Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123263
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.263, "Mendoza Díaz, Erik y otros contra Municipalidad de Villa Gesell. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 130/138 vta.).
Se interpuso, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13 de febrero de 2019; v. copia, fs. 147/153).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción de amparo sindical promovida por Erik Mendoza Díaz, María de los Ángeles Goicoechea, Isabel Adela Fernández y la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), condenando a la Municipalidad de Villa Gesell a retener de los salarios de los afiliados de la mencionada entidad la suma equivalente a la cuota de afiliación y depositarla en la cuenta de esta última.
II. Contra el pronunciamiento de origen, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 13 de febrero de 2019).
II.1. En primer lugar, denuncia una errónea interpretación del decreto 243/18 al establecer como requisito para su aplicación la previa adhesión de la comuna.
Sostiene que dicha normativa es de aplicación en todo el territorio provincial y, además, no prevé que los municipios tengan que adherir expresamente a sus disposiciones (v. fs. 149).
II.2.a. Objeta que el sentenciante no haya analizado toda la prueba obrante en la causa, como ser, el propio relato de la parte actora, ni los expedientes administrativos acompañados al contestar la demanda.
Señala que el juzgador de grado resolvió reconocerle a la entidad accionante representatividad gremial por el sólo hecho de haber presentado un amparo. Ello, a pesar de no haberse demostrado que AMRA sea la asociación más representativa dentro de su ámbito, ni que desarrollara actividad gremial en la cuidad de Villa Gesell (v. fs. 149 y vta.).
II.2.b. En lo tocante a la inconstitucionalidad declarada del art. 38 de la ley 23.551, aduce que, de conformidad con la citada norma, para que la obligación de actuar como agente de retención sea exigible, debe haber una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que así lo disponga, lo que -alega- no ocurrió en el caso (v. fs. 150/151 vta.).
II.2.c. Asimismo, manifiesta que el tribunal de origen, al considerar aplicable la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 51/87 por sobre normas de mayor rango, violó principios de jerarquía de las normas (v. fs. 151 vta.).
II.3. Por último, cuestiona la condena en costas. En ese sentido, sostiene que su parte no sólo cumplió con lo establecido en la ley y siempre dio respuesta a los reclamos de la actora, sino que, además, el planteo sobre daños y perjuicios fue rechazado en su totalidad. Por tales motivos peticiona su eximición (v. fs. cit.).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Como ya lo anticipé, el órgano de grado condenó a la Municipalidad de Villa Gesell a retener de los salarios de los afiliados de AMRA la suma equivalente a la cuota de afiliación y depositarla en la cuenta que la asociación posea.
Para así resolver, juzgó acreditado en el veredicto que la Asociación de Médicos de la República Argentina es un sindicato que posee como representación a los trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia con empresas del ámbito público y privado cuya actividad sea profesionales de la salud.
Asimismo, que de conformidad con las resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 284/95 y 746/97, dicha entidad sindical obtuvo personería gremial n° 1.585 con zona de actuación en la ciudad de Avellaneda e "Inscripción Gremial" con ejercicio en toda la Provincia de Buenos Aires, respectivamente (v. vered. primera cuestión, fs. 130 y vta.).
Finalmente afirmó que de acuerdo a la contestación de demanda (v. fs. 108 y vta.), y las copias de los expedientes administrativos adjuntadas a fs. 62/69, la Municipalidad de Villa Gesell conocía la voluntad de los trabajadores y del mismo gremio en orden a que aquella retuviera las cuotas de afiliación (v. vered. tercera cuestión, fs. 131).
III.1.b.i. Ya en sentencia, atendiendo los distintos argumentos defensivos elaborados por la demandada, sostuvo en primer lugar que el decreto 243/18 es una norma destinada a reglamentar los descuentos en los haberes de los agentes públicos -activos y pasivos- de la Administración Pública provincial centralizada y descentralizada (conf. art. 2); y que la Municipalidad no acreditó su adhesión a dicho régimen por lo que no resultaba aplicable al caso (v. fs. 133).
III.1.b.ii. Luego, con relación al planteo concerniente a que la accionante es una entidad sindical simplemente inscripta y no posee "Personería Gremial" en el ámbito del partido de Villa Gesell, analizó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Asociación de Empleados del Estado s/ Acción de inconstitucionalidad" (sent. de 18-VI-2013), donde -manifiesta- el Máximo Tribunal se apoyó en algunos fundamentos desarrollados en los fallos "Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo" (sent. de 11-XI-2008) y "Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional Armada Argentina s/ sumarísimo" (sent. de 9-XII-2009), en los que declaró que la libertad sindical es un principio arquitectónico que sostiene e impone la Constitución nacional (art. 14 bis) y el derecho internacional de los Derechos Humanos (arts. 75 inc. 22, Const. nac.; 16, CADH; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como también los arts. 8.3 y 22.3 del Convenio n° 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación).
Asimismo, que aquel principio constitucional consagra la libertad para todos los sindicatos, con el propósito de que puedan realizar sus actividades sin obstáculos o limitaciones del Estado que reduzcan, injustificadamente, las funciones que les son propias: la promoción, ejercicio, defensa, fomento y protección de los intereses legítimos de orden gremial; por lo que la Corte federal consideró que correspondía declarar la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la ley 23.551, "...en la medida en que concedían a los sindicatos reconocidos por el Estado como más representativos -mediante el otorgamiento de la personería gremial- privilegios que excedían de una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, de consulta por las autoridades y de designación de delegados ante organismos internacionales, lo cual iba en detrimento de 'la actividad de los sindicatos simplemente inscriptos que compartían con aquéllos, total o parcialmente, el mismo ámbito de actuación...'" (fs. 133 y vta.).
Explicó que, entre los privilegios a los que se refirió el Máximo Tribunal para los gremios con personería gremial, en contraposición a los simplemente inscriptos, se encuentra previsto por el art. 38 de la ley 23.551, que alude a la obligación de los empleadores de actuar como "agente de retención" de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial. Indicó que dicha norma ya había sido cuestionada por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo ("Informe de la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones", OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, 87ª reunión, Ginebra, 1999).
Argumentó que dicha comisión sostuvo que la ley otorga a las organizaciones sindicales con personería gremial varios privilegios -entre ellos, la retención en nómina de las cuotas sindicales- que pueden influir indebidamente en la elección por los trabajadores de la organización a la que desean afiliarse. Además, que la diferencia entre el número de afiliados de unas y de otras podría interpretarse como el interés de los trabajadores de adherirse a organizaciones que puedan desarrollar una auténtica actividad sindical, como es el caso de las organizaciones sindicales con personería gremial, merced a la naturaleza y número de privilegios que les otorgan los arts. 31, 38 y 39 de la ley, en perjuicio de las organizaciones simplemente inscriptas, las que solamente pueden representar, a petición de parte, los intereses individuales de sus afiliados, a tenor del art. 23 de la ley. Asimismo, señaló que la propia comisión compartió la conclusión del Comité de Libertad Sindical referida a que tal distinción no debería tener como consecuencia el privar a las organizaciones sindicales, que no hayan sido reconocidas como las más representativas, de los medios esenciales para fomentar y defender los intereses profesionales de sus miembros ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción, previstos en los arts. 3 y 10 del Convenio 87 de la OIT (v. fs. 134 y vta.).
Por todo ello declaró la inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 23.551, en cuanto "...hace diferencias irrazonables entre Sindicatos con Personería Gremial y los Simplemente Inscriptos...", obstaculizando, limitando o privando a estos últimos del derecho de organizar y realizar su gestión y su actividad, y de formular su programa de acción (conf. arts. 3 y 10 del Convenio 98, OIT; 8.3, PIDESC y 75 inc. 22, Const. nac.; v. últ. fs. cit.).
III.1.b.iii. Seguidamente, en lo concerniente al argumento defensivo afincado en que la actora debió haber presentado autorización del Ministerio de Economía y de Trabajo para practicar los descuentos según lo establecido en el decreto 243/18, el juzgador de grado, reiteró que aquel no es aplicable al caso (v. fs. 134 vta.).
Luego, se refirió al requisito del dictado de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social previsto en el referido art. 38 de la ley 23.551. Al respecto, adujo que el control constitucional es una facultad que corresponde en exclusiva al poder judicial. En ese sentido manifestó que el tiempo que demandaría el trámite de todo el proceso administrativo y judicial para conseguir la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, constituiría un serio obstáculo a la supervivencia económica del gremio y lo privaría de los medios esenciales para fomentar y defender los intereses profesionales de sus miembros, del derecho de organizar su gestión y su actividad, y de formular su programa de acción, transgrediendo el principio de libertad sindical (arts. 43, Const. nac. y 20, Const. prov.); por lo que el amparo incoado era la vía más idónea para la solución del pleito, siendo "título valido" para ello la sentencia del propio tribunal del trabajo (v. fs. 134 vta./135 vta.).
III.1.b.iv. Por último, agregó -por aplicación del principio iura novit curia - que el tema de la retención en los haberes de los afiliados de la cuota de afiliación, está regido desde antes de la sanción de la ley 23.551 por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 51/87, la cual, en su art. 1 establece que: "Los Sindicatos que actúen dentro del ámbito del Estado Nacional, Provincial o Municipal, tendrán los derechos que les acuerda la legislación vigente, a la retención de cuota sindical y representación del personal, dentro del ámbito de representación personal y territorial determinado en sus Estatutos" (fs. 136).
Con cita de autor, alegó que dentro del denominado "sector público", los sindicatos actuantes tienen derecho a que los empleadores públicos actúen como agentes de retención, en la medida en que los trabajadores afiliados se encuentren dentro del ámbito (territorial y personal) de sus respectivos estatutos. Es decir que, a estos efectos, se prescinde del ámbito de representación otorgado por la personería gremial.
Reiteró que la norma debía ser interpretada como una emanación del principio de libertad sindical, el cual se encuentra protegido y garantizado por numerosas normas de derechos fundamentales, tal como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Asociación de Empleados del Estado s/ Acción de inconstitucionalidad" (sent. de 18-VI-2013).
Asimismo, resaltó que, aún si la mencionada resolución (51/87) se contradijera con normas de rango mayor en la llamada pirámide jurídica, debió "...tenerse en consideración el principio pro homine , o a favor de la persona, como criterio de 'árbitro' en conflictos de concurrencia de normas, ya que la citada resolución es una norma de derecho fundamental".
Concluyó que, de acuerdo a los criterios de interpretación y aplicación de normas de Derechos Humanos Fundamentales ya señalados, la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 51/87 también debía regir en esta causa (v. fs. 136 vta. y 137).
III.1.c. Por todo ello, resolvió declarar la inaplicabilidad del decreto 243/18, la inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 23.551 y la aplicabilidad de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 51/87, y condenar a la Municipalidad de Villa Gesell a retener de los salarios de los afiliados de la asociación la cuota de afiliación (v. fs. 137 vta.).
III.2. No obstante el orden de los agravios traídos por la recurrente, por cuestiones metodológicas, corresponde alterarlo para su tratamiento. En consecuencia, habré de analizar en primer lugar aquella parcela de la impugnación (reseñada en el punto II.2.a.) destinada a cuestionar la valoración de la prueba obrante en autos.
Tal como se desprende del relato de antecedentes -que deliberadamente han sido precisados con minuciosidad- la impugnación deducida resulta manifiestamente insuficiente, en tanto desprovista de una crítica frontal o eficaz de la definición respecto de la condición de AMRA, trasunta la sola discrepancia de la recurrente en torno a la valoración de los elementos de juicio considerados por los magistrados, los cuales, desde su perspectiva, permitirían arribar a una solución contraria a la que es motivo de agravio.
En tal sentido, tiene dicho esta Corte que las manifestaciones vertidas en orden a la valoración de la prueba no superan el registro de una discrepante opinión, inhábil para evidenciar la configuración del absurdo (causas L. 93.006, "Hermann", sent. de 28-V-2008; L. 99.061, "Sacchi", sent. de 20-V-2009 y L. 100.928, "González", sent. de 21-IV-2010).
Cabe recordar que para que esta Corte pueda revisar las cuestiones fácticas, no basta con invocar el mentado vicio y exponer de manera paralela (como ocurre en autos) la propia interpretación de lo acontecido, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una apreciación insostenible de los hechos y las pruebas colectadas en la causa (causas Ac. 57.667, "Casa Nine S.A.C.I.F.E.", sent. de 5-VII-1996; L. 80.043, "Veiga", sent. de 31-VIII-2005 y L. 95.254, "Ocampo", sent. de 4-III-2009; e. o.); extremo que no se verifica en la especie.
III.3. No puede prosperar la crítica dirigida a cuestionar la declaración de invalidez constitucional del art. 38 de la ley 23.551.
Como se adelantó, mediante un profuso desarrollo sustentado en el principio de libertad sindical consagrado constitucional y convencionalmente, en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que citó, e incluso en precisos informes de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT; el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 23.551 en cuanto establece que las asociaciones sindicales con personería gremial son las únicas -en detrimento de las simplemente inscriptas- que pueden "obligar" a los empleadores a actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación. Ello, por entender que el citado dispositivo establece diferencias irrazonables entre las asociaciones, obstaculizando o limitando el derecho de las simplemente inscriptas para organizar y realizar su gestión y actividad.
Dichos argumentos, expuestos en extenso en el punto III.1. del presente, no fueron impugnados concretamente por la interesada, que se limita a señalar que para que el empleador pueda actuar como agente de retención debe mediar una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que así lo disponga; sin que se advierta algún desarrollo concreto tendiente a objetar aquella motivación.
Luego, la insuficiencia técnica del embate, más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse respecto del fondo de la cuestión debatida, sella definitivamente la suerte adversa de esta parcela del recurso (causas L. 120.732, "Gorosito", sent. de 17-X-2018 y L. 121.106, "Unión Argentina de Trabajadores Rurales", sent. de 27-II-2019; e. o.).
III.4. Tampoco pueden prosperar los cuestionamientos referidos al decreto 243/18 y la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 51/87.
III.4.a. Ante todo, es menester recordar que el reconocimiento de la suficiencia de la postulación que estructura el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dependerá de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida, cuya demostración incumbe -de modo excluyente- a quien acude a la vía recursiva (causas L. 101.212, "López", sent. de 6-VI-2011; L. 110.285, "Roa", sent. de 30-V-2012; L. 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015).
III.4.b.i. Respecto de la aplicación del decreto 243/18, resulta claro de la síntesis que antecede que dicha carga ha quedado insatisfecha toda vez que la recurrente no rebate la conclusión esencial esgrimida por el tribunal de grado para declararla inaplicable, cual es que, de conformidad con lo previsto en su art. 2, se trata de "un reglamento dictado por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, destinado a reglamentar los descuentos en los haberes de los agentes públicos [...] de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada", sin hacer referencia al ámbito municipal (v. fs. 133). Es decir, la agraviada soslayó objetar el motivo por el cual el sentenciante juzgó que para aplicar las disposiciones del decreto los municipios deben adherir a él de manera expresa.
De este modo se observa que la impugnante no ataca todas las razones dadas por el tribunal de origen al respecto, evidenciándose de ese modo un ataque parcial a sus fundamentos y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, le acordaron debido sustento. Tal circunstancia torna insuficiente el planteo efectuado, lo cual provoca su desestimación (art. 279, CPCC; causas L. 112.984, "Busto", sent. de 21-XI-2012 y L. 118.279, "Cárdenas", sent. de 4-VIII-2016; e. o.)
III.4.b.ii. Por similares motivos el reproche vinculado a la aplicación de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 51/87 resulta infructuosa.
En efecto, no aporta ningún elemento convincente con aptitud para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no res
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