Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121953
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.953, "Federación de Educadores Bonaerenses y otros contra Dirección General de Cultura y Educación y otro/a. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Genoud , Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción interpuesta, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 388/393 vta.).
Se dedujeron, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 407/413) y por la parte actora (v. fs. 415/425), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, que fueron concedidos por el citado tribunal a fs. 414 y 427, respectivamente.
Radicados los autos en esta sede extraordinaria, se dispuso suspender el llamamiento de autos de fs. 447 para resolver ambos recursos y requerir al Ministerio de Trabajo provincial, en virtud de la apertura de las negociaciones paritarias para discutir la pauta salarial 2019, que comunique pormenorizadamente -bajo apercibimiento de resolver la causa con los elementos obrantes en la misma- si en la agenda de discusión de ese año hubieron de incluirse los aspectos vinculados al reajuste salarial de los empleados docentes de la provincia (motivo del presente juicio) y, en su caso, en qué medida y bajo qué modalidades, con adjunción de copias certificadas de las actas labradas (v. fs. 455 y vta.).
Cumplida dicha intimación por la autoridad de aplicación requerida (v. fs. 463 y vta.), se confirió traslado a las partes, en cuya contestación la Fiscalía de Estado manifestó que la cuestión en debate había devenido abstracta (v. escrito electrónico de fecha 5 de junio de 2019), no siendo contestado aquel por la parte actora.
Seguidamente, mediante resolución de fs. 473/474 vta., este Tribunal declaró carente de virtualidad el tratamiento del recurso interpuesto por el Fisco provincial, desestimándose la revocatoria intentada por las accionantes (v. fs. 481/482 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 415/425?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que aquí interesa, el tribunal de grado rechazó la querella por práctica desleal y el pedido de la sanción prevista en el art. 55 de la ley 23.551 peticionado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) contra la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, desestimó la solicitud de que a la citada demandada se le ordenase negociar de buena fe en los términos del art. 4 inc. "c" de la ley 23.546, así como la imposición de sanciones progresivas para obligarla a tal fin y la condena por temeridad y malicia (v. fs. 388/393 vta.).
En lo que resulta relevante, tras analizar los escritos constitutivos del proceso y la documentación acompañada, el a quo juzgó no acreditada la negativa de la demandada a negociar o a brindar la información necesaria a esos fines.
En este sentido, señaló no probado que esta última hubiera obstruido la negociación colectiva salarial para el año 2018, meritando -especialmente- que los gremios demandantes y la Provincia de Buenos Aires habían concretado reuniones de la mesa técnica salarial los días 30 de noviembre de 2017 y 9 de marzo de 2018 y de negociación paritaria salarial los días 15, 22 y 28 de febrero de 2018 y 9 de marzo de 2018.
Adunó que no se hallaba controvertido que la demandada ofreció inicialmente un aumento escalonado del 5% cuatrimestral a partir de enero, hasta llegar a un acumulado del 15% en septiembre; que en la siguiente reunión paritaria reiteró el ofrecimiento y agregó un adicional no remunerativo por presentismo, detallando cuáles y cuántas ausencias incidirían en la pérdida parcial y/o total del adicional y, finalmente, que en la última oferta reiteró la anterior con más el compromiso de una revisión en octubre de 2018, para efectivizar una eventual compensación en diciembre del mismo año (v. vered., fs. 388 y vta.).
Desde otra perspectiva, en relación a la información que la parte actora denunció que se le había negado, tras resaltar que la misma debió haber sido proveída en las reuniones de mesas técnicas salariales y de condiciones de trabajo producidas, señaló que parte de ella se había incorporado a la causa, aunque remarcó que no cubría en forma absoluta la requisitoria.
Agregó, asimismo, que la documentación referida a las licencias del año 2017, no se vinculaba con lo sustancial de la negociación de la pauta salarial del año 2018 (v. vered., fs. 388 vta.).
Con sustento en tales premisas desestimó la querella por práctica desleal y el pedido de la sanción prevista en el art. 55 de la ley 23.551, la solicitud de que al Fisco provincial se le ordene negociar de buena fe en los términos del art. 4 inc. "c" de la ley 23.546 y la condena por temeridad y malicia (v. fs. 389/393 vta.).
II. Contra este fragmento del fallo, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 44 inc. "d" y 63 de la ley 11.653; 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 11 incs. "b", "c" y "d" de la ley 13.552; 4 inc. "a" de la ley 23.546; 53 inc. "f" y 55 de la ley 23.551; 14 bis de la Constitución nacional y los convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (v. fs. 415/425 vta.).
Aduce que resulta contradictorio y absurdo que el magistrado de grado haya reconocido que la información y documentación adjuntada por el Fisco provincial en su contestación de demanda -que, además, tampoco cubría la totalidad de la requisitoria- debió haber sido acompañada en las reuniones de mesas técnicas salariales y de condiciones de trabajo producidas, para luego juzgar -en la sentencia- que la parte actora no acreditó que la demandada no hubiera brindado la información necesaria.
Sostiene que se encuentra reconocido que el Fisco provincial no actuó con la buena fe que exigen las leyes 13.552 y 23.546, en tanto no intercambió en la mesa de negociación colectiva la información que obraba en su poder necesaria para desarrollar un debate serio y con elementos suficientes, siendo inadmisible que la hubiera acompañado recién en la instancia judicial y de manera insuficiente. Asimismo, arguye que la actitud de la demandada importa un allanamiento a la pretensión actoral.
Asevera luego que la demandada también incumplió el deber de realizar esfuerzos conducentes a lograr acuerdos conforme lo exigido en los arts. 11 inc. "c" de la ley 13.552 y 4 inc. "a" de la ley 23.546, al efectuar propuestas salariales inferiores al 15% de aumento, en un año en que -al momento de la negociación- ya era público y notorio que la inflación sería superior a dicho porcentaje, lo que importa la existencia de mala fe.
Agrega que el sentenciante omitió considerar el hecho nuevo oportunamente denunciado, vinculado a los descuentos indiscriminados y al ofrecimiento de incentivos pecuniarios a los docentes que no adhirieran a las huelgas, que -a su criterio- también importaron actuar de mala fe durante la negociación colectiva.
Añade que se encuentra probado que solamente se realizaron seis reuniones, circunstancia que -insiste- configura mala fe negocial, ya que no se realizaron las necesarias con adecuada periodicidad.
Para finalizar, señala que las conductas configurativas de mala fe que -plantea- fueron acreditadas, provocaron dilaciones y obstrucciones en la negociación colectiva, implicando la práctica desleal aprehendida en el art. 53 inc. "f" de la ley 23.551, sancionable en los términos del art. 55 de la ley citada.
III. El recurso no prospera.
III.1. En el marco de la concreta impugnación formulada contra la sentencia, a la cual debe circunscribirse la facultad revisora de esta Suprema Corte (causas L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015; L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015; e.o.) la impugnación -conforme lo anticipado- no merece recepción.
III.2.a. Cabe señalar, en primer lugar, que tiene dicho este Tribunal que tanto valorar el material probatorio, como interpretar los escritos constitutivos del proceso, constituyen una facultad privativa del tribunal de trabajo, y su decisión al respecto no puede ser revisada en casación, salvo que se demuestre la concurrencia de absurdo, que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 94.144, "Rivero", sent. de 4-XI-2009; L. 108.349, "Britos", sent. de 3-V-2012; L. 111.160, "Soria", sent. de 27-II-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.618, "Pacheco", resol. de 28-X-2015; e.o.).
Tiene dicho esta Suprema Corte que el absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, bien de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica (absurdo por inatinencia, error en la inferencia o absurdo formal), o bien a una aseveración groseramente desacertada respecto del material probatorio o de las constancias objetivas de la causa (absurdo por falsedad o error en las premisas, o absurdo material). A quien lo denuncia corresponde demostrar, según sea el caso, la incorrecta derivación desde las premisas hacia la conclusión (en el primer supuesto) o señalar concretamente cuál es el error en que se ha incurrido y dónde es posible advertirlo o verificarlo -si se trata del absurdo material- (causas C. 117.327, "P, M. P.", sent. de 1-VII-2015; C. 119.094, "Pace", sent. de 1-VI-2016; e.o.).
III.2.b. Bajo tales lineamientos, entiendo que el vicio denunciado no se ha probado en la especie.
En efecto, la crítica formulada se limita a disentir con la solución a que se arribó en la sentencia atacada, exponiendo la visión de las recurrentes en torno a las conductas de la demandada que -a su criterio- resultan demostrativas de que, en el caso -y a contrario de lo concluido por el tribunal- se hallan configurados los presupuestos de la práctica desleal que se le atribuye y la mala fe negocial. A juicio de las impugnantes, la ausencia de buena fe se verifica -en concreto- por la falta de intercambio de información obrante en poder de la accionada y de realización de gestiones conducentes a lograr acuerdos, así como de las reuniones necesarias, con gravitación tal como para provocar -a su entender- dilaciones y obstrucciones en la negociación colectiva.
Ahora bien, tales alegaciones fueron evaluadas por el tribunal a quo -en ejercicio de funciones que le resultan privativas-, conduciéndolo, por un lado, a concluir la omisa verificación del comportamiento descripto en la tipología a que refiere el art. 53 inc. "f" de la ley 23.551, vinculada a "rehusarse a negociar colectivamente o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación" y -por ende- desestimar la querella promovida; y, por otro, a juzgar la inexistencia de mala fe negocial.
III.2.c. Así las cosas, advierto que el embate de las recurrentes se encuentra dirigido a neutralizar la valoración realizada en el fallo de grado, pretendiendo, a partir de una relectura de las constancias de la causa, extraer conclusiones que resultarían beneficiosas para su postura, sin lograr con ello, evidenciar el déficit cuya configuración -conforme lo dispuesto en el apartado anterior- intenta demostrar.
En síntesis, los cuestionamientos que estructuran este tramo de la queja sólo exhiben una simple contraposición de su criterio personal al de los magistrados de la instancia de grado, resultando tal sustento insuficiente a los fines de habilitar la vía recursiva (causas L. 118.294, "Cambarere", sent. de 31-V-2017 y L. 117.653, "G., M. S.", sent. de 14-II-2018).
III.3. En estas condiciones, resta agregar que tampoco logran demostrar la violación de las normas legales denunciadas (art. 279, CPCC), ni -menos aún- de las constitucionales que invocan, que sería eventual consecuencia de haberse acreditado la transgresión de aquellas (causas L. 100.690, "Fernández", sent. de 17-VIII-2011 y L. 105.571, "Bettiolo", sent. de 5-XI-2014).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2020 20:04:01 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 26/06/2020 08:37:35 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 26/06/2020 10:47:57 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 26/06/2020 17:47:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 29/06/2020 09:10:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia