Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126231
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial Mar del Plata, en lo que interesa, admitió la acción de amparo intentada por el Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón contra la Cooperativa de Electricidad de General Balcarce Limitada, disponiendo que esta última deberá cesar en los actos de designación exclusiva de postulantes de la bolsa de trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata e instrumentar el sistema de ingresos de manera equitativa entre las dos entidades gremiales para cada nueva vacante que se produzca (arts. 47, ley 23.551 y 3, CCT 36/75).
Para así decidir, señaló que resultaba acreditado que la accionante es un sindicato simplemente inscripto y que, en la misma zona y actividad, la personería gremial la ostenta el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Asimismo, juzgó que, de acuerdo al probado encuadramiento convencional aplicable a las relaciones laborales habidas entre la Cooperativa de Electricidad de General Balcarce Limitada y sus trabajadores, resultaba de aplicación el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, cuyo art. 3 refiere a la "bolsa de trabajo" de todos los sindicatos y no efectúa distinción alguna entre aquellos que posean personería o simple inscripción.
Puntualizó que la posibilidad de acceder a los puestos de trabajo desde la denominada bolsa de trabajadores no puede ser exclusiva, y ello porque, en todo caso, una disposición de esta naturaleza afectaría los derechos individuales de los trabajadores que ven menoscabadas sus posibilidades por el solo hecho de encontrarse afiliados a un sindicato simplemente inscripto, o de integrar su "bolsa" respecto de aquellos afiliados a una entidad gremial con personería.
Luego, con apoyo en lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón" (sent. de 4-VII-2012), concluyó que la norma así aplicada importaría además una clara afectación de los derechos de las entidades gremiales simplemente inscriptas, claramente discriminatoria respecto de la entidad con personería, resultando su aplicación en este sentido conculcatoria de los arts. 14 bis de la Constitución nacional, 1 de la ley 23.551; Convenios 87 y 98 de la OIT y tratados internacionales de rango constitucional (v. sent. de fecha 1-VI-2020).
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-VI-2020), concedido por el a quo (v. resol. de 16-VII-2020).
En su presentación, denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; ley 23.551; Convenios 87 y 98 de la OIT; arts. 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de doctrina legal que cita (v. fs. 420/428).
En sustancia, cuestiona por arbitraria y absurda la interpretación y alcance otorgado por el a quo al art. 3 del CCT 36/75. Afirma que el criterio expuesto por el tribunal de origen convierte a la norma convencional en un "coto de caza de afiliados" (de uno u otro sindicato) y no en una conquista de los trabajadores, arrebatando a los empleadores la libertad de elegir a quién contratar o no.
Sostiene, invocando el fallo "Outon" de la Corte federal que lo resuelto avasalla derechos reservados a las organizaciones sindicales, vulnerando los alcances que tiene la interpretación judicial de una norma.
Alega que el pronunciamiento impugnado modifica la redacción de la cláusula convencional aplicable sin declarar su inconstitucionalidad.
III. El recurso no prospera.
III.1. La réplica carece de aptitud para descalificar la línea de razonamiento seguida en el pronunciamiento impugnado. Ello así, pues el impugnante a partir de su propia apreciación de las circunstancias de autos y de la visión que aporta acerca de la interpretación que, a su juicio, debió efectuar el a quo respecto a la norma convencional que juzgó aplicable al caso, no logra evidenciar que las motivaciones del fallo luzcan apartadas de las constancias de la causa, o que el juzgador hubiera transgredido las normas que denuncia violadas.
En efecto, sólo exterioriza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento impugnado, sin hacerse cargo de objetar las consideraciones que brindó el tribunal al ponderar las circunstancias del caso bajo el explícito influjo de lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón" (sent. de 4-VII-2012), cuya violación o errónea aplicación al caso siquiera denuncia.
En rigor, las argumentaciones traídas en el escrito recursivo transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz de las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado.
Cabe recordar, en ese sentido, que reiteradamente esta Corte ha declarado que es insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
III.2. Sin perjuicio que lo hasta aquí expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa de la impugnación, es dable señalar que la decisión de grado, precisamente, se ajusta a la línea reflexiva seguida por este Tribunal en la causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón" (sent. de 4-VII-2012), citada en el pronunciamiento de origen.
En efecto, la temática debatida en el referido antecedente es asimilable a la planteada en el caso de autos, pues en dicha causa el debate giró en torno al alcance que debía conferirse al art. 8 inc. "a" del acta convenio 3/94 (ESEBA-FATLyF), cláusula ésta que -aunque concertada en otro marco de negociación- contiene idéntica disposición a la prevista en el texto original del art. 3 del Convenio 36/75, en cuanto impone a la empleadora el deber de acudir a la bolsa de trabajo sindical a fin de solicitar los trabajadores que necesite para ocupar cualquier tarea o cargo.
En dicha tarea, en el citado antecedente, esta Corte declaró que no resultaba aceptable interpretar que la gestión de la denominada "Bolsa de Trabajo Sindical" prevista en el art. 8 inc. "a" del acta convenio 3/94 (ESEBA-FATLyF), correspondiera exclusivamente a la organización sindical con personería gremial, en tanto dicha definición importaba despojar a las entidades sindicales simplemente inscriptas -con idéntico ámbito de representatividad- del derecho que también les asiste en ese orden, conforme el principio de libertad sindical reconocido y garantizado por la Constitución nacional (art. 14 bis), las normas internacionales de esa misma jerarquía (art. 75 inc. 22) y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de jerarquía superior a las leyes. A la vez que señaló que debía reconocerse a la entidad actora, el derecho de presentar postulantes para cubrir vacantes que pudieran producirse.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado -efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:01:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:53:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 23:09:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:10:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:36:48 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:09:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia