácter de representante sindical, toda vez que no le fue comunicada su designación en forma fehaciente mediante las formalidades previstas por los arts. 49 y 50 de la ley 23.551 y 29 del decreto 467/88, ni tampoco por ningún otro medio. Por lo tanto, juzgó que la accionante al tiempo de su despido no contaba con la garantía de estabilidad gremial establecida por los arts. 48 y 50 de la citada Ley de Asociaciones Sindicales. Luego, y bajo tales circunstancias, juzgó que no se le podía imputar a la comuna demandada discriminación alguna motivada en razones gremiales, ni de ningún otro tipo, como tampoco maniobras persecutorias respecto de la trabajadora.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 366/369 vta.), concedido por el tribunal de grado a fs. 370 y vta.
En su impugnación denuncia absurdo en la interpretación de la prueba informativa en cuanto tuvo por no acreditada la comunicación a la demandada de su toma de posesión de cargo en el sindicato la que, argumenta, puede ser por cualquier forma escrita.
III. El recurso intentado ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Corresponde señalar -inicialmente- que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y sus conclusiones no son revisables por la Suprema Corte, salvo absurdo, que debe ser cabal y suficientemente demostrado por la parte recurrente (causas L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014 y L. 116.868, "García", sent. de 27-V-2015).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014 y L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014).
III.2. Si bien la interesada denuncia la existencia de aquel vicio invalidante, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo toda vez que la insuficiencia que padece el remedio examinado es notoria.
III.3. En el caso, -como se adelantó- no se logró acreditar en autos, que al tiempo del despido, la empleadora hubiera estado anoticiada del carácter de representante sindical de la trabajadora. Además, la prueba de informes -de la que intenta valerse la recurrente- emitida por el Sindicato de Trabajadores Municipales (v. fs. 302/308) nada menciona respecto de tal notificación a la accionada, y sólo acompaña una copia de una supuesta acta que habría sido llevada a cabo en presencia del señor intendente Pedro Elizalde y de la actora. Más tal documentación -a criterio del juzgador-, no acredita la efectiva realización de la reunión allí detallada, ni que ambas personas se encontrasen presentes, pues sólo se trata de una simple fotocopia, con firmes ilegibles. A todo evento, -señaló el a quo - de haber tenido lugar aquella reunión con la asistencia de la actora, ello por sí sólo no acredita que el intendente se anoticiara de que Luconi era integrante de la Comisión Directiva del Sindicato, pues tal circunstancia no surge del texto de aquella acta, y ni siquiera se infiere de esa documentación, máxime cuando en la audiencia de vista de la causa el señor Elizalde negó tener conocimiento de ello y las declaraciones testimoniales nada aportaron para determinar tal circunstancia.
La conclusión que exhibe el pronunciamiento de grado debe permanecer firme, al no mediar en el escrito recursivo una réplica idónea capaz de desvirtuarlo.
En efecto, la recurrente se desentiende de efectuar una crítica técnicamente útil de las motivaciones que desarrolló el tribunal de trabajo, y subjetivamente intenta descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, sistema que resulta insuficiente para conmover la decisión impugnada.
Así pues, todas las disquisiciones que formula la recurrente, en derredor de la prueba de informes acompañada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar, se fundan en circunstancias fácticas contrarias a las que se admitió en el fallo y se basan en opiniones o interpretaciones personales discrepantes con las conclusiones del tribunal de origen, resultando insuficientes como tal para la apertura de la instancia de casación e inidóneas a los fines del recurso deducido.
Olvida la compareciente que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa, es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012).
En suma, la interesada en su escrito impugnatorio tan sólo se dedica a confrontar el fallo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento (art. 279, CPCC; L. 95.560, "Peralta", sent. de 26-XI-2008; L. 91.290, "de Lorenzo", sent. de 28-IX-2011 y L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014; e.o.); razón por la cual, la suerte del remedio procesal deducido queda sellada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia